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Última actualización: 03-03-2008
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Profesiones jurídicas - Polonia

 

ÍNDICE

1. JUECES (SĘDZIA1.
2. FISCALES (PROKURATOR2.
3. AGENTES JUDICIALES (KOMORNIK3.
4. NOTARIOS (NOTARIUSZ4.
5. ABOGADOS (ADWOKAT5.
6. ASESORES JURÍDICOS (RADCA PRAWNY6.

 

1. JUECES (SĘDZIA)

Los jueces constituyen un grupo especial entre las profesiones jurídicas, dado que, además del alto nivel de competencias exigido, se distinguen esencialmente por el principio de independencia.

El principio de independencia de los jueces está consagrado en el artículo 178, apartado 1, de la Constitución polaca, que establece que, en el cumplimiento de sus funciones, los jueces son independientes y sólo deben obedecer a la Constitución y a los actos legislativos. Ello significa que el juez es independiente tanto de las partes litigantes como de las autoridades estatales. Por otra parte, sin embargo, el juez debe ser imparcial y está sujeto a las disposiciones constitucionales o legislativas, que constituyen la base del desempeño de sus funciones y lo rigen.

Los jueces son designados por el Presidente de la República, a propuesta del Consejo Nacional de la Judicatura, para un mandato ilimitado.

Para ser designado, el juez de un tribunal de distrito (Sąd rejonowy, tribunal inferior en la jerarquía judicial) ha de cumplir los requisitos siguientes: ser ciudadano polaco, estar en plena posesión de sus derechos civiles y ciudadanos, poseer un carácter idóneo, haber concluido sus estudios universitarios de Derecho en Polonia con el grado de licenciado o haber completado estudios en el extranjero reconocidos por Polonia, gozar de un estado de salud compatible con las funciones de juez, tener al menos 30 años de edad y haber superado un examen de acceso al cargo de juez o de fiscal, haber trabajado al menos tres años como asistente de un juez o de fiscal o como funcionario judicial durante cinco años. Los requisitos en materia de formación no se aplican a las personas que hayan sido asistentes de un juez o funcionarios judiciales durante al menos seis años y hayan superado un examen de acceso. Los requisitos en materia de formación y experiencia no se aplican a los profesores y asistentes que trabajen en instituciones académicas. Además de eso, una persona que haya ejercido como abogado, asesor jurídico o notario durante al menos tres años puede ser designada juez de un tribunal de distrito. En cuanto a la designación para el puesto de juez de un tribunal de instancia superior (tribunal regional o de apelación), a los criterios anteriores se añade un requisito relacionado con la experiencia necesaria en el ámbito judicial o en otras profesiones jurídicas.

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En primer lugar, todo candidato a juez ha de ser aprobado por el órgano de gobierno de los jueces para un tribunal determinado, en asamblea general y por votación secreta. A continuación, se presenta al candidato al Consejo Nacional de la Judicatura, a través del Ministerio de Justicia, que puede emitir su dictamen. Sobre esta base, el Consejo adopta, mediante votación secreta, la decisión de proponer un candidato al Presidente, responsable de la designación de los jueces de los tribunales de distrito, regionales y de apelación. La promoción a un tribunal de instancia superior exige el mismo procedimiento de aprobación y una nueva designación.

La independencia del juez está garantizada por el hecho de que no puede ser destituido. Para que un juez sea removido de su cargo, suspendido o transferido a otro tribunal u otro cargo contra su voluntad, se necesita una resolución de un tribunal (incluido un tribunal disciplinario) y sólo en los supuestos contemplados en la legislación (art. 180 de la Constitución).

Los jueces son designados por tiempo indeterminado (artículo 179 de la Constitución). Ello implica que, una vez alcanzada la edad de jubilación (65 años en la actualidad), pasan a ser jueces jubilados y conservan algunos de sus derechos y obligaciones. No obstante, a instancias del propio juez el Consejo Nacional de la Judicatura puede autorizarlo a seguir en su cargo hasta los 70 años de edad.

