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Última actualización: 03-05-2005
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Obligación de alimentos - Portugal

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ÍNDICE

1. ¿Qué comprenden las nociones de “alimentos” y de “obligaciones alimenticias” según la ley portuguesa? ¿Qué personas están obligadas a pagar alimentos a otras? 1.
2. ¿Hasta qué momento un niño puede beneficiarse de los alimentos? 2.
3. ¿En qué casos es aplicable la ley portuguesa? 3.
4. Si no es aplicable la ley portuguesa, ¿qué ley aplicarán los tribunales de este país? 4.
5. ¿Debe dirigirse el demandante a un organismo particular, a la administración o a los tribunales de justicia para la obtención de alimentos? 5.
6. ¿Es posible efectuar la reclamación en nombre de un pariente, de una persona cercana o de un menor de edad? 6.
7. Si el reclamante de alimentos quiere acudir a la justicia, ¿cómo puede saber cuál es el tribunal competente? 7.
8. ¿Tiene el demandante que utilizar los servicios de un intermediario para plantear el litigio ante los tribunales? Si no es el caso, ¿qué procedimiento deberá aplicar? 8.
9. ¿Qué gastos se derivan del procedimiento judicial? Si fuera afirmativa la respuesta, ¿cuál sería el montante? Si los medios económicos del reclamante fueran insuficientes ¿puede obtener alguna ayuda económica para hacer frente a los gastos del litigio? 9.
10. ¿Qué tipo de ayuda es la que establece el tribunal? Si se trata de una pensión ¿cómo se calcula? Una vez fijada ¿cómo se revisa cuando se produce una alteración de la situación? 10.
11. ¿Cómo y a quién será pagada la prestación? 11.
12. Si el deudor no paga voluntariamente ¿qué medios coercitivos existen en la ejecución forzosa? 12.
13. ¿Existe algún organismo que pueda ayudar al acreedor al cobro de la pensión? 13.
14. ¿Existe algún organismo que pueda sustituir al deudor en el pago de la pensión o en parte de la misma? 14.
15. ¿Puede obtener el demandante la ayuda de algún organismo o de alguna administración portuguesa? 15.
16. En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y dirección de ese organismo? ¿Cómo puede ser contactado dicho organismo central o local? 16.
17. ¿Qué tipo de asistencia recibirá el peticionario de dicho organismo? 17.
18. ¿Puede el demandante dirigirse directamente a un organismo o a una autoridad administrativa portuguesa? 18.
19. En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y dirección de dichos organismos? ¿Cómo dirigirse a ellos? 19.
20. ¿Qué tipo de asistencia podrá recibir el peticionario del referido organismo? 20.

 

1. ¿Qué comprenden las nociones de “alimentos” y de “obligaciones alimenticias” según la ley portuguesa? ¿Qué personas están obligadas a pagar alimentos a otras?

En el sistema jurídico portugués la palabra "alimentos" se refiere a todo lo indispensable para el sustento, la habitación y el vestido de una persona. Los alimentos comprenden también la instrucción y educación del beneficiario en caso de que sea un menor.

Están obligados a prestar alimentos, por el orden indicado:

  1. el cónyuge o el ex-cónyuge;
  2. los descendientes;
  3. los ascendientes;
  4. los hermanos;
  5. los tíos, durante la minoría de edad del beneficiario;
  6. El padrastro y la madrastra, respecto a los hijastros menores que estén, o estuviesen en el momento de la muerte del cónyuge, a cargo de éste. Entre las personas mencionadas en los apartados b) y c) , la obligación se establece según las normas sobre la sucesión. Si alguno de los obligados no puede prestar los alimentos o no puede ejercer plenamente su responsabilidad, ésta recae sobre los obligados siguientes.

Los padres deben alimentos a sus hijos siempre que éstos no estén en condiciones de mantenerse por sus propios medios.

Los progenitores dejan de estar obligados a mantener a sus hijos y de correr con los gastos relativos a su seguridad, salud y educación en la medida en que los hijos estén en condiciones de sufragar dichos gastos con el producto de su trabajo u otros ingresos.

Si al alcanzar la mayoría de edad o al emanciparse el hijo no hubiera terminado su formación profesional, se mantendrá la obligación de prestar alimentos, en la medida en que sea razonable exigir a los padres su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para completar dicha formación.

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Para más información sobre este tema, véase la página sobre la "Responsabilidad Parental".

