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Última actualización: 15-03-2007
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Ordenamiento jurídico - Irlanda

 

ÍNDICE

1. Instrumentos jurídicos/fuentes del Derecho 1.
1.1. Fuentes nacionales 1.1.
1.2. Derecho comunitario 1.2.
1.3. Fuentes internacionales 1.3.
2. Otras fuentes del Derecho 2.
3. Jerarquía de las fuentes del Derecho 3.
4. Entrada en vigor de los instrumentos supranacionales 4.
5. Órganos en los que reside la potestad legislativa 5.
6. Proceso de adopción de las normas legislativas 6.
7. Entrada en vigor de normas nacionales 7.
8. Medios de resolución de conflictos entre diversas fuentes legales 8.

 

1. Instrumentos jurídicos/fuentes del Derecho

1.1. Fuentes nacionales

La Constitución de Irlanda (Bunreacht na hÉireann, en gaélico) es la ley básica o fundamental del Estado; establece las instituciones y la organización del Estado, y dispone la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. También garantiza los derechos fundamentales, que están sujetos a la interpretación rigurosa y extensiva de los tribunales.

La legislación primaria está constituida por las leyes adoptadas por el Parlamento (Oireachtas), que está compuesto por la Cámara Alta (Seanad Éirean), la Cámara Baja (Dáil Éireann) y el Presidente de Irlanda. La legislación primaria incluye las siguientes normas: leyes de reforma de la Constitución, que deben ser aprobadas por referéndum popular para entrar en vigor, leyes generales, que son de aplicación general, y normas particulares, dirigidas a regular el comportamiento de un individuo o grupo de individuos.

En lo que respecta a la legislación secundaria, el Parlamento puede delegar funciones legislativas en un Ministro del Gobierno o una autoridad particular. La facultad de adoptar leyes delegadas debe ser conferida expresamente por las normas primarias, y su ejercicio está sujeto a unas condiciones estrictas: los principios y las políticas que deben aplicarse han de estar claramente especificados en la ley marco, y la autoridad que elabore las normas delegadas deberá cumplirlos estrictamente. Los decretos legislativos (Statutory Instruments) son la forma más común de legislación secundaria, pero ésta también puede manifestarse en forma de reglamentos, órdenes, ordenanzas y planes.

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En virtud del artículo 50 de la Constitución, las leyes relativas a Irlanda anteriores a 1922 (leyes del Parlamento del Reino Unido) y las medidas adoptadas por el Estado Libre de Irlanda (1922-1937) que no sean contrarias a la Constitución, siguen en vigor.

El ordenamiento jurídico irlandés es un sistema de Derecho consuetudinario (common law) en el que la jurisprudencia constituye la principal fuente del Derecho. Según la doctrina del precedente, también denominada stare decisis, los tribunales están obligados a aplicar las decisiones adoptadas en asuntos anteriores, especialmente las decisiones de los tribunales superiores. Ahora bien, se trata de una práctica y no de una obligación inalterable. Este ordenamiento se compone de normas, principios generales, reglas de interpretación judicial de leyes y máximas.

1.2. Derecho comunitario

Al ser Irlanda un Estado miembro de la Unión Europea, el Derecho comunitario es parte importante de su ordenamiento jurídico interno. Las pertenencia a la Comunidad implica que la Constitución y las leyes nacionales están sometidas al Derecho comunitario en las materias en que la Comunidad es competente. La adhesión del Estado a las Comunidades Europeas requirió reformar la Constitución para autorizar dicha adhesión y evitar conflictos entre la Constitución y el Derecho comunitario.

1.3. Fuentes internacionales

Irlanda es signataria de numerosos Acuerdos y Tratados internacionales y miembro de muchas organizaciones internacionales. Según la Constitución, Irlanda admite que los principios de Derecho internacional generalmente reconocidos regulan las relaciones entre los Estados.

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Irlanda ha adoptado el sistema dualista, en virtud del cual los acuerdos internacionales deben ser incorporados por el Parlamento al ordenamiento interno, a fin de adquirir un estatuto legal formal dentro del Estado, por oposición a las relaciones bilaterales entre Estados.

Irlanda es Estado signatario del Convenio Europeo de derechos humanos desde 1953. Las obligaciones internacionales contraídas por el Estado implican que los ciudadanos pueden acogerse a las disposiciones de dicho Convenio. La ley de 2003 relativa al Convenio Europeo sobre derechos humanos reconoce los efectos internos del Convenio y permite a las personas invocar sus disposiciones ante los tribunales irlandeses.

2. Otras fuentes del Derecho

En ausencia de normas legales, los tribunales pueden recurrir a la doctrina para dictar sus resoluciones. El Derecho natural y los derechos naturales han sido invocados por los tribunales en la interpretación de la Constitución y la enumeración de los derechos constitucionales, pero existe un debate sobre la conveniencia de su aplicación, y su influencia ha disminuido en los últimos años.

