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Última actualización: 13-01-2009
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Profesiones jurídicas - Portugal

Véase la última actualización en português
 

ÍNDICE

1. JUECES 1.
2. FISCALES 2.
3. ABOGADOS 3.
4. PROCURADORES 4.
5. PROCURADORES DE EJECUCIÓN 5.
6. NOTARIOS 6.
7. REGISTRADORES 7.
8. JUECES DE PAZ 8.
9. AGENTES JUDICIALES 9.

 

1. JUECES

Es función de los jueces administrar la justicia y hacer ejecutar sus decisiones.

La magistratura - cuerpo único que integra a los jueces de los tribunales judiciales portugueses - está compuesta por los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, con el título legal de "conselheiros", los jueces de segunda instancia ("juízes das Relações"), con el título legal de "desembargadores" y los jueces de primera instancia ("juízes de Direito").

Los jueces de la jurisdicción administrativa y fiscal forman también un cuerpo único.

El acceso a la profesión está abierto a los ciudadanos portugueses que gocen de todos sus derechos políticos y civiles, tengan una licenciatura en Derecho conferida por una universidad portuguesa o una habilitación académica equivalente para la ley nacional, obtenida al menos dos años antes de la convocatoria de la oposición, hayan frecuentado con aprovechamiento los cursos y periodos de formación pertinentes y satisfagan los demás requisitos establecidos por la ley para el nombramiento de los funcionarios del Estado.

La designación de los jueces de los tribunales judiciales compete al Consejo Superior de la Magistratura ("Conselho Superior da Magistratura"). A este órgano incumben igualmente las decisiones sobre su destino, traslado y promoción, así como la potestad disciplinaria en los términos definidos por la ley.

La designación, destino, traslado y promoción de los jueces de los tribunales administrativos y fiscales, así como la potestad disciplinaria, competen al respectivo Consejo Superior.

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En la selección de los jueces de los tribunales de segunda instancia, realizada por concurso curricular entre jueces de primera instancia, prevalece el criterio del mérito.

El acceso al Tribunal Supremo se hace por concurso curricular abierto a los jueces y fiscales y a otros juristas de reconocido prestigio.

Los jueces juzgan exclusivamente según la Constitución y la ley y no están sujetos a órdenes ni instrucciones, salvo el deber de acatamiento de los tribunales inferiores a las decisiones dictadas en vía de recurso por los tribunales superiores. El deber de obediencia a la ley comprende el de respetar los juicios de valor legales, aunque se trate de resolver hipótesis no especialmente previstas.

Los jueces sólo pueden ser trasladados, suspendidos, jubilados y cesados en los casos previstos por la ley y sólo pueden incurrir en responsabilidad civil, penal o disciplinaria en virtud de hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones y tipificados por la ley. En lo que respecta a la responsabilidad civil, ésta sólo puede exigirse mediante acción del Estado contra el juez, fundada en dolo o culpa grave, tras la asunción de tal responsabilidad, en primer término, por el propio Estado.

2. FISCALES

Corresponde al Ministerio Fiscal representar al Estado, defender los intereses que la ley determina, participar en la ejecución de la política penal decidida por los órganos de soberanía, ejercitar la acción penal orientada por el principio de legalidad y defender la legalidad democrática.

Los requisitos para el ejercicio de las funciones del Ministerio Fiscal son los mismos que los exigidos a los jueces, antes mencionados.

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El nombramiento de los miembros del Ministerio Fiscal incumbe a la Fiscalía General de la República ("Procuradoria-Geral da República"). Lo mismo ocurre con el destino, traslado, promoción y ejercicio de la acción disciplinaria.

La carrera fiscal es paralela a la carrera judicial, pero es independiente de ella.

Sus miembros son responsables y están jerárquicamente subordinados. No pueden ser trasladados, suspendidos, jubilados ni cesados sino en los casos previstos por la ley.

3. ABOGADOS

Los abogados son profesionales liberales licenciados en Derecho que asumen la representación judicial y funciones de asesoría jurídica a título profesional y con carácter remunerado.

Sólo los abogados y los abogados en prácticas debidamente inscritos en el respectivo Colegio pueden ejercer actividades profesionales y, en particular, asumir la representación judicial o funciones de asesoría jurídica en régimen de profesión liberal remunerada. Se exceptúa a los procuradores inscritos en el respectivo Colegio, en los términos y condiciones de su propio estatuto. No es obligatoria la inscripción en el Colegio de Abogados cuando los licenciados en Derecho que prestan asesoramiento jurídico sean funcionarios públicos o lo presten en calidad de empleados si el destinatario del asesoramiento es la propia entidad patronal. No se considera ejercicio de la abogacía la emisión de dictámenes jurídicos escritos por parte del personal docente de las facultades de Derecho y, por tanto, tampoco están obligados a inscribirse en dicho Colegio.

