Comisión Europea > RJE > Obligación de alimentos > Italia

Última actualización: 18-04-2006
Versión para imprimir Añadir a los favoritos

Obligación de alimentos - Italia

EJN logo

Esta página está obsoleta. Está en curso de actualización y en breve estará disponible en el Portal Europeo de e-Justicia.


 

ÍNDICE

1. ¿Qué comprenden las nociones de «alimentos» y de «obligaciones alimenticias» según la legislación italiana? 1.
2. ¿Hasta qué momento puede un menor beneficiarse de una pensión alimenticia? 2.
3. ¿En qué casos es aplicable la legislación de Italia? 3.
4. Si no es aplicable la legislación de Italia, ¿qué legislación aplicarán los órganos jurisdiccionales de este país? ¿Qué ocurre si el demandante y el deudor de los alimentos se encuentran en el territorio de Italia? 4.
5. ¿Debe dirigirse el demandante a un organismo particular, a la administración pública (central o local) o a los órganos jurisdiccionales de justicia para la obtención de alimentos? 5.
6. ¿Es posible efectuar la reclamación en nombre de un pariente, de una persona cercana o de un menor de edad? 6.
7. Si el reclamante de alimentos quiere acudir a la justicia, ¿cómo puede saber cuál es el órgano jurisdiccional competente? 7.
8. ¿Tiene el demandante que utilizar los servicios de un intermediario (abogado, organismo específico o administración local o central) para plantear el litigio ante los órganos jurisdiccionales? En caso contrario ¿qué procedimientos se aplican? 8.
9. ¿Se derivan gastos del procedimiento judicial? En caso afirmativo ¿cuál sería su cuantía? Si los medios económicos del reclamante fueran insuficientes, ¿puede obtener alguna ayuda económica para hacer frente a los gastos del litigio? 9.
10. ¿Qué tipo de resolución adopta el órgano jurisdiccional para reconocer la demanda? Si se trata de una prestación de alimentos ¿cómo se calcula? ¿Cómo se adaptará a las variaciones del coste de la vida y de las condiciones del acreedor? 10.
11. ¿Cómo y a quién será pagada la pensión? 11.
12. Si el deudor no paga voluntariamente, ¿qué medios coercitivos existen en la ejecución forzosa? 12.
13. ¿Existe alguna institución privada u organismo o servicio público (central o local) que pueda ayudar al acreedor al cobro de la pensión? 13.
14. ¿Existe algún organismo que pueda sustituir al deudor en el pago de la pensión o en parte de la misma? ¿Qué ocurre cuando el alimentista reside en Italia y el deudor de alimentos tiene su residencia en otro país? 14.
15. ¿Puede obtener el demandante la ayuda de algún organismo o de alguna administración de Italia? 15.
16. En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y dirección de ese organismo? ¿Cómo puede ser contactado dicho organismo central o local? 16.
17. ¿Qué tipo de asistencia podrá recibir el peticionario del referido organismo? ¿Qué ocurre cuando el demandante reside en otro país y el deudor en Italia? 17.
18. ¿Puede el demandante dirigirse directamente a un organismo privado o a una autoridad administrativa de Italia? 18.
19. En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y dirección de dichos organismos? ¿Cómo dirigirse a ellos? 19.
20. ¿Qué tipo de asistencia podrá recibir el demandante del referido organismo o autoridad administrativa? 20.

 

1. ¿Qué comprenden las nociones de «alimentos» y de «obligaciones alimenticias» según la legislación italiana?

El Derecho italiano define los alimentos como la prestación de asistencia material debida por ley a la persona o personas necesitadas económicamente, aunque se encuentren en esa situación por razones a ellas imputables (artículo 433 y ss. del Código Civil).

El deber de prestar alimentos forma parte de las obligaciones de la solidaridad familiar, a pesar de que el mantenimiento de la familia cada vez tiene un carácter más marginal en relación con el concepto de la cohesión social, según el cual la persona debe tener en la sociedad la garantía de que se satisfagan todas sus necesidades.

Están obligados a prestar alimentos las siguientes personas, en el siguiente orden:

  • El cónyuge cuando no subsiste la obligación de mantenimiento, es decir, el cónyuge separado que ha sido condenado a pagar y el cónyuge divorciado que ha recibido la cantidad fijada en la resolución de divorcio, con los intereses.
  • Los hijos, incluidos los adoptados o en su ausencia los descendientes en línea directa.
  • Los progenitores o en su ausencia los ascendientes directos; los padres adoptivos.
  • Los yernos y nueras.
  • Los suegros.
  • Hermanos de doble vínculo; medio hermanos.
  • Esta obligado a prestar alimentos el familiar más cercano de acuerdo con la anterior lista; si hubiera más de una persona del mismo grado, la obligación se reparte entre ellas de acuerdo con su situación económica.