Durante la vida conyugal, los cónyuges están obligados recíprocamente a la prestación de alimentos.

Esta obligación podrá mantenerse tras el divorcio, la separación judicial o la nulidad del matrimonio.

Para más información sobre este tema, consulte la página Divorcio - Portugal» en el presente sitio de internet.

Al fallecer uno de los cónyuges, el viudo tiene derecho a los alimentos procedentes de las rentas de los bienes dejados por el fallecido. En este caso, están obligados a la prestación de los alimentos los herederos o las personas a quienes hayan sido transmitidos determinados bienes, en proporción a su valor respectivo. Cesa el derecho a alimentos si el alimentado contrae un nuevo matrimonio o se hace indigno del beneficio por su comportamiento moral.

En lo que respecta a la unión de hecho, la ley portuguesa dispone que la persona que, en el momento de la muerte de otra persona no casada o separada por vía judicial, convivía con ésta desde hacía más de dos años en condiciones análogas a las de unos cónyuges, tiene derecho a exigir alimentos de la herencia del fallecido, si no pudiera obtenerlos a través de la regla que atribuye sucesivamente la obligación de prestar alimentos al cónyuge o ex-cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes y a los hermanos. Este derecho prescribe de no ejercerse en los dos años siguientes a la fecha del fallecimiento de la persona que deja la herencia.

El hijo adoptado o sus descendientes están obligados a prestar alimentos al adoptante, en ausencia de cónyuge, descendientes o ascendientes que estén en condiciones de cumplir esta obligación.

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Las obligaciones de alimentos también podrán establecerse a través de un negocio jurídico.

2. ¿Hasta qué momento un niño puede beneficiarse de los alimentos?

Como regla general, podrá disfrutar de alimentos hasta la mayoría de edad, que se alcanza a los 18 años; sin embargo, si al alcanzar esta edad el hijo todavía no hubiera concluido su formación profesional, se mantendrá la obligación de prestar alimentos, en la medida en que sea razonable exigir a los padres el cumplimiento de esta obligación y durante el tiempo normalmente requerido para que complete dicha formación.

La obligación también cesa si el hijo, aunque sea menor de 18 años, está en condiciones de mantenerse con el producto de su trabajo u otros ingresos. Un menor de 16 ó más años de edad ya puede ejercer legalmente una profesión o un trabajo remunerado.

3. ¿En qué casos es aplicable la ley portuguesa?

Como regla general, la ley portuguesa es aplicable a los nacionales portugueses y a los residentes en Portugal.

Las relaciones de familia están reguladas por la ley aplicable a los respectivos sujetos, según su nacionalidad.

Las relaciones entre los cónyuges están reguladas por el Derecho nacional común. Si los cónyuges no tienen la misma nacionalidad es aplicable la ley de su residencia habitual común y, en su defecto, la ley del país al que la vida familiar esté más vinculada.

Las relaciones entre padres e hijos están reguladas por el Derecho nacional común de los padres y, en su defecto, por la ley de su residencia habitual común; si los padres residen habitualmente en Estados diferentes se aplicará la ley aplicable al hijo. Si la filiación sólo estuviera establecida en relación con uno de los progenitores, se aplica la ley aplicable a éste; si uno de los progenitores ha fallecido, se aplica la ley aplicable al superviviente.

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4. Si no es aplicable la ley portuguesa, ¿qué ley aplicarán los tribunales de este país?

En lo que respecta a esta pregunta, la contestación a la pregunta anterior también se aplica aquí.

La referencia de las normas sobre los conflictos jurisdiccionales antes mencionadas a cualquier sistema legislativo extranjero sólo permite, en ausencia de normas contrarias, la aplicación del derecho interno de dicha sistema legislativo.

La competencia que se atribuye a dicho sistema legislativo se limita a las normas que, por su contenido y la función que desempeñan en el mismo, constituyen las normas que regulan la institución en cuestión.