Sin consentimiento previo de un tribunal especificado en un acto legislativo, un juez no puede ser responsable penalmente o privado de libertad (inmunidad de los jueces). Un juez no puede ser detenido o apresado salvo en casos de flagrante delito o de que su detención sea necesaria para garantizar el correcto desarrollo del proceso (artículo 181 de la Constitución). Los jueces sólo han de responder ante los tribunales disciplinarios, compuestos por jueces y designados por sus órganos de gobierno, por cualquier incumplimiento de sus obligaciones o infracción menor.

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Los jueces no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos, ni ejercer ninguna actividad pública incompatible con el principio de independencia de los jueces o tribunales (artículo 178, apartado 3, de la Constitución). Por otra parte, no pueden aceptar ningún trabajo remunerado sin la autorización previa de las autoridades competentes.

Los jueces se rigen por un consejo de gobierno de la judicatura. Los órganos de dicho consejo son: la asamblea regional de los jueces regionales y la asamblea general de los jueces de los tribunales de apelación.

El Ministerio de Justicia supervisa las actividades administrativas de los tribunales.

Las disposiciones relacionadas con el estatuto de los jueces y su independencia se recogen en la Constitución polaca y en la Ley relativa a los tribunales ordinarios, de 27 de julio de 2001.

2. FISCALES (PROKURATOR)

Las principales funciones del Ministerio Público son velar por la salvaguarda de la ley y el orden y la lucha contra la criminalidad, incluida la realización o la supervisión de las investigaciones preliminares en materia penal. Los fiscales promueven la acusación ante el tribunal, dirigen las investigaciones en materia penal, y se ocupan de la lucha contra la delincuencia y su prevención. Además, cooperan con las demás entidades responsables de la prevención de la delincuencia y otras infracciones de la ley.

Además, en procesos civiles, de conformidad con el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil polaco, el fiscal puede exigir el inicio del proceso en cualquier caso o participar en cualquier proceso ya iniciado, si, en su opinión, ello fuera necesario para la salvaguarda de la legalidad vigente, los derechos de los ciudadanos o el interés público. En los asuntos de Derecho de familia que no impliquen conflictos sobre bienes, el Ministerio Público sólo puede exigir el inicio del proceso en los casos previstos en la ley.

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En los asuntos de Derecho de familia, el Ministerio Público puede exigir el inicio del proceso si una determinada persona no pudiese, por incapacidad o cualquier otra razón válida, hacer valer sus derechos o no se mostrase interesada en hacer valer tales derechos en detrimento del interés público. La participación del fiscal es especialmente aconsejable en los siguientes casos: anulación o declaración de existencia o inexistencia de un matrimonio, recusación de la paternidad o la maternidad, anulación del reconocimiento de un menor, y declaración de invalidez absoluta del reconocimiento de un menor, decisión sobre la adopción por ciudadanos extranjeros o por polacos domiciliados en el extranjero, decisión sobre la anulación de una adopción, o sobre el término de una situación de sujeción a una autoridad parental o de tutela.

En los asuntos de Derecho administrativo, las funciones del fiscal consisten en recurrir ante un tribunal cualesquiera resoluciones administrativas ilegales y participar en los procesos relacionados con la legalidad de tales resoluciones.

El Ministerio Público abarca al Fiscal General y a los fiscales encargados de las cuestiones ordinarias y militares, los responsables ante el Fiscal General, así como los fiscales del Instituto de la Memoria Nacional - Comisión de Investigación de Crímenes contra la Nación Polaca. El Fiscal General es la autoridad máxima del Ministerio Público, siendo su designación responsabilidad del Ministro de Justicia. Los servicios del Ministerio Público incluyen una división central y delegaciones ante los tribunales de distrito, regionales y de apelación.

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El Ministerio Público tiene una estructura jerárquica, lo que implica que, a pesar de que sus fiscales son independientes en el desempeño de sus tareas contempladas en la legislación, están obligados a seguir las orientaciones generales y las instrucciones del fiscal de que dependen.

Los fiscales de la división central son designados por el Fiscal General del Estado.

Para poder ser designados, los fiscales han de ser ciudadanos polacos, estar en plena posesión de sus derechos civiles y ciudadanos, poseer un carácter idóneo, haber concluido sus estudios universitarios de Derecho en Polonia con el grado de licenciado o haber completado sus estudios en el extranjero reconocidos por Polonia, gozar de un estado de salud compatible con las funciones de fiscal, tener al menos 26 años de edad y haber superado un examen de acceso al cargo, haber trabajado al menos un año como asistente de un fiscal o de un juez o haber completado en las oficinas del Ministerio Público encargadas de cuestiones militares un tiempo de servicio idéntico al de los militares profesionales.