Otros casos:

  • Los beneficiarios están obligados a mantenerse a sí mismos antes de recibir alimentos de los demás obligados.
  • Cuando no hay otros obligados, el cónyuge responsable de la disolución del matrimonio debe prestar los alimentos al cónyuge que actuó de buena fe.
  • Los progenitores de hijos no reconocidos están obligados a prestarles alimentos cuando esos hijos hayan alcanzado la mayoría de edad y los necesiten.

Requisitos de la obligación de alimentos:

ComienzoComienzo

  • Los beneficiarios deben encontrarse en estado de necesidad y ser incapaces de mantenerse por sí mismos parcial o totalmente.
  • Disponibilidad económica del deudor de alimentos, además del vínculo familiar (o de gratitud, en caso de donaciones) existente entre las dos personas.

Régimen del derecho de alimentos

  • No se permiten cesiones, renuncias, compensaciones, ni recurrir a árbitros.
  • El derecho de alimentos no prescribe.
  • Los pagos de alimentos no se pueden embargar ni pignorar; de la masa de la quiebra se excluye la cantidad necesaria para el mantenimiento del deudor y su familia.
  • Ni el deudor ni el acreedor de alimentos pueden transmitir esta obligación a sus sucesores.

El deber de los cónyuges a mantenerse entre sí y el de los progenitores a mantener a sus hijos es el más importante acto de solidaridad en la unidad familiar.

A diferencia de los “alimentos”, la obligación de mantenimiento refleja la relación normal en el seno de la familia; no se presupone un estado de necesidad material (es decir, la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas para vivir), y el cumplimento de las obligación no requiere ningún tipo de formalidad o demanda, excepto en el caso de separación legal.

En caso de separación legal:

  • Ambos progenitores están obligados a mantener a los hijos, con independencia de a quien corresponda su custodia.
  • En el caso de separaciones sin parte culpable, aquel de los cónyuges que carezca de ingresos suficientes y se encuentre en peor situación económica puede reclamar el pago de una pensión alimenticia al otro, de forma que pueda mantener el nivel de vida anterior a la separación.
  • El cónyuge culpable de la separación solo podrá recibir una pensión alimenticia si se encuentra en situación de necesidad.

En casos de divorcio:

ComienzoComienzo

  • Ambos progenitores están obligados a mantener a los hijos, de acuerdo con las mismas normas que en el caso de separación;
  • El cónyuge sólo tiene derecho a una pensión alimenticia si no dispone de medios suficientes para mantener el nivel de vida anterior a la separación y si su situación económica es peor que la de su ex cónyuge.

2. ¿Hasta qué momento puede un menor beneficiarse de una pensión alimenticia?

La obligación del pago de alimentos a los hijos tiene carácter residual, pues los progenitores tienen que seguir manteniendo a los hijos comunes cuando son menores de edad y cuando han alcanzado la mayoría de edad hasta que son económicamente independientes. Estos últimos tiene derecho a alimentos si se encuentra en situación de necesidad.

3. ¿En qué casos es aplicable la legislación de Italia?

El artículo 45 de la Ley nº 218 de 1995, establece que las obligaciones de alimentos en la familia se regulan por el Convenio de la Haya de 2 de octubre de 1973, que entró en vigor en Italia con la Ley nº 745 de 24 de octubre de 1980; el recurso al Convenio previsto en el artículo 45 se refiere sólo a las obligaciones de alimentos de la familia y no a las obligaciones del beneficiario.

El criterio establecido por el Convenio de la Haya hace referencia a la ley del lugar de residencia del beneficiario; si dicha ley no prevé la pensión de alimentos, se aplica la legislación nacional común a ambas partes; cuando el demandante tampoco puede obtener la pensión con arreglo a esta legislación, se aplica el Derecho del Estado donde se presentó la reclamación.

ComienzoComienzo

Las obligaciones de mantenimiento surgidas de la separación, el divorcio o la anulación del matrimonio, se regulan por la Ley del Estado en donde se concedió o reconoció el divorcio, la separación o la anulación.

4. Si no es aplicable la legislación de Italia, ¿qué legislación aplicarán los órganos jurisdiccionales de este país? ¿Qué ocurre si el demandante y el deudor de los alimentos se encuentran en el territorio de Italia?

