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Última actualización: 18-05-2005
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Obligación de alimentos - Luxemburgo

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1. ¿Qué comprenden las nociones de «alimentos» y de «obligaciones alimenticias» según la ley luxemburguesa?

Como expresión de la solidaridad familiar, la obligación de alimentos se refiere a la obligación impuesta por el legislador de prestar ayuda material a ciertos familiares. Se trata de la obligación de los padres de alimentar, mantener y educar a sus hijos. También incluye la pensión de alimentos que un cónyuge paga al otro en caso de divorcio y la obligación de alimentos en caso de adopción.

La regla según la cual «el pago de alimentos no cubre los atrasos» significa que los alimentos están destinados a satisfacer las necesidades presentes y futuras, no a reembolsar gastos pasados. Esta regla posee el valor jurídico de una presunción simple, es decir, se puede anular si el acreedor presenta pruebas de que ha tenido que contraer deudas para subsistir, de que no ha permanecido inactivo o de que le ha resultado imposible actuar.

El derecho de alimentos no puede ser objeto de compensación, a menos que ésta sea también de carácter alimenticio.

¿Quiénes tienen obligación de prestar alimentos?

  • Los padres respecto de sus hijos

El padre y la madre tienen la obligación de alimentar y mantener a sus hijos. Éstos pueden exigir en cualquier momento, tanto a su padre como a su madre, que cumplan totalmente su obligación de prestar alimentos.

  • Los hijos respecto de sus padres

Los hijos deben alimentos a sus padres si éstos los necesitan.

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La obligación de alimentos entre cónyuges prima sobre las de los demás deudores de alimentos. Así, un hijo común no será deudor de alimentos respecto a su madre a menos que su padre se encuentre en la imposibilidad de proporcionárselos.

  • ¿Una persona divorciada respecto de su ex cónyuge?

El tribunal que dicta la sentencia de divorcio puede imponer a una de las partes la obligación de pagar a la otra una pensión de alimentos. La pensión debe satisfacer las necesidades del acreedor y ser proporcional a la capacidad del deudor.

Si se dicta sentencia de divorcio por causa determinada imputable exclusivamente a uno de los cónyuges, éste no tiene derecho a la pensión de alimentos. Tampoco lo tiene el cónyuge divorciado que convive con una tercera persona. Se considera que conviven las personas que residen en el marco de un hogar común.

La pensión de alimentos se puede revisar o suprimir en cualquier momento. Se suprime cuando deja de ser necesaria. Deja de abonarse, de oficio, a partir del primer mes siguiente al de un nuevo matrimonio del acreedor y, a petición del deudor, en caso de convivencia del acreedor con una tercera persona.

Por otra parte, el derecho de alimentos puede ser objeto de transacción o de renuncia. Los convenios establecidos entre cónyuges tienen validez mientras dura, en relación con el acreedor o con el deudor, la situación en la que se establecieron.

  • ¿Quién más?

También:

  • los cónyuges durante el matrimonio, incluso durante el procedimiento de divorcio y en caso de sentencia de separación legal;
  • los nietos respecto a sus abuelos u otros ascendientes;
  • los descendientes del cónyuge fallecido, aunque se encuentre en situación de separación legal, respecto del cónyuge superviviente;
  • los yernos y nueras respecto de sus suegros, y a la inversa.

Las obligaciones de alimentos son recíprocas. No obstante, si el acreedor falta gravemente a sus obligaciones respecto al deudor, el juez puede descargar a éste total o parcialmente de la deuda alimenticia.

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¿En qué casos?

Los alimentos se prestan siempre que existe una situación de necesidad. Se considera que toda persona es capaz de procurarse recursos al menos mediante su trabajo, por lo que corresponde al deudor explicar porqué no puede trabajar, si no tiene trabajo, o porqué no puede, si ejerce una actividad remunerada, pagar los alimentos que le exige el acreedor. Para calcular la cuantía de la pensión de alimentos se tienen en cuenta las necesidades del acreedor y los recursos del deudor.

