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Última actualización: 06-11-2006
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Responsabilidad parental - República Checa

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ÍNDICE

1. ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica?. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular de la responsabilidad parental? 1.
2. Como regla general, ¿quién ostenta la responsabilidad parental del hijo? 2.
3. Si los padres no están capacitados o no desean ejercer la responsabilidad parental sobre sus hijos, ¿puede nombrarse a otra persona en su lugar? 3.
4. Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se determinan las modalidades de ejercicio de la responsabilidad parental de cara al futuro? 4.
5. Si los padres llegan a un acuerdo sobre las cuestiones de responsabilidad parental, ¿qué formalidades hay que respetar para que el acuerdo sea jurídicamente vinculante? 5.
6. Si los padres no llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los medios alternativos para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales? 6.
7. Si los padres acuden a los tribunales ¿qué cuestiones relativas al menor puede decidir el juez? 7.
8. Si el tribunal decide que uno de los padres tenga la custodia exclusiva del menor, ¿quiere esto decir que este padre puede decidir sobre todo aquello que concierne al menor sin antes consultar con el otro? 8.
9. Si el tribunal decide que los padres tengan la custodia compartida, ¿qué significa esto en la práctica? 9.
10. ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental?¿Qué formalidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda? 10.
11. ¿Cuál es el procedimiento aplicable al caso?¿Existe un procedimiento de urgencia? 11.
12. ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita que cubra los gastos del procedimiento? 12.
13. ¿Son apelables las resoluciones sobre responsabilidad parental? 13.
14. En determinados casos puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar la resolución sobre responsabilidad parental. ¿Qué procedimiento se sigue en estos casos? 14.
15. ¿Qué hay que hacer para obtener el reconocimiento y ejecución en la República Checa de una decisión sobre responsabilidad parental dictada por un tribunal de otro país de la Unión Europea?¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? 15.
16. ¿A qué tribunal hay que acudir en la República Checa para oponerse al reconocimiento de una decisión sobre responsabilidad parental dictada por un tribunal de otro país de la Unión Europea?¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? 16.
17. ¿Cuál es la ley aplicable al procedimiento de responsabilidad parental cuando el menor o las partes no residan en la República Checa o sean de diferentes nacionalidades? 17.

 

1. ¿Qué significa el concepto de «responsabilidad parental» en la práctica?. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular de la responsabilidad parental?

El término «responsabilidad parental» encuentra sus raíces en la «Ley de familia» y recoge un conjunto de derechos y responsabilidades:

  1. el cuidado de un hijo menor, en particular la atención a su salud y a su desarrollo físico, emocional, intelectual y moral,
  2. la representación de un hijo menor, y
  3. la administración de los bienes del hijo menor.

En el ejercicio de los derechos y obligaciones propios de la responsabilidad parental, los padres están especialmente obligados a proteger los intereses del hijo, servirle de guías en su comportamiento y supervisarlo en la forma que corresponda a su nivel de desarrollo. Los padres están facultados para imponer una disciplina razonable que respete la dignidad del hijo y no ponga en peligro su salud ni su desarrollo físico, emocional, intelectual o moral. Cuando el hijo pueda tener una opinión propia y valorar el alcance de las medidas que le conciernen, los padres deben facilitarle toda la información necesaria, así como la oportunidad de expresar libremente su opinión respecto a las decisiones sobre las cuestiones fundamentales que le afecten. Los padres representan al hijo en todos los actos jurídicos para los que la ley le considera menor de edad.

2. Como regla general, ¿quién ostenta la responsabilidad parental del hijo?

En general corresponde a los padres biológicos la responsabilidad parental de su hijo. Cuando el hijo es adoptado, esta responsabilidad se transfiere a los padres adoptivos. Carece de relevancia el hecho de que la pareja esté casada o de que el hijo nazca dentro o fuera del matrimonio. La responsabilidad parental comienza con el nacimiento del hijo. Cuando la relación parental emana de la adopción, la responsabilidad parental surge cuando comienza a surtir efectos la resolución judicial sobre la adopción del hijo.