Si ambas partes residen en Italia, se aplica la legislación italiana, de conformidad con el criterio general de residencia establecido en el Convenio de la Haya de 2 de octubre de 1973.

5. ¿Debe dirigirse el demandante a un organismo particular, a la administración pública (central o local) o a los órganos jurisdiccionales de justicia para la obtención de alimentos?

En Italia las demandas para la obtención de alimentos sólo se pueden presentar ante los órganos judiciales.

6. ¿Es posible efectuar la reclamación en nombre de un pariente, de una persona cercana o de un menor de edad?

En Italia sólo los órganos judiciales tienen la facultad de imponer la obligación del pago de alimentos.

A los órganos judiciales se puede acudir a través de un representante, que actúe por un poder.

7. Si el reclamante de alimentos quiere acudir a la justicia, ¿cómo puede saber cuál es el órgano jurisdiccional competente?

El interesado deberá informase sobre la normativa que regula la competencia según la cuantía y el territorio. Los jueces de paz (giudice di pace) tienen competencia en los asuntos de menos de 2.582,28 euros; los asuntos de alimentos por encima de dicha cuantía corresponden a los tribunales (tribunale).

ComienzoComienzo

En los casos de separación o divorcio, la decisión corresponde al juez que conoció de los mismos; sin embargo, la demanda de modificación del acuerdo propuesta por el cónyuge separado o divorciado está sujeta a las normas ordinarias de competencia por cuantía y territorio.

8. ¿Tiene el demandante que utilizar los servicios de un intermediario (abogado, organismo específico o administración local o central) para plantear el litigio ante los órganos jurisdiccionales? En caso contrario ¿qué procedimientos se aplican?

En los asuntos de demanda de alimentos ante los jueces de paz, las partes pueden litigar personalmente y plantear oralmente su caso cuando la cuantía de la reclamación no exceda de 516,46 euros; el juez de paz puede también autorizar que las partes se personen en asuntos de más cuantía.

En los demás casos las partes deben acudir con una representación legal, excepto cuando la ley estipule otra cosa (por ejemplo, si una de las partes es un abogado en ejercicio, puede acudir sin representación).

9. ¿Se derivan gastos del procedimiento judicial? En caso afirmativo ¿cuál sería su cuantía? Si los medios económicos del reclamante fueran insuficientes, ¿puede obtener alguna ayuda económica para hacer frente a los gastos del litigio?

Desde el 1 de marzo de 2002, se aplica en Italia una contribución unificada para registrar un asunto en la lista de litigios (il contributo unificato di iscrizione a ruolo), que sustituye a todas las anteriores tasas de las asuntos civiles, penales y contencioso-administrativas (véase el Testo Unico aprobado por Decreto Presidencial n� 115 de 2002). Se trata de un sistema de tipo fijo en el que las cantidades debidas están en función de la cuantía de la reclamación, y que en algunos casos prevé una cantidad fija. La Ley tributaria n� 311 de 2004 ha modificado algunos de los niveles y sus tasas correspondientes.

ComienzoComienzo

Desde el 1 de enero de 2005, se exige una tasa de 30 euros para demandas de hasta 1.100 euros; esta tasa va aumentando hasta los 1.110 euros para demandas de más de 520.000 euros; en los asuntos relativos a bienes muebles o inmuebles se exige una cantidad fija (200 euros por los bienes inmuebles y 100 para los muebles); el pago se facilita mediante el uso de formularios o giros bancarios (consultar la Agenzia Entrate italiano).

Los procedimientos de oposición y cautelares, incluidos los ejecutivos, en materia de acuerdo sobre el mantenimiento de los hijos, están exentos del pago de la tasa fija, así como también lo están los procedimientos en materia de familia y las separaciones entre los cónyuges.

La parte que gana el juicio puede pedir que se le rembolsen los costes de su abogado y las sumas pagadas para actividades de la instrucción (por ejemplo, si fue necesario un peritaje técnico); el juez determina los gastos mediante una escala de tarifas con límites máximos y mínimos.

Las personas con una base imponible anual inferior a 9.269,22 euros, tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita. Se tienen en cuenta los ingresos del cónyuge y los de otros familiares si viven juntos.

El Consejo de las asociaciones de abogados profesionales ha creado un servicio de información y asesoría sobre la asistencia jurídica gratuita (véase el formulario sobre asistencia jurídica gratuita).

10. ¿Qué tipo de resolución adopta el órgano jurisdiccional para reconocer la demanda? Si se trata de una prestación de alimentos ¿cómo se calcula? ¿Cómo se adaptará a las variaciones del coste de la vida y de las condiciones del acreedor?

