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Última actualización: 29-07-2004
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Organización de la justicia - Bélgica

La presente ficha de información se subdivide en tres partes principales. Tras una introducción general sobre la organización del poder judicial en Bélgica en una primera parte, la segunda se centra en los órganos jurisdiccionales civiles. La última parte recoge, en forma de organigrama, los distintos niveles de los órganos jurisdiccionales, de la primera instancia de jurisdicción hasta el recurso ante el Tribunal de Casación.

1. Introducción

a) Principios

Antes de empezar la presentación de la organización judicial en Bélgica, conviene recordar algunos principios constitucionales y generales relativos a la organización del poder judicial.

La Constitución [1] estableció, al mismo nivel que los dos otros poderes, es decir, el legislativo y el ejecutivo, un poder judicial desempeñado por los Jueces y Tribunales, que constituyen un poder independiente y paralelo a los otros poderes constitucionales.

El poder judicial está desempeñado por los órganos jurisdiccionales en el marco de las disposiciones constitucionales y legislativas.

Según las disposiciones de los artículos 144 y 145 de la Constitución, los litigios en materia de derechos civiles y de derechos políticos son competencia exclusiva de los Tribunales, excepto las excepciones establecidas por la ley.

Sólo mediante ley puede establecerse un Tribunal o jurisdicción contenciosa. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitución no pueden crearse comisiones ni Tribunales extraordinarios, bajo ninguna denominación que sea.

Las audiencias de los Tribunales son públicas, a menos que esta condición pueda perjudicar al orden o las costumbres y, en tal caso, el Tribunal así lo declare mediante auto (apartado 1 del artículo 148 de la Constitución). El principio de publicidad de las audiencias permite, entre otras cosas, garantizar la transparencia de la justicia.

Todo juicio debe ser motivado y tiene lugar en audiencia pública (artículo 149 de la Constitución). La obligación de motivación impuesta por la Constitución, así como por el artículo 780 del Código judicial, significan que el juez debe responder a las cuestiones de hecho y de derecho planteadas en las conclusiones de las partes. La motivación debe ser completa, clara, precisa y adecuada. La obligación de motivación de los juicios, de la misma manera que la independencia del juez, garantiza al justiciable contra el posible arbitrario del juez y le permite, a la luz de la motivación, evaluar la interposición de un recurso ante el juez de apelación o ante el Tribunal de casación.

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Tanto la independencia de los jueces en el ejercicio de sus competencias jurisdiccionales como la Fiscalía en el ejercicio de las investigaciones y procesamientos individuales, sin perjuicio del derecho del Ministro competente para solicitar actuaciones judiciales y adoptar órdenes vinculantes en materia de política penal, incluso en materia de investigación y procesamiento, viene consagrada por el apartado 1 del artículo 151 de la Constitución.

Según el apartado 4 de la misma disposición, el Rey nombra a los jueces de paz, a los jueces de los Tribunales y a los consejeros de los Juzgados y del Tribunal de casación en las condiciones y según el método determinados por la ley.

Los jueces son nombrados de por vida. Alcanzan la jubilación a una edad determinada por ley y se benefician de la pensión prevista por ésta. Ningún juez puede ser apartado de su puesto ni suspendido en sus funciones si no es mediante juicio. Un juez sólo podrá ser relevado de sus funciones mediante un nuevo nombramiento y con su consentimiento (artículo 152 de la Constitución). El Rey nombra asimismo y revoca a los funcionarios de la Fiscalía en los Juzgados y Tribunales (artículo 153 de la Constitución).

Los emolumentos de los miembros del poder judicial son fijados por ley (artículo 154 de la Constitución).

Por otra parte, ningún juez puede aceptar de un Gobierno el desempeño de otras funciones retribuidas, a menos que las ejerza gratuitamente y excepto en los casos de incompatibilidad determinados por ley (artículo 155 de la Constitución).

b) Algunas palabras sobre el Tribunal de Arbitraje (Cour d'arbitrage) [2]

La creación de estructuras federales en Bélgica condujo a la creación del Tribunal de arbitraje en 1983.

Existe, para toda Bélgica, un único Tribunal de arbitraje cuya composición, competencia y funcionamiento vienen determinados por ley (apartado 1 del artículo 142 de la Constitución).

