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Última actualización: 18-01-2007
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Responsabilidad parental - Italia

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ÍNDICE

1. ¿Qué significa el concepto de "responsabilidad parental" en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular de la responsabilidad parental? 1.
2. Como regla general, ¿quién ostenta la responsabilidad parental sobre el menor? 2.
3. Si los padres no están capacitados o no desean ejercer la responsabilidad parental sobre sus hijos ¿puede nombrarse a otra persona en su lugar? 3.
4. Si los padres se divorcian o separan, ¿cómo se determinan las modalidades de ejercicio de la responsabilidad parental de cara al futuro? 4.
5. Si los padres llegan a un acuerdo sobre las cuestiones de responsabilidad parental ¿qué formalidades hay que respetar para que dicho acuerdo sea legalmente vinculante? 5.
6. Si los padres no llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental ¿cuáles son los medios alternativos para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales? 6.
7. Si los padres acuden a los tribunales, ¿qué cuestiones relativas al menor puede decidir el juez? 7.
8. Si el tribunal decide que uno de los padres tenga la custodia exclusiva del menor, ¿quiere esto decir que este padre puede decidir sobre todo aquello que concierne al menor sin antes consultar con el otro padre? 8.
9. Si el tribunal decide que los padres tengan la custodia compartida, ¿qué significa esto en la práctica? 9.
10. ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué formalidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda? 10.
11. ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia? 11.
12. ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita que cubra los gastos del procedimiento? 12.
13. ¿Son apelables las resoluciones sobre responsabilidad parental? 13.
14. En determinados casos puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar la resolución sobre responsabilidad parental. ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos? 14.
15. ¿Qué hay que hacer para obtener el reconocimiento y ejecución en Italia de una decisión sobre responsabilidad parental dictada por un tribunal de otro país de la Unión Europea? ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? 15.
16. ¿A qué tribunal hay que acudir en Francia para oponerse al reconocimiento de una decisión sobre responsabilidad parental dictada por un tribunal de otro país de la Unión Europea? ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? 16.
17. ¿Cuál es la ley aplicable al procedimiento de responsabilidad parental cuando el menor o las partes no residan en Francia o sean de diferentes nacionalidades? 17.

 

1. ¿Qué significa el concepto de "responsabilidad parental" en la práctica? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular de la responsabilidad parental?

La potestà genitoriale (que corresponde a la noción de responsabilidad parental  en el sentido comunitario) es el conjunto de derechos y deberes que el ordenamiento jurídico atribuye a los padres respecto del hijo menor, en interés exclusivo de éste.

Los padres que ejercen la responsabilidad parental tienen facultades decisorias en relación con el cuidado, la educación y la instrucción del menor; poderes de representación legal – de tipo contractual y procesal - de los hijos nacidos o no nacidos; facultades de gestión de los intereses económicos del hijo menor, salvo la autorización del juez tutelar para actos que excedan de la normal administración; el usufructo legal de los bienes del hijo menor, con las excepciones previstas por la ley para algunos bienes.

El ejercicio de la responsabilidad parental también constituye el cumplimiento de un deber, ya que los padres están obligados a mantener, educar e instruir a los hijos.

2. Como regla general, ¿quién ostenta la responsabilidad parental sobre el menor?

Los titulares de la responsabilidad parental son ambos padres, que la ejercen de común acuerdo hasta que el hijo alcanza la mayoría de edad o la emancipación. Si surgen conflictos sobre cuestiones de importancia, el padre o la madre pueden acudir al juez (tribunal de menores), que atribuye la facultad de decidir a la parte que, en el caso en cuestión, sea considerada la más idónea para velar por el interés del hijo.

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En las relaciones de filiación natural, el ejercicio de la responsabilidad parental corresponde conjuntamente a ambos padres si han procedido al reconocimiento y conviven. Si no conviven, la responsabilidad parental la ejerce el progenitor con el que convive el hijo y, si no convive con ninguno, el que haya sido el primero en proceder al reconocimiento.

En todo caso, el padre que no ejerza la responsabilidad parental conserva el derecho de velar por la instrucción, educación y condiciones de vida del hijo menor.

