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Última actualización: 09-11-2007
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Ordenamiento jurídico - Italia

El ordenamiento jurídico italiano se rige por la Constitución de la República Italiana, promulgada en 1948. Se trata de una constitución rígida, lo que significa que no puede ser modificada por leyes ordinarias; sólo se puede modificar o completar a través de un procedimiento especial, sumamente complejo, previsto en la propia Constitución (artículo 138).

Esta rigidez está garantizada por un control de conformidad con la Constitución de las leyes y actos con fuerza de ley, confiado en exclusividad a un órgano constitucional especial, la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional).

Algunos artículos de la Constitución no pueden modificarse bajo ninguna circunstancia: este es el caso de la forma republicana del Estado, que no puede ser objeto de una revisión constitucional; pero, en general se consideran inmutables todos los artículos que constituyen elementos esenciales del sistema constitucional (por ejemplo, los principios de libertad e igualdad, el sistema parlamentario, el principio de rigidez de la Constitución y la justicia constitucional).

La Constitución contiene los principios generales inherentes a los valores esenciales de la vida del Estado; dicta los principios a los que deben atenerse las leyes que emanan del Parlamento, de las Regiones y de cualquier otra institución pública con capacidad para promulgar decretos y reglamentos con validez general o específica y sienta las bases de la política exterior y de las relaciones con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.



 

ÍNDICE

1. Fuentes del Derecho privado italiano 1.
1.1. Fuentes primarias 1.1.
1.2. Fuentes secundarias 1.2.
1.3. El uso y la costumbre 1.3.
1.4. Equidad 1.4.
1.5. Principios generales del Derecho 1.5.
1.6. Jurisprudencia 1.6.
1.7. Circulares 1.7.
2. El poder legislativo del Parlamento 2.
3. El poder legislativo y reglamentario de las Regiones, Provincias, Municipios y Ciudades Metropolitanas 3.
4. Eficacia temporal de las normas jurídicas 4.
5. Procedimiento de armonización del Derecho nacional con el Derecho internacional 5.
6. Primacía del Derecho comunitario sobre el ordenamiento interno 6.
7. Jerarquía de las fuentes y conflictos de aplicación normativa 7.

 

1. Fuentes del Derecho privado italiano

Las fuentes del Derecho privado italiano son: las leyes, los reglamentos, (las normas corporativas: aunque el sistema corporativo fascista se derogó en 1943), el uso y la costumbre (artículos 1 a 8 de las disposiciones preliminares del Código civil).

Estas fuentes están sujetas a un orden jerárquico, basado en su fuerza jurídica y en la de los preceptos que de ellas se derivan.

1.1. Fuentes primarias

Aparte de las leyes constitucionales, las fuentes del Derecho primario son:

  1. Leyes ordinarias del Estado (artículo 1 de las disposiciones preliminares); la primacía de la ley en el ordenamiento jurídico del Estado se pone de manifiesto en el hecho de que una disposición establecida por una ley sólo puede ser derogada o modificada por otra ley posterior, mientras que una ley ordinaria puede modificar o derogar cualquier disposición del ordenamiento jurídico, con exclusión de las disposiciones de rango constitucional, que únicamente pueden ser derogadas o modificadas por leyes constitucionales.
  2. Leyes delegadas, esto es que emanan del Gobierno, previa delegación del Parlamento.
  3. Decretos-Ley, adoptados en casos especiales por el Gobierno, los cuales deben ser presentados ese mismo día al Parlamento para su conversión en ley; si no se convierten en ley en un plazo de sesenta días desde su publicación pierden su eficacia retroactivamente, aunque las cámaras del Parlamento pueden regular mediante ley cualquier relación jurídica que nazca como consecuencia de decretos no convertidos en leyes.
  4. Estatutos de las regiones «ordinarias» aprobados mediante leyes de la República, y leyes aprobadas por los Consejos regionales (leyes regionales) y los Consejos provinciales de Trento y Bolzano (leyes provinciales).

Los estatutos y las leyes regionales (y provinciales) están sujetos a límites materiales y territoriales, fijados en los artículos 123 y 117 de la Constitución; en cuanto a las regiones con autonomía especial, los límites a su capacidad normativa están contenidos en los estatutos aprobados mediante leyes constitucionales.

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Dentro de las fuentes primarias, las leyes delegadas (decretos legislativos) y las leyes regionales están clasificadas como subprimarias, en tanto en cuanto los decretos legislativos están limitados por los principios y criterios rectores establecidos en la ley de delegación y las leyes regionales y provinciales tienen que adecuarse a los principios que informan la legislación del Estado en los ámbitos de competencia «no exclusiva».