Las personas siguientes también pueden ser designadas, sin necesidad de superar el examen de acceso ni completar la formación necesaria: los profesores y doctores en Derecho de las universidades polacas, de la Academia de Ciencias polaca y de otros centros académicos, los jueces, jueces de los tribunales militares, abogados, asesores y consejeros de los servicios del Ministerio Público ante el Tesoro Público, que hayan ejercido ese cargo durante tres años al menos y, por último, los notarios, después de superar el examen de acceso, aunque sin necesidad de realizar la formación habitual.

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Los fiscales son designados por tiempo indefinido, lo que implica que, una vez alcanzada la edad de jubilación, pasan a ser fiscales jubilados y conservan algunos de sus derechos y obligaciones.

Un fiscal sólo puede ser transferido a otro cargo con su consentimiento. En cuanto a las faltas profesionales, incluida toda violación manifiesta y grave de las disposiciones legales y de la dignidad de los servicios del Ministerio Público, un fiscal puede ser declarado responsable de un proceso disciplinario ante un tribunal formado por fiscales.

Al igual que los jueces, los fiscales gozan de inmunidad, lo que implica que no pueden ser imputados en procedimientos penales sin el consentimiento del tribunal disciplinario correspondiente, ni detenidos sin el consentimiento del superior jerárquico respectivo. Ello no se aplica en casos de flagrante delito.

Durante su mandato, el fiscal no puede pertenecer a ningún partido político ni participar en actividades políticas.

Los fiscales no pueden desempeñar ninguna otra actividad profesional, salvo en ámbitos relacionados con la enseñanza y la investigación en instituciones académicas, ni tener ninguna otra ocupación o actividad lucrativa susceptible de interferir en sus obligaciones profesionales o minar la confianza en su imparcialidad o dignidad de su desempeño, incluida la participación en cualquier actividad comercial o la asunción de un cargo en los órganos de gestión de alguna entidad comercial.

El estatuto de los fiscales del Ministerio Público y sus derechos y obligaciones se establecen en la Ley sobre los Servicios del Ministerio Público, de 20 de junio de 1985.

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3. AGENTES JUDICIALES (KOMORNIK)

Los agentes judiciales son funcionarios públicos que ejercen sus funciones ante un tribunal de distrito. Desempeñan funciones de ejecución en asuntos civiles y otras funciones que les son confiadas en aplicación de otras disposiciones legislativas (por ejemplo, preparar un inventario polski y, siguiendo las instrucciones de un tribunal polski o del Ministerio Público polski, elaborar un informe factual antes del inicio de un proceso o de una deliberación). Además de eso, los agentes judiciales pueden proceder al traslado de notificaciones, avisos, oposiciones y quejas, así como de otros documentos sujetos a acuse de recibo y con plazo determinado; desempeñan funciones de supervisión oficial en ventas voluntarias en subasta públicas, confirmando la oferta más baja o más alta. Los agentes judiciales perciben honorarios cuando desempeñan funciones en materia de ejecución y otras funciones previstas en la legislación.

Los agentes judiciales tienen sus propios despachos y desarrollan sus tareas en la zona de su competencia, siempre que un acreedor tenga el derecho a escoger cualquier agente judicial en la jurisdicción del tribunal de apelación. Su ámbito abarca el área de jurisdicción del tribunal de distrito, una parte de esa área o de un cierto número de tribunales de distrito. Cada año el Ministerio de Justicia anuncia una lista de áreas y sedes de los despachos de los agentes judiciales.

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En la ejecución de sus tareas, los agentes judiciales sólo están condicionados por los actos legislativos y las decisiones de los tribunales. La supervisión del cumplimiento de sus actividades corresponde al presidente del tribunal de distrito en el que ejerzan sus funciones. La supervisión general de las actividades de los agentes judiciales y de la correspondiente asociación autónoma corresponde al Ministerio de Justicia.