Este Tribunal es competente (párrafo 2 del artículo 142 de la Constitución) en:

  • los conflictos contemplados en el artículo 141 de la Constitución, es decir, los conflictos de competencia entre la ley, el decreto y la orden, así como entre los decretos entre sí y entre las órdenes entre sí a causa de la violación de las normas establecidas por la Constitución o en virtud de ésta para determinar las competencias respectivas del Estado, las Comunidades y las Regiones;
  • la violación mediante ley, decreto u orden, de los artículos 10, 11 y 24 de la Constitución, es decir, las disposiciones constitucionales por las que se consagra el principio de igualdad, el principio de no discriminación y el principio de libertad de enseñanza.

Pueden acudir a él el Consejo de Ministros, los Gobiernos de las Comunidades y las Regiones, los Presidentes de los parlamentos federales, los parlamentos comunitarios y regionales (a petición de dos tercios de sus miembros) en los cuales se presume la existencia de un interés así como toda persona (física o moral) que justifique un interés o, con carácter prejudicial, toda jurisdicción (apartado 3 del artículo 142 de la Constitución y artículo 2 de la ley especial de 6 de enero de 1989 sobre el Tribunal de Arbitraje).

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Así pues, toda persona (privada o pública) que justifique un interés puede interponer un recurso de anulación ante el Tribunal de Arbitraje en el caso de una norma considerada como discriminatoria o contraria a la libertad de enseñanza. Los principios de igualdad y de no discriminación se aplican no sólo a los derechos y libertades reconocidos por la legislación interna sino también a los derechos y libertades consagrados por los Tratados internacionales directamente aplicables en el ordenamiento jurídico belga y, en particular, por el Convenio europeo de protección de los Derechos humanos y de las Libertades fundamentales de 1950.

2. Desarrollo relativo a los órganos jurisdiccionales no administrativos

a) Principios relativos a la organización de los Juzgados y Tribunales

Los Juzgados y Tribunales del poder judicial se estructuran de una manera jerarquizada.

En el vértice de esta estructura se encuentra el Tribunal de Casación (Cour de cassation). El Tribunal de Casación, jurisdicción judicial suprema, culmina el conjunto de los órganos jurisdiccionales no administrativos del Reino. No conoce del fondo de los asuntos sino que examina si las resoluciones que se le someten incumplen o no la ley o las normas de procedimiento (artículo 608 del Código judicial). Su competencia se extiende al conjunto del territorio.

A un nivel inferior al Tribunal de casación (en la instancia de apelación), se encuentran los Tribunales de apelación citados por la Constitución. Los Tribunales de apelación son cinco y su ámbito de competencia territorial viene determinado por la Constitución. Estos cinco Tribunales de apelación son los siguientes: el Tribunal de apelación de Bruselas, para las provincias del Brabante valón, el Brabante flamenco y la región bilingüe de Bruselas capital; el de Gante, para las provincias de Flandes occidental y Flandes oriental; el de Amberes, para las provincias de Amberes y Limburgo; el de Lieja para las provincias de Lieja, Namur y Luxemburgo y, finalmente, el de Mons para la provincia de Hainaut.

En la instancia de apelación y al mismo nivel que los Tribunales de apelación, existen los Tribunales de trabajo con competencias en las mismas demarcaciones territoriales citadas.

A un nivel aún inferior de esta estructura, se encuentran el Tribunal de primera instancia (Tribunal de première instance), el Tribunal de comercio (Tribunal de commerce), el Juzgado de trabajo (Tribunal du travail) y el Tribunal de policía (Tribunal de police). La competencia territorial de estos órganos jurisdiccionales se basa en el ámbito del distrito. Existen veintisiete distritos en toda Bélgica. En la mayoría de los distritos judiciales existe un Tribunal de policía por distrito y en algunos de ellos, como en Bruselas, existen varios Tribunales de policía [3].

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En el nivel más bajo de la pirámide, se encuentran los Juzgados de paz. Bélgica cuenta con ciento ochenta y siete Juzgados de paz. La competencia de estos órganos jurisdiccionales está en función del cantón al cual pertenecen. Hay un Juzgado de paz por cantón judicial.