La inscripción como abogado requiere la realización de unas prácticas de las que están dispensados los profesores y antiguos profesores de las facultades de Derecho y los doctores en Derecho.

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Los extranjeros que se hayan licenciado en Portugal pueden inscribirse en el Colegio de Abogados en las mismas condiciones que los nacionales si el país de su nacionalidad concede el mismo derecho a los portugueses.

En Portugal están reconocidas como abogados y, como tal, están autorizadas a ejercer la profesión, las personas que en los respectivos países miembros de la Unión Europea puedan ejercer actividades profesionales al amparo de los títulos profesionales siguientes: en Bélgica: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt; en Dinamarca: Advokat; en Alemania: Rechtsanwalt; en Grecia: δικηγόρος; en España: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu; en Francia: Avocat; en Irlanda: Barrister/Solicitor; en Italia: Avvocato; en Luxemburgo: Avocat; en los Países Bajos: Advocaat; en Austria: Rechtsanwalt; en Finlandia: Asianajaja/Advokat; en Suecia: Advokat; en el Reino Unido: Advocate/Barrister/Solicitor.

Cualquiera de estos profesionales puede ejercer su actividad en Portugal con su título profesional de origen expedido en la respectiva lengua oficial y con la indicación de la organización profesional a que pertenece o de la jurisdicción en que está admitido con arreglo a la ley de su Estado de origen. Además, la representación y defensa judiciales ante los tribunales portugueses por abogados de la Unión Europea que desempeñen sus actividades con el título profesional de origen sólo pueden ser ejercidas bajo la orientación de un abogado inscrito en el Colegio. Los abogados de la Unión Europea ya pueden ejercer su actividad en Portugal con el título de abogado previa inscripción en el Colegio de Abogados.

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La prestación ocasional de servicios profesionales en Portugal de abogados de la Unión Europea que ejerzan su actividad con el título profesional de origen es libre, pero deben previamente ponerlo en conocimiento del Colegio de Abogados.

El establecimiento permanente en territorio portugués de abogados de la Unión Europea que deseen ejercer su actividad con su título profesional de origen requiere la inscripción previa en el Colegio de Abogados. Para ello hay que presentar el título acreditativo del derecho al ejercicio de la profesión en el Estado miembro de origen y la certificación de que dicho derecho no ha sido suspendido ni retirado como consecuencia de un proceso penal o disciplinario. Estos documentos también podrán exigirse al abogado que preste servicios profesionales de abogacía en los términos mencionados anteriormente.

Los abogados gozan de las inmunidades necesarias para el ejercicio de su función.

Los abogados participan en la administración de justicia y les incumbe, de manera exclusiva y con las excepciones previstas en la ley, asumir la defensa de las partes, para lo que gozan de discrecionalidad técnica y están sólo vinculados por los criterios de legalidad y normas deontológicas propias de la profesión. Como servidores de la justicia y de la ley deben mantener un comportamiento digno acorde con las responsabilidades que ello conlleva. En el ejercicio de su profesión, deben mantener siempre la mayor independencia y desinterés, sin servirse de su cargo para lograr objetivos que no sean estrictamente profesionales, cumplir rigurosamente los deberes que les imponen la ley, el uso, las costumbres y las tradiciones.

El ejercicio de la abogacía es incompatible con cualquier actividad o función que disminuya la independencia y dignidad de la profesión. En este ámbito, el Estatuto del Colegio de Abogados enuncia una extensa lista de actividades consideradas incompatibles con el ejercicio del abogacía.

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En los procesos civiles es obligatoria la intervención de abogado cuando la cuantía de la demanda sea superior a 3 740,98 euros, en las causas en que siempre sea admisible el recurso, independientemente de su valor, y en los recursos y procesos incoados ante los tribunales superiores.

4. PROCURADORES

Los procuradores ("solicitadores") son profesionales liberales que ejercen la representación judicial con carácter remunerado.

El ejercicio de esta profesión requiere la inscripción en el Colegio de Procuradores y la realización de un curso previo destinado a familiarizarse con los actos y términos más usuales de la práctica forense, así como con sus derechos y deberes.

Además de aprobar el curso de formación preliminar, para inscribirse en el Colegio se requiere:

  1. ser ciudadano portugués o de la Unión Europea;
  2. ser titular de una licenciatura en Derecho o de una diplomatura en procuraduría y no estar inscrito en el Colegio de Abogados o, para los nacionales de otro Estado de la Unión, poseer las titulaciones académicas o profesionales requeridas legalmente para el ejercicio de la profesión en el respectivo Estado de origen.