Los requisitos para ejercer la profesión son los siguientes: ser ciudadano polaco, estar en plena posesión de sus derechos civiles y ciudadanos, poseer un carácter idóneo, haber concluido estudios universitarios de derecho o administración pública, haber concluido la formación necesaria, haber superado un examen de acceso al cargo y tener al menos 25 años de edad. Los jueces, los fiscales, los abogados, los asesores jurídicos, los notarios y las personas que hayan completado la formación adecuada en estos últimos campos, así como quienes posean el título de doctor en ciencias jurídicas estarán exentos de los requisitos en materia de formación y de examen de acceso.

Los agentes judiciales eligen a sus órganos de gobierno, entre los que se encuentran la Conferencia Nacional, el Consejo Nacional, las Asambleas Generales de las Cámaras de agentes judiciales, y las propias Cámaras.

Las funciones de los agentes judiciales y la estructura de sus órganos de gobierno se establecen en la Ley de los Agentes Judiciales y sus Procedimientos de Ejecución, de 29 de agosto de 1997.

4. NOTARIOS (NOTARIUSZ)

El notariado tiene por misión garantizar la seguridad de las transacciones jurídicas y la conformidad con la normativa vigente. Este servicio lo presta el notario, es decir, un fedatario público designado para efectuar las operaciones que las partes deben o desean celebrar bajo forma notarial.

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Las principales funciones de los notarios son: la autorización de escrituras notariales y actas, la certificación y autenticación, protestar letras de cambio y cheques, la recepción de declaraciones sobre la aceptación de una herencia o la renuncia a la misma, y la aceptación de varios depósitos. En el marco de sus competencias, el notario goza de la confianza pública y de la protección concedida a los funcionarios públicos. Los actos notariales efectuados por un notario de conformidad con la legislación tienen carácter de documentos oficiales. 

En la actualidad existe un órgano de gobierno de los notarios y despachos privados en Polonia. La inscripción en el órgano de gobierno es obligatoria y constituye un requisito para poder ejercer la profesión. En el órgano se incluyen los Colegios Notariales y un Consejo Nacional de Notarios.

Los notarios son designados y cesados por el Ministro de Justicia, previo dictamen del Colegio Notarial competente. Los requisitos para ser notario son los siguientes: ser ciudadano polaco, disfrutar plenamente de sus derechos civiles y ciudadanos, poseer un carácter idóneo, haber concluido sus estudios universitarios de Derecho en Polonia con el grado de licenciado o haber completado sus estudios en el extranjero reconocidos por Polonia, haber seguido la formación necesaria y superado el examen de acceso al cargo, haber trabajado como asistente de notario al menos durante tres años y tener al menos 26 años de edad. También pueden ser designados notarios los profesores y doctores en ciencias jurídicas, los jueces, los fiscales, los abogados y los asesores jurídicos con una experiencia mínima de tres años.

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La estructura del notariado y las funciones de los notarios se establecen en la Ley del Notariado, de 14 de febrero de 1991.

5. ABOGADOS (ADWOKAT)

La abogacía fue creada para prestar asistencia jurídica, cooperar en la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos y en la elaboración y aplicación de la ley. La profesión de abogado consiste en la prestación de asistencia jurídica, especialmente de asesoría jurídica, en la elaboración de dictámenes jurídicos, la redacción de propuestas legislativas y la representación ante los tribunales y entidades oficiales. Esta asistencia se presta a las personas físicas y a las entidades colectivas y de carácter comercial y otros.

La abogacía está organizada en torno a una asociación profesional independiente constituida por 24 colegios nacionales. Estos colegios acogen a los abogados y pasantes con bufete en la zona del colegio. La profesión sólo puede ser ejercida por las personas inscritas como abogados en el Colegio Regional de la Abogacía en que esté situado el bufete de que se trate. La inscripción es obligatoria. En términos nacionales, la abogacía está dirigida por el Colegio Superior.

La abogacía puede ser ejercida por cualquier persona de carácter idóneo y cuya conducta garantice el buen ejercicio de la profesión, que goce plenamente de sus derechos civiles y tenga plena capacidad jurídica, haya concluido sus estudios universitarios de Dderecho en Polonia con el grado de licenciado o haya completado sus estudios en el extranjero reconocidos por Polonia, haya concluido el periodo de prácticas en el país y superado el examen de la abogacía. Los dos últimos requisitos no se aplican a los profesores y doctores en ciencias jurídicas, las personas que hayan superado un examen de acceso a los puestos de juez, fiscal, asesor jurídico o notario, ni a las personas que al menos durante tres años hayan prestado asesoría a los servicios del Ministerio Público ante el Tesoro Público. También pueden presentarse al examen de abogado sin necesidad de pasar por el periodo de prácticas los doctores en ciencias jurídicas y los funcionarios del tribunal o asistentes de un juez que hayan ejercido el cargo respectivo durante al menos cinco años, en un periodo no superior a ocho años.