Además de las normas constitucionales del capítulo VI relativo al "poder judicial", la organización judicial viene regulada por la segunda parte del Código judicial y, más concretamente, por los artículos 58 a 555 quater de este mismo Código.

El primer libro de esta segunda parte está consagrado a los "Órganos del poder judicial". El segundo libro se refiere a las "Funciones judiciales", el tercer libro al "Colegio de Abogados", y, por último, las disposiciones relativas a los "Secretarios judiciales" se recogen en el cuarto y último libro de esta misma segunda parte.

Así pues, las disposiciones relativas a la organización de los Juzgados de paz, del Tribunal de policía, del Tribunal de distrito [4]. En el caso del Tribunal de Primera Instancia, el Juzgado de Trabajo, el Tribunal de comercio, el Tribunal de apelación, el Tribunal de trabajo, el Tribunal de lo penal (Cour d'assises) y el Tribunal de Casación estas cuestiones han sido previstas en artículos específicos del Código judicial (artículo 58 del Código judicial).

Por otra parte, es importante tener en cuenta que las Salas de lo penal del Tribunal de apelación, el Tribunal de lo penal [5], las Salas de lo penal del Tribunal de Primera Instancia (Tribunal de lo penal) y el Tribunal de policía (que es competente en asuntos penales) dirimen también, junto a los órganos jurisdiccionales civiles, las demandas civiles (esencialmente por lo que se refiere a los daños e intereses) introducidas por las partes civiles, es decir, las víctimas de infracciones penales en sentido amplio.

A continuación se encuentra la estructura piramidal de los órganos jurisdiccionales no administrativos (civiles):


Tribunal de casación
(Cour de Cassation)

Tribunal de apelación
(Cour d'appel)
Tribunal de trabajo (Cour du travail)
  • Tribunal de Primera Instancia

    (Tribunal de première instance)

  • Tribunal de comercio

    (Tribunal de commerce)

  • Juzgado de trabajo

    (Tribunal du travail)

Juzgado de paz
(Justice de paix)
Tribunal de policía
(Tribunal de police)

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b) Papel de la Fiscalía en materia civil

Ante el Tribunal de Casación, el Tribunal de Apelación y el Tribunal de trabajo, las funciones de la Fiscalía son desempeñadas por el Fiscal General. Ante el Tribunal de Primera Instancia, del Tribunal de comercio, del Tribunal de policía y el Juez de paz, estas mismas funciones las asume el fiscal del Rey y en el caso del Juzgado de trabajo corresponde al auditor de trabajo (auditeur du travail) .

En las materias civiles, la Fiscalía interviene a través de la acción, el requerimiento o el dictamen. Actúa de oficio en los casos especificados por la ley y, asimismo, cada vez que el orden público exige su intervención (párrafo 3 del artículo 138 del Código judicial).

Así pues, la Fiscalía interviene en las causas presentadas ante el Tribunal de apelación, el Tribunal de trabajo, el Tribunal de Primera Instancia, el Juzgado de trabajo, el Tribunal de comercio, el Tribunal de policía y el juez de paz.

Una de las misiones más importantes de la Fiscalía en materia civil es el dictamen. La Fiscalía recibe obligatoriamente una comunicación para su dictamen de las causas que se refieren a materias específicas, enumeradas en el primer párrafo del artículo 764 del Código judicial. Puede también recibir comunicación para su dictamen de todas las demás causas cuando lo juzgue conveniente y sea competente. El Juzgado o el Tribunal puede también solicitarlo de oficio (párrafo 2 del artículo 764 del Código judicial).

Numerosas disposiciones del Código judicial pero también de otras disposiciones legales imponen la comunicación de algunas causas a la Fiscalía para su dictamen. El artículo 764 del Código judicial, que fija los criterios en esta materia, establece la necesidad de comunicación para dictamen sin la cual serán consideradas nulas las demandas relativas al estado de las personas, cuando se dirimen cuestiones sobre los menores o incapaces, en las demandas relativas a los actos del estado civil, las demandas de asistencia judicial y las de acuerdo con los acreedores, así como en el caso de las declaraciones de quiebra, en relación con la fecha de la suspensión de pagos y los procedimientos en materia de revocación de la prórroga de pago y de cancelación de la quiebra.

