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Última actualización: 08-02-2007
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Obligación de alimentos - Derecho comunitario

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"No consigo cobrar mi pensión alimentaria procedente de otro Estado miembro."

Para obligar a pagar a un "deudor de alimentos" que se encuentra en otro Estado miembro, deberá recurrir a la justicia del Estado donde solicite la ejecución de la resolución judicial. Ya existen disposiciones comunitarias que le ayudarán a cobrar su pensión alimentaria en otro Estado miembro diferente del de su residencia. Próximamente estas normas serán mejoradas.

  • El Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (llamado "Reglamento de Bruselas I") contiene normas de competencia especial de los tribunales sobre las deudas de alimentos. Las disposiciones del Reglamento son directamente aplicables desde el 1 de marzo de 2002, lo que significa que pueden invocarse ante los tribunales. No se aplican en Dinamarca, donde sigue aplicándose el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, referente a la misma materia.

De acuerdo con este Reglamento, el alimentista puede optar entre acudir al tribunal competente del Estado miembro del domicilio del deudor o al del Estado miembro donde él mismo tenga su domicilio o residencia habitual. Así, el acreedor de los alimentos se coloca en una posición favorable. El alimentante, en cambio, cuando tome la iniciativa de actuar, estará sometido a la norma general y sólo tiene una única posibilidad: la de incoar el procedimiento ante el tribunal competente del Estado miembro donde su adversario - el acreedor - tenga su domicilio.

Además, si la reclamación de alimentos es accesoria de una acción relativa al estado de las personas (por ejemplo, de divorcio), se someterá al tribunal competente para que conozca de ella, salvo si esta competencia solo se basa en la nacionalidad de una de las partes.

Las decisiones dictadas en un Estado miembro en materia de obligación de alimentos se reconocen en otro Estados miembros (artículo 33 del Reglamento) y se ejecutan cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución en éste último (artículo 38 del Reglamento).

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En comparación con el Convenio de Bruselas de 1968, al que sustituye, el Reglamento (artículo 34) ya no permite la denegación del reconocimiento de una decisión contraria al Derecho internacional privado del Estado requerido, cuando la decisión del tribunal de origen resuelva una cuestión sobre el estado y la capacidad de las personas. En adelante, solo podrá denegarse el reconocimiento de una decisión extranjera cuando este reconocimiento sea contrario al orden público o inconciliable con una decisión previa, o cuando el escrito de interposición de la demanda no se haya notificado dentro de plazo.

Por último, según el artículo 57, los acuerdos en materia de obligaciones alimentarias celebrados ante las autoridades administrativas o formalizados por ellas, se consideran documentos públicos que pueden acogerse al mecanismo simplificado de ejecución.

Aunque este procedimiento parezca relativamente sencillo, el Reglamento no suprime todos los obstáculos a la libre circulación de decisiones judiciales en la Unión Europea y mantiene medidas intermedias aún demasiado restrictivas.

  • En octubre de 1999 el Consejo Europeo de Tampere instó a una mayor reducción de las medidas intermedias requeridas para permitir la ejecución de resoluciones extranjeras. En noviembre de 2000, el Consejo adoptó un proyecto de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. El objetivo final consiste en suprimir el exequátur para todas las resoluciones en materia civil y mercantil. En este sentido, las obligaciones de alimentos aparecen claramente como una prioridad.
  • En consecuencia, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Reglamento n° 805/2004, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados. Este texto abarca los créditos alimentarios, pero solamente en el supuesto de que pueden calificarse de créditos no impugnados.
  • Con el fin de hacer frente al conjunto de problemas que afectaban al cobro de deudas de alimentos, la Comisión publicó, en abril de 2004, un Libro Verde.
  • El 15 de diciembre de 2005, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Reglamento del Consejo sobre la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.

Esta propuesta se propone eliminar el conjunto de los obstáculos que aún hoy se oponen al cobro de los alimentos en la Unión Europea. Permitirá crear un entorno jurídico adaptado a las legítimas aspiraciones de los acreedores de una pensión, que deben poder obtener fácil, rápidamente y, en la mayoría de los casos, sin gastos, un título ejecutivo que pueda circular sin obstáculos por el espacio judicial europeo y dé lugar concretamente al pago regular de los importes pendientes.