Durante la tramitación del divorcio, la cuantía de la pensión depende del nivel de vida de la pareja durante el matrimonio, a fin de que el cónyuge acreedor pueda mantener un nivel de vida semejante al que tenía durante la vida conyugal.

Tras dictarse la sentencia de divorcio, la situación cambia esencialmente, ya que desaparece la obligación de asistencia mutua que se deben los cónyuges durante el matrimonio y cada uno de ellos, en la medida de lo posible, debe satisfacer sus necesidades y participar activamente en la preparación de su propio futuro económico. La pensión de alimentos tiene carácter alimentario, no de indemnización. Su único objetivo es garantizar la subsistencia del cónyuge divorciado.

Por lo tanto, el cónyuge divorciado ha de demostrar que es incapaz de desempeñar un trabajo remunerado y que carece de recursos, así como de ingresos suficientes para satisfacer personalmente sus necesidades. La pensión de alimentos se calcula, dentro de los límites de la capacidad financiera del deudor, aplicando como criterio único la insuficiencia de los medios de subsistencia personales del acreedor.

2. ¿Hasta qué momento puede un niño beneficiarse de los alimentos?

Durante la minoría de edad, existe la obligación de alimentos en todos los casos.

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A partir de la mayoría de edad, la obligación subsiste mientras el hijo no ha alcanzado la independencia económica por estar aún realizando estudios superiores o de formación profesional. El objetivo es que acceda a la independencia económica mediante el ejercicio de una profesión. Dado que la realización de estudios no es un derecho absoluto, el mantenimiento de la pensión de alimentos puede depender de la continuación regular de la escolaridad e incluso de que se aprueben los exámenes.

Una vez extinguida la obligación de manutención y educación, el régimen general de la obligación de alimentos sólo se aplica si el acreedor demuestra que se encuentra en situación de necesidad.

3. ¿En qué casos es aplicable la ley luxemburguesa?

El Convenio de La Haya, de 2 de octubre de 1973, sobre la ley aplicable a las obligaciones de alimentos, vigente en Luxemburgo, constituye el Derecho común aplicable en caso de conflicto de legislaciones en materia de obligaciones de alimentos derivadas de las relaciones familiares, de parentesco, de matrimonio y parentesco político, incluidas las contraídas respecto de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Sustituye al Convenio de La Haya, de 24 de octubre de 1956, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias respecto de los hijos, que se centra exclusivamente en las obligaciones de alimentos respecto de los hijos menores de edad, y sigue siendo de aplicación en las relaciones con los Estados parte que no han ratificado el Convenio de 1973.

El Convenio de La Haya de 1973 establece una norma general, varias normas subsidiarias y una serie de excepciones. En principio se aplica la legislación de la residencia habitual del acreedor de alimentos. Si esta legislación no reconoce al acreedor el derecho a alimentos, se aplica la legislación nacional común del acreedor y el deudor, y si ésta tampoco lo reconoce, se aplica la del juez que conoce de la demanda. En caso de disolución del matrimonio (divorcio, separación legal o nulidad) o de localización exclusiva en Luxemburgo y si una institución pública es acreedora, se aplica a los colaterales y parientes políticos un régimen de excepción.

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La legislación luxemburguesa en materia de alimentos se aplica principalmente en los casos siguientes:

  • cuando el deudor y el acreedor tienen nacionalidad luxemburguesa y el deudor tiene su residencia habitual en Luxemburgo.
  • cuando el acreedor tiene su residencia habitual en Luxemburgo.
  • cuando el caso se somete a un tribunal luxemburgués y la legislación de la residencia habitual del acreedor o la de la nacionalidad común no permiten al acreedor obtener alimentos.
  • cuando el acreedor es una institución pública luxemburguesa, como el Fondo Nacional de Solidaridad.
  • En cuanto a la obligación de alimentos entre cónyuges en el marco de un procedimiento de disolución del matrimonio, la legislación aplicable a la sentencia disolutoria es la luxemburguesa.

4. Si no es aplicable la ley luxemburguesa, ¿qué ley aplicarán los tribunales de este país?

Si tanto el alimentista como el deudor tienen su residencia habitual en territorio luxemburgués, en principio se aplica el Derecho luxemburgués, salvo que ambos sean de nacionalidad extranjera y el acreedor, en aplicación del Convenio de La Haya de 1973, se acoja a la legislación de la nacionalidad común. En este caso, los tribunales aplicarán esa legislación extranjera común.