La resolución que determina el contenido de la obligación de alimentos o de la prestación de mantenimiento, mediante la fijación de una suma, es una sentencia condenatoria de carácter ejecutivo.

ComienzoComienzo

El juez ordena a la parte deudora a hacer todo lo necesario para garantizar que el acreedor tenga cubiertas sus necesidades vitales como, por ejemplo, los costes de manutención, vivienda y vestido, y de los bienes necesarios para vivir dignamente. Al decidir que tipo de mantenimiento se concede, el juez debe tener en cuenta la situación económica del deudor.

En el caso de una pensión concedida al cónyuge separado o divorciado, el juez debe tomar en consideración también el nivel de vida de que gozaba durante el matrimonio. Al determinar la pensión a los hijos menores y a los mayores de edad que todavía no son económicamente independientes, el juez debe tener en cuenta sus necesidades educativas y de formación.

La pensión y las modalidades de pago pueden ser modificadas a petición del deudor o del beneficiario.

11. ¿Cómo y a quién será pagada la pensión?

La pensión se paga al beneficiario.

La pensión de los menores se paga al progenitor que tiene la custodia; en cuanto a los hijos mayores de edad pero no independientes económicamente, el progenitor que tenga la custodia y continúa ocupándose de ellos tiene el derecho (en paralelo con el derecho diferente del hijo) a recibir los pagos de alimentos del hijo.

El juez determina la forma y las modalidades de pago; en casos de separación legal, el juez puede ordenar a terceros, que deben a pagar periódicamente una suma al obligado, que entreguen directamente una parte de esas sumas al beneficiario.

12. Si el deudor no paga voluntariamente, ¿qué medios coercitivos existen en la ejecución forzosa?

Los beneficiarios tienen a su disposición los métodos normales para garantizar que el deudor cumplirá sus obligaciones económicas. Pueden obtener medidas cautelares para proteger su crédito y forzar el pago mediante el embargo de bienes y de sumas debidas por terceros.

ComienzoComienzo

No pagar alimentos puede constituir un delito por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar (artículo 570 del Código penal); se trata de un delito punible a instancia del perjudicado, pero que se persigue de oficio cuando el beneficiario es un menor. En Italia, el recurso a la vía penal se ha demostrado eficaz para prevenir que los cónyuges que no tienen la custodia de los hijos no hagan frente a sus responsabilidades.

13. ¿Existe alguna institución privada u organismo o servicio público (central o local) que pueda ayudar al acreedor al cobro de la pensión?

No está previsto que ningún servicio de la administración pública actúe en procesos judiciales en nombre del acreedor, ni que intervenga de ningún modo para presionar al deudor.

 Una ley reciente (Ley Nº 6 de 2004) introduce el concepto de administrador de apoyo (amministratore di sostegno), que el juez tutelar puede designar (sin necesidad de defensa legal), especificando las actuaciones que podrá realizar “en nombre y por cuenta del interesado que, en todo o en parte, no esté en condiciones de hacer frente a las necesidades cotidianas” (minusválidos, ancianos, alcohólicos, drogodependientes, presidiarios, etc.). A este administrador podría también recurrirse para reclamar los alimentos por vía judicial.

14. ¿Existe algún organismo que pueda sustituir al deudor en el pago de la pensión o en parte de la misma? ¿Qué ocurre cuando el alimentista reside en Italia y el deudor de alimentos tiene su residencia en otro país?

En Italia, la ayuda a los necesitados la prestan también asociaciones sociales privadas cuya misión consiste en proteger a los marginados de la sociedad y a los indigentes. Los que participan en estas actividades lo hacen de forma altruista y realizan distintas actividades según las necesidades específicas y su capacidad.

ComienzoComienzo

La Constitución obliga al Estado y a las autoridades públicas a prestar asistencia social a los que carecen de medios de sustento, no pueden trabajar o no tienen familiares que les mantengan.

Por su parte, el servicio nacional de sanidad debe intervenir para proteger la salud de los pobres proporcionándoles cuidados médicos y acogida. Las autoridades municipales también deben proporcionar comedores y dormitorios públicos e instituciones de acogida y atención a los ancianos y minusválidos.

Estas actividades sustituyen la obligación de asistencia familiar, excepto cuando existe la posibilidad de reclamar el reembolso a los familiares que estén legalmente obligados a hacer frente a tales obligaciones. Tales reclamaciones están reguladas por la ley que regula las entidades de crédito (artículo 9 del Convenio de la Haya de 2 de octubre de 1973).