Teniendo en cuenta su naturaleza subprimaria, el hecho de sobrepasar los límites marcados a tales fuentes equivale a un defecto de legitimidad constitucional.

Los principales instrumentos del Derecho privado italiano son los «códigos», que también son leyes y no tienen un alcance mayor que una ley individual, aunque tengan una importancia particular debido a su mayor extensión y a la mayor cohesión de su contenido. Los códigos italianos que se refieren al ámbito del Derecho privado son el Código civil y el Código de Derecho marítimo - éste último sólo en su parte de naturaleza privada.

1.2. Fuentes secundarias
  1. Fuentes secundarias con fuerza de ley: todos los reglamentos (o disposiciones individuales de los reglamentos) que contienen preceptos de naturaleza general y abstracta, que pueden modificar normas preexistentes, aunque los preceptos que introducen sólo puedan ser modificados por otras normas con fuerza de ley.
  2. En tal caso se suele hablar de disposiciones normativas «libres», adoptadas por las autoridades administrativas, por ejemplo, las disposiciones gubernamentales, interministeriales, ministeriales o de los prefectos por las que se fijan precios y tarifas obligatorios de bienes y servicios; los reglamentos municipales y los planes de ordenación que introducen normas de construcción sin perjuicio del sistema previsto en el Código civil.

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  3. Fuentes secundarias sin fuerza de ley: los reglamentos de aplicación (concebidos para aplicar de manera concreta y específica los principios establecidos por las leyes) y otras normas administrativas de las autoridades administrativas del Estado (centrales o locales) o de entes públicos de rango inferior (Ayuntamientos y Provincias), que no pueden derogar normas con fuerza de ley.
  4. La validez y, por lo tanto, la obligatoriedad de tales normas se supedita a su conformidad con todas las fuentes (primarias y secundarias) con fuerza de ley.

1.3. El uso y la costumbre

Dentro de la costumbre admitida por el ordenamiento jurídico italiano cabe distinguir por razón de sus efectos, entre costumbre secundum legem y costumbre praeter legem.

La costumbre secundum legem cumple una función integradora, completando el contenido de una fuente escrita (ley o reglamento) parcialmente incompleta. Se trata, pues, de un supuesto de recepción del uso por parte de la ley, lo que implica que la costumbre adquiere la misma fuerza que la norma a la que completa y, por lo tanto, en conflicto aparente con la jerarquía de las fuentes, establecida en el artículo 1 de las disposiciones preliminares, se convierte en una fuente primaria o secundaria.

La costumbre praeter legem colma las lagunas del Derecho objetivo escrito y actúa con independencia de referencias legislativas específicas.

En este caso, la costumbre constituye una fuente paralela y, en cierto modo, equivalente a la ley, en el sentido de que las normas así producidas no pueden ser modificadas por otras fuentes secundarias sin fuerza de ley.

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1.4. Equidad

La equidad es fuente del Derecho sólo en casos excepcionales, esto es cuando, al no existir normas preestablecidas, se determina que el juez puede recurrir a la equidad para encontrar el principio que se debe aplicar.

Sin embargo, cuando la equidad se utiliza como criterio interpretativo, con objeto de moderar la rigidez de la norma escrita, no constituye fuente del Derecho.

1.5. Principios generales del Derecho

Una parte de la doctrina incluye entre las fuentes no escritas los «principios generales del ordenamiento jurídico», a los que se hace referencia en el artículo 12 de las disposiciones preliminares para la resolución de los litigios que no puedan resolverse por interpretación analógica o extensiva.

Por otra parte, se ha observado que los principios no escritos (tanto si son principios informadores de la materia como principios generales del ordenamiento jurídico) no constituyen fuentes (autónomas) de producción de normas, sino que son normas en sí mismos, porque se deducen de uno o más actos normativos que revelan la existencia del principio.

1.6. Jurisprudencia

La jurisprudencia no crea normas jurídicas porque se mueve dentro de las grandes líneas fijadas por el legislador.

Las «normas» que emanan de la jurisprudencia se refieren a casos específicos; son normas frágiles que pueden ser modificadas en cualquier momento, con ocasión del examen de un nuevo asunto.

La jurisprudencia no está, por lo tanto, vinculada a las normas que ella misma ha generado con anterioridad, ni puede invocarlas para justificar una decisión que se proponga adoptar. Siempre cabe la posibilidad de que la jurisprudencia cambie su planteamiento, por lo que no se aplica el principio del precedente.