La legislación aplicable prevista en el mencionado Convenio rige básicamente en las cuestiones siguientes: la existencia de una obligación de alimentos, el plazo de actuación, la capacidad y la calidad para actuar y la manera de calcular la cuantía de la pensión. Sea cual sea el contenido de la legislación aplicable, al calcular el importe de la prestación alimenticia se deben tener siempre en cuenta las necesidades del acreedor y los recursos del deudor.

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5. ¿Debe dirigirse el demandante a un organismo particular, a la administración o a los tribunales de justicia para la obtención de alimentos?

En principio, el acreedor debe dirigirse al juzgado de paz (justice de paix) para reclamar los alimentos. Si la petición de una pensión de alimentos está vinculada a un procedimiento de divorcio o separación, el tribunal de distrito (tribunal d’arrondissement) , al pronunciarse sobre la demanda de divorcio o separación, resuelve sobre la petición de alimentos.

6. ¿Es posible efectuar la reclamación en nombre de un pariente, de una persona cercana o de un menor de edad?

El progenitor que tiene la responsabilidad parental de un hijo menor de edad o tiene a su cargo a un descendiente mayor de edad puede reclamar por vía judicial una contribución para la manutención y la educación de éste Si el alimentista está bajo tutela, el único autorizado para actuar en su nombre es su tutor.

7. Si el reclamante de alimentos quiere acudir a la justicia, ¿cómo puede saber cuál es el tribunal competente?

En las demandas de pago o revisión de una pensión de alimentos, el demandante puede elegir entre el tribunal de su lugar de residencia o el tribunal del lugar de residencia del demandado.

8. ¿Tiene el demandante que utilizar los servicios de un intermediario para plantear el litigio ante los tribunales? Si no es el caso, ¿qué procedimiento deberá aplicar?

Si no se trata de un procedimiento de divorcio o de separación, el demandante puede presentar la demanda en el juzgado de paz, a través de una citación que un agente judicial deberá comunicar a la parte contraria. No es obligatorio que intervenga un abogado en representación de las partes en litigio.

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Si la pensión de alimentos se solicita en el marco de un proceso de divorcio o separación, el caso se somete al tribunal de distrito a través de una citación que un agente judicial notificará a la parte contraria. La intervención de un abogado es obligatoria.

El acreedor deberá presentar al juez toda la documentación necesaria para demostrar que se encuentra en situación de necesidad, como nóminas, certificados de exención fiscal, certificado de desempleo o de baja por enfermedad de larga duración, recibos de alquiler, hijos a cargo y gastos de manutención y educación, créditos, etc.

9. ¿Qué gastos se derivan del procedimiento judicial? Si fuera afirmativa la respuesta, ¿cuál sería el montante? Si los medios económicos del reclamante fueran insuficientes, ¿puede obtener alguna ayuda económica para hacer frente a los gastos del litigio?

Entre los gastos cabe señalar las tasas judiciales y las costas del proceso, que la parte que pierde puede ser condenada a pagar total o parcialmente. También se han de prever, en su caso, los honorarios del abogado.

Las personas cuyos ingresos se consideran insuficientes según la legislación luxemburguesa pueden acceder a la asistencia jurídica gratuita. Para ello deberán rellenar un cuestionario que les facilitará el servicio central de asistencia social y remitirlo al Decano del Colegio de Abogados territorialmente competente, que decidirá al respecto.

La asistencia jurídica gratuita cubre todos los gastos relativos a los trámites, los procedimientos o los actos para los que se haya concedido y, en particular, los derechos de timbre y de registro, los gastos de secretaría, los honorarios de los abogados, los derechos y gastos de agentes judiciales, los gastos y honorarios de los notarios, los gastos y honorarios de los peritos, las tasas asignadas a los testigos, los honorarios de los traductores e intérpretes, los gastos de los dictámenes periciales, los gastos de desplazamiento, los derechos y gastos de los trámites de inscripción, hipotecas y fianzas y los gastos de publicación en la prensa, si procede.

