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Última actualización: 05-11-2009
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Ordenamiento jurídico - Luxemburgo

 

ÍNDICE

1. ¿Cuáles son los instrumentos o "fuentes del Derecho" en que se basan las normas jurídicas? 1.
1.1. Las fuentes internacionales del Derecho 1.1.
1.1.1. Los Convenios internacionales 1.1.1.
1.1.2. El Derecho comunitario 1.1.2.
1.2. Las fuentes nacionales del Derecho 1.2.
1.2.1. Las normas de carácter constitucional 1.2.1.
1.2.2. Las normas de carácter legislativo 1.2.2.
1.2.3. Las normas de carácter reglamentario 1.2.3.
2. ¿Cuáles son, en su caso, las demás fuentes del Derecho y qué función desempeñan? 2.
2.1. La jurisprudencia 2.1.
2.1.1. La jurisprudencia internacional 2.1.1.
2.1.2. La jurisprudencia europea 2.1.2.
2.1.3. La jurisprudencia nacional 2.1.3.
2.2. Los principios generales del Derecho 2.2.
3. La jerarquía de los diferentes instrumentos 3.
4. Las modalidades de "entrada en vigor en el territorio nacional de las normas contenidas en los instrumentos supranacionales" 4.
4.1. Los Convenios internacionales 4.1.
4.2. Las normas comunitarias 4.2.
5. Las autoridades responsables de la adopción de las normas jurídicas 5.
5.1. Las normas internacionales 5.1.
5.2. Las normas nacionales 5.2.
6. El procedimiento de adopción de las normas jurídicas 6.
6.1. Las leyes 6.1.
6.2. Los reglamentos 6.2.
7. Las modalidades de entrada en vigor de las normas de origen nacional 7.
8. Los métodos de resolución de los posibles conflictos entre distintas normas jurídicas en el Estado miembro 8.

 

1. ¿Cuáles son los instrumentos o "fuentes del Derecho" en que se basan las normas jurídicas?

1.1. Las fuentes internacionales del Derecho

El Gran Ducado de Luxemburgo está jurídicamente obligado por los tratados internacionales, bilaterales o multilaterales. Además de las obligaciones que estos compromisos imponen al Estado luxemburgués en sus relaciones con otros Estados, algunos de estos tratados son fuente de derechos para los individuos (por ejemplo, los ciudadanos de la Unión Europea pueden invocar directamente la libertad de circulación reconocida en los tratados europeos).

1.1.1. Los Convenios internacionales

Se trata de los tratados y acuerdos internacionales celebrados entre Gran Ducado de Luxemburgo y Estados extranjeros. Se pueden citar como ejemplos el Convenio de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y el Tratado BeNeLux firmado en La Haya el 3 de febrero de 1958 entre Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo.

1.1.2. El Derecho comunitario

El Derecho comunitario se compone de los tratados europeos propiamente dichos (en particular, el Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957, el Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992, el Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997 y el Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001) y de las normas de Derecho derivado, contenidas en las disposiciones adoptadas por las instituciones de la Comunidad Europea y la Unión Europea: las directivas, las decisiones, los Reglamentos, los dictámenes y las recomendaciones.

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1.2. Las fuentes nacionales del Derecho
1.2.1. Las normas de carácter constitucional

La Constitución del Gran Ducado de Luxemburgo se promulgó el 17 de octubre de 1868. El sistema constitucional establecido en 1868 se asemejaba mucho al sistema de la Constitución belga de 1831. A pesar de numerosas diferencias de detalle, los textos del Derecho constitucional belga pueden consultarse sin reservas en lo que respecta a los principios generales. A pesar de las numerosas reformas constitucionales que se han efectuado desde su promulgación, la actual Constitución corresponde en gran medida al texto promulgado en 1868.

