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Última actualización: 17-12-2008
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Ordenamiento jurídico - Portugal

 

ÍNDICE

1. Instrumentos o fuentes que expresan las normas jurídicas 1.
2. Otras fuentes del Derecho 2.
3. Jerarquía entre los diferentes instrumentos generadores del Derecho 3.
4. Modalidades de entrada en vigor en el territorio nacional de las normas contenidas en los instrumentos supranacionales 4.
5. Autoridades competentes para adoptar normas jurídicas 5.
6. Proceso de adopción de dichas normas jurídicas 6.
7. Modalidades de entrada en vigor de las normas de origen nacional 7.
8. Medios para dirimir eventuales conflictos entre diferentes normas jurídicas 8.

 

1. Instrumentos o fuentes que expresan las normas jurídicas

De acuerdo con la concepción clásica, en Portugal son fuentes del Derecho:

  1. la leyes constitucionales, que comprenden la propia Constitución de la República, las leyes constitucionales aisladas y las leyes de revisión constitucional;
  2. las «normas y principios de Derecho internacional general o común», las «normas reiteradas de convenios internacionales debidamente ratificados o aprobados», las «normas emanadas de los órganos competentes de las organizaciones internacionales de que Portugal sea parte (…) cuando ello se establezca en los respectivos tratados constitutivos», las «disposiciones de los tratados que rigen la Unión Europea y las normas emanadas de sus instituciones en el ejercicio de sus respectivas competencias», según el artículo 8 de la Constitución de la República Portuguesa;
  3. las leyes ordinarias, que comprenden las leyes emanadas de la Asamblea de la República, los decretos-leyes del Gobierno y los decretos legislativos regionales dictados por las Asambleas Legislativas de las Regiones Autónomas de las Azores y de Madeira;
  4. los actos dotados de fuerza equivalente a las leyes, como los de aprobación de convenios, tratados o acuerdos internacionales, las decisiones del Tribunal Constitucional de declaración de inconstitucionalidad o de ilegalidad con fuerza obligatoria general, los convenios colectivos laborales y otros instrumentos de reglamentación colectiva del trabajo;
  5. los reglamentos, es decir, los instrumentos normativos de grado inferior a las leyes destinados a detallarlas y complementarlas con el fin de posibilitar su aplicación o ejecución. Comprenden los decretos reglamentarios, reglamentos, decretos, decretos reglamentarios regionales, resoluciones, regulaciones, órdenes ministeriales, decisiones normativas, reglamentos policiales de los gobernadores civiles, órdenes y reglamentos municipales.

2. Otras fuentes del Derecho

Hay discrepancia de opiniones sobre la admisibilidad y relevancia de otras fuentes situadas al margen de las generadas por el poder político estatal de crear Derecho escrito. Estas diferencias de concepción se basan, en particular, en que, para unos, las fuentes son medios de formación de las normas jurídicas, para otros, vías de manifestación de las mismas y, para otros, medios de formación y manifestación. A veces se distingue entre fuentes inmediatas y mediatas, eludiendo así algunos problemas suscitados por las divergencias de enfoque.

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Suelen considerarse las siguientes categorías de fuentes del Derecho:

  1. la costumbre: es la práctica reiterada y habitual de una conducta, acompañada del sentimiento generalizado de su obligatoriedad. Ya sólo se puede considerar fuente del Derecho en determinados ámbitos: así, parece existir todavía en el Derecho internacional público (por ejemplo, el principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros es de origen consuetudinario), en el Derecho internacional privado y en el Derecho administrativo;
  2. la jurisprudencia: es el sentido que emanan las sentencias y resoluciones de los tribunales, no es, según algunos, auténtica fuente del Derecho, sino que tiene relevancia meramente como manifestación del sentido de las normas, por dar soluciones a procesos interpretativos que podrán ser seguidas por otros intérpretes en función de la capacidad de convencer de las construcciones lógicas y técnicas en que se sustentan. Para ciertos autores, en este concepto no sólo caben las resoluciones judiciales recaídas en casos concretos, sino también los actos jurisdiccionales normativos (resoluciones del Tribunal Constitucional dotados de fuerza obligatoria general), de modo que, según estos autores, todos serían actos de verdadera creación de Derecho objetivo;
  3. la equidad: se basa en la atribución de competencia a los órganos jurisdiccionales para formular, en relación con los casos concretos que les hayan sido sometidos, normas jurídicas adecuadas a las especificidades de esos casos, recurriendo a principios generales de justicia y a la conciencia ético jurídica del juzgador. «Los tribunales sólo pueden resolver según la equidad: a) cuando haya una disposición legal que lo permita; b) cuando haya acuerdo entre las partes y la relación jurídica no sea inalienable; c) cuando las partes tengan previamente pactado el recurso a la equidad, según el artículo 4 del Código Civil;
  4. los usos son prácticas sociales reiteradas a las que falta la convicción de su obligatoriedad, que son relevantes en el tráfico jurídico, en particular, en el ámbito del perfeccionamiento de los negocios jurídicos, concretamente, en el sector comercial. Son jurídicamente aplicables cuando la ley lo determine siempre que no sean «contrarios a los principios de la buena fe», según el artículo 3 del Código Civil. Por consiguiente, no son modos autónomos de creación del Derecho y, para muchos, no constituyen auténticas fuentes del Derecho;
  5. la doctrina es el conjunto de las opiniones de los juristas, es decir, el resultado del estudio teórico o dogmático del Derecho. No parece que deba considerarse una auténtica fuente del Derecho, aunque desempeña un papel relevante en el perfeccionamiento científico y técnico y repercute en el resultado final de la labor de aquellos a quienes corresponde interpretar y aplicar las normas;