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10. ¿Qué tipo de ayuda es la que establece el tribunal? Si se trata de una pensión, ¿cómo se calcula? Una vez fijada ¿Cómo se revisa cuando se produce una alteración de la situación?

  • Tipo de ayuda

Durante el procedimiento y tras la sentencia de divorcio o separación, la ayuda suele consistir en una pensión de alimentos que se paga mensualmente. No obstante, también puede ser un capital consistente en una suma de dinero o en una entrega de bienes en especie

En cuanto a la contribución a la manutención y la educación del hijo, la ayuda puede consistir en una pensión de alimentos que se paga mensualmente o bien en el pago directo de la totalidad o parte de los gastos realizados en beneficio del niño. También puede consistir en un derecho de uso y vivienda.

Si el deudor demuestra que no puede pagar la pensión, el tribunal puede obligarlo a acoger al alimentista en su vivienda y a alimentarlo y mantenerlo.

  • Evaluación de la ayuda

No existe un baremo de referencia. El importe se calcula en función de los recursos del deudor y las necesidades del acreedor

  • Indexación

Para adaptar la ayuda a la evolución del coste de la vida, el juez puede, incluso de oficio, decidir su indexación con arreglo a una cláusula de variación prevista por la ley

  • Revisión

En caso de que surjan nuevos factores, la pensión de alimentos fijada se puede revisar, tanto al alza como a la baja, e incluso suprimir. Si las partes no se ponen de acuerdo, es el juez el que se encarga de la supresión o revisión

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El principio de la variabilidad de la pensión de alimentos según las necesidades del acreedor y los recursos del deudor es de interés general y faculta al juez para modificar la cuantía de una pensión de alimentos fijada de común acuerdo entre las partes. Esta facultad no sólo existe si cambian las situaciones respectivas del acreedor y el deudor, sino también en caso de que el juez reconozca el carácter insuficiente o excesivo de dicha cuantía.

11. ¿Cómo y a quién será pagada la pensión de alimentos?

Durante el procedimiento y tras la sentencia de divorcio o separación, la pensión de alimentos se paga al cónyuge beneficiario.

La contribución a la manutención y la educación del hijo la abona, según el caso, uno de los progenitores al otro o a la persona que tiene el hijo a su cargo. Si el hijo es mayor de edad, el juez puede decidir, o los padres acordar, que toda la contribución o una parte de ella se abone al hijo directamente.

12. Si el deudor de alimentos no paga voluntariamente, ¿qué medios coercitivos existen en la ejecución forzosa?

El acreedor puede utilizar diversos métodos para obligar al deudor recalcitrante a abonar la pensión de alimentos:

Medios civiles:

El acreedor tiene varias posibilidades:

  • puede pedir al juez que le autorice a percibir, con exclusión de su ex cónyuge y sin perjuicio de los derechos de terceros, los ingresos de éste, los productos de su trabajo, como pensiones y rentas, y cualquier otra suma que le pueda ser debida por un tercero en las proporciones y condiciones que determine el juez. Esta decisión está sujeta a revisión en caso de que cambien las circunstancias.
  • puede recurrir a los métodos de ejecución del Derecho común, tales como el embargo de retención (por ejemplo, de una cuenta bancaria) o el embargo de un bien mueble corporal (automóvil, joyas, etc.) o de un bien inmueble (vivienda, terreno, etc.).

Medios penales:

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El acreedor puede interponer una querella penal por las infracciones siguientes:

  • abandono de familia, punible con una pena que oscila entre un mes y un año de prisión y una multa de entre 251 y 2 500 euros, o bien una sola de estas penas. Consiste en el incumplimiento total o parcial por el deudor de sus obligaciones alimenticias respecto del acreedor impuestas por la ley, ya sea negándose a cumplirlas pese a ser capaz de hacerlo, ya sea cometiendo una falta que le impida satisfacerlas.

