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Última actualización: 09-02-2007
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Profesiones jurídicas - Chipre

 

ÍNDICE

JUECES JUECES
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y FISCAL GENERAL ADJUNTO DE LA REPÚBLICA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y FISCAL GENERAL ADJUNTO DE LA REPÚBLICA
FISCALES DE LA POLICÍA FISCALES DE LA POLICÍA
ABOGADOS ABOGADOS

 

JUECES

Los licenciados en Derecho y los abogados colegiados en Chipre pueden ser designados jueces si ejercen como abogados durante seis años y aprueban un examen oral ante los jueces del Tribunal Supremo de Chipre. La categoría en la que se incorporan es la de juez provincial en los diferentes Tribunales provinciales, con la posibilidad de ascender posteriormente a Juez provincial principal, Presidente de un Tribunal Provincial o juez del Tribunal Supremo. Los jueces de los Juzgados de Familia, Tribunal Laboral, Tribunales de control de arrendamientos y Tribunales militares forman una categoría especial para las que son nombrados mediante un régimen y una vía profesional similar a los jueces provinciales pero se detiene en el grado de Presidente de dichos Tribunales.

Los jueces del Tribunal Supremo y el Presidente del Tribunal Supremo son designados por el Presidente de la República en virtud de la potestad que le atribuye la Constitución. Antes de un nombramiento, y de conformidad con la práctica establecida, el Presidente de la República escucha las recomendaciones del Tribunal Supremo. Los jueces del Tribunal Supremo son elegidos generalmente entre los Presidentes de los Tribunales provinciales. Pueden nombrarse asimismo jueces del Tribunal Supremo al margen de la profesión judicial siempre que hayan ejercido como abogados durante 15 años y haya demostrado poseer unos altos principios morales.

Conforme a la Constitución chipriota, el Tribunal Supremo constituye el Consejo Superior del Poder Judicial y dispone de una competencia exclusiva para designar, ascender, transferir, resolver asuntos disciplinarios o dar por concluidas las funciones de juez y despedirlos.

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Actualmente existen 96 jueces en Chipre, incluidos los 13 jueces del Tribunal Supremo. Todos los jueces en Tribunales de Primera Instancia pueden ejercer sus funciones hasta los 63 años, mientras que los jueces del Tribunal Supremo (incluido el Presidente) pueden hacerlo hasta los 68.

FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y FISCAL GENERAL ADJUNTO DE LA REPÚBLICA

Son funcionarios públicos independientes designados por el Presidente de la República sobre la base de las competencias que le atribuye la Constitución y cualificados para poder ser designados jueces del Tribunal Supremo. El Fiscal General es el Jefe del Servicio Jurídico de la República y el Fiscal General Adjunto es su jefe adjunto. El Servicio Jurídico de la República es una oficina independiente que no está vinculada a ningún Ministerio. El Fiscal General, ayudado por el Fiscal General adjunto, es el asesor jurídico de la República, del Presidente de la República, del Consejo de Ministros y de los ministros y tiene el poder de incoar, dirigir, asumir y continuar o interrumpir cualquier procedimiento o solicitar el procesamiento de cualquier persona por cualquier delito. Tal competencia es ejercida personalmente o por los funcionarios subordinados de su Servicio Jurídico, que actúan a sus órdenes y de conformidad con sus instrucciones. (Véase infra: la policía puede también incoar un procedimiento penal). Los funcionarios del Servicio Jurídico son abogados colegiados que se rigen por la Ley de la Función Pública de 1990 (Ley 1/890) que regula su empleo, estatuto, carrera y cometidos.