En el desempeño de su actividad profesional, los procuradores pueden solicitar, en cualquier tribunal o servicio público, el examen de autos, libros o documentos que no tengan carácter reservado o secreto, así como en la expedición de certificados sin necesidad de presentar un poder.

La defensa judicial puede ser ejercida por el procurador cuando no haya abogado en el distrito. El procurador, aunque sea obligatoria la intervención de abogado, puede presentar escritos en que no se susciten cuestiones de Derecho. Cuando tal intervención no sea obligatoria, las partes pueden libremente hacerse representar por el procurador.

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5. PROCURADORES DE EJECUCIÓN

Los procuradores de ejecución ejercen las competencias atribuidas al agente de ejecución, así como otras funciones que les confiere la ley y, además, tienen competencia para efectuar citaciones.

Las competencias del procurador de ejecución sólo pueden ser ejercidas por el procurador que:

  1. tenga tres años de ejercicio profesional en los últimos cinco años;
  2. no haya incurrido en ninguno de los motivados de recusación antes indicados para el ejercicio de la actividad de procurador;
  3. no haya sido condenado en calidad de procurador a una pena disciplinaria superior a la de multa;
  4. haya aprobado los exámenes finales del curso de procurador de ejecución realizado en los últimos cinco años;
  5. habiendo sido anteriormente procurador de ejecución, solicite su reinscripción en los cinco años posteriores al cese de la inscripción anterior y cuente con el parecer favorable de la sección regional deontológica;
  6. tenga las infraestructuras y medios informáticos mínimos decididos por el reglamento aprobado por la asamblea general.

A los procuradores de ejecución se les aplican las mismas normas que a los procuradores.

En el proceso ejecutivo, las funciones de agente de ejecución son desempeñadas por el procurador de ejecución, que debe ser designado por el ejecutante en el requerimiento ejecutivo, o por la Secretaría si el ejecutante no lo hubiera hecho o si la designación quedara sin efecto.

Corresponde al agente de ejecución, salvo cuando la ley determine otra cosa, efectuar bajo control del juez todas las diligencias del proceso de ejecución, incluidas las citaciones, notificaciones y publicaciones.

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Las funciones de agente de ejecución son desempeñadas por el procurador de ejecución designado por el ejecutante o por la Secretaría de entre los inscritos en el partido judicial o en los partidos limítrofes o, en su defecto, de entre los inscritos en otro partido judicial de la misma demarcación. A falta de procurador de ejecución inscrito en la demarcación o de darse otra causa de imposibilidad, dichas funciones, a excepción de las específicamente atribuidas a este profesional, serán ejercidas por el agente judicial.

6. NOTARIOS

Los notarios, según la definición legal, son los juristas cuyos documentos escritos, elaborados en ejercicio de sus funciones, gozan de la fe pública. Según la misma definición, son simultáneamente funcionarios públicos que confieren autenticidad a los documentos y aseguran su conservación y profesionales liberales, y actúan de forma independiente, imparcial y por libre elección de los interesados. La naturaleza pública de la función notarial es una realidad inescindible de su naturaleza privada.

Para ejercer su actividad, los notarios deben estar inscritos en el Colegio Notarial. Este Colegio es totalmente independiente de los órganos estatales y representa a los profesionales en él inscritos.

Las licencias para el establecimiento de una notaría son concedidas por resolución del Ministro de Justicia tras una oposición convocada al efecto. Cada notario sólo puede ser titular de una licencia. Los profesionales a quienes se haya concedido dicha licencia deben ejercer su actividad dentro de la jurisdicción del respectivo municipio un período mínimo de dos años, durante el cual no pueden solicitar una nueva licencia.

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El notario confiere fe pública a los documentos escritos.

Su intervención es muchas veces obligatoria. Es el caso, por ejemplo, siempre que la ley exige la celebración de un acto en escritura pública.

7. REGISTRADORES

Los registradores son funcionarios públicos a quienes compete registrar determinadas situaciones jurídicas con vistas a su publicidad.

Para ser admitido en esta profesión se requiere una licenciatura en Derecho de una universidad portuguesa o una habilitación académica equivalente y cumplir los requisitos generales para ingresar en la función pública. Los candidatos deben tener nacionalidad portuguesa, salvo en los casos exceptuados por ley especial o convenio internacional.

Al registrador le incumbe esencialmente la responsabilidad de los registros.

Este profesional debe verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y, por lo que se refiere a los documentos que debe inscribir, verificar si los derechos que reflejan están correctamente definidos y si respetan la orden de inscripción legalmente exigible.

