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Última actualización: 07-11-2007
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Profesiones jurídicas - Italia

Los profesionales de la justicia pertenecen a las categorías siguientes: jueces, fiscales, secretarios de juzgado, agentes judiciales, abogados y notarios.

La categoría de abogado que se conoce como procuratore legale ya no existe en Italia, y la administración de la justicia no recae en otras figuras de profesional de la justicia.

Los jueces ejercen el poder jurisdiccional y se dividen en jueces de carrera (togati), a los que se contrata por oposición y pertenecen a la categoría de funcionarios públicos, y jueces honorarios (jueces de paz, jueces honorarios de tribunal y jueces honorarios agregados), que ejercen estas funciones a título personal y con carácter temporal sin ser miembros de la carrera judicial ordinaria. Son designados por el Consejo Superior de la Magistratura conforme a una evaluación de la titulación que posean.

Los jueces de carrera reciben del Estado el correspondiente sueldo mensual, cuyo importe viene determinado por la antigüedad.

Los jueces honorarios reciben pagos puntuales según las vistas celebradas y las sentencias dictadas.

En las Fiscalías del Tribunal de Casación, los Tribunales de apelación y los Tribunales de primera instancia hay magistrados que ejercen funciones de investigación.

Son nombrados por oposición, que es el mismo procedimiento previsto para los jueces y perciben las mismas retribuciones que los jueces.

En las Fiscalías de los Tribunales de primera instancia hay también magistrados honorarios (vicefiscales honorarios) que desempeñan funciones del ministerio fiscal en las vistas. Su nombramiento responde a su titulación y perciben únicamente los honorarios fijados para cada vista.

Los secretarios de juzgado y los agentes judiciales son funcionarios públicos contratados por oposición y forman parte de los empleados del Estado, y como tales se les retribuye.

Los abogados y notarios son profesionales liberales.

Para ejercer la profesión de abogado, se debe aprobar un examen de habilitación organizado por el Ministerio de Justicia que se celebra anualmente en cada tribunal de apelación.

Se designa a los notarios tras una oposición pública organizada a nivel nacional por el Ministerio de Justicia y celebrada en dicha institución.

El acceso a las profesiones citadas está regulado por ley. Los magistrados (jueces o fiscales) disfrutan de plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución italiana. Todos los profesionales de la justicia están obligados a observar un código deontológico.

Los magistrados de carrera (es decir, jueces y fiscales) se distinguen únicamente por la antigüedad, a la que corresponden distintos tramos de retribución. La estructura de carrera judicial tiene los siguientes niveles: juez en prácticas, magistrado de tribunal de primera instancia, magistrado del Tribunal de Apelación, magistrado del Tribunal de Casación, magistrado apto para desempeñar funciones directivas superiores.

Los abogados están divididos en abogados ordinarios y abogados habilitados para la defensa ante el Tribunal de Casación.

Asimismo, los secretarios de juzgado y los agentes judiciales están divididos en ordinarios y directivos.

No existe división de este tipo entre los notarios.

La asistencia letrada es obligatoria para todos los juicios excepto los celebrados ante un juez de paz.

Los colegios profesionales se encargan de supervisar a sus miembros, sobre los que ejercen el poder disciplinario.

Los extranjeros pueden ejercer como profesionales de la justicia previo reconocimiento de la titulación profesional obtenida en su país de origen de conformidad con las Directivas CE/89/48 y CE/98/5.

Estas Directivas fueron transpuestas a la legislación italiana mediante los decretos legislativos nº 115/92 y nº 96/2001.

En Italia pueden ejercer las profesiones jurídicas aquellas personas que, habiendo obtenido su cualificación profesional en sus respectivos países de origen, cumplan las otras condiciones establecidas en los decretos legislativos mencionados anteriormente. Estos decretos también establecen criterios para el reconocimiento de títulos obtenidos en el extranjero.

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