Ahora bien, si las normas de derecho internacional privado del sistema legislativo extranjero a que se refieren las normas portuguesas sobre conflictos jurisdiccionales remiten a otra legislación considerada aplicable al caso, deberán aplicarse las normas de derecho interno de esta legislación. Esto no será así cuando el sistema legislativo al que se refieren las normas portuguesas de conflictos sea la ley aplicable al interesado y éste resida habitualmente en territorio portugués o en un país cuyas normas sobre conflictos jurisdiccionales establezcan que el Derecho aplicable es el del Estado del que es nacional. En el asunto que nos ocupa, sin embargo, sólo están sujetos a esta regla los asuntos de relaciones patrimoniales entre cónyuges, patria potestad, relaciones entre adoptante y adoptado y sucesión por fallecimiento, si el mencionado sistema legislativo a que se refieren las normas de conflictos remite a la ley aplicable del lugar en que se encuentran los bienes inmuebles y se considera que es ésta la legislación aplicable.

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Si las normas de derecho internacional privado de la legislación a que se remiten las normas sobre conflictos remiten a su vez al Derecho interno portugués, será éste el Derecho aplicable.

No obstante, si se trata de un asunto relativo al estatuto personal, la ley portuguesa sólo es aplicable si el interesado tiene su residencia habitual en territorio portugués o si la ley del país de su residencia habitual reconoce que el Derecho interno portugués es aplicable.

La remisión a la ley de un tercer Estado o la remisión a la ley portuguesa no se producen cuando el resultado de su aplicación es la invalidez o ineficacia de un negocio jurídico que sería válido o surtiría efectos según la norma en virtud de la cual la referencia de las normas de conflictos a cualquier sistema legislativo extranjero sólo determina, en ausencia de norma contraria, la aplicación de las normas de Derecho interno de dicho sistema o la ilegitimidad de una situación que de otro modo sería legítima. Estas disposiciones tampoco se aplican a la remisión a la legislación de un tercer Estado ni a la remisión a la ley portuguesa, si la ley extranjera hubiera sido designada por los interesados, en los casos en que esta designación esté prevista.

Cuando en razón de la nacionalidad de una persona sea aplicable la legislación de un Estado en el que coexistan diferentes sistemas legislativos locales, el Derecho interno de este Estado fijará en cada caso el sistema aplicable.

En ausencia de normas específicas, se recurre a las normas de Derecho internacional privado de dicho Estado y, si éstas no bastan, se considera que la legislación aplicable al interesado es la de su residencia habitual.

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Si la legislación aplicable constituye un ordenamiento jurídico territorialmente unitario pero dentro de él rigen diversos sistemas de normas para diferentes categorías de personas, se observará siempre lo establecido en dicha legislación en materia de conflictos legislativos.

En la aplicación de las normas sobre conflictos se considerará irrelevante toda situación de hecho o de derecho creada con la intención fraudulenta de evitar la aplicación de la legislación que, en otras circunstancias, sería competente.

Las disposiciones de la legislación extranjera a que se remiten las normas sobre conflictos legislativos no se aplicarán cuando dicha aplicación suponga una violación de los principios fundamentales del orden público internacional del Estado portugués. Serán aplicables, en tal caso, las disposiciones más adecuadas de la legislación extranjera competente o, subsidiariamente, las normas del Derecho interno portugués.

La legislación extranjera se interpreta en el marco del sistema al que pertenece y de acuerdo con las reglas de interpretación fijadas en el mismo. Si fuera imposible conocer el contenido de la ley extranjera aplicable, se recurrirá a la ley subsidiariamente aplicable. Este procedimiento se adoptará siempre que no sea posible determinar los elementos de hecho o de Derecho de que depende la determinación de la ley aplicable.

5. ¿Debe dirigirse el demandante a un organismo particular, a la administración o a los tribunales de justicia para la obtención de alimentos?

Para obtener una pensión de alimentos el interesado puede recurrir a la vía judicial, haciendo valer sus derechos ante el tribunal competente, o la vía de la negociación, celebrando a tal fin un negocio jurídico.

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En lo que respecta a la obligación de prestar alimentos cuyo origen sea un negocio jurídico son aplicables, con las necesarias adaptaciones, las disposiciones relativas a la obligación de prestar alimentos fijada por vía judicial, siempre que no estén en contradicción con la voluntad manifestada o con disposiciones particulares de la ley.

Si el obligado a prestar los alimentos no realiza voluntariamente esta prestación, el acreedor de la prestación, para hacer valer su derecho, tendrá que iniciar una acción judicial.

En cuanto a los alimentos para hijos mayores o emancipados, la demanda puede presentarse en el tribunal o la Consertavória do Registo Civl de la zona de residencia del demandado (en este caso, la intervención del Conservador se limita a las situaciones en que no hay oposición del demandado ni es imposible el acuerdo entre las partes).