La Constitución luxemburguesa es una Constitución de tipo rígido, es decir, su modificación requiere aplicar un procedimiento especial, más complejo que el procedimiento legislativo ordinario. La reforma de la Constitución requiere dos votaciones sucesivas en la Cámara de Diputados por mayoría de al menos dos tercios de los sufragios de los miembros de la Cámara, y no se admite el voto por delegación. Un intervalo de al menos tres meses debe separar las dos votaciones.

Si en los dos meses siguientes a la primera votación lo solicitan más de una cuarta parte de los miembros de la Cámara o veinticinco mil electores, el texto adoptado en primera lectura por la Cámara de Diputados se somete a referéndum. En tal caso, ya no hay segunda votación y la reforma sólo se aprueba si obtiene la mayoría de los sufragios válidos emitidos.

1.2.2. Las normas de carácter legislativo

La ley se define como la norma votada por la Cámara de Diputados y posteriormente sancionada y promulgada por el Gran Duque. Salvo el caso de que una disposición constitucional o una norma de Derecho internacional restrinjan su libertad, el legislador luxemburgués tiene plenas facultades para adoptar los principios orientadores del Derecho administrativo.

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Según la Constitución luxemburguesa, el ejercicio del poder legislativo corresponde conjuntamente al Gran Duque y a la Cámara de Diputados, y no puede existir ninguna ley sin el doble consentimiento de las dos ramas del poder legislativo.

1.2.3. Las normas de carácter reglamentario

Es evidente que la ley no puede regular todas las cuestiones hasta los últimos detalles. Por otra parte, el recurso al procedimiento legislativo, relativamente complejo, no es siempre conveniente, por ejemplo cuando se trata de legislar en una materia en que las normas deben ser objeto de frecuentes modificaciones.

En tales casos se recurre al reglamento gran ducal, que es una norma de ejecución de la ley. De hecho, la Constitución luxemburguesa confiere al Gran Duque la misión de "(elaborar) los reglamentos y decretos necesarios para la ejecución de las leyes, sin poder nunca suspender las leyes, ni eximir de la ejecución de éstas"

2. ¿Cuáles son, en su caso, las demás fuentes del Derecho y qué función desempeñan?

2.1. La jurisprudencia

El reconocimiento de la jurisprudencia como una fuente del Derecho no deja de plantear algunas dificultades. El Derecho luxemburgués no conoce, efectivamente, el “principio del precedente" que aplican los sistemas jurídicos anglosajones, y los jueces generalmente no están vinculados por las resoluciones judiciales pronunciadas en otros asuntos, aunque sean muy similares. Por otra parte, los jueces no pueden pronunciarse a través de una disposición general y, por tanto, su decisión debe limitarse siempre al asunto concreto que se les ha sometido.

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En la práctica, sin embargo, la jurisprudencia emitida en un asunto comparable tiene un peso innegable en la resolución del asunto. Además, cuando un texto se presta a interpretación, el poder del juez es incontestablemente más importante, ya que puede intervenir en la formación del Derecho interpretándolo. También puede suceder que ningún texto prevea normas aplicables a un litigio particular. En tal caso, en la medida en que no puede abstenerse juzgar, el propio juez tiene que formular la norma general que le permitirá resolver el asunto.

2.1.1. La jurisprudencia internacional

Gran Ducado de Luxemburgo reconoce la autoridad directa de varios tribunales internacionales, entre los que se encuentra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

2.1.2. La jurisprudencia europea

Con arreglo al artículo 234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se impone a los órganos jurisdiccionales nacionales por medio de la cuestión prejudicial, que permite a los jueces nacionales, antes de adoptar una decisión, pedir al Tribunal de Justicia que resuelva los problemas planteados por la aplicación del Derecho comunitario, que los particulares pueden invocar ante los tribunales nacionales.

2.1.3. La jurisprudencia nacional

Por regla general, las resoluciones dictadas en los procesos civiles y mercantiles sólo tienen la fuerza de cosa juzgada; son obligatorias para las partes en litigio, pero no modifican el sistema del Derecho.