En el Tribunal de Casación, la Fiscalía interviene en todas las causas (párrafo 2 del artículo 1105 del Código judicial).

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c) Explicaciones detalladas referentes a los órganos jurisdiccionales no administrativos (120.4 KB pdf)

3. Organigramas

a) Observaciones preliminares

En derecho positivo, las vías de recurso, es decir, los procedimientos previstos por la ley que permite a las partes en el litigio o, en algunos casos, a terceros, obtener una nueva decisión en un asunto ya juzgado por una jurisdicción, se dividen en dos categorías: las vías de recurso ordinarias y las vías de recurso extraordinarias.

Las vías de recurso ordinarias son dos: la oposición y la apelación (primer párrafo del artículo 21 del Código judicial). Estos recursos ordinarios están en principio siempre abiertos a las partes.

Existe, además de estos recursos ordinarios, recursos llamados "extraordinarios" de los cuales el principal es el recurso en casación introducido ante el Tribunal de casación (segundo párrafo del artículo 21 del Código judicial). El recurso extraordinario interpuesto ante el Tribunal de casación no constituye una tercera instancia o un tercer grado de jurisdicción. El Tribunal de casación controla el cumplimiento de la legalidad vigente y no entra a considerar los hechos de la causa que se le presenta.

La oposición (artículo 1047 a 1049 del Código judicial)

Cualquier sentencia dictada en rebeldía (en caso de ausencia del demandado) puede ser objeto de una oposición. Ésta se realiza a través de la diligencia de un secretario judicial en la que se contiene la citación para comparecer ante el juez que dictó la sentencia en rebeldía. Las partes pueden también decidir una comparecencia voluntaria (párrafos 1 a 3 artículo del 1047 del Código judicial) - ver a este respecto el tema "¿Cómo acudir a los Tribunales? - Bélgica". La única jurisdicción competente para conocer de la oposición es la que dictó la sentencia en rebeldía (párrafo 2 del artículo 1047 del Código judicial).

El plazo para la oposición es de un mes a partir del conocimiento de la sentencia o la notificación de ésta. Este plazo de un mes se incrementa cuando el ausente no tiene en Bélgica ni domicilio ni residencia ni domicilio elegido (art.1048 y 55 del Código judicial).

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El recurso (artículo 1050 a 1072bis del Código judicial)

El recurso es el procedimiento que permite a la parte que se considera perjudicada por una resolución la reforma de ésta a través de una jurisdicción superior. Permite la rectificación por jueces de órganos jurisdiccionales superiores los posibles errores cometidos por los primeros jueces que han intervenido en la causa y reparar los errores producidos en primera instancia en la defensa de sus intereses. El procedimiento de recurso constituye una nueva instancia distinta y autónoma con relación a la que se desarrolló ante el primer juez y que concluyó mediante la resolución que es objeto del recurso. Éste puede plantearse en todas las materias una vez que se haya dictado la sentencia, aunque ésta sea una sentencia pronunciada por los Tribunales anteriores a la sentencia definitiva o haya sido dictada en rebeldía (artículo 1050 del Código judicial).

El plazo para el recurso es de un mes a partir del momento en que se ha dictado la sentencia o ésta ha sido notificada. Del mismo modo que para la oposición, este plazo de un mes es aumentado cuando una de las partes a quienes la sentencia ha sido notificada o a petición de la cual se ha producido la comunicación, no tiene en Bélgica ni domicilio ni residencia ni domicilio elegido (párrafos 1, 3 y 4 del artículo 1051 y artículo 55 del Código judicial).

El recurso de casación (artículo 1073 a 1121 del Código judicial)

El recurso ante el Tribunal de casación se presenta contra resoluciones firmes dictadas en todas las materias en última instancia (artículo 608 y 609 del Código judicial). Las resoluciones se someten al Tribunal de casación en casos de incumplimiento de la ley o vicios sustanciales de forma o susceptibles de nulidad.