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La responsabilidad parental corresponde a los padres, siempre que estos estén en plena posesión de su capacidad para realizar actos jurídicos. Sin embargo, un órgano jurisdiccional también puede reconocer la responsabilidad parental con respecto a un hijo de un padre menor de edad que haya alcanzado los dieciséis años, siempre y cuando cumpla los requisitos previos necesarios para poner en práctica los derechos y obligaciones que emanan de la responsabilidad parental.

En el caso de que uno de los padres haya fallecido, sea desconocido o no esté en posesión de la plena capacidad para llevar a cabo actos jurídicos, la responsabilidad parental recae sobre el otro.

Cuando se cumplen los requisitos legales previos, el tribunal puede decidir sobre la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental, su limitación o la retirada de la misma.

Cuando exista un impedimento importante por parte de alguno de los padres para ejercer la responsabilidad parental, el tribunal puede suspender dicho ejercicio, si ello redunda en interés del hijo.

El tribunal puede limitar la responsabilidad parental de uno de los padres, si este no está cumpliendo correctamente las obligaciones inherentes a aquélla y siempre que ello redunde en beneficio del hijo. Cuando un padre abuse de su responsabilidad o la descuide gravemente, el tribunal le privará de su responsabilidad parental.

Cuando los padres hubieran fallecido, hubieran sido privados de su responsabilidad parental,  suspendidos en el ejercicio de la misma o no estuvieran en plena posesión de su capacidad de realizar actos jurídicos, el tribunal designará un tutor que se encargará de la educación del menor, lo representará legalmente y administrará sus bienes en lugar de sus padres.

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Si el padre comete un delito intencional contra su hijo o si utiliza a un hijo menor de quince años para cometer un delito, o participa en un delito como cómplice o inductor, el tribunal valorará siempre si efectivamente su actuación constituye o no un motivo para iniciar un procedimiento de retirada de la responsabilidad parental.

Las decisiones de los tribunales anteriormente mencionadas no extinguen la obligación del padre de mantener a su hijo.

3. Si los padres no están capacitados o no desean ejercer la responsabilidad parental sobre sus hijos, ¿puede nombrarse a otra persona en su lugar?

Los padres representan al hijo en todos los actos jurídicos para los que el hijo no está legalmente capacitado. Ninguno de los padres puede representar a su hijo cuando se trate de actos jurídicos relativos a asuntos en los que pudiera existir un conflicto de intereses entre los padres y el hijo o entre varios hijos de los mismos padres. Si ninguno de los padres puede representar al hijo, el tribunal designará a un administrador para el menor que le representará ante los tribunales o en la realización de un acto jurídico concreto. Normalmente el administrador es designado por algún organismo encargado de la protección social de menores.

Cuando los padres hubieran fallecido, hubieran sido privados de su responsabilidad parental,  suspendidos en el ejercicio de la misma o no estuvieran en plena posesión de su capacidad de realizar actos jurídicos, el tribunal designará un tutor que se encargará de la educación del menor, lo representará legalmente y administrará sus bienes en lugar de sus padres. El tutor debería ser una persona recomendada por los padres. Si no se ha recomendado a nadie, el tribunal designará un tutor entre los parientes o personas más allegadas al menor o a su familia, u otra persona física que el tribunal decida. De no existir una persona física que pueda ser designada tutor, el tribunal nombrará a un organismo encargado de la protección social de  menores. El tutor es responsable ante el tribunal del cumplimiento de su función y está obligado a facilitarle informes sobre el menor en régimen de tutela y documentos referentes a la administración de sus bienes. El tutor no tiene, sin embargo, obligación alguna de alimentos respecto del menor. Además, el tutor no ostenta la responsabilidad parental; sin embargo, la relación entre un tutor y el menor se rige por las disposiciones de la «Ley de familia» sobre los derechos y obligaciones de padres e hijos. Las decisiones del tutor sobre asuntos importantes que afecten al menor requieren la aprobación del tribunal.

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La «Ley de familia» permite que algunos de los derechos parciales y obligaciones propias de responsabilidad se transfieran a otra persona adecuada. Por ejemplo, el tribunal puede confiar el cuidado del menor a otra persona física, si esta ofrece la confianza de desempeñar adecuadamente esta tarea y está de acuerdo en asumirla. De ser así, el tribunal especifica el alcance de los derechos y obligaciones de esa persona en relación con el menor de que se trate.