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Esto también es válido para la mayoría de las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales administrativos. Una excepción son las resoluciones dictadas por el tribunal o la Corte administrativa sobre los recursos contra actos reglamentarios; tales resoluciones son de alcance general y se publican en el Mémorial, el Diario Oficial del Gran Ducado de Luxemburgo.

Las sentencias dictadas por el Tribunal constitucional también son de alcance general y se publican en el Mémorial.

2.2. Los principios generales del Derecho

Entre las normas derivadas de la jurisprudencia, es necesario destacar especialmente la categoría de los principios generales del Derecho, definidos como "normas de Derecho obligatorias para la administración y cuya existencia es afirmada por el juez en el ejercicio de su derecho de creación judicial".

3. La jerarquía de los diferentes instrumentos

Las fuentes del Derecho interno están jerarquizadas. La Constitución es la fuente de Derecho de rango más elevado, seguida de la ley y los reglamentos.

En ausencia de disposiciones constitucionales, la postura del Derecho luxemburgués sobre las relaciones entre el Derecho internacional y el Derecho interno consiste en remitirse exclusivamente a la jurisprudencia.

La jurisprudencia luxemburguesa sobre este punto se ha desarrollado desde principios de la década de 1950, cuando el Tribunal de casación en primer lugar y el Consejo de Estado a continuación pusieron fin a la postura defendida hasta entonces de que el control por el juez de la conformidad de las leyes con los tratados internacionales era imposible en razón de la separación de poderes.

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Según la decisión adoptada en 1951 por el Consejo de Estado a este respecto, "un tratado internacional incorporado a la legislación interna mediante una ley de aprobación procede de una voluntad superior a la de un órgano interno. En consecuencia, en caso de conflicto entre las disposiciones de un tratado internacional y las de una ley nacional posterior, la ley internacional debe prevalecer sobre la ley nacional "(Consejo de Estado, 28 de julio de 1951, Pas. lux. t. XV, p. 263).

Obviamente, los términos en que está redactada esta decisión son muy amplios puesto que se afirma sin excepción que la norma internacional prevalece sobre la voluntad de cualquier órgano interno. Sin embargo, los órganos jurisdiccionales luxemburgueses nunca se han pronunciado explícitamente en favor de la primacía de las normas internacionales sobre la Constitución.

Hay que señalar, no obstante, que con motivo de la reforma de 1956, el Constitucional rechazó un proyecto de texto gubernamental que disponía que "las normas de Derecho internacional forman parte del ordenamiento jurídico nacional. Prevalecen sobre las leyes y demás disposiciones nacionales". El comentario de los artículos precisaba claramente que esta última fórmula debía incluir las disposiciones constitucionales.

El Consejo de Estado, sin embargo, admitió implícitamente esta primacía en un dictamen de 26 de mayo de 1992 sobre el proyecto de ley de aprobación del Tratado de la Unión. Efectivamente, el dictamen consideraba que "conviene tener presente que según el principio de jerarquía de las normas jurídicas, el Derecho internacional prevalece sobre el Derecho nacional y que, en caso de conflicto, los órganos jurisdiccionales dejan de aplicar la ley interna en favor del Tratado. Como es importante evitar que nuestro Derecho nacional y el Derecho internacional entren en contradicción, el Consejo de Estado pide con insistencia que la reforma constitucional correspondiente se produzca con la suficiente antelación para evitar esta situación de incompatibilidad". Así, el Gran Ducado de Luxemburgo parece haber entrado en una vía abiertamente internacionalista.

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No cabe duda de que estado de cosas es una consecuencia técnica de la falta de control de constitucionalidad de las leyes en Luxemburgo. El Tribunal constitucional, creado en 1999 para controlar la conformidad de las leyes con la Constitución, no es competente para conocer recursos sobre la constitucionalidad de una ley por la que se aprueba un tratado internacional.