6. ¿Es posible efectuar la reclamación en nombre de un pariente, de una persona cercana o de un menor de edad?

Si los alimentos están destinados a un menor, el ministerio fiscal está legitimado para interponer la acción ante el tribunal competente, si se le presenta el caso. La necesidad de fijar o modificar el importe de los alimentos puede ser comunicada al magistrado del ministerio fiscal por cualquier persona. El ministerio fiscal dispone de dependencias en todos los tribunales, y sus magistrados facilitan información jurídica a quien la solicita.

Además del ministerio fiscal, pueden solicitar la fijación de los alimentos debidos al menor, o la modificación de los anteriormente fijados, su representante legal, la persona bajo cuya custodia se encuentre el menor o el director del establecimiento educativo o de asistencia a quien haya sido confiado.

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7. Si el reclamante de alimentos quiere acudir a la justicia, ¿cómo puede saber cuál es el tribunal competente?

En Portugal, los tribunales de familia son los competentes para fijar los alimentos debidos a menores y a los hijos mayores o emancipados que, al alcanzar la mayoría de edad o al emanciparse, no han terminado su formación profesional. También son competentes dichos tribunales par ejecutar las obligaciones de alimentos. En las zonas del territorio no cubiertas por estos tribunales, son competentes los tribunales comarcales.

En el ámbito territorial, el tribunal competente para conocer de estos asuntos es el tribunal de la residencia del menor en el momento de iniciarse el procedimiento. Si no se conoce su residencia, es competente el tribunal de la residencia de los titulares de la patria potestad. Si los titulares de la patria potestad tienen residencias diferentes será competente el tribunal de la residencia del progenitor al que se haya confiado la custodia del menor o, en caso de custodia compartida, el progenitor con quien resida el menor. Si el asunto afecta a dos o más menores, hijos de los mismos progenitores y residentes en comarcas diferentes, será competente el tribunal de la residencia de la mayoría de ellos. En igualdad de condiciones, será competente el tribunal donde se haya presentado la demanda inicial. Si al iniciarse el procedimiento el menor no reside en el país, será competente el tribunal de residencia del demandante o del demandado. Si éstos también residen en el extranjero y el tribunal portugués es competente en el plano internacional, corresponde al tribunal de Lisboa conocer de la causa.

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Los tribunales de familia y, en las zonas no cubiertas por éstos, los tribunales comarcales son competentes para conocer de las acciones y la ejecución en materia de alimentos entre cónyuges y ex-cónyuges.

En cuanto a las restantes demandas de alimentos, son competentes los tribunales comarcales.

8. ¿Tiene el demandante que utilizar los servicios de un intermediario para plantear el litigio ante los tribunales? Si no es el caso, ¿qué procedimiento deberá aplicar?

En lo que respecta a las acciones de fijación de alimentos debidos a menores, no es necesario estar representado por un abogado, y puede solicitarse directamente la intervención del tribunal.

El demandante podrá presentar, por sus propios medios, una demanda que exponga sucintamente los hechos de los que se derive la necesidad de fijar los alimentos o de modificar los anteriormente fijados, y los elementos a tener en cuenta para la determinación de los mismos. Se trata de una simple demanda que no necesita estar articulada, en la que se identifican las partes, se describen los hechos y se presentan los medios de prueba (en concreto, la lista de testigos).

La demanda debe ir acompañada de un certificado expedido por la Conservatória do Registo Civil que acredite el grado de relación entre el demandante y el demandado.

Si la demanda se refiere a una modificación de los alimentos ya fijados, deberá adjuntarse asimismo una copia certificada de la decisión que anteriormente fijó los alimentos.

Si el demandante no puede presentar los certificados, por falta de recursos, el propio tribunal podrá solicitarlos a los órganos competentes.

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Una vez presentada la demanda ante el tribunal, el juez señalará una fecha para una audiencia que se celebrará en los quince días siguientes, en la que deberán estar presentes el demandante y el demandado, así como la persona a la que se haya confiado la custodia del menor.

Si el demandante y el demandado acuden a la audiencia y llegan a un acuerdo, el juez dicta una sentencia de homologación del acuerdo, siempre que éste cumpla el Derecho establecido.

Si la audiencia no pudiera celebrarse (por ejemplo, por no comparecer el demandante) o no se alcanza un acuerdo, el juez ordenará que se notifique al demandante para que responda por escrito (contestación).