Excepto los casos en los que la ley establece un plazo más corto, el plazo para presentar el recurso de casación es de tres meses a partir del día de la notificación de la sentencia impugnada. Cuando el demandante no tiene en Bélgica ni domicilio ni residencia ni domicilio elegido, el plazo antes citado se incrementa a los tres meses de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del Código judicial (párrafo 1 y 2 del artículo 1073 del Código judicial).

b) Organigramas

1) Organigrama n° 1 (58 KB pdf)

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Recorrido de una resolución dictada en primera instancia por el juez de paz o el Tribunal de policía a la que le sigue un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de comercio y, a continuación y eventualmente, un recurso ante el Tribunal de casación:

Las decisiones dictadas por el juez de paz y el Tribunal de policía

La apelación de las sentencias dictadas en primera instancia por el juez de paz y, en los casos previstos en el artículo 601bis, por el Tribunal de policía debe introducirse ante el Tribunal de Primera Instancia (artículo 577 del Código judicial).

La apelación de las resoluciones dictadas en primera instancia por el juez de paz sobre los conflictos entre comerciantes y relativas a los actos reconocidos como comerciales por la ley o a los conflictos relativos a las letras de cambio se presentan ante el Tribunal de comercio (artículo 577 del Código judicial).

Las sentencias dictadas por el juez de paz y las del Tribunal de policía, en caso de demanda relativa a la reparación de un daño resultante de un accidente de circulación aunque éste ocurriera en un lugar que no es accesible al público, son dictadas en última instancia cuando la demanda interpuesta se refiera a un importe en litigio superior a los 1.240 euros. En otros términos, eso significa que para las demandas cuyo importe no sobrepase 1.240 euros, las resoluciones del juez de paz y el Tribunal de policía en las materias antes citadas no son susceptibles de recurso.

Las sentencias dictadas en última instancia por el juez de paz o el Tribunal de policía pueden no obstante ser objeto de un recurso ante el Tribunal de casación.

2) Organigrama n°2 (56.9 KB pdf)

Recorrido de una resolución dictada en primera instancia por el Tribunal de comercio o el Tribunal de Primera Instancia a la que le sigue un recurso ante el Tribunal de apelación y, a continuación y eventualmente, un recurso ante el Tribunal de casación:

Las decisiones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de comercio

La apelación de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de comercio así como las resoluciones dictadas en primera instancia por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia y por el Presidente del Tribunal de comercio se interponen ante el Tribunal de apelación (apartados 1° y 2° del artículo 602 del Código judicial).

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3) Organigrama n° 3 (55.2 KB pdf)

Recorrido de una resolución dictada en primera instancia por el Juzgado de trabajo a la que le sigue un recurso ante el Tribunal de trabajo y, a continuación y eventualmente, un recurso ante el Tribunal de casación:

Resoluciones dictadas por el Juzgado de trabajo

Las resoluciones dictadas en primera instancia por el Juzgado de trabajo y por el Presidente del Juzgado de trabajo son recurridas, en un 2º grado de jurisdicción, ante el Tribunal de trabajo (artículo 607 del Código judicial).

Vínculos útiles

  • Sitio del Servicio Publico Federal JUSTICIA (de - fr - nl)
  • Sitio del poder judicial de Bélgica (fr - nl)
[1] La referencia hecha a la Constitución en la presente ficha remite al texto de la Constitution coordonnnée de 17 de febrero de 1994 (Monituer belge de 17 de febrero de 1994).
[2] Véase también la Ley especial de 6 de enero de 1989 sobre el Tribunal de arbitraje, publicada en el Moniteur belge de 7 de enero de 1989 y el sitio web del Tribunal de arbitraje de - en - fr - nl).
[3] Artículo 3 del Anexo del Código judicial relativo a los límites territoriales y a la sede de los Juzgados y Tribunales.
[4] El Tribunal de distrito se compone del Presidente del Tribunal de Primera Instancia, del Presidente del Juzgado de trabajo y el Presidente del Tribunal de comercio o los jueces que, en cada uno de estos Tribunales, los sustituyen (artículo 74 del Código Judicial). Resuelve en primera instancia respecto a la resolución de los conflictos sobre la competencia del juez que conoce del asunto cuando ésta es impugnada (artículo 639 del Código judicial).
[5] El Tribunal de lo penal juzga las infracciones penales más graves, como, por ejemplo, asesinatos, homicidios, etc.

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