4. Las modalidades de "entrada en vigor en el territorio nacional de las normas contenidas en los instrumentos supranacionales"

4.1. Los Convenios internacionales

La Constitución luxemburguesa es especialmente concisa al regular el procedimiento de aprobación de los tratados internacionales, ya que se limita a declarar que "los tratados no entrarán en vigor hasta su aprobación por ley y su publicación en las condiciones previstas para la publicación de las leyes".

El Gran Ducado es un país de tradición monista. En otros términos, el propio tratado se aplica en las mismas condiciones que una norma interna del Gran Ducado, sin necesidad de una incorporación al ordenamiento interno según un procedimiento determinado.

Por lo tanto, el contenido de la ley de aprobación es muy breve y se limita generalmente a un artículo único por el que "se aprueba" tal o cual tratado; no tiene contenido normativo. La ley de aprobación aprueba, pero no transpone; sólo tiene por objeto autorizar al Gobierno a proceder a la ratificación del tratado.

La ley de aprobación se vota en el Parlamento por el procedimiento ordinario. Normalmente, debe aprobarse por mayoría absoluta, salvo si el tratado prevé una delegación de poderes (véase más adelante). Desde la reforma de 1956, la Constitución luxemburguesa contiene una disposición expresa que permite efectuar mediante un tratado delegaciones de competencias a las organizaciones internacionales. El artículo 49 bis de la Constitución dispone que "el ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial puede ser temporalmente atribuido por un tratado a instituciones de Derecho internacional". El artículo 37, 2 de la Constitución dispone, no obstante, que los tratados de este tipo deben obtener la aprobación de la Cámara de Diputados por mayorías muy cualificadas.

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Salvo disposición contraria, la votación de una ley de aprobación se limita a poner en vigor un tratado en el ordenamiento interno luxemburgués. La ley de aprobación es una condición indispensable para la entrada en vigor del tratado, pero ésta no tendrá lugar hasta después la ratificación. Por otra parte, en Luxemburgo se considera que incluso después de la aprobación por la Cámara, el Ejecutivo conserva su poder discrecional para ratificar el texto y que el ejercicio de este poder escapa a todo control del juez.

Generalmente, la entrada en vigor de un tratado en el Derecho interno está supeditada a tres condiciones. Es necesario: (1) que el Gran Ducado haya ratificado el tratado, (2) que el tratado esté en vigor a nivel internacional y (3) que el texto del tratado se haya publicado íntegramente en el Mémorial luxemburgués de la misma manera que una ley.

Hay que señalar que la publicación del tratado (obligación impuesta por el artículo 37 de la Constitución) es un requisito distinto del requisito de publicación de la ley de aprobación del tratado. Es cierto que en la mayoría de los casos los dos requisitos se cumplen al mismo tiempo, es decir, el texto del tratado se publica en el Mémorial inmediatamente después del texto de la ley. Pero los dos actos no se confunden y las publicaciones podrían hacerse por separado, ya que el tratado no forma parte integrante de la ley de aprobación.

4.2. Las normas comunitarias

La Constitución luxemburguesa no contiene ninguna disposición específica que regule la incorporación al ordenamiento interno luxemburgués de las normas comunitarias de Derecho derivado.

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El instrumento normal de aplicación de las directivas europeas es la ley, aprobada por mayoría ordinaria en el Parlamento.

Si bien el principio general es que las directivas europeas deben incorporarse al Derecho luxemburgués por una ley, el recurso a la ley formal no es necesario cuando la Directiva se refiere a una materia ya regulada por una ley luxemburguesa no contraria. En este caso, la transposición puede hacerse por medio de un reglamento gran ducal considerado en función de la competencia general de ejecución de las leyes que corresponde al Gobierno en virtud de los artículos 33 y 36 de la Constitución. En este caso, el Gran Ducado aplica formalmente la ley luxemburguesa, aunque el contenido del Reglamento se inspire en realidad en la Directiva europea.

El recurso a la vía legislativa también puede evitarse cuando la materia armonizada por la Directiva es objeto de una ley de delegación por la cual el Parlamento concede al Gobierno la facultad de regular por medio de simples reglamentos materias que normalmente se regulan por ley.