3. Si los padres no están capacitados o no desean ejercer la responsabilidad parental sobre sus hijos ¿puede nombrarse a otra persona en su lugar?

Si los padres han fallecido o no pueden ejercer la responsabilidad parental por cualquier otro motivo se inicia el procedimiento de designación de un tutor en el tribunal del distrito donde se encuentre la sede de los negocios o intereses del menor.

Si los padres no ejercen los derechos e incumplen los deberes que les corresponden, su comportamiento se tiene en cuenta en las eventuales medidas de retirada de la responsabilidad parental o a efectos de la posible existencia de condiciones de adopción del menor por encontrarse éste en situación de abandono, medidas que implican la designación de un tutor, salvo que haya sido designado ya provisionalmente en el curso de dichas medidas, antes de la retirada de la responsabilidad parental.

4. Si los padres se divorcian o separan, ¿cómo se determinan las modalidades de ejercicio de la responsabilidad parental de cara al futuro?

En el caso de separación judicial o divorcio, el juez establece las modalidades de ejercicio de la responsabilidad parental.

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En el caso de separación por mutuo acuerdo o divorcio por demanda conjunta, las condiciones relativas a los hijos serán verificadas por el juez al pronunciar la decisión de reconocimiento de la separación o la sentencia de divorcio.

Los cónyuges tienen derecho a solicitar en cualquier momento la revisión de las medidas relativas a los hijos, cuya eficacia está sometida a la cláusula rebus sic stantibus.

5. Si los padres llegan a un acuerdo sobre las cuestiones de responsabilidad parental ¿qué formalidades hay que respetar para que dicho acuerdo sea legalmente vinculante?

En caso de separación judicial o divorcio las modalidades de ejercicio de la responsabilidad parental se regulan en la resolución de separación o divorcio. El juez debe tener en cuenta el posible acuerdo entre las partes, pero no está vinculado por él y puede adoptar medidas diversas, incluidas las resultantes de diligencias de prueba realizadas de oficio o a instancia de parte (art. 155 cpc y art. 6 de la ley 1970/898).

En caso de separación por mutuo acuerdo, si el acuerdo entre las partes sobre la custodia y la pensión de alimentos es contrario a los intereses de los hijos, el juez indica a los cónyuges las modificaciones que deberán introducir, pero si la solución no resulta idónea el juez puede denegar el reconocimiento de la separación (art. 158 cpc).

En caso de demanda de divorcio por demanda conjunta, si el tribunal considera que las condiciones sobre los hijos son contrarias a los intereses de éstos, la causa seguirá su curso ordinario y las partes deberán presentarse ante el juez instructor ( art. 4 de la ley 1970/898).

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6. Si los padres no llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental ¿cuáles son los medios alternativos para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales?

En estos casos se prevén medios alternativos de solución de conflictos. Los tribunales (especialmente los tribunales tutelares de menores) pueden solicitar la intervención de los servicios sociales también para realizar actividades de mediación, pero se trata de una intervención directa para contribuir a madurar soluciones compartidas que se someterán al juez.

7. Si los padres acuden a los tribunales, ¿qué cuestiones relativas al menor puede decidir el juez? 

El juez que pronuncia la separación o el divorcio:

  • decide a cuál de los cónyuges se concederá la custodia de los hijos y establece las modalidades de ejercicio del derecho de visita del otro cónyuge; también puede decidir la custodia compartida o la custodia alterna; estas dos fórmulas están previstas expresamente en la ley del divorcio, pero también se aplican a la separación;
  • establece las medidas y formas en que el otro cónyuge debe contribuir al mantenimiento, educación e instrucción de los hijos;
  • adopta medidas en materia de asignación de la vivienda familiar, dando preferencia al cónyuge que tiene la custodia;
  • dicta las medidas oportunas para la administración de los bienes de los hijos y, en caso de custodia compartida, establece la participación de los padres en el disfrute del usufructo legal;
  • adopta cualquier otra medida conveniente en relación con los hijos (por ejemplo, la jurisprudencia ha considerado que el mantenimiento de relaciones con los abuelos responde a los intereses del menor, y ha regulado las visitas).