FISCALES DE LA POLICÍA

Son licenciados en Derecho y abogados colegiados nombrados y que trabajan para las Fuerzas de Policía chipriotas a las que representan ante los Tribunales como Fiscales en materia penal, es decir, asuntos sobre los cuales pueden incoar un procedimiento penal. Los fiscales de la Policía se incorporan a las unidades judiciales de las Fuerzas de Policía tras un examen escrito y oral y su estatuto se rige por la Ley de policía de 2004 (Ley 73(I)/2004). El papel de la policía en los procedimientos penales y la manera en que se ocupan de los casos penales ante los Tribunales están sujetos al control y la orientación del Fiscal General de la República.

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ABOGADOS

Son licenciados en Derecho con un título reconocido por el Consejo Jurídico sobre la base de la Ley de la Abogacía (capítulo 2). Se colegian como abogados tras un período de prácticas de 12 meses y una vez aprobado un examen escrito. Se organizan en Colegios de Abogados locales con sede en cada Tribunal Provincial, pero son también miembros del Colegio de abogados de Chipre. Su admisión y registro como abogados, el ejercicio de la profesión, la disciplina, las pensiones y asignaciones que reciben se rigen por el capítulo 2 de la Ley de la Abogacía (modificada) y por los reglamentos publicados de conformidad con la ley anteriormente mencionada y la Ley de Administración de Justicia de 1964. Inicialmente pueden comparecer y defender casos ante los Tribunales provinciales (incluidos los Juzgados de Familia, los Tribunales laborales, Tribunales de control de arrendamientos y Tribunales militares) y, dependiendo de cuánto tiempo han ejercido la profesión, ante el Presidente de un Tribunal Provincial, el Tribunal Penal (Kakourgeia) y el Tribunal Supremo.

La Ley 180(I)/2002 por la que se modifica la ley de la abogacía con objeto de armonizarla con la Directiva Europea 98/05/EC destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, que entró en vigor cuando Chipre se adhirió a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, establece que los abogados nacionales de un Estado miembro de la UE pueden ejercer de forma permanente en Chipre por cuenta propia o ajena. Antes de empezar a ejercer, los abogados deben presentar la titulación profesional del Estado miembro en el que se les concedió. En Chipre deben inscribirse en una sección especial del registro de abogados que ejercen la profesión. Para inscribirse en este registro, el Consejo Jurídico les exige presentar los siguientes documentos: 

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  1. un certificado que atestigüe la ciudadanía de un Estado miembro de la UE;
  2. prueba de que no se tienen antecedentes penales;
  3. un certificado de inscripción en el registro de la autoridad competente del Estado miembro de origen, y la confirmación de que el abogado en cuestión ejerce todavía su profesión y su autorización no se ha visto suspendida o retirada por ninguna razón. El certificado y la confirmación deben haber sido expedidos en los últimos tres meses.

La titulación profesional debe haberse expedido claramente en la lengua o una de las lenguas oficiales del país de origen.

Los abogados cuya solicitud de registro es aceptada por el Consejo Jurídico están sujetos por las mismas obligaciones y tienen los mismos derechos que los abogados chipriotas. Sin embargo, solamente pueden disfrutar de la misma situación que los abogados chipriotas e integrarse completamente en la profesión jurídica en Chipre después de haber ejercido auténtica y regularmente la actividad profesional en Chipre en el campo de la legislación chipriota y del Derecho comunitario durante un período de tres años.

Durante estos tres años, con el fin de representar y defender a los clientes ante los Tribunales, los abogados deben trabajar conjuntamente con los abogados que ejercen la misma profesión en Chipre y que pueden representar a sus clientes ante los Tribunales en el caso de que se trate. Los abogados pueden también ejercer en Chipre sobre la base de su titulación profesional original, en colaboración, (a) de la misma manera que la profesión es ejercida en colaboración por los abogados chipriotas con (i) un abogado chipriota, (ii) un abogado que sea nacional de un Estado miembro que ejerce la profesión de abogado en Chipre, y (b) con un abogado que sea nacional de un Estado miembro que ejerce la profesión de abogado de forma permanente en ese Estado y que ostenta una titulación profesional de ese Estado.

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