Otra posibilidad es confiar al menor en régimen de acogida. El padre de acogida cuando se ocupa del menor tiene los mismos derechos y obligaciones que los padres biológicos. Sin embargo, los padres de acogida no tienen obligación de alimentos y sólo pueden representar al hijo y administrar sus asuntos en cuestiones de rutina.

Cuando los derechos de propiedad del menor se vean amenazados el tribunal nombrará un administrador con el fin de proteger mejor el patrimonio del menor. Además, si el tribunal ha adoptado una decisión que limita el desempeño de la responsabilidad parental, tendrá que nombrar un administrador si ello redunda en beneficio de los intereses del menor. El administrador puede ser una persona física con plena capacidad de llevar a cabo actos jurídicos, cuyo estilo de vida garantice el correcto desempeño de esta función y que esté de acuerdo con su designación. Si no puede designarse una persona física, el tribunal generalmente nombrará administrador a un organismo de protección de social del menor.

Si los padres no pueden encargarse del cuidado y educación del menor por algún motivo grave, o hay razones de peso que impiden garantizar la debida atención del menor, o cuando su cuidado ha sido seriamente amenazado o vulnerado, el tribunal puede confiar el menor al cuidado de una institución o enviarlo a un centro de asistencia de menores que requieren ayuda inmediata.

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4. Si los padres se divorcian o se separan, ¿cómo se determinan las modalidades de ejercicio de la responsabilidad parental de cara al futuro?

En estos casos siempre se da preferencia al acuerdo alcanzado entre los padres. Cuando hay acuerdo, es necesario resolver la cuestión de a quién se confiará el hijo y cómo contribuirá cada uno de los padres a su mantenimiento. Este acuerdo debe ser aprobado por un tribunal para que tenga validez. También se puede regular por acuerdo el contacto del menor con los padres, sin que sea necesaria en este caso la aprobación del tribunal. Si los padres no llegan a un acuerdo en los temas esenciales del ejercicio de la responsabilidad parental, será el tribunal quien decida. El tribunal decidirá asimismo sobre estos asuntos sin que le sea requerido cuando se trate de un menor cuyos padres no viven juntos o no han llegado a un acuerdo sobre la obligación de alimentos o la educación del hijo. El acuerdo sobre a quién se confiará la educación del hijo y la forma en que cada uno de sus padres contribuirá a mantenerlo constituye un prerrequisito esencial del divorcio (sea este decidido de mutuo acuerdo o mediante resolución judicial).

5. Si los padres llegan a un acuerdo sobre las cuestiones de responsabilidad parental, ¿qué formalidades hay que respetar para que el acuerdo sea jurídicamente vinculante?

Cuando el acuerdo que regula el ejercicio de la responsabilidad parental sustituye a la resolución judicial sobre los derechos y obligaciones de los padres respecto a un hijo menor de edad con posterioridad a un divorcio (en especial, la designación de la persona que se encargará su educación y la contribución de cada uno de los padres a su mantenimiento), tal acuerdo requiere la aprobación de un tribunal para ser válido. Sin embargo, el acuerdo sobre la regulación del contacto de los padres con el hijo no precisa una aprobación de este tipo.

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6. Si los padres no llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental, ¿cuáles son los medios alternativos para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales?

En estos casos, se puede acudir a los servicios de mediación de los tribunales de distrito. Su función es lograr un acuerdo amistoso entre las dos partes; desempeñan un papel de mediadores en estos tipos de proceso.

Además, es posible utilizar los llamados servicios de asesoramiento matrimonial, familiar y de relaciones personales, que cuentan con al colaboración de psicólogos y trabajadores sociales cualificados. En la República Checa hay también muchas organizaciones sin ánimo de lucro a las que se puede acudir en estas situaciones.

Además, en relación con la responsabilidad parental, los padres pueden dirigirse al organismo de protección social de menores.

7. Si los padres acuden a los tribunales ¿qué cuestiones relativas al menor puede decidir el juez?

En términos generales puede afirmarse que el tribunal decide sobre las siguientes cuestiones relativas al cuidado del hijo:

  1. medidas relacionadas con la educación,
  2. adopción,
  3. tutela y administración, y
  4. prestación de alimentos.