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Este nuevo ordenamiento jurídico europeo requiere una acción que no puede limitarse al mero retoque de los actuales mecanismos. Por tanto, se proponen medidas ambiciosas en todos los ámbitos pertinentes de la cooperación judicial civil: competencia internacional, ley aplicable, reconocimiento y ejecución, cooperación y supresión de los obstáculos al desarrollo fluido de los procedimientos. Estas respuestas globales se agrupan en un único instrumento.

  • La propuesta de Reglamento persigue de este modo tres objetivos principales: 
  1. Simplificar la vida de los ciudadanos, reduciendo los trámites necesarios para que las resoluciones judiciales se dicten y ejecuten en cualquier Estado miembro, y ofreciendo medidas concretas de ayuda y asistencia a los beneficiarios de una pensión. En particular, debe mencionarse la posibilidad de efectuar todas las gestiones necesarias en el lugar de su residencia habitual, incluso en la fase de ejecución propiamente dicha, en particular, para obtener los embargos de sueldos o cuentas bancarias, iniciar los mecanismos de cooperación o acceder a la información que permite localizar al deudor y evaluar su patrimonio.
  2. Reforzar la seguridad jurídica, mediante la armonización de las normas de conflicto de leyes.
  3. Garantizar la eficacia y la regularidad del cobro, permitiendo al acreedor obtener una decisión ejecutiva para el conjunto del territorio de la Unión Europea que pueda, a continuación, acogerse a un sistema de ejecución simple y armonizado.
  • El Reglamento se ha presentado al Consejo según el procedimiento previsto en el artículo 67, apartado 2, primer guión, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, a cuyo tenor el Consejo se pronuncia por unanimidad previa consulta al Parlamento Europeo. La presente propuesta afecta al Derecho de familia y, por tanto, no puede adoptarse por codecisión, según el Tratado en vigor. 

Esta es la interpretación que jurídicamente se impone, habida cuenta de los vínculos muy estrechos que unen las obligaciones de alimentos al Derecho de familia, pero presenta un triple inconveniente:

    • no tiene suficientemente en cuenta la naturaleza híbrida del concepto de obligación de alimentos: familiar por sus raíces, pero, como cualquier crédito, pecuniario en su aplicación;
    • ignora el hecho de que hasta ahora, el legislador comunitario siempre ha considerado que las obligaciones de alimentos podían regirse por el régimen de Derecho común (véase el Reglamento de Bruselas I, que excluye el Derecho de la familia pero mantiene las obligaciones de alimentos dentro de su ámbito de aplicación. Por último, el Reglamento TEE (título ejecutivo europeo) comprende las deudas de alimentos y ha sido adoptado por el procedimiento de codecisión;
    • no permite al Parlamento Europeo desempeñar plenamente su papel.

Por esta razón, la Comisión, en una Comunicación, invitó al Consejo a pasar la materia de las obligaciones de alimentos de la unanimidad a la codecisión, de acuerdo con el art. 67, apartado 2, segundo guión, del Tratado.

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  • El conjunto de estas medidas se acompañará de la instauración de mecanismos eficaces de cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros.

A este respecto, hay que destacar que los Estados miembros, a excepción de Letonia, Lituania y Malta, son Partes en la Convención de Nueva York français de 20 de junio de 1956 sobre la obtención de los alimentos en el extranjero, celebrado bajo la égida de las Naciones Unidas, y que instaura un mecanismo de cooperación administrativa entre las autoridades establecidas por los Estados Partes.

Finalmente, procede recordar que algunos Estados miembros son también partes en cuatro Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado aplicables en materia de obligación de alimentos (véase "Derecho internacional" sobre este mismo tema).

Documentos de referencia

  • Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (COM/2005/650)
  • Comunicación de la Comisión al Consejo por la que se solicita al Consejo que las medidas adoptadas con arreglo al artículo 65 del Tratado en materia de obligaciones de alimentos se rijan por el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (COM/2005/648)
  • Reglamento (CE) n° 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados
  • Libro Verde sobre las obligaciones alimentarias - Respuestas English - français DOC File (DOC File 94 KB) a este Libro Verde
  • Proyecto de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
  • Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere (15 y 16 de octubre de 1999)
  • Convenio English - français de 2 de octubre de 1973 referente al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones relativas a las obligaciones alimenticias (Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado)
  • Convenio English - français de 2 de octubre de 1973 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias (Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado)
  • Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versión consolidada)
  • Convención de Nueva York français de 20 de junio de 1956 sobre la obtención de los alimentos en el extranjero (Naciones Unidas)

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