Se aplica a la obligación de alimentos de los padres respecto de los hijos, de los cónyuges entre sí y del adoptante respecto del adoptado. La infracción cubre también la condena al pago de daños y perjuicios en reparación del perjuicio material o moral derivado de la disolución del matrimonio.

  • insolvencia fraudulenta, punible con una pena que oscila entre los seis meses y los tres años de prisión y una multa de entre 500 y 12 500 euros, o bien una sola de estas penas. Consiste en la preparación o la agravación por el deudor de su insolvencia incluso antes de la sentencia judicial, ya sea aumentando el pasivo o disminuyendo el activo de su patrimonio, ya ocultando algunos de sus bienes, con vistas a sustraerse a la ejecución de una condena dictada por una jurisdicción civil en materia de alimentos.

Se asimilan a dicha condena las resoluciones judiciales y los convenios homologados por el juez que obliguen a abonar prestaciones, subsidios o contribuciones a las cargas del matrimonio, así como las estipulaciones sobre alimentos contenidas en los convenios previos al divorcio por mutuo acuerdo.

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La actuación contra la infracción irá precedida de una interpelación al deudor de alimentos que un agente de la policía del Gran Ducado registrará mediante diligencia. Si el deudor carece de residencia conocida, la interpelación no será necesaria.

13. ¿Existe algún organismo que pueda ayudar al acreedor al cobro de la pensión?

A petición del acreedor, el Fondo Nacional de Solidaridad puede proceder al cobro de las pensiones alimenticias debidas a un cónyuge, ascendiente o descendiente. Dicho Fondo se subroga para las sumas que debe cobrar en las acciones y garantías de que dispone el acreedor para el cobro de su pensión de alimentos. Una vez notificadas al deudor las sumas objeto de cobro, éste deberá entregarlas al presidente del Fondo Nacional de Solidaridad.

14. ¿Existe algún organismo que pueda sustituir al deudor en el pago de la pensión o en parte de la misma?

En determinadas circunstancias, el Fondo Nacional de Solidaridad puede pagar la pensión de alimentos en lugar del deudor. La petición de pago la dirigirán el acreedor o su representante legal al presidente del Fondo Nacional de Solidaridad.

Para que el presidente o su delegado admitan la petición, el acreedor deberá justificar:

  1. que tiene su domicilio legal en el país y que él o su representante legal residen en el país desde hace cinco años;
  2. que su pensión de alimentos se fijó por resolución judicial ejecutoria en el Gran Ducado de Luxemburgo.
  3. que no se ha podido cobrar total o parcialmente la pensión por una vía de ejecución de Derecho privado efectivamente ejercida.
  4. que se encuentra en una situación económica difícil.

Aunque la condición c) no se satisfaga, si el recurso a las vías de ejecución parece condenado al fracaso o el deudor reside en el extranjero, la demanda se admite. Las impugnaciones que se puedan presentar serán competencia del juez de paz del domicilio del acreedor, que deberá encargarse del asunto en un plazo de cuarenta días desde la notificación de la decisión del presidente.

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Los acreedores gozan de pleno derecho de la asistencia jurídica gratuita. Desde la admisión de la petición hasta el cese de los pagos por el Fondo, el acreedor no puede ejercer ninguna acción contra el deudor para el cobro de la pensión.

Si el acreedor vive en Luxemburgo y el deudor de alimentos reside en el extranjero:

15. ¿Puede obtener el demandante la ayuda de algún organismo o de alguna administración luxemburguesa?

En virtud del Convenio de Nueva York de 20 de junio de 1956 sobre obtención de alimentos en el extranjero, si el demandante se encuentra en Luxemburgo y el deudor está en el extranjero, el primero se puede dirigir al fiscal general del Estado para obtener alimentos.

16. En caso afirmativo, ¿Cuál es el nombre y dirección de ese organismo? ¿Cómo puede ser contactado dicho organismo central o local?

El acreedor de alimentos dirige la demanda a la autoridad responsable, es decir, al fiscal general del Estado. La demanda irá acompañada de todos los documentos pertinentes, como un poder que autorice a actuar en nombre del acreedor, una fotografía del acreedor y, si fuera posible, una fotografía del deudor.