El asunto que más comúnmente ocupa a los tribunales es decidir quién se encargará de la educación del menor. Esta cuestión se resuelve normalmente cuando los padres se divorcian. A menudo se confía el hijo al cuidado de uno de los padres. A la hora de valorar los intereses del hijo, el tribunal tiene sobre todo en cuenta su personalidad, la capacidad de sus padres para educarlo y otros factores pertinentes. Si ambos padres son capaces de cuidar del hijo y ambos están interesados en ocuparse de él, el tribunal puede darles la custodia conjunta o alterna a ambos, si ello conviene al menor y si se satisfacen así mejor sus necesidades. El tribunal también decide la cantidad con la que cada uno de los padres contribuirá al mantenimiento del hijo. Cuando se decida la cuantía de la obligación de alimentos se tendrá en cuenta el patrimonio, las capacidades y las posibilidades de los padres, las necesidades justificadas del hijo y el importe con el que cada uno de los padres se ocupará personalmente del hijo.

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El tribunal decide también sobre los asuntos relativos a la educación y el mantenimiento del hijo sin requerimiento previo, siempre y cuando se trate de un menor. Además de sobre estas cuestiones, el tribunal puede también dictar una decisión que regule el contacto del hijo con sus padres (que puede limitarse o prohibirse, si es en interés del menor), abuelos o hermanos.

8. Si el tribunal decide que uno de los padres tenga la custodia exclusiva del menor, ¿quiere esto decir que este padre puede decidir sobre todo aquello que concierne al menor sin antes consultar con el otro?

La educación y atención del hijo es sólo uno de los diversos derechos y obligaciones  de la responsabilidad parental. Si la persona a la que no se ha confiado la educación infantil no ha sido privada de su responsabilidad parental o la tiene limitada de alguna manera, sigue estando en su derecho de tomar decisiones en los asuntos fundamentales que afecten al hijo.

9. Si el tribunal decide que los padres tengan la custodia compartida, ¿qué significa esto en la práctica?

En relación con el divorcio la «Ley de familia» distingue entre la guarda compartida y alterna del hijo, siempre que se haga en el mejor interés de aquel y que sus necesidades estén cubiertas de la manera más adecuada. Esta decisión puede adoptarse si los padres tienen una buena comunicación entre sí y cooperan en la educación del hijo.

Guarda compartida

El tribunal resolverá a favor de la guarda compartida cuando los padres vivan juntos y provean conjuntamente una parte de las necesidades del hijo y siempre y cuando se reúnan otra serie de condiciones. En la práctica, la guarda compartida puede consistir en que uno de los padres se haga cargo de los gastos de escolarización y el otro de los de las actividades deportivas, o en que uno se ocupe del aprendizaje de lenguas y el otro de las actividades extraescolares. En este caso corren por cuenta de ambos la atención médica y las necesidades materiales del hijo como la comida, la limpieza o el vestido.

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Guarda alterna

El régimen de guarda alterna significa que cada uno de los padres se hace cargo del hijo durante un período de tiempo claramente delimitado. El tribunal define simultáneamente los derechos y obligaciones correspondientes a estos períodos. El régimen de alternancia más frecuente suele ser mensual. En el caso de la guarda alterna del hijo, es esencial que los padres vivan cerca uno del otro, especialmente para facilitar la asistencia al colegio.

10. ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para presentar una demanda sobre responsabilidad parental?¿Qué formalidades hay que respetar y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

Para cualquier solicitud sobre responsabilidad parental es necesario ponerse en contacto con el tribunal del distrito (en Brno, el tribunal municipal) que corresponda al lugar de residencia del hijo. El tribunal puede también decidir sobre cuestiones relativas al cuidado del hijo cuando se trata de un menor, sin necesidad de que se le presente una solicitud al respecto.

Las formalidades y documentación necesarias para la demanda dependen de su tipo concreto. Por lo general, es necesario que conste con claridad quién es la persona que la presenta, el hijo de que se trata y el demandado. Además es preciso establecer la queja del demandante, el motivo de la demanda y las pruebas propuestas en apoyo de esta. La demanda debe incluir todos los documentos importantes referentes a estos asuntos - por ejemplo, el certificado de nacimiento, el acta de matrimonio, la resolución previa del tribunal en el asunto relativo al hijo etc. Debe presentarse una copia de la demanda para cada parte y otra para el tribunal. Si la demanda no cumple con las formalidades previstas o falta algún documento, el tribunal pedirá al demandante que corrija el defecto de que se trate.