Desde 1915, la Cámara de los Diputados adopta anualmente dichas leyes de delegación y el Gobierno dispone así de amplios poderes de regulación en materia económica y financiera que, incluso en ausencia de una referencia expresa a Europa, le habrían permitido sin lugar a dudas incorporar numerosas directivas europeas al ordenamiento interno.

Actualmente, la incorporación de directivas europeas al ordenamiento interno está regulada por una ley de delegación específica, de 9 de agosto de 1971, modificada mediante ley de 8 de diciembre de 1980, que se limita a autorizar al Gobierno a aplicar y sancionar las directivas de las Comunidades Europeas en materia económica, técnica, agrícola, forestal, social y transportes. No obstante el procedimiento reglamentario ordinario, los reglamentos en cuestión deben ser aprobados por la Comisión de trabajo de la Cámara de Diputados.

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El procedimiento de adopción de los reglamentos del Gran Ducado se caracteriza, como el procedimiento legislativo, por la obligación que tiene el Gobierno de presentar su proyecto al dictamen del Consejo de Estado y las Cámaras profesionales. Sin embargo, a diferencia del procedimiento legislativo, el procedimiento reglamentario permite al Gobierno sencillamente evitar estas consultas, alegando la urgencia con que debe adoptarse la medida preconizada. Ahora bien, esta última facilidad no se concede al Gobierno cuando se trata de transponer una directiva europea por medio de un reglamento. De hecho, la ley de 9 de agosto de 1971 completa el procedimiento reglamentario ordinario exigiendo, por una parte, la consulta obligatoria al Consejo de Estado y, por otra parte, la aprobación por la Comisión de trabajo de la Cámara de Diputados.

En ambos casos, el texto del reglamento gran ducal se aprueba en el Consejo de Ministros, posteriormente lo firma el Ministro responsable y se somete al Gran Duque. El reglamento entrará en vigor tras su publicación en el Mémorial.

5. Las autoridades responsables de la adopción de las normas jurídicas

5.1. Las normas internacionales

La Constitución luxemburguesa declara en su artículo 37 que "El Gran Duque hace los tratados". Ahora bien, añade que "los tratados sólo entrarán en vigor tras su aprobación por una ley y su publicación según las modalidades previstas de publicación de las leyes".

Hay que señalar que todos los tratados internacionales deben ser objeto de aprobación, cualquiera que sea su objeto, y que esta aprobación debe hacerse mediante una ley. Esta última precisión se incluyó en 1956 a la petición expresa del Consejo de Estado, que consideraba que "este asentimiento está unido al procedimiento de elaboración de la ley, ya que la Constitución sólo conoce este procedimiento único, que es aplicable a todas las manifestaciones de voluntad de la Cámara, sobre cualquier materia".

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5.2. Las normas nacionales

Según la Constitución luxemburguesa, el poder legislativo es ejercido conjuntamente por el Gran Duque y la Cámara de Diputados, y ninguna ley puede existir sin el doble consentimiento de las dos ramas del poder legislativo (artículo 46 de la Constitución).

Cada una de las dos ramas del poder legislativo dispone del derecho de iniciativa legislativa. Cuando una iniciativa legislativa procede del Gran Duque se califica de "proyecto de ley", mientras que si emana de la Cámara se denomina "proposición de ley".

6. El procedimiento de adopción de las normas jurídicas

6.1. Las leyes

El Parlamento luxemburgués consta de una Cámara única.

A fin de reducir los riesgos de apresuramiento inherentes a un sistema monocameral, el constituyente luxemburgués ha previsto que, en principio, todo proyecto de ley debe ser objeto de dos votaciones separadas por un intervalo de al menos tres meses.

No obstante, el artículo 59 de la Constitución establece que podrá ignorarse el requisito de la segunda votación (calificada de "segunda votación constitucional") si la Cámara, de acuerdo con el Consejo de Estado reunido en sesión pública, decide lo contrario".