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La reciente reforma (Decreto legislativo 2006, n° 40) del procedimiento que debe seguirse ante la Corte di Cassazione (Tribunal Supremo) prevé que, si una Sala del Tribunal discrepa del principio jurídico pronunciado por el Pleno del Tribunal, debe, mediante decisión motivada, dejar en manos de este último la decisión del recurso. Se trata, no obstante, de una intervención diseñada para promover y garantizar la función nomofílica (armonización del Derecho) confiada al Tribunal, aparte de la posibilidad de que se adopte un nuevo y diferente planteamiento jurisprudencial.

1.7. Circulares

No son fuente del Derecho las circulares, esto es, las instrucciones dadas por una autoridad administrativa a otra autoridad administrativa de rango inferior, con la consiguiente presunción de la existencia de un vínculo jerárquico entre ellas.

2. El poder legislativo del Parlamento

La Constitución confiere al Parlamento - compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados - la tarea de elaborar las leyes, fuente primaria del ordenamiento jurídico del Estado.

Para que una ley del Estado nazca es necesario que las dos Cámaras aprueben su texto, que debe ser conforme con la Constitución; que el Presidente de la República la promulgue en el plazo de un mes desde su aprobación; que tras su promulgación se publique en la Gazzetta ufficiale (Boletín Oficial) de la República Italiana y que se incluya en la Recopilación oficial de leyes y decretos. El Presidente de la República puede solicitar, a través de una petición motivada dirigida a las Cámaras, que se debata nuevamente el texto, pero si las Cámaras vuelven a aprobarlo, debe promulgar la ley.

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En algunos casos concretos la función legislativa se delega en el Gobierno, al que se habilita para dictar decretos legislativos, previa determinación de los principios y criterios rectores del ejercicio de la delegación, por un período limitado y en las materias que se especifiquen (en la ley de delegación).

Si los decretos legislativos exceden los límites de las competencias delegadas, puede plantearse una cuestión de inconstitucionalidad.

3. El poder legislativo y reglamentario de las Regiones, Provincias, Municipios y Ciudades Metropolitanas

Las veinte regiones italianas gozan de potestad legislativa en todas aquellas materias no incluidas entre las competencias legislativas exclusivas del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la Constitución, dentro del respeto a la Constitución y a las obligaciones derivadas del Derecho comunitario y de los acuerdos internacionales.

En las materias de su competencia, las Regiones y las Provincias autónomas de Trento y Bolzano participan en las decisiones destinadas a la elaboración de actos normativos comunitarios y aplican y ejecutan acuerdos internacionales y actos jurídicos de la Unión Europea, dentro del respeto a las disposiciones establecidas por el ordenamiento del Estado, que regulan asimismo el poder de sustitución en caso de incumplimiento.

Las Regiones con estatuto especial (Friuli Venecia Julia, Cerdeña, Sicilia, Trentino Alto Adigio y Valle de Aosta) gozan de potestades legislativas especialmente amplias.

Los Municipios, las Provincias y las Ciudades Metropolitanas gozan de potestad reglamentaria en todo lo relativo a la organización y el desarrollo de las funciones que se les han atribuido.

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4. Eficacia temporal de las normas jurídicas

Para la entrada en vigor de las disposiciones legislativas (leyes y reglamentos) se requiere:

  1. su publicación en el Boletín Oficial de la República,
  2. el transcurso de un período de tiempo, conocido como vacatio legis, que va desde su publicación hasta su entrada en vigor. Salvo que se establezca lo contrario, la disposición entrará en vigor el decimoquinto siguiente al de su publicación. Transcurrido el período de vacatio legis, la ley o el reglamento se convierten en obligatorios, aunque se dé la circunstancia de que quien tiene que cumplirlos no lo sepa o no haya podido saberlo.

Una norma jurídica pierde su eficacia por derogación expresa o tácita (por incompatibilidad con una nueva norma o porque el legislador ha regulado de nuevo toda la materia).

5. Procedimiento de armonización del Derecho nacional con el Derecho internacional

La armonización del Derecho nacional con el Derecho internacional se realiza, bien a través de la aplicación automática de la norma internacional, como en el caso de las normas consuetudinarias, de conformidad con el artículo 10 de la Constitución, bien a través del procedimiento ordinario, que prevé la adopción de una norma de incorporación de la norma internacional.