Si el demandado presenta su contestación, se celebra a continuación una sesión sobre el fondo del asunto, tras la cual el juez dicta sentencia.

Si no se recibe una contestación del demandado, el juez inicia las diligencias que considera necesarias para investigar los medios del demandado y las necesidades del demandante y, a continuación, dicta la sentencia.

En lo que respecta a las demás acciones, la obligación de representación por un abogado depende de la cuantía de la causa. Si ésta es superior a 3740,98 euros, la representación es obligatoria. Si es inferior, no existe esta obligación.

Si la representación por abogado no es obligatoria, el interesado puede presentar ante el tribunal una demanda (denominada demanda inicial) , en la que indicará el tribunal ante el que se ha presentado la acción, nombrará a las partes, indicando sus nombres, domicilios o sedes y, siempre que sea posible, las profesiones y lugares de trabajo, indicará la forma del procedimiento, expondrá los hechos y los fundamentos de Derecho de la acción, formulará su demanda e indicará la cuantía de la causa. Al final de la demanda podrá presentar la lista de testigos y solicitar otras pruebas. Deberá adjuntar a la demanda inicial el documento justificativo del pago de la tasa judicial inicial o de concesión de asistencia jurídica, en forma de dispensa total o parcial.

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Este tipo de acción prevé siempre el reconocimiento a la parte contraria de la facultad de presentar un escrito de oposición. En el curso de la oposición se procederá a fijar los hechos que se evaluarán en el juicio y tendrá lugar una fase de instrucción en la que se presentarán las pruebas, según el procedimiento de contradicción. En esta fase del procedimiento se celebra una sesión sobre las cuestiones de fondo tras la cual se dicta la sentencia.

9. ¿Qué gastos se derivan del procedimiento judicial? Si fuera afirmativa la respuesta, ¿cuál sería el montante? Si los medios económicos del reclamante fueran insuficientes ¿puede obtener alguna ayuda económica para hacer frente a los gastos del litigio?

Para interponer una acción es necesario pagar la tasa judicial inicial, que corresponde a un anticipo de las costas finales.

Cuando el procedimiento llega a término se procede a hacer una relación de gastos y al pago de la tasa judicial, así como de los gastos relativos al procedimiento, que incluyen, en particular:

  1. reembolso de los gastos anticipados, salvo los relativos al coste del papel;
  2. pagos debidos a diferentes órganos por el coste de los certificados no obtenidos de oficio por el tribunal, documentos, dictámenes, planes, otros elementos de información o de prueba y servicios que el tribunal ha solicitado, en particular los relativos a la utilización de la teleconferencia;
  3. retribuciones a las personas que han intervenido accidentalmente en el procedimiento;
  4. gastos de transporte y ayudas para gastos;
  5. reembolso de gastos de correo, comunicaciones telefónicas, telegráficas, fax o medios electrónicos;
  6. reembolso por la adquisición de los soportes magnéticos necesarios para la grabación de las pruebas;
  7. reembolso a la parte ganadora de los gastos de procedimiento y abogado.

Para poder definir el importe a pagar, es necesario conocer la cuantía de asunto, ya que en función de dicha cuantía se establecerá, de acuerdo con un baremo propio, el importe del pago inicial y de la tasa judicial final.

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A este respecto, hay que señalar que las acciones de alimentos definitivos tienen un valor igual a cinco veces la anualidad solicitada en la demanda, es decir, el importe obtenido de multiplicar la prestación mensual solicitada por sesenta.

Los menores, representados por el ministerio fiscal, están exentos de costas.

En caso de que el demandante no disponga de medios para costear el procedimiento podrá obtener asistencia jurídica. El sistema portugués de asistencia jurídica se aplica en todos los tribunales y cualquiera que sea la forma del procedimiento, siempre que el demandante de alimentos se beneficie de la presunción de recursos económicos insuficientes.

Para más información, puede consultar la página " Asistencia judicial - Portugal".

10. ¿Qué tipo de ayuda es la que establece el tribunal? Si se trata de una pensión ¿cómo se calcula? Una vez fijada ¿cómo se revisa cuando se produce una alteración de la situación?