El Consejo de Estado ejerce aquí una función muy original, acercándose a la función que desempeñan las segundas Cámaras en otros Estados (y, especialmente, al papel que desempeña la Cámara de los Lores en Inglaterra). Interviene por primera vez antes de los debates parlamentarios, ya que el artículo 83 bis de la Constitución impone la obligación de solicitar el dictamen del Consejo de Estado sobre cualquier proyecto o proposición de ley. A continuación, el Consejo de Estado interviene una segunda vez tras la primera votación en la Cámara para decidir, en sesión pública, si autoriza o exime de la segunda votación.

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En la práctica, la gran mayoría de las leyes quedan exentas de una segunda votación. La Cámara se concede sistemáticamente la exención después de haber votado una ley, lo cual es normal. El Consejo de Estado, por su parte, ha adoptado la postura de conceder la exención en la casi totalidad de los casos, reservando la sanción de la no exención a los casos más graves. Las eventuales objeciones a la exención suelen eliminarse en el curso del procedimiento preliminar.

También hay que señalar que el poder de que dispone el Consejo de Estado no es un auténtico poder de veto, que por otra parte sería difícilmente conciliable con el hecho de que el Consejo de Estado no es un órgano democrático (los miembros del Consejo de Estado son nombrados por el Gran Duque. En caso de vacante, se nombra a los sustitutos por turnos, el primero directamente por el Gran Duque, el segundo de una lista de tres candidatos propuestos por la Cámara y el tercero de una lista de tres candidatos propuestos por el Consejo de Estado). El Consejo de Estado sólo puede retrasar la votación de una ley por un periodo de dos meses, a fin de proporcionar un plazo de reflexión suplementario al legislador.

El Gran Duque no sólo interviene al principio del procedimiento legislativo (en los proyectos de ley) , sino también después de la votación definitiva del texto de ley por la Cámara. El artículo 34 de la Constitución luxemburguesa dispone que "El Gran Duque sanciona y promulga las leyes. Da a conocer su resolución en los tres meses siguientes a la votación celebrada en la Cámara”

6.2. Los reglamentos

La única condición de validez formal de los reglamentos del Gran Ducado que establece la Constitución es el requisito del refrendo ministerial.

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Ahora bien, la Constitución se completa con otros textos, en particular la legislación orgánica del Consejo de Estado que, salvo en casos de emergencia, impone al Gran Duque la obligación de someter los textos reglamentarios al dictamen del Consejo de Estado.

Por otra parte, el Decreto real gran ducal de 9 de julio de 1857 sobre la organización del Gobierno prevé que toda medida sometida al Gran Duque debe ser objeto de deliberación en el Consejo de Ministros. La inobservancia de esta norma implica la anulación del reglamento.

7. Las modalidades de entrada en vigor de las normas de origen nacional

En el Gran Ducado de Luxemburgo, las leyes y los reglamentos entran en vigor tras su publicación en el Mémorial, el Diario Oficial del Gran Ducado de Luxemburgo.

8. Los métodos de resolución de los posibles conflictos entre distintas normas jurídicas en el Estado miembro

En el ordenamiento jurídico luxemburgués, las leyes que son contrarias a la Constitución pueden ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal constitucional. Los órganos jurisdiccionales o administrativos luxemburgueses pueden recurrir a este Tribunal cuando, en el marco de los asuntos de que conozcan, se plantee una cuestión de constitucionalidad. La consulta directa no es posible.

También puede interponerse un recurso de anulación ante el tribunal administrativo contra un acto reglamentario ilegal, con posibilidad de apelación ante la Corte administrativa. Este recurso debe interponerse en el plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación del reglamento. Si tras la expiración de este plazo se cuestiona la legalidad de un acto reglamentario ante un órgano jurisdiccional o administrativo, éste puede decidir no aplicar el texto reglamentario en beneficio de la ley, pero a diferencia del recurso directo que puede interponerse en los tres meses siguientes a la publicación, esta decisión no es de alcance general.



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