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Última actualización: 06-11-2007
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Obligación de alimentos - España

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ÍNDICE

1. ¿Qué comprenden los conceptos de “alimentos” y de “obligaciones alimenticias” según la ley española? 1.
2. ¿Hasta qué momento pueden percibirse los alimentos? 2.
3. ¿En qué casos es aplicable la ley española? 3.
4. Si no es aplicable la ley española, ¿qué ley aplicarán los tribunales de este país? 4.
5. ¿Debe dirigirse el demandante a un organismo particular, a la administración, o a los tribunales de justicia para obtener los alimentos? 5.
6. ¿Es posible efectuar la reclamación en nombre de un pariente, de una persona cercana, o de un menor de edad? 6.
7. Si el reclamante de alimentos quiere acudir a la justicia, ¿cómo puede saber cuál es el tribunal competente? 7.
8. ¿Tiene el demandante que utilizar los servicios de un intermediario para plantear el litigio ante los tribunales? Si no es el caso, ¿que procedimiento deberá seguir? 8.
9. ¿Qué gastos se derivan del procedimiento judicial y a cuánto ascienden? Si los medios económicos del reclamante fueran insuficientes, ¿puede obtener alguna ayuda económica para hacer frente a los gastos del litigio? 9.
10. ¿Qué tipo de ayuda establece el tribunal? Si se trata de una pensión, ¿cómo se calcula? Una vez fijada, ¿cómo se revisa cuando se produce una alteración de la situación? 10.
11. ¿Cómo y a quién se abona la pensión? 11.
12. Si el deudor no paga voluntariamente, ¿qué medios coercitivos existen en la ejecución forzosa? 12.
13. ¿Existe algún organismo que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión? 13.
14. ¿Existe algún organismo que pueda sustituir al deudor en el pago de la pensión o en parte de la misma? 14.
15. ¿Puede obtener el demandante la ayuda de algún organismo o de alguna administración española? 15.
16. En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y dirección de ese organismo? ¿Cómo puede ser contactado dicho organismo central o local? 16.
17. ¿Qué tipo de asistencia recibirá el peticionario por parte de dicho organismo? 17.
18. ¿Puede el demandante dirigirse directamente a un organismo o a una autoridad administrativa española? 18.
19. En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y dirección de dichos organismos y cómo se puede acudir a ellos? 19.
20. ¿Qué tipo de asistencia podrá recibir el peticionario por parte del referido organismo? 20.

 

1. ¿Qué comprenden los conceptos de “alimentos” y de “obligaciones alimenticias” según la ley española?

Los alimentos en Derecho español comprenden todo lo necesario para la manutención, el vestido, la habitación, la salud y la educación, es decir, las necesidades básicas y elementales del alimentista.

Las personas obligadas son:

  1. los progenitores respecto a sus hijos hasta que alcanzan la suficiencia económica;
  2. los hijos respecto a los progenitores necesitados;
  3. los esposos entre sí, incluso después de la separación o el divorcio;
  4. los miembros de una unión estable de pareja entre sí, tanto heterosexual como homosexual (en los territorios de las regiones en las que existe regulación propia de esta materia);
  5. los parientes en línea colateral de hasta segundo grado, si faltan parientes más cercanos.

El requisito imprescindible es la situación de necesidad del alimentista. Para los beneficiarios mayores de edad se exige que la falta de medios económicos no sea consecuencia de una causa que les sea imputable.

2. ¿Hasta qué momento pueden percibirse los alimentos?

Para los niños hasta la mayoría de edad, que en España se alcanza a los 18 años, salvo en el caso el que el menor tuviese rentas propias suficientes.

Después de la mayoría de edad, la obligación subsiste para los hijos, siempre que no tengan suficiencia económica, no hayan terminado su proceso de formación o carezcan de trabajo por causa que no les sea imputable.

3. ¿En qué casos es aplicable la ley española?

El Código Civil español (artículo 9.7) establece un principio de discriminación positiva, de tal forma que siempre se aplicará la ley más favorable a quien reclame o pueda necesitar los alimentos, de entre las siguientes: en primer lugar, la ley nacional común del alimentista y del alimentante; en segundo lugar la ley de la residencia habitual de quien los necesite y, con carácter alternativo residual, la lex fori. Si se cambia de nacionalidad común o de residencia la nueva ley se aplica a partir del momento del cambio.

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4. Si no es aplicable la ley española, ¿qué ley aplicarán los tribunales de este país?