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11. ¿Cuál es el procedimiento aplicable al caso?¿Existe un procedimiento de urgencia?

El tribunal puede iniciar de oficio un procedimiento relativo al cuidado de un menor, pero también se puede presentar una solicitud para incoar este tipo de procedimientos.

Antes de dictar resolución definitiva, el tribunal puede imponer al demandado la obligación de prestar alimentos o de transferir el cuidado del hijo al otro padre o a una persona  designada por el tribunal como medida provisional.

La Ley de enjuiciamiento civil regula además un procedimiento concreto para aquellos casos en que un menor no esté recibiendo ningún tipo de atención o cuando su vida o su desarrollo adecuado se vean gravemente amenazados o vulnerados. En estas situaciones, el tribunal, a instancia de un organismo competente de protección social del menor, dictará una medida provisional para que el hijo quede al cuidado de la persona designada en dicho procedimiento. La decisión sobre la petición de una medida provisional de este tipo debe dictarse sin demora o  a más tardar en el plazo de 24 horas desde su presentación. La decisión sobre la medida provisional es aplicable durante un período de tres meses a partir de que sea ejecutable; si antes de la expiración de este plazo se inicia el procedimiento relativo al asunto de que se trate, la medida provisional surtirá efectos hasta que la resolución definitiva sea ejecutoria. Una vez dictada dicha resolución es inmediatamente ejecutable, por lo que el tribunal colabora con los organismos competentes para confiar al menor al cuidado de la persona designada; si el hijo se encuentra en ese momento viviendo con una persona distinta será apartado de ella.

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12. ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita que cubra los gastos del procedimiento?

Según la Ley de tasas judiciales, los procedimientos sobre asuntos guarda y custodia de los hijos del tribunal de menores están exentos de tasas judiciales. El demandante no tiene que pagar tasa alguna cuando interpone una demanda sobre responsabilidad parental.

Sin embargo, no ocurre así con la compensación de los gastos relacionados con el nombramiento de un abogado. En este caso, el tribunal puede decidir la concesión de asistencia jurídica gratuita, con arreglo a la Ley de enjuiciamiento civil. La asistencia jurídica gratuita procede cuando así lo justifica la situación de la persona, que le impide hacer frente a los honorarios de un abogado. En la práctica se suele tratar de personas social o económicamente desfavorecidas. La valoración de la situación patrimonial o social desfavorable se hace desde el punto de vista de las condiciones generales para la exención de las tasas judiciales (desempleo, incapacidad, permiso por maternidad o paternidad), pero es siempre necesario tener en cuenta las circunstancias específicas del caso.

Además, siempre que se reúnan los requisitos previos establecidos en la Ley de la abogacía, se puede solicitar al colegio de abogados designe letrado para asistencia gratuita.

13. ¿Son apelables las resoluciones sobre responsabilidad parental?

Sí. Las resoluciones sobre responsabilidad parental son apelables. Los tribunales de distrito son los órganos jurisdiccionales de primera instancia para conocer de los asuntos de responsabilidad parental. Por tanto, los tribunales regionales (o el tribunal municipal, en Praga) serán competentes para cualquier recurso de apelación. El recurso contra la resolución judicial debe presentarse en los quince días siguientes al del recibo de una copia escrita de aquélla. Si se ha dictado una resolución que corrige el contenido de la recurrida, el plazo de apelación volverá a empezar a correr a partir del momento en que la nueva resolución surta efectos. También se considerará presentado dentro de plazo el recurso que se interponga transcurridos los 15 días previstos por la ley cuando quien lo promueve haya seguido instrucciones incorrectas dadas por el tribunal.

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Además, hay que señalar que la resolución puede ejecutarse con carácter provisional, lo que significa que puede hacerse cumplir aunque no haya surtido aún efectos jurídicos debido a la interposición del recurso.

14. En determinados casos puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar la resolución sobre responsabilidad parental. ¿Qué procedimiento se sigue en estos casos?

En la República Checa es necesario presentar ante un tribunal cualquier solicitud de ejecución de una decisión sobre responsabilidad parental; el procedimiento que debe seguirse en la ejecución de la decisión está regulado en la Ley de enjuiciamiento civil.