3. Jerarquía entre los diferentes instrumentos generadores del Derecho

Cuando se hace referencia a la jerarquía de las normas, lo que se pretende es atribuirles un valor relativo a cada una, es decir, situarlas en una escala ordenada.

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En este ámbito, hay quien mantiene que la jerarquía sólo existe en cuanto al modo de creación. Por tanto, no habría lugar a definir la prelación entre las normas jurídicas, sino sólo entre sus génesis o matrices de formación.

Ya se opte por una u otra vía, es posible establecer una prelación.

El orden jerárquico de las fuentes indicadas en el apartado 1 es el siguiente:

  1. La Constitución de la República y las leyes constitucionales.
  2. Las normas y los principios de Derecho internacional general o común y los convenios internacionales (es decir, todos los actos mencionados en la letra b) del apartado 1 supra).
  3. Las leyes y los decretos-leyes.
  4. Los decretos legislativos regionales.
  5. Los actos dotados de fuerza equivalente a las leyes.
  6. Los reglamentos.

4. Modalidades de entrada en vigor en el territorio nacional de las normas contenidas en los instrumentos supranacionales

La incorporación de los instrumentos normativos internacionales obedece a los siguientes criterios, descritos en el artículo 8 de la Constitución de la República Portuguesa:

  1. «las normas y principios de Derecho internacional general o común forman parte integrante del Derecho portugués»;
  2. «las normas reiteradas de convenios internacionales debidamente ratificados o aprobados entran en vigor en el ordenamiento interno tras su publicación oficial y como tales vinculan internacionalmente al Estado portugués»;
  3. «las normas emanadas de los órganos competentes de las organizaciones internacionales en que Portugal sea parte entran directamente en vigor en el ordenamiento interno, siempre que así lo establezcan los respectivos tratados constitutivos»;
  4. «las disposiciones de los tratados que rigen la Unión Europea y las normas emanadas de sus instituciones, en el ejercicio de sus respectivas competencias, son aplicables en el ordenamiento interno, en los términos definidos por el Derecho de la Unión, dentro del respeto a los principios fundamentales del Estado de Derecho democrático».

Según algunos autores, la norma mencionada en la letra c) cubriría el efecto directo de los reglamentos comunitarios, así como de las directivas y decisiones dirigidas a los Estados miembros.

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5. Autoridades competentes para adoptar normas jurídicas

Son competentes para adoptar normas jurídicas la Asamblea de la República, el Gobierno, los Gobiernos y Asambleas Legislativas Regionales de las Azores y de Madeira, los municipios y algunos entes administrativos.

6. Proceso de adopción de dichas normas jurídicas

El proceso de adopción de normas jurídicas varía en función de las normas específicas que rigen cada órgano competente. Los diferentes tipos de actos legislativos son, por tanto, generados a través de distintos procedimientos de elaboración. A continuación se describen los dos sistemas más solemnes y relevantes de adopción de normas jurídicas.

Por lo que se refiere al proceso de mayor complejidad, que se desarrolla en la Asamblea de la República, cabe resumir sus principales momentos del modo siguiente:

  1. iniciativa legislativa: corresponde «a los diputados, a los grupos parlamentarios y al Gobierno, así como, en los términos y condiciones establecidos por la ley, a grupos de ciudadanos electores, y, en las regiones autónomas, a las respectivas Asambleas Legislativas» (art. 167, nº 1 de la Constitución de la República Portuguesa);
  2. admisión inicial, publicación, registro, numeración y apreciación: esta fase comprende la ponderación de la admisibilidad de la propuesta, su publicación en el Diario de la Asamblea, la tramitación administrativa y, por último, la valoración de su contenido;
  3. debate y aprobación: comprende un debate general y otro especial, una votación general, otra especial y una votación final global. Para su aprobación, podrá exigirse mayoría simple, mayoría absoluta o mayoría cualificada;
  4. control: debe realizarlo el Presidente de la República dentro del plazo legal. Puede culminar con la promulgación del texto propuesto o con el ejercicio del derecho de veto. En este caso, se procederá a una segunda deliberación. Si el voto fuera confirmado o se introdujeran enmiendas, dicho texto será nuevamente enviado para su promulgación, la cual también deberá tener lugar dentro de un plazo predefinido. Incumbe al Presidente de la República promulgar las leyes y «firmar las resoluciones de la Asamblea de la República que aprueben acuerdos internacionales» (art. 134, letra b), de la Constitución);
  5. publicación: tras la promulgación, el Presidente de la República debe ordenar la publicación del nuevo texto normativo en el Diario de la República.

El procedimiento legislativo del Gobierno consta de las siguientes fases principales:

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  1. iniciativa legislativa: corresponde a los gabinetes ministeriales;
  2. instrucción: en esta fase, incumbe el Ministro que propone el proyecto recabar pareceres y también debe organizar audiencias para escuchar a las entidades referidas en la Constitución y la ley;
  3. apreciación preliminar y en cuanto al fondo: consiste en el examen y valoración de las propuestas en la fase de recepción y posterior admisión preliminar;
  4. aprobación: aunque hay actos normativos que no requieren la aprobación del Consejo de Ministros, generalmente sí que le corresponde intervenir;
  5. control: en el «plazo de 40 días contados desde la recepción de cualquier decreto del Gobierno para su promulgación (…), el Presidente de la República debe aprobarlo o ejercer el derecho de veto, y comunicar por escrito al Gobierno el sentido del veto» (art. 136, nº 4, de la Constitución de la República Portuguesa);
  6. publicación: consiste en la divulgación, mediante el Diario de la República, del texto legal adoptado.

7. Modalidades de entrada en vigor de las normas de origen nacional

«La ley sólo es obligatoria tras su publicación en el Diario Oficial». «Entre la publicación y la vigencia de la ley transcurrirá el tiempo que fije la propia ley o, si no dispone nada en este sentido, el que determinare la legislación especial», según el artículo 5 del Código Civil.

Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley nº 74/98, de 11 de noviembre, modificada por la Ley nº 2/2005, de 24 de enero:

  1. «los actos legislativos y otros actos de contenido genérico entrarán en vigor el día que ellos fijen y en ningún caso podrá iniciarse la vigencia el mismo día de la publicación»;
  2. «si no fijan una fecha, dichos instrumentos (…) entrarán en vigor a los cinco días de su publicación»;
  3. «la entrada en vigor de dichos instrumentos tendrá lugar en las Regiones Autónomas de las Azores y de Madeira a los 15 días de su publicación y, en el extranjero, a los 30 días»;
  4. estos plazos «se cuentan a partir del día siguiente al de publicación del instrumento, o de su distribución efectiva, si ésta hubiera sido posterior».

8. Medios para dirimir eventuales conflictos entre diferentes normas jurídicas

En este ámbito, la principal tarea incumbe al Tribunal Constitucional, ya que a él le corresponde declarar la inconstitucionalidad de las normas incompatibles con lo dispuesto en la Constitución de la República Portuguesa y con los principios en ella enunciados.

En el ámbito de apreciación de los casos concretos que se le sometan, los tribunales no podrán aplicar normas que violen lo dispuesto en la Constitución o los principios que de ella dimanen.

En el ámbito del proceso interpretativo realizado con vistas a valorar los hechos que se le someten, corresponde a los tribunales superar los eventuales conflictos existentes entre diferentes normas jurídicas atendiendo siempre a la mencionada jerarquía de fuentes. En el marco de esta intervención, les corresponde considerar el sistema bajo una perspectiva unitaria, sin admisión de fracturas ni inconsistencias, en particular, de naturaleza lógica o semántica, ponderando las circunstancias subyacentes al proceso de adopción de normas y las condiciones temporales específicas del juicio, exigiendo siempre un mínimo de correspondencia verbal, aunque esté imperfectamente expresada, con la solución adoptada, y presumiendo que el legislador haya consagrado las soluciones «más acertadas» y sabido «expresar su pensamiento en términos adecuados», según el artículo 9 del Código Civil.

Puede ejercitarse una «acción administrativa especial» que tenga como objeto principal la declaración de «ilegalidad de una norma formulada al amparo de las disposiciones de Derecho administrativo», según el artículo 46, nº 2, letra c), del Código procesal de los tribunales administrativos.

Por lo que se refiere al conflicto de leyes de Derecho internacional privado, consulte el enlace «Direito Aplicável - Portugal».

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