8. Si el tribunal decide que uno de los padres tenga la custodia exclusiva del menor, ¿quiere esto decir que este padre puede decidir sobre todo aquello que concierne al menor sin antes consultar con el otro padre?

La regla general es que el cónyuge que tiene la custodia ejerce la responsabilidad parental en exclusiva.

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No obstante, las decisiones más importantes para el hijo las adoptan ambos padres, salvo que el juez disponga lo contrario.

Según la jurisprudencia, entre las decisiones más importantes figuran, obviamente, la elección del centro educativo y la dirección de la escuela; la elección del tipo de trabajo en que se iniciará el hijo; la decisión sobre intervenciones médicas no urgentes (es obligatorio informar a menos que la elección no pueda retrasarse); el traslado de la residencia del menor a otro país (en ciertos casos, se ha considerado que la decisión del padre que tiene la custodia es conforme a los intereses del menor, sin perjuicio de la diferente regulación del derecho de visita, Cass 1995/1732).

9. Si el tribunal decide que los padres tengan la custodia compartida, ¿qué significa esto en la práctica?

La custodia compartida  puede ser decidida por el juez en los casos en que se considere que sirve a los intereses del menor, teniendo en cuenta la edad de éste.

Las previsiones normativas (art. 6 de la ley 1970/898 y posteriores modificaciones) no contienen ninguna obligación específica, que corresponde al juez determinar.

En la práctica, cuando se decide la custodia compartida, el menor se queda a vivir con uno de los padres (por lo general, la madre) y el otro asume un papel de mayor presencia en la vida del hijo. Esta situación no siempre contribuye a reducir los conflictos y a fomentar un espíritu de colaboración entre los padres, que son las finalidades de unas disposiciones normativas que, de hecho, los jueces aplican rara vez.

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Menos frecuente es todavía la custodia alterna, que la jurisprudencia reiterada suele considerar contraria a un régimen de vida racional para padres e hijos.

El proyecto de ley sobre el denominado affidamento condiviso está en fase de aprobación definitiva por el Parlamento y será objeto de una ficha de actualización.

10. ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué formalidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

  1. En cuanto a las medidas sobre la custodia de hijos menores tras la separación o el divorcio, es competente el tribunal que pronuncia la separación o el divorcio (véase la ficha sobre el divorcio). La demanda se presenta mediante un escrito que debe contener la exposición de los hechos en los que se basa e indicar si existen hijos legítimos, reconocidos o adoptados por ambos cónyuges durante el matrimonio. A la demanda y el escrito de alegaciones se adjuntarán las últimas declaraciones de la renta (véase el art. 4 de la ley 1970/898 y sus modificaciones posteriores).
  2. En caso de conducta perjudicial de uno o ambos padres, será competente para adoptar medidas que afecten a la responsabilidad parental el tribunal tutelar de menores del lugar de residencia habitual del menor en el momento de la demanda. El tribunal de menores puede adoptar las medidas oportunas y decidir el alejamiento de los padres (que han abusado o maltratado) de la residencia familiar, así como la retirada de la responsabilidad parental. Estas medidas pueden revocarse en todo momento.
  3. Si los padres no están casados, el tribunal tutelar de menores del lugar de residencia habitual del menor es competente para ejercer la responsabilidad parental.

11. ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

  1. En cuanto a las medidas sobre la custodia dictadas tras la resolución de separación o divorcio, se aplica el procedimiento de separación o de divorcio (véase la ficha sobre el divorcio). Si las tentativas de conciliación que se realizan en la audiencia de comparecencias ante el presidente del tribunal no logran su objetivo, se adoptan medidas provisionales y urgentes en interés de los hijos, medidas que pueden ejecutarse coactivamente cuando no se cumplan de forma espontánea. No está previsto (ni se considera necesario) ningún procedimiento de urgencia. En caso de conducta perjudicial de un padre respecto de los hijos, el tribunal tutelar de menores puede adoptar por el procedimiento urgente las medidas que considere oportunas.
  2. En cuanto a las medidas en materia de responsabilidad parental que competen al tribunal titular de menores (es decir, en las hipótesis de las letras B y C del punto 10), las disposiciones reguladoras se recogen en el artículo 336 del Código civil, y se integran en las disposiciones generales sobre los procedimientos a puerta cerrada (artículo. 737 y siguientes del CPC). El tribunal, a instancia del otro progenitor, de familiares o del ministerio fiscal, tras reunir el sumario de declaraciones, adopta las medidas por el procedimiento a puerta cerrada, tras oír al ministerio fiscal y al padre contra el que se ha entablado el procedimiento. En caso de urgencia, el tribunal puede adoptar de oficio medidas provisionales en interés del hijo. No se requiere estar representado por un abogado. Un proyecto de ley sobre la defensa técnica necesaria en estos procedimientos está en fase de examen por el Parlamento.

12. ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita que cubra los gastos del procedimiento?

El Estado puede sufragar los gastos de procedimiento (incluido el asesoramiento técnico) y los honorarios del abogado. No obstante, hay que señalar que los procedimientos de separación y divorcio, así como los procedimientos relativos a la responsabilidad parental, están exentos de la contribución voluntaria de inscripción en el registro prevista para las causas civiles y los procedimientos de jurisdicción voluntaria en cada instancia del juicio ( véase el artículo 10 del T.U. 2002, nº. 115).

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13. ¿Son apelables las resoluciones sobre responsabilidad parental?

  • Las medidas sobre responsabilidad parental adoptadas en el marco de procedimientos de separación y divorcio pueden recurrirse por las vías de recurso ordinarias. Contra la sentencia de apelación puede presentarse un recurso de casación.
  • Las medidas que modifican las condiciones establecidas en el marco del divorcio o la separación pueden recurrirse ante el tribunal de apelación en el plazo de diez días desde la notificación de la medida (artículos 710 y 737 del CPC; artículo 9 de la ley 1970/898 y modificaciones posteriores); contra las medidas dictadas por el juez de apelación puede presentarse un recurso extraordinario de casación (sólo por motivo de infracción de ley), con arreglo al artículo 111 de la Constitución (Cass. 2004, n. 24265);
  • Las medidas sobre responsabilidad parental adoptadas por el tribunal tutelar de menores (que, en caso de que ya se haya dictado sentencia de separación o divorcio sólo es competente si se solicita un procedimiento que limite o suprima la responsabilidad parental) se pueden recurrir ante el tribunal de apelación en el plazo de 10 días desde la notificación del procedimiento. Contra las medidas dictadas por el tribunal de apelación no se puede interponer recurso de casación.

14. En determinados casos puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar la resolución sobre responsabilidad parental. ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Para constituir un título ejecutivo, las sentencias y otras medidas adoptadas por las autoridades judiciales deben incluir una cláusula ejecutiva, salvo que la ley disponga lo contrario.

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La fórmula (véase el art. 475 del CPC) la consigna el secretario tras comprobar que han vencido los plazos de recurso ordinario, de casación o de revocación a que se refieren los apartados 4 y 5 del art. 395 CPC.

El título de carácter ejecutivo se puede expedir únicamente para la parte en favor de la cual se ha dictado la medida, en una única copia sellada por la secretaría. La parte interesada podrá solicitar más copias al responsable del servicio que haya dictado la medida, que decidirá por decreto (artículo 475 y disposiciones de aplicación 124 y 153 CPC).

15. ¿Qué hay que hacer para obtener el reconocimiento y ejecución en Italia de una decisión sobre responsabilidad parental dictada por un tribunal de otro país de la Unión Europea? ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos?

  • En materia de reconocimiento de sentencias extranjeras, el criterio adoptado por la ley de reforma del sistema italiano de Derecho internacional privado 1995/218 es el reconocimiento automático, en el sentido de que el control sólo puede ser sucesivo, como consecuencia de impugnaciones del procedimiento o de la necesidad de recurrir a la ejecución forzosa. Es competente el tribunal de apelación del lugar de aplicación. En ausencia de disposiciones especiales, se siguen los trámites ordinarios en primera instancia, si bien el procedimiento debe ser colegiado. La medida definitiva debe adoptar la forma de sentencia.
  • En cuanto a las decisiones en materia de responsabilidad parental  (atribución, ejercicio, delegación, revocación total o parcial de la responsabilidad, así como medidas de protección relativas a la administración, conservación o alienación de los bienes de menores) dictadas en otro país de la UE (salvo Dinamarca), es de aplicación el Reglamento Bruselas II bis (CE) nº 2201/2003 (que prevalece sobre los convenios multilaterales en esta materia), que además de ampliar el ámbito de aplicación del anterior Reglamento Bruselas II nº 1347/2000 (derogado expresamente) ha previsto el reconocimiento automático y la eficacia ejecutiva de las decisiones en materia de derecho de visita y retorno de menores en todos los Estados miembros, sin necesidad de solicitar ningún procedimiento.