Mientras no se hayan fijado definitivamente los alimentos, el tribunal, a instancia del beneficiario de los alimentos o de oficio, si el alimentado es menor, puede conceder alimentos provisionales, que determinará según su prudente arbitrio. Tales alimentos, que no se reembolsarán, serán prestados mientras dure la acción y hasta que se fije la cuantía que deberá pagarse definitivamente.

Por regla general, los alimentos deben fijarse como prestaciones económicas mensuales, salvo acuerdo o disposición legal contraria, o por motivos que justifiquen medidas de excepción. No obstante, si la persona obligada a pagar los alimentos manifiesta que no los puede prestar como pensión, sino solamente en su casa y compañía, éstos podrán prestarse de esta manera.

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Los alimentos serán proporcionales a los medios de quien debe prestarlos y a las necesidades del que los recibe. Al fijar los alimentos se considerará la posibilidad de que el beneficiario se mantenga por sus propios medios.

Al determinar el importe de los alimentos debidos al cónyuge, el tribunal deberá tener en cuenta la edad y el estado de salud de los cónyuges, sus cualificaciones profesionales y posibilidades de empleo, el tiempo que tendrán que dedicar, eventualmente, a la educación de los hijos comunes, sus ingresos y rentas y, en general, todas las circunstancias que influyan en las necesidades del cónyuge que recibe los alimentos y los recursos del que los presta.

Si después de fijados los alimentos por el tribunal o por acuerdo de los interesados, judicialmente homologado, se produjeran cambios en las circunstancias determinantes para su fijación, el importe de los alimentos podrá reducirse o aumentarse, según los casos, y se podrá incluso obligar a otras personas a prestarlos.

La modificación de los alimentos fijados puede ser solicitada por el que está obligado a prestarlos (por ejemplo, si disminuyen sus recursos económicos) o por el beneficiario de la prestación (por ejemplo, si ha dejado de recibir un ingreso incluido en el cálculo de la prestación, si las circunstancias familiares han cambiado o si se ha producido un cambio significativo en el nivel del coste de la vida).

11. ¿Cómo y a quién será pagada la prestación?

La prestación deberá pagarse en las condiciones y a la persona indicados en la decisión judicial o en el acuerdo homologado por el juez.

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Como ya se ha indicado, los alimentos deben fijarse como prestaciones económicas mensuales, salvo acuerdo o disposición legal contraria, o si existen motivos que justifiquen medidas de excepción.

No obstante, si la persona obligada a prestar los alimentos demuestra que no los puede prestar como pensión, sino solamente en su casa y compañía, los alimentos podrán fijarse de esta manera.

Por regla general, si el beneficiario es un adulto capacitado, la prestación se le entregará directamente. Si es un adulto incapacitado, la prestación se entrega a quien tiene la obligación legal de ejercer en su nombre los derechos de naturaleza económica (tutor, curador o administrador legal de sus bienes). También puede recibirla una institución.

Si el beneficiario es un menor, la prestación se entregará al progenitor que lo tenga a su cargo, a otros ascendientes, en su caso, o al director de la institución a la que se haya confiado el menor.

La ley no impone medios rígidos de pago, de modo que las partes pueden ponerse de acuerdo sobre este punto.

De no alcanzarse un acuerdo, los tribunales decidirán sobre la forma más práctica y menos onerosa, tanto para quien la presta como para quien la recibe.

Normalmente, la prestación mensual se paga en los primeros días del mes correspondiente y puede ser pagada por cualquier medio legal que el beneficiario proponga. La forma más común es la transferencia bancaria o el ingreso en una cuenta abierta en un banco, pero también puede efectuarse enviando un giro postal o un cheque, o incluso mediante entrega personal en efectivo.

12. Si el deudor no paga voluntariamente ¿qué medios coercitivos existen en la ejecución forzosa?

El derecho a alimentos se basa en un régimen de protección legal muy fuerte y constante.

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Los medios disponibles implican siempre el recurso al tribunal.

En este ámbito, este derecho goza de protección civil y penal.

En el ámbito penal, se castiga con pena de prisión o de multa a quien estando legalmente obligado a prestar alimentos y en condiciones de hacerlo no cumple la obligación, poniendo en peligro la atención, sin ayuda de terceros, de las necesidades fundamentales del titular del derecho a alimentos. El procedimiento penal se inicia con un recurso de queja. Si la obligación es atendida, el tribunal puede retirar la condena o declarar extinguida, total o parcialmente, la condena aún no cumplida.