En este caso, hay que presentar la solicitud para la ejecución de la decisión ante el tribunal de distrito que corresponda al domicilio donde resida el menor. La solicitud, que debe contener toda la información pertinente (el nombre de la parte obligada, la parte autorizada, la determinación del alcance y contenido de la obligación, el plazo para su cumplimiento y la especificación de la decisión que constituye título ejecutivo), debe ir acompañada de una copia de la decisión (o del acuerdo aprobado por el tribunal sobre la educación del menor o sobre la regulación del contacto con el menor), junto con la confirmación de su carácter ejecutivo. Antes de ordenar la ejecución de la decisión, el tribunal pedirá a la parte que se niega a acatarla o que no se atiene al acuerdo sobre la educación del menor o sobre la regulación del contacto con el menor que se someta a la decisión o al acuerdo de que se trate. De esta forma, el tribunal llama la atención de dicha parte sobre las consecuencias del incumplimiento de las responsabilidades establecidas en la decisión o el acuerdo. Sin embargo, en determinadas circunstancias, el tribunal puede ordenar la ejecución que consiste en apartar al hijo incluso sin hacer esta petición de cumplimiento. En esta fase del procedimiento, el tribunal puede solicitar también la participación del organismo de protección social competente. Si la petición de cumplimiento no obtiene respuesta positiva, el tribunal impondrá una multa a la parte que no haya acatado voluntariamente la decisión o el acuerdo aprobado sobre responsabilidad parental; la multa puede imponerse asimismo en repetidas ocasiones, siempre que cada vez no exceda la cantidad de 50.000 CZK. Asimismo, el tribunal puede decidir que se retire el hijo a la parte con la que este, según la decisión o el acuerdo, no debe estar y ponerlo al cuidado de la parte a la que se ha confiado su educación con arreglo a la decisión o al acuerdo, o con quien el hijo debe volver, o a la parte a la que la decisión o el acuerdo concede el derecho de mantener contacto con el hijo.

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15. ¿Qué hay que hacer para obtener el reconocimiento y ejecución en la República Checa de una decisión sobre responsabilidad parental dictada por un tribunal de otro país de la Unión Europea?¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos?

Las resoluciones judiciales sobre responsabilidad parental dictadas en diversos países tienen validez en la República Checa con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Derecho internacional privado y procesal, siempre y cuando hayan surtido efectos jurídicos por haber sido confirmadas por el organismo extranjero competente y reconocidas por los organismos checos, con las excepciones que se recogen en la mencionada Ley. Una vez que se han reunido estas condiciones, el procedimiento es análogo al de la ejecución de una decisión dictada por un órgano jurisdiccional checo (véase la respuesta a la pregunta anterior). El organismo checo competente reconocerá las decisiones extranjeras una vez que se haya comprobado que reúnen las condiciones requeridas; reconocerá, por tanto, la decisión sin necesidad de una declaración especial por la que se conceda a aquella el mismo tratamiento que a las dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes de nuestro país.

Deberán respetarse y tendrán prioridad sobre el Derecho nacional los convenios internacionales que regulan esta materia.

16. ¿A qué tribunal hay que acudir en la República Checa para oponerse al reconocimiento de una decisión sobre responsabilidad parental dictada por un tribunal de otro país de la Unión Europea?¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos?

Como ya se ha expuesto, el reconocimiento de resoluciones extranjeras en materia de responsabilidad parental no precisa de una declaración especial sobre la decisión del órgano competente checo y tampoco requiere un procedimiento particular de reconocimiento. Con arreglo a la Ley de Derecho internacional privado y procesal, la resolución extranjera no se reconoce o ejecuta cuando ello contraviene el orden público checo. En este caso, es necesario presentar una solicitud con este fin ante el tribunal competente (véanse las preguntas 10 y 14).

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17. ¿Cuál es la ley aplicable al procedimiento de responsabilidad parental cuando el menor o las partes no residan en la República Checa o sean de diferentes nacionalidades?

La Ley de Derecho internacional privado y procesal establece que las relaciones entre padres e hijos, incluidas la educación y la prestación de alimentos, se regulan por la ley del país del que el hijo sea ciudadano. Cuando este resida en la República Checa, estas relaciones pueden regularse con arreglo al Derecho checo, si ello beneficia los intereses del hijo.