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La organización y las funciones de la abogacía se establecen en la Ley de la Abogacía, de 26 de mayo de 1982.

La prestación de asistencia jurídica por parte de abogados extranjeros se rige por una Ley de 5 de julio de 2002.

6. ASESORES JURÍDICOS (RADCA PRAWNY)

Los asesores jurídicos prestan asistencia jurídica, especialmente asesoría jurídica, elaboran dictámenes jurídicos, redactan propuestas legislativas y representan ante los tribunales y las entidades oficiales.

Los asesores jurídicos pueden prestar asistencia jurídica a entidades comerciales y de otro tipo, así como a entidades privadas que no tengan una actividad comercial, con excepción de la representación en procesos penales y en procesos relacionados con delitos fiscales.

Los asesores jurídicos pueden ejercer su profesión en régimen autónomo y ejercer otro tipo de actividades profesionales, pudiendo incluso tener un empleo regido por un contrato de trabajo.

Los asesores jurídicos están organizados en torno a una asociación profesional, independiente en el desempeño de sus funciones y sólo condicionada por lo dispuesto en la legislación.

Los órganos de la asociación con personalidad jurídica son los Colegios regionales y el Consejo Nacional de Asesores Jurídicos. La supervisión de la asociación es tarea del Ministro de Justicia.

Para poder ejercer la profesión es obligatorio inscribirse en el registro de asesores y prestar juramento.

La profesión de asesor jurídico puede ser ejercida por cualquier persona de carácter idóneo y cuya conducta garantice el ejercicio adecuado de la profesión, goce plenamente de sus derechos civiles y tenga plena capacidad jurídica, haya concluido sus estudios universitarios de Derecho en Polonia con el grado de licenciado o haya completado sus estudios en el extranjero reconocidos por Polonia, concluido el periodo de prácticas en Polonia y superado el examen de acceso al cargo. Estos dos últimos requisitos no se aplican a los doctores en ciencias jurídicas, a las personas que hayan superado un examen de acceso a los cargos de juez, fiscal, abogado o notario, ni a las personas que durante al menos tres años hayan prestado servicios de consultoría en los servicios del Ministerio Público ante el Tesoro Público. También pueden presentarse al examen sin necesidad de hacer el periodo de prácticas los doctores en ciencias jurídicas y los funcionarios judiciales del tribunal o asistentes de un juez que hayan ejercido el cargo correspondiente durante al menos cinco años, en un periodo no superior a ocho años.

La organización y funciones de los asesores jurídicos se establecen en la Ley de Asesores Jurídicos, de 6 de julio de 1982.

La prestación de asistencia jurídica en Polonia por parte de asesores extranjeros se rige por una Ley de 5 de julio de 2002.

Información complementaria

Constitución de la República de Polonia

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/konst.htm Deutsch - English - français - polski

Consejo General de la Abogacía (Naczelna Rada Adwokacka)

http://www.adwokatura.pl English - polski

Órganos jurisdiccionales - Boletín de Anuncios Públicos

http://www.bip.gov.pl/index.asp?fid=4590 polski

Consejo Nacional de Asesores Jurídicos (Krajowa Izba Radców Prawnych)

http://www.radca.prawny.lex.pl polski

Consejo Nacional del Notariado (Krajowa Rada Notarialna)

http://www.krn.org.pl polski

Colegio Notarial de Varsovia (Izba Notarialna w Warszawie)

http://www.notariusze.pl English - français - polski

Asociación de Agentes Judiciales (Serwis Samorządu Komorniczego)

http://www.komornik.pl English - polski

Fiscalía de Apelación de Varsovia (Prokuratura Apelacyjna w Warszawie)

http://www.pa.waw.pl polski

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Última actualización: 03-03-2008

 
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