En el ámbito civil, tratándose de alimentos debidos a menores, si la persona judicialmente obligada a prestarlos no abona las cantidades debidas dentro de los diez días siguientes a la fecha de pago fijada, sucederá lo siguiente:

  1. si es funcionario público, se le deducirán del sueldo los importes respectivos, a requerimiento del tribunal dirigido a la entidad competente;
  2. si es empleado o asalariado, se le deducirán del sueldo o salario, mediante notificación dirigida a la respectiva entidad patronal, que actuará como depositaria autorizada;
  3. si es una persona que percibe rentas, pensiones, subsidios, comisiones, porcentajes, emolumentos, gratificaciones, coparticipaciones o ingresos semejantes, la deducción se efectuará con cargo a dichas prestaciones cuando éstas deban ser pagadas o acreditadas, efectuándose a tal efecto los requerimientos o notificaciones necesarios y quedando los notificados en situación de depositarios autorizados.

Las cantidades deducidas cubrirán también los alimentos que vayan venciendo y se entregarán directamente al beneficiario.

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En las demás situaciones es posible recurrir a un procedimiento especial de ejecución de la obligación de alimentos.

Dicha ejecución tiene las siguientes características:

  1. La determinación de los bienes que se embargarán (bienes que serán vendidos para obtener los importes adeudados) corresponde exclusivamente al ejecutor (el que procede a la ejecución) , y deberá hacerse en el requerimiento inicial;
  2. El ejecutado (persona de quien se pretende obtener la ejecución forzosa) sólo será citado tras el embargo.
  3. Los recursos (procedimientos de oposición a la ejecución) no suspenden en ningún caso la ejecución;
  4. El ejecutor puede solicitar la adjudicación (atribución por el tribunal) de parte de los importes, sueldos o pensiones que el ejecutado esté percibiendo, o la consignación de los ingresos (atribución judicial de ingresos) pertenecientes a éste, en pago de las prestaciones vencidas o en curso de vencimiento; la adjudicación y la consignación son independientes del embargo.

Si el ejecutor solicita la asignación de importes o pensiones, el juez ordenará la notificación a la entidad encargada de pagarlas o de tramitar los documentos respectivos para que entregue directamente al ejecutor la parte asignada. Si el ejecutor solicita la consignación de ingresos deberá indicar los bienes sobre los que ha de recaer y el juez podrá ordenar la consignación de los que considere suficientes para pagar las prestaciones debidas; a tal fin, puede oír al ejecutado.

Si efectuada la consignación se comprueba que los ingresos consignados son insuficientes, el ejecutor podrá indicar otros bienes.

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Si, por el contrario, se comprueba que los ingresos consignados son excesivos, el ejecutor está obligado a entregar el excedente al ejecutado, a medida que recibe los ingresos. El ejecutado también puede solicitar que la consignación quede limitada a parte de los bienes o que se transfiera a otros. Esto también se aplica, según las circunstancias, en caso de que la pensión de alimentos se modifique en el curso del procedimiento de ejecución.

Tras la venta de los bienes para el pago de una deuda por alimentos, la restitución del excedente de la ejecución al ejecutado sólo se ordenará si está asegurado el pago de las prestaciones debidas por la cuantía que el juez, por motivos de equidad, considere adecuada, a menos que se preste un aval u otra garantía idónea.

13. ¿Existe algún organismo que pueda ayudar al acreedor al cobro de la pensión?

En el caso de que la persona obligada por decisión judicial a prestar alimentos al menor no pueda realizar la prestación por insolvencia económica absoluta (por ejemplo, en caso de paro, enfermedad, incapacidad o toxico dependencia) , el pago de los alimentos podrá ser garantizado, hasta que el deudor reúna las condiciones necesarias para cumplir su obligación, por el Fondo de garantía de alimentos debidos a menores, gestionado en cuenta especial por el Instituto de gestión financiera de la seguridad social, que efectuará los pagos de las prestaciones por orden del tribunal competente, a través de los centros regionales de la seguridad social del lugar de residencia del menor.

Para el cobro de alimentos en el extranjero y en el marco del Convenio que existe en la materia, es posible obtener la ayuda de la Dirección general de la administración de justicia, que funciona como autoridad expedidora e institución intermediaria.

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Este Convenio tiene por objeto facilitar a la persona que es acreedora de alimentos y se encuentra en el territorio de una de las partes contratantes, la prestación de los alimentos que se considera que le debe otra persona (deudora) que está bajo la jurisdicción de otra parte contratante.