El rango otorgado a las normas internacionales es el de la norma que autoriza su incorporación en el ordenamiento interno. Así pues, en el primer caso, incluso las normas consuetudinarias adquieren rango constitucional. En el segundo caso, el tratado internacional se alinea con las normas internas; no obstante, en general se considera que la especificidad intrínseca de la norma internacional hace necesario dar prioridad a soluciones interpretativas lo más cercanas posibles a la norma internacional.

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6. Primacía del Derecho comunitario sobre el ordenamiento interno

Los reglamentos son actos comunitarios directamente aplicables en el ordenamiento jurídico nacional; ahora bien, se considera que tienen eficacia directa todas aquellas normas comunitarias capaces de surtir efectos jurídicos sobre los justiciables.

Las directivas requieren la adopción de un acto de incorporación por los órganos nacionales. Sin embargo, si son completas y autosuficientes, las directivas también gozan de eficacia directa (aunque sólo sea) vertical; lo que significa que los particulares pueden invocar las disposiciones contenidas en una directiva no ejecutada contra el Estado (en sentido vertical), pero no contra otros particulares (en sentido horizontal).

Las decisiones son actos que vinculan directamente a los destinatarios expresamente determinados o identificables con precisión (los Estados miembros o las personas físicas o jurídicas).

Las recomendaciones y los dictámenes no son vinculantes.

La relación entre el ordenamiento jurídico comunitario y el ordenamiento jurídico nacional se caracteriza por la primacía sistemática del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional, a través del instrumento de la inaplicabilidad de las disposiciones internas (anteriores y posteriores) contrarias a las normas comunitarias dotadas de efecto directo.

Tras un largo proceso de evolución, el Tribunal constitucional retuvo finalmente la inaplicabilidad de las disposiciones internas como criterio para resolver los conflictos con disposiciones comunitarias incompatibles, negando la necesidad de proceder a un control incidental de la constitucionalidad de las disposiciones internas incompatibles, a menos que expresen una voluntad de rechazar el Tratado.

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La imposibilidad de impugnar las normas comunitarias encuentra también un límite infranqueable en los principios fundamentales de la Constitución, pero en este caso, el objeto del control no será la norma comunitaria, sino la norma  nacional de adhesión al Tratado, de conformidad con el principio de separación entre ordenamientos jurídicos adoptado por el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional también ha reconocido la posibilidad de resolver un conflicto entre normas internas regionales y normas comunitarias a través de un recurso principal.

La reciente constitucionalización del vínculo comunitario (a través de la modificación del artículo 117 de la Constitución) no ha afectado, sin embargo, al mecanismo de inaplicabilidad de las normas internas incompatibles con el Derecho comunitario, revelando una tendencia irreversible hacia la transformación del ordenamiento jurídico nacional en un ordenamiento parcial de un único ordenamiento jurídico (el comunitario).

7. Jerarquía de las fuentes y conflictos de aplicación normativa

Las normas de la Constitución prevalecen sobre todas las demás en la medida en que enuncian principios básicos para la vida de la colectividad y la organización del Estado.

Tras las normas constitucionales figuran las fuentes primarias y secundarias, así como los usos, de acuerdo con la jerarquía antes establecida.

Las normas jurídicas no son retroactivas, es decir, regulan situaciones que se producen con posterioridad a su entrada en vigor, salvo que la retroactividad resulte de la propia norma. El conflicto entre leyes sucesivas se resuelve con arreglo al principio de que la ley posterior deroga a la anterior (lex posterior derogat prior).

La jerarquía de las fuentes supone que las fuentes primarias prevalecen sobre las fuentes secundarias y, obviamente, sobre las que les siguen en rango.

Los conflictos entre actos con fuerza de ley y Constitución pueden someterse al Tribunal Constitucional mediante la oportuna remisión del asunto por el juez que conozca del mismo, si considera que la cuestión no es manifiestamente infundada y es pertinente para su decisión. A diferencia de la derogación, la declaración de inconstitucionalidad de la norma denunciada la deja sin efecto desde su nacimiento, salvo en los asuntos en los que ya se haya dictado una resolución firme con fuerza de cosa juzgada.

En el caso de conflicto entre una ley del Estado y un acto normativo de una Región, por invasión de sus respectivos ámbitos de competencia, se produce una violación de los límites externos fijados por la Constitución para el ejercicio de los poderes públicos, con la posibilidad, por tanto, de que se produzca un conflicto de competencias, que puede someterse al Tribunal Constitucional.

En cuanto a los conflictos entre normas nacionales y comunitarias, véase el apartado 6.

Última actualización 30.4.2007.

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