Si existe nacionalidad común entre el alimentante y el alimentista, se aplicará su ley personal. En otro caso, la de la residencia habitual del alimentista, siempre que con arreglo a la misma se puedan obtener alimentos.

La circunstancia de que las dos partes se encuentren en territorio español no altera el orden de prelación de la ley aplicable señalado en la respuesta anterior.

5. ¿Debe dirigirse el demandante a un organismo particular, a la administración, o a los tribunales de justicia para obtener los alimentos?

La petición debe presentarse ante los tribunales de justicia con carácter general.

No obstante, si se tratara de un menor de edad, puede dirigirse sin formalidad alguna a la Fiscalía de menores o a la Entidad Pública de protección de menores, para que sean estos organismos los que formulen la reclamación.

6. ¿Es posible efectuar la reclamación en nombre de un pariente, de una persona cercana, o de un menor de edad?

La reclamación debe ser presentada personalmente por el interesado, salvo que éste sea menor de edad, en cuyo caso tiene que realizar la petición la persona que tenga su representación legal, el Fiscal o la Entidad Pública de protección de menores.

No obstante se puede presentar la solicitud por medio de representación, siempre que el representante disponga de un poder que pueda ser otorgado ante notario, ante un secretario judicial o ante un cónsul de cualquier delegación diplomática española en el extranjero.

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7. Si el reclamante de alimentos quiere acudir a la justicia, ¿cómo puede saber cuál es el tribunal competente?

La regla general es que la competencia corresponde al juzgado del domicilio del deudor. Si hay varios deudores mancomunados (padre y madre), corresponde al domicilio de cualquiera de ellos. Si el deudor no tiene domicilio en España, corresponde al de su última residencia en este país. En ausencia de los anteriores criterios, la competencia corresponde al juzgado del domicilio del alimentista.

8. ¿Tiene el demandante que utilizar los servicios de un intermediario para plantear el litigio ante los tribunales? Si no es el caso, ¿que procedimiento deberá seguir?

No es necesario siempre que sea la persona interesada personalmente o su representante legal quien presente la reclamación y asista al juicio, que es de naturaleza verbal.

Si no se formula la demanda personalmente, necesariamente debe intervenir un Procurador en nombre del demandante.

Aun cuando no es obligatorio, es conveniente disponer de la asistencia de un Abogado.

9. ¿Qué gastos se derivan del procedimiento judicial y a cuánto ascienden? Si los medios económicos del reclamante fueran insuficientes, ¿puede obtener alguna ayuda económica para hacer frente a los gastos del litigio?

En España no existen gastos judiciales para esta clase de procedimientos en los que la justicia es gratuita, a excepción de los honorarios de los abogados, procuradores y peritos, en caso de que se utilicen.

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Los honorarios de abogados y procuradores están en relación con la cuantía de la reclamación. Esta cuantía se calcula, para el caso de que se reclamen prestaciones periódicas, como son los alimentos, en base a la suma de diez anualidades, (regla 7ª del artículo 251 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), moderada por la previsión de duración de la prestación. Si se reclama una cantidad concreta en concepto de atrasos, es ésta la cifra que sirve de base. Sobre la cuantía que sirva para el cómputo, la media de los derechos de abogados y procurador es del 8 % de su importe total.

Está prevista la ayuda económica para los gastos procesales cuando el demandante o el demandado carezcan de medios económicos y puedan tener derecho a la asistencia jurídica gratuita (ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales). La asistencia consiste en facilitar abogado y procurador del turno de oficio para efectuar la reclamación judicial y en asumir cualquier gasto procesal, como honorarios de peritos o gastos de publicación de edictos, por cuenta del Estado.

10. ¿Qué tipo de ayuda establece el tribunal? Si se trata de una pensión, ¿cómo se calcula? Una vez fijada, ¿cómo se revisa cuando se produce una alteración de la situación?

En la mayoría de los supuestos se establece una pensión periódica que, tal como determina la ley, debe ser de carácter mensual y su devengo se fija por mensualidades anticipadas. La fijación de una cantidad a tanto alzado y en pago único es extraordinaria: sólo se produce cuando es para pagar alimentos atrasados, cuando es aconsejable asegurar pagos futuros por falta de arraigo del deudor, o por acuerdo entre las partes.