En el ordenamiento jurídico portugués existe una pluralidad de hechos sujetos a registro .

Entre ellos cabe citar, a titulo meramente de ejemplo, el nacimiento, la filiación, la adopción, el matrimonio, la muerte, la constitución de sociedad y los hechos relativos a la situación jurídica de los bienes muebles, vehículos, buques y aeronaves.

Es obligatorio acudir al registrador en los casos en que se exija que un determinado hecho sea inscrito en un registro.

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8. JUECES DE PAZ

Los jueces de paz son los profesionales a quienes compete adoptar, de acuerdo con la ley o la equidad, las decisiones relativas a cuestiones sometidas a los juzgados de paz y tienen la obligación previa de procurar conciliar a las partes.

Para acceder a esta función es necesario reunir los siguientes requisitos:

  1. tener nacionalidad portuguesa;
  2. ser licenciado en Derecho;
  3. tener más de 30 años;
  4. estar en plena posesión de los derechos civiles y políticos;
  5. no haber sufrido condena ni estar acusado de un delito doloso;
  6. haber cesado, o cesar inmediatamente, antes de la asunción de las funciones de juez de paz, la práctica de cualquier otra actividad pública o privada.

Los jueces de paz son nombrados por el Consejo de Acompañamiento de Creación e Instalación de los Juzgados de Paz, por periodos de un año renovables hasta tres años.

Los jueces de paz no están sujetos a criterios de legalidad estricta y pueden, con el acuerdo de las partes, decidir sobre la base de juicios de equidad cuando el valor de la acción no exceda de1 870,49 euros.

9. AGENTES JUDICIALES

El funcionario judicial es un funcionario público que ejerce su profesión en la secretaría de un tribunal o en la Oficina del Ministerio Fiscal.

Sus competencias varían en función de su categoría, de acuerdo con una extensa y pormenorizada norma legal de atribuciones. Genéricamente, tales funciones contribuyen a la realización de los actos materiales necesarios para la correcta tramitación de los procesos de acuerdo con la legislación vigente, en particular, los relativos a la recepción y tramitación de los escritos, la presentación de los documentos procesales para que el juez resuelva, el cumplimiento de sus decisiones, la elaboración de las actas de las diligencias y resoluciones, citaciones y notificaciones y la liquidación de los importes pecuniarios devengados por el recurso a la justicia.

El ingreso en las categorías de oficial auxiliar ("escrivão auxiliar") y de técnico de justicia auxiliar está restringido a los ciudadanos de nacionalidad portuguesa que hayan completado un curso de capacitación profesional aprobado por los Ministerios de Justicia y de Educación.

Información complementaria

Podrá obtener información complementaria en las siguientes páginas de Internet:

  • http://www.stj.pt English - français - português- Supremo Tribunal de Justiça;
  • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Conselho Superior da Magistratura;
  • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Tribunal Constitucional;
  • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministerio da Justicia;
  • http://trl.pt/ português - Tribunal da Relação de Lisboa;
  • http://www.trc.pt/ português - Tribunal da Relação de Coimbra;
  • http://www.tre.pt English - français - português - Tribunal da Relação de Évora;
  • http://www.trp.pt português - Tribunal da Relação do Porto;
  • http://www.pgr.pt/ português - Procuradoria-Geral da República;
  • http://www.itij.mj.pt português - Bases de datos jurídicos;
  • http://www.cej.pt/ English - français - português - Centro de Estudos Judiciários (entidad responsable de la formación de los jueces y fiscales portugueses);
  • http://www.dgsj.pt português - Direcção-Geral da Administração da Justiça (facilita, entre otras cosas, información sobre los contactos de los tribunales y su ámbito de jurisdicción territorial, así como el acceso al sitio oficial en Internet de los agentes judiciales);
  • http://www.gplp.mj.pt/ English - português- Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça;
  • http://www.dgrn.mj.pt português - Direcção Geral dos Registos e do Notariado;
  • http://www.asjp.pt/ português- Associação Sindical dos Juízes Portugueses;
  • http://www.smmp.pt/ português - Sindicato dos Magistrados do Ministério Público;
  • http://www.oa.pt/ português - Ordem dos Advogados;
  • http://www.dr.incm.pt/dr/ português - Bases de legislación «on-line» (contiene los títulos y documentos publicados en la I Série del D.R. desde 01-01-1970; faculta el acceso gratuito a la legislación publicada en la I Série desde 01-01-2000);
  • http://www.solicitador.net/ português - Câmara dos Solicitadores;
  • http://www.asjp.pt/ português - Sindicato dos Funcionários Judiciais.

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Última actualización: 13-01-2009

 
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