En cuanto a todas las demás decisiones en materia de responsabilidad parental, se prevé el reconocimiento automático; no obstante, las partes interesadas pueden hacer declarar que la decisión debe ser o no puede ser reconocida por alguno de los motivos indicados en el Reglamento (artículos 21 y 23 ).

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Está previsto un procedimiento, regulado en parte por el Reglamento, que consta de dos fases (artículo 30): la primera, de carácter monitorio, concluye con una medida dictada sin oír a la otra parte. La segunda comienza con la oposición y debe respetar plenamente las normas del procedimiento contradictorio.

 La legitimación corresponde a la parte interesada. El proceso se inicia con un escrito de demanda; la competencia territorial está determinada por la residencia habitual de la parte contra la que se solicita la ejecución o por la residencia habitual del menor de que se trate. Si ninguno de estos lugares se encuentra en el Estado miembro de ejecución, la competencia queda determinada por el lugar de ejecución.

Deberán adjuntarse a la demanda una copia de la decisión y el certificado tipo previsto en el artículo 39 del Reglamento. El juez ante el que se formula la demanda puede fijar un plazo de presentación de estos documentos, aceptar documentos equivalentes o conceder la exención si no los considera necesarios.

  • En cuanto a la ejecución forzosa de estas medidas, la parte interesada debe solicitar una declaración de ejecución; la competencia territorial y el procedimiento se regulan por las normas previstas para el reconocimiento.
  • En cuanto a la obligación de mantenimiento, se aplica el Reglamento CE nº 44/2001.

16. ¿A qué tribunal hay que acudir en Francia para oponerse al reconocimiento de una decisión sobre responsabilidad parental dictada por un tribunal de otro país de la Unión Europea? ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? 

El recurso se presenta ante el tribunal de apelación, cuya competencia territorial se determina en función de los criterios indicados en el Reglamento.

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Tras la oposición, el juicio se desarrolla como un procedimiento contencioso y concluye con una sentencia por la que se declara el incumplimiento y prevé la posibilidad de recurrir en casación.

17. ¿Cuál es la ley aplicable al procedimiento de responsabilidad parental cuando el menor o las partes no residan en Francia o sean de diferentes nacionalidades?

El artículo 36 de la Ley 1995/218 dispone que las relaciones personales y patrimoniales entre padres e hijos, incluida la responsabilidad parental, se rigen por la ley nacional del hijo. Si no se especifica, hay que hacer referencia a la nacionalidad actual, es decir, a la nacionalidad del hijo en el momento en que se sometió el asunto al juez. Si el hijo tiene varias nacionalidades se aplica la ley del Estado con el que mantiene vínculos más estrechos. Si entre las nacionalidades figura la italiana, ésta prevalece sobre las demás (art. 19).

En lo que respecta a las medidas de protección de menores (entre las que figuran las medidas previstas en los artículos 330 y 333 del Código civil), el artículo 42 de la ley 1995/218 se refiere al Convenio de La Haya de 1961, cuyo artículo 3, en lo que respecta a las relaciones de hecho (en las que se ejerce la responsabilidad parental), adopta el mismo criterio de relación del artículo 36, es decir, la ley nacional del hijo; no obstante, en casos de grave peligro para la persona o los bienes del menor, la autoridad del Estado de residencia habitual del menor y, en caso de urgencia, también la autoridad del Estado en que se encuentre el menor o un bien de su propiedad, pueden adoptar medidas de protección con arreglo a sus legislaciones internas (artículos 8 y 9 del Convenio).

Actualizado el 31.12.2005

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Última actualización: 18-01-2007

 
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