Si el acreedor reside habitualmente en Italia y el deudor en otro país, se aplican los principios establecidos por la legislación del Estado del acreedor para establecer los límites y el alcance de la obligación de alimentos, así como los métodos y formas de pago, tal como establece el Convenio de la Haya de 1973, que sigue el principio general de la ley del Estado de residencia del beneficiario.

15. ¿Puede obtener el demandante la ayuda de algún organismo o de alguna administración de Italia?

Las organizaciones privadas siempre pueden prestar asistencia en la forma y las condiciones establecidas por ellas. La administración del Estado interviene en la forma y con el alcance descrito en la pregunta anterior.

ComienzoComienzo

16. En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y dirección de ese organismo? ¿Cómo puede ser contactado dicho organismo central o local?

En Italia hay muchas organizaciones de beneficencia cuyos miembros son voluntarios.

Los órganos de la administración pública obligados a intervenir son: las regiones, la prefectura (Prefetture), las provincias, los municipios y el servicio nacional de sanidad.

Todos estos órganos de la administración pública disponen de centros dedicados a examinar las reclamaciones de los interesados y a adoptar las medidas adecuadas, una vez examinado el caso concreto (para más información, consúltense las páginas Web correspondientes).

17. ¿Qué tipo de asistencia podrá recibir el peticionario del referido organismo? ¿Qué ocurre cuando el demandante reside en otro país y el deudor en Italia?

Las instituciones privadas pueden elegir el tipo y alcance de la ayuda concedida de conformidad con lo establecido en sus estatutos y su capacidad económica. Las prestaciones de las instituciones públicas están establecidas por ley.

Si el demandante reside en un país distinto del país de residencia del deudor, la cuantía de los alimentos y las formas y condiciones de pago se determinan:

  • en primer lugar, de conformidad con la ley del lugar de residencia habitual;
  • si el criterio principal no procede, el pago se fija de conformidad con la ley nacional común a ambas partes;
  • si ninguno de los dos criterios anteriores procede, el pago se fija de conformidad con la ley del órgano que ha recibido la reclamación.

En el caso de parejas separadas o divorciadas, se aplica la ley por la que se reguló la separación o el divorcio.

ComienzoComienzo

Todo lo anterior esta regulado en los artículos 1, 4, 5, 6 y 8 del Convenio de la Haya de 2 de octubre de 1973 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias, ratificado por Italia en 1980.

18. ¿Puede el demandante dirigirse directamente a un organismo privado o a una autoridad administrativa de Italia?

Las organizaciones privadas pueden prestar asistencia en la forma que consideren conveniente. Por lo general, no existe un procedimiento fijo.

Tanto las organizaciones públicas como las privadas dedicadas a actividades de asistencia disponen de  oficinas destinadas a recibir las solicitudes de ayuda; en estas oficinas se aceptan las solicitudes que reúnen los criterios y entran en el ámbito de los fines institucionales, que por lo general están establecidos en las leyes y los reglamentos por los que se rigen.

19. En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y dirección de dichos organismos? ¿Cómo dirigirse a ellos?

Las direcciones de los organismos de la administración pública se encuentran en las páginas Web de los municipios, provincias o regiones. La página Web del Ministerio del Interior italiano también contiene información.

No se exigen requisitos particulares, el demandante sólo tiene que presentarse personalmente y, si no puede hacerlo, realiza el trámite a través de una tercera persona.

20. ¿Qué tipo de asistencia podrá recibir el demandante del referido organismo o autoridad administrativa?

Tanto los organismos públicos como los privados actúan dentro de los límites de sus competencias.

Para obtener ayuda, el solicitante debe informarse en los diversos organismos que prestan asistencia, a fin de conocer las prestaciones que existen. La ayuda puede ser un subsidio, la acogida en una estructura, asistencia médica, ayuda domiciliaria, y otras formas de asistencia previstas específicamente en los reglamentos y estatutos por los que se rigen los organismos públicos y privados en ese sector.

« Obligación de alimentos - Información general | Italia - Información general »

ComienzoComienzo

Última actualización: 18-04-2006

 
  • Derecho comunitario
  • Derecho internacional

  • Bélgica
  • Bulgaria
  • República Checa
  • Dinamarca
  • Alemania
  • Estonia
  • Irlanda
  • Grecia
  • España
  • Francia
  • Italia
  • Chipre
  • Letonia
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Hungría
  • Malta
  • Países Bajos
  • Austria
  • Polonia
  • Portugal
  • Rumania
  • Eslovenia
  • Eslovaquia
  • Finlandia
  • Suecia
  • Reino Unido