Esta Ley establece además que los tribunales checos son competentes para conocer de todos los asuntos referentes a la educación, prestación de alimentos y demás cuestiones relacionadas con estas, siempre y cuando el menor sea ciudadano checo, aun cuando resida en el extranjero. Los consulados checos están capacitados para asumir el cuidado de menores residentes en el extranjero que no estén bajo la tutela parental y pueden hacerlo como si se tratara de un órgano jurisdiccional, a condición de que el país donde el menor reside reconozca esta competencia. Por lo que respecta a los asuntos relativos a menores procedentes de países extranjeros y residentes en la República Checa, los tribunales checos aplicarán solamente las medidas necesarias para la protección de la persona y el patrimonio del menor e informarán de ellas a los órganos competentes del país de origen del menor. Si el órgano competente del país de origen del menor no modifica las circunstancias de este en un determinado plazo, el tribunal checo procederá a ello. Cuando se trate de una decisión por la que se disuelva el matrimonio de los padres de un menor residente en el territorio de la República Checa, el tribunal regulará los derechos y responsabilidades de los padres con respecto al hijo en el período posterior al divorcio, siempre que el menor permanezca en territorio checo y que el país de origen del menor no ponga en aplicación otras medidas.

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En relación con este tema, es sin embargo necesario señalar que se aplican solamente las disposiciones antes mencionadas de la Ley de Derecho internacional privado y procesal, siempre que no contravengan ningún tratado internacional que sea vinculante para la República Checa. El 4 de marzo de 1999 la República Checa firmó el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. Este convenio establece que el tribunal o los organismos administrativos del país donde el hijo reside habitualmente tienen competencia para adoptar medidas destinadas a proteger la persona o el patrimonio del hijo. Esto se aplica con la excepción del artículo 7, que establece que cuando hay un cambio de la residencia habitual del menor a otro país contratante, serán los órganos competentes del país contratante de la nueva residencia del menor los que asumirán la potestad jurisdiccional. Cuando ejercen su potestad jurisdiccional en relación con la protección de un menor y su patrimonio, los órganos de las partes contratantes aplicarán la ley de su país. Sin embargo si la protección de los intereses personales o patrimoniales del menor así lo exigiera, pueden tener en cuenta, excepcionalmente, el Derecho de otro país con el que la situación de que se trate esté relacionada de manera fundamental. Si la residencia habitual del menor cambia a otro país contratante, las condiciones de aplicación de las medidas adoptadas en el país en que el menor tenía originalmente su residencia habitual estarán sometidas a la ley del nuevo país a partir del momento del cambio de residencia. El reconocimiento o la anulación de la responsabilidad parental legal (sin intervención de un tribunal o de un órgano administrativo) están sujetos a la ley del país donde el menor tiene su residencia habitual. El reconocimiento o la anulación de las responsabilidades parentales establecidas por un acuerdo o por un acto jurídico unilateral (sin intervención de un tribunal o de un órgano administrativo) se regulan por la ley del país en donde el menor tuviera su residencia habitual en el momento en que el acuerdo o el acto jurídico unilateral empezara a surtir efectos. Las obligaciones parentales que imponga la ley del país de residencia habitual del menor, siguen teniendo validez tras el cambio de la residencia habitual del hijo a otro país. Si la residencia habitual cambia, el reconocimiento jurídico de las obligaciones parentales de una persona, que hasta entonces no haya tenido esas obligaciones, estará sujeto a la ley del país de la nueva residencia habitual del menor. El ejercicio de las obligaciones parentales se regula por la ley del país de la residencia habitual del hijo. Si esta cambia, aquél quedará sometido a la ley del país de la nueva residencia habitual del hijo.

Además, son también de obligado cumplimiento el Convenio de 2 de octubre de 1973, referente al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones relativas a las obligaciones alimenticias y el Convenio Europeo de 20 de mayo de 1980, relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha custodia.

Información complementaria

Vínculos con sitios Internet:

Órganos jurisdiccionales de la República Checa ceština - English

La red judicial europea en asuntos civiles y mercantiles –hojas de información sobre la responsabilidad parental

Servicios de asesoramiento sobre matrimonio, familias y relaciones interpersonales ceština

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Última actualización: 06-11-2006

 
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