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El cálculo para concretar la cuantía de la pensión se realiza por el tribunal de conformidad con una regla legal abstracta que se basa en una triple proporcionalidad:

  1. las necesidades del alimentista;
  2. las posibilidades del alimentante, y
  3. las posibilidades de otras personas que estén también obligadas a contribuir a los alimentos (coalimentantes) en el mismo grado que el demandado.

En la resolución judicial en la que se fijan se deben establecer las bases de actualización. Esta actualización se produce de forma automática por el mero transcurso del tiempo y es el obligado al pago el que debe aplicar la actualización. Si el alimentante no efectúa la actualización la realizará el juzgado, previa solicitud del alimentista.

La cuantía de la pensión por alimentos se puede modificar (siempre previa petición de la parte interesada) cuando se alteran sustancialmente las bases que sirvieron para fijarla:

  1. procede revisarlas al alza cuando el alimentante mejora su posición económica o cuando el alimentista empeora y precisa una mayor prestación (por ejemplo, agravación de una enfermedad);
  2. procede rebajarla cuando el alimentista empeora su situación o cuando el alimentante mejora sus propios medios de vida.

Por último, la pensión puede extinguirse cuando desaparece la causa que la motivó.

11. ¿Cómo y a quién se abona la pensión?

La forma de pago habitual es en dinero. No obstante se prevén dos excepciones:

  1. el deudor puede optar por cumplir la obligación albergando y alimentando al acreedor en su propia casa, posibilidad ésta muy restringida por la jurisprudencia cuando no existe garantía de buenas relaciones;
  2. el pago mediante entrega de bienes o derechos es excepcional y sólo procede para liquidar atrasos, cuando existe riesgo de desaparición de los bienes o falta de arraigo.

La pensión es pagada directamente al acreedor. La forma más habitual es el ingreso en cuenta bancaria. Cuando el alimentista es menor de edad o incapaz, el pago se realiza a su representante legal.

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12. Si el deudor no paga voluntariamente, ¿qué medios coercitivos existen en la ejecución forzosa?

En España están implantados los siguientes medios de ejecución:

  1. retención del salario (a excepción del mínimo vital que señale el tribunal);
  2. retención de devoluciones de impuestos;
  3. embargo de cuentas bancarias;
  4. detracción de prestaciones de la Seguridad Social;
  5. embargo de bienes y venta pública de los mismos;
  6. prisión en determinados casos.

13. ¿Existe algún organismo que pueda ayudar al acreedor a cobrar la pensión?

No, a excepción de los alimentos en beneficio de personas menores de edad en cuyo caso el Ministerio Fiscal puede ostentar su representación.

14. ¿Existe algún organismo que pueda sustituir al deudor en el pago de la pensión o en parte de la misma?

No existe previsión legal por el momento. Se está debatiendo la implantación de un fondo de pensiones alimenticias, pero todavía no existe.

15. ¿Puede obtener el demandante la ayuda de algún organismo o de alguna administración española?

Si, pero únicamente si el demandante carece de bienes y solicita asistencia jurídica gratuita. En este caso el Estado le facilita de forma gratuita un abogado y un procurador para que realicen la reclamación judicial.

16. En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y dirección de ese organismo? ¿Cómo puede ser contactado dicho organismo central o local?

El organismo es la COMISIÓN DE ASISTENCIA JUSTICIA GRATUITA, que puede ser contactada a través de los Colegios de Abogados de cada ciudad o a través de cualquier juzgado. También puede solicitarse el reconocimiento del derecho en cualquier consulado español en el extranjero.

Cualquier persona puede dirigir a la Comisión local de Asistencia Jurídica Gratuita de la ciudad en la que quiera presentar por escrito una petición informal, en la que se especificarán las circunstancias personales y la dirección, y se solicitará la designación de abogado y procurador para que formalice la reclamación.

La petición de asistencia jurídica gratuita se hace por medio de formulario PDF File (PDF File).

17. ¿Qué tipo de asistencia recibirá el peticionario por parte de dicho organismo?

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita le proveerá de abogado y procurador para que le representen y defiendan ante los tribunales. El abogado le informará de sus derechos y realizará los actos procesales en su nombre hasta que recaiga sentencia.

18. ¿Puede el demandante dirigirse directamente a un organismo o a una autoridad administrativa española?

No existe previsión legal. El interesado debe dirigirse al juzgado competente.

19. En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y dirección de dichos organismos y cómo se puede acudir a ellos?

No existe previsión legal.

20. ¿Qué tipo de asistencia podrá recibir el peticionario por parte del referido organismo?

No existe previsión legal.

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