Procureur Général d’Etat

Parquet Général

12, Côte d’Eich

L-1450 Luxembourg

17. ¿Qué tipo de asistencia recibirá el peticionario de dicho organismo?

El fiscal general del Estado remite el caso a la autoridad extranjera, salvo que considere que se trata de una demanda temeraria. Puede comunicar a la autoridad extranjera su opinión sobre el fundamento de la demanda. Además, puede recomendarle que conceda al acreedor asistencia jurídica gratuita y lo exima del pago de los gastos.

Si el demandante se encuentra en otro país y el deudor se encuentra en el extranjero:

18. ¿Puede el demandante dirigirse directamente a un organismo o a una autoridad administrativa luxemburguesa?

Si está fuera de Luxemburgo, debe dirigirse a la autoridad competente del país en que se encuentre. No se puede dirigir directamente a un organismo o a una autoridad administrativa luxemburguesa.

19. En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y dirección de dichos organismos? ¿Cómo dirigirse a ellos?

No procede.

20. ¿Qué tipo de ayuda brindará dicho organismo o autoridad administrativa al demandante?

No procede.

Información complementaria

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Última actualización: 18-05-2005

 

ÍNDICE

1. ¿Qué comprenden las nociones de «alimentos» y de «obligaciones alimenticias» según la ley luxemburguesa? 1.
2. ¿Hasta qué momento puede un niño beneficiarse de los alimentos? 2.
3. ¿En qué casos es aplicable la ley luxemburguesa? 3.
4. Si no es aplicable la ley luxemburguesa, ¿qué ley aplicarán los tribunales de este país? 4.
5. ¿Debe dirigirse el demandante a un organismo particular, a la administración o a los tribunales de justicia para la obtención de alimentos? 5.
6. ¿Es posible efectuar la reclamación en nombre de un pariente, de una persona cercana o de un menor de edad? 6.
7. Si el reclamante de alimentos quiere acudir a la justicia, ¿cómo puede saber cuál es el tribunal competente? 7.
8. ¿Tiene el demandante que utilizar los servicios de un intermediario para plantear el litigio ante los tribunales? Si no es el caso, ¿qué procedimiento deberá aplicar? 8.
9. ¿Qué gastos se derivan del procedimiento judicial? Si fuera afirmativa la respuesta, ¿cuál sería el montante? Si los medios económicos del reclamante fueran insuficientes, ¿puede obtener alguna ayuda económica para hacer frente a los gastos del litigio? 9.
10. ¿Qué tipo de ayuda es la que establece el tribunal? Si se trata de una pensión, ¿cómo se calcula? Una vez fijada ¿Cómo se revisa cuando se produce una alteración de la situación? 10.
11. ¿Cómo y a quién será pagada la pensión de alimentos? 11.
12. Si el deudor de alimentos no paga voluntariamente, ¿qué medios coercitivos existen en la ejecución forzosa? 12.
13. ¿Existe algún organismo que pueda ayudar al acreedor al cobro de la pensión? 13.
14. ¿Existe algún organismo que pueda sustituir al deudor en el pago de la pensión o en parte de la misma? 14.
Si el acreedor vive en Luxemburgo y el deudor de alimentos reside en el extranjero: Si el acreedor vive en Luxemburgo y el deudor de alimentos reside en el extranjero:
15. ¿Puede obtener el demandante la ayuda de algún organismo o de alguna administración luxemburguesa? 15.
16. En caso afirmativo, ¿Cuál es el nombre y dirección de ese organismo? ¿Cómo puede ser contactado dicho organismo central o local? 16.
17. ¿Qué tipo de asistencia recibirá el peticionario de dicho organismo? 17.
Si el demandante se encuentra en otro país y el deudor se encuentra en el extranjero: Si el demandante se encuentra en otro país y el deudor se encuentra en el extranjero:
18. ¿Puede el demandante dirigirse directamente a un organismo o a una autoridad administrativa luxemburguesa? 18.
19. En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y dirección de dichos organismos? ¿Cómo dirigirse a ellos? 19.
20. ¿Qué tipo de ayuda brindará dicho organismo o autoridad administrativa al demandante? 20.
 
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