Portugal ha suscrito también con la República Francesa un Convenio de cooperación judicial relativo a la protección de menores, en el marco del cual la autoridad central en Portugal es el Instituto de reinserción social. Este Convenio pretende proteger a los menores nacionales de los dos Estados.

14. ¿Existe algún organismo que pueda sustituir al deudor en el pago de la pensión o en parte de la misma?

El Fondo de garantía de alimentos debidos a menores garantiza el pago de las prestaciones de alimentos asignadas a menores residentes en el territorio nacional cuando la persona obligada a prestar alimentos por decisión judicial no satisface las cantidades adeudadas ni es posible obtener la ejecución de la prestación de alimentos, y cuando el menor no tiene unos ingresos netos que superen el salario mínimo nacional ni disfrute, en esa medida, de los ingresos de la persona a la que se ha confiado su custodia.

Los demás organismos indicados desempeñan una función importante en el procedimiento de cobro de las prestaciones de alimentos, pero no poseen la facultad de sustituir al deudor.

15. ¿Puede obtener el demandante la ayuda de algún organismo o de alguna administración portuguesa?

Las respuestas a las preguntas anteriores también responden a esta pregunta.

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16. En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y dirección de ese organismo? ¿Cómo puede ser contactado dicho organismo central o local?

En el marco del Convenio sobre cobro de alimentos en el extranjero, la autoridad expedidora e institución intermedia en Portugal es:

Direcção-Geral da Administração da Justiça,

Av. 5 de Outubro, n.º 125,

P - 1069-044 Lisboa,

Teléfono: +351 21 790 36 00,

Fax n.º + 351 21 790 36 98/9,

«e-mail»: correio@dgsj.pt

En el marco del Acuerdo celebrado entre el Gobierno de la República Portuguesa y el Gobierno de la República Francesa, la autoridad central es, como ya se ha indicado:

Instituto de Reinserção Social,

Av. Almirante Reis, n.º 101,

P - 1150-013 Lisboa,

Teléfono + 351 21 317 61 00,

Fax n.º + 351 21 317 61 71

«e-mail»: irs@irsocial.mj.pt

17. ¿Qué tipo de asistencia recibirá el peticionario de dicho organismo?

Cuando un acreedor se encuentre en el territorio de un Estado parte del Convenio sobre el Cobro de alimentos en el extranjero y el deudor esté bajo la jurisdicción de otra parte contratante del citado Convenio, el primero podrá presentar una demanda a la autoridad expedidora del Estado donde se encuentre para obtener alimentos del deudor.

Así, si el acreedor se encuentra en un Estado parte y el deudor en Portugal, la Dirección general de la administración de justicia, como institución intermediaria, actuando dentro de los límites de los poderes conferidos por el acreedor, adoptará, en nombre de éste, todas las medidas adecuadas para garantizar el cobro de los alimentos. Esta institución podrá negociar y, en caso necesario, iniciar y proseguir una acción de alimentos, así como hacer ejecutar todas las resoluciones, órdenes y demás actos judiciales.

En el marco del Convenio de cooperación judicial relativo a la protección de menores, celebrado entre Portugal y Francia, el Instituto de reinserción social (como autoridad central portuguesa) puede pedir a las autoridades judiciales respectivas que intervengan lo antes posible, a través del ministerio fiscal del tribunal competente, con objeto de declarar la fuerza ejecutoria de la decisión sobre la obligación de la prestación de alimentos.

Las autoridades centrales, de conformidad con las disposiciones del Derecho interno, transmiten las demandas de ejecución forzosa de las decisiones que tienen fuerza ejecutoria, y hacen intervenir, a tal fin, a las autoridades competentes.

18. ¿Puede el demandante dirigirse directamente a un organismo o a una autoridad administrativa portuguesa?

Sí, el demandante no necesita ningún intermediario para los fines referidos.

19. En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y dirección de dichos organismos? ¿Cómo dirigirse a ellos?

Véase la respuesta a la pregunta nº 16.

20. ¿Qué tipo de asistencia podrá recibir el peticionario del referido organismo?

Véase la respuesta a la pregunta nº 17.

Información complementaria

Pueden consultarse los siguientes sitios de internet:

« Obligación de alimentos - Información general | Portugal - Información general »

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Última actualización: 03-05-2005

 
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