En el marco del Derecho consuetudinario (common law), la doctrina denominada stare decisis distingue entre la ratio decidendi, que es la parte de la decisión que debe aplicarse, y la obiter dictum, que son las declaraciones no obligatorias contenidas en las resoluciones judiciales. Ahora bien, obiter dictum sigue ejerciendo su influencia en los tribunales, al igual que las resoluciones judiciales influyen en otras jurisdicciones y tribunales internacionales.

3. Jerarquía de las fuentes del Derecho

La Constitución es la primera en la jerarquía de las normas en Irlanda. Las leyes, los actos y las decisiones administrativas y gubernamentales pueden ser objeto de control de constitucionalidad.

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No obstante, la Constitución establece que sus normas no podrán anular ningún acto o medida que sea necesario en virtud de la pertenencia a la Unión Europea o las Comunidades. El Derecho comunitario prevalece sobre las leyes nacionales, incluida la Constitución. Dado que el Derecho comunitario prevé que su aplicación deberá someterse a los procedimientos nacionales, los instrumentos de aplicación del Derecho comunitario también deberán respetar los requisitos constitucionales de procedimiento.

La Ley sobre el Convenio europeo de derechos humanos de 2003 permite a las personas invocar las disposiciones del Convenio ante los tribunales irlandeses. El Convenio se ha incorporado con rango inferior a la Constitución, así que ésta prevalece. Conforme a dicha ley, los tribunales deben interpretar y aplicar las normas nacionales, en la medida de lo posible, con arreglo a los principios del Convenio. Si la legislación interna no respeta el Convenio, se dictará una declaración de incompatibilidad.

Los tribunales han declarado que los principios de Derecho consuetudinario internacional forman parte del ordenamiento interno, con arreglo al artículo 29.3, siempre que no sean contrarios a la Constitución, las leyes o la jurisprudencia. Los acuerdos internacionales sólo pueden ser ratificados si son conformes a la Constitución, ya que en caso contrario debe celebrarse un referéndum.

Las leyes pueden ser sustituidas o modificadas por nuevas leyes. Las normas derivadas pueden ser anuladas por normas primarias, al igual que puede retirarse la delegación legislativa para adoptar normas derivadas, pero éstas no pueden derogar normas primarias. Los tribunales pueden declarar la invalidez de las leyes que incumplan los preceptos constitucionales (legislación posterior a 1937), o que no sean conformes con la Constitución (legislación anterior a 1937).

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Las resoluciones de los tribunales pueden ser anuladas por normas legislativas o constitucionales y por otras resoluciones judiciales de rango igual o superior.

4. Entrada en vigor de los instrumentos supranacionales

Como ya se ha mencionado anteriormente, la Constitución, en su redacción original, no era compatible con los Tratados de la Comunidad Europea. Establecía, por ejemplo, que el Parlamento (Oireachtas) era el único órgano legislativo del Estado. Por esta razón, se introdujo en la Constitución una disposición que establecía que ésta no anularía ninguna norma, acto o medida que fuera necesaria por el hecho de la pertenencia de Irlanda a la Unión Europea o las Comunidades. Sin embargo, se ha afirmado que un nuevo Tratado que cambie el alcance y los objetivos debería someterse a referéndum popular y, en caso de ser aprobado, habría que introducir una disposición que confirmara que el Estado puede ratificar dicho Tratado.

La legislación europea se aplica en el ordenamiento interno a través de la legislación primaria o, caso más frecuente, a través de un instrumento legislativo elaborado por el Gobierno o uno de sus Ministros.

Según la Constitución, los Acuerdos internacionales forman parte de la legislación nacional si así lo decide el Parlamento. La incorporación suele hacerse mediante una ley, como en el caso de la ley sobre el Convenio europeo de derechos humanos de 2003, por la que se incorporó este Convenio al ordenamiento interno, con el resultado de que las personas pueden invocar sus disposiciones ante los tribunales nacionales.

5. Órganos en los que reside la potestad legislativa

La Constitución sólo se puede modificar por referéndum popular.

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La Constitución establece que el Parlamento (Oireachtas), que está compuesto por la Cámara Baja (Dáil), la Cámara Alta (Seanad) y el Presidente, es el único órgano que tiene el poder de legislar en el Estado. Para entrar en vigor, los proyectos legislativos deben ser ratificados por la firma del Presidente. Si éste tiene dudas sobre la constitucionalidad del proyecto de ley puede someterlo al Tribunal Supremo.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el Parlamento (Oireachtas) puede delegar la facultad de legislar en un Ministro del Gobierno o en otra autoridad, pero la delegación se limita estrictamente al instrumento de que se trate. Las directivas comunitarias suelen aplicarse mediante decretos legislativos dictados por los Ministros. La facultad de legislar puede delegarse en una serie de organismos como, por ejemplo, Ministerios, consejos oficiales, órganos reguladores, grupos de expertos y autoridades locales.

Con arreglo a la Constitución, el Gobierno es responsable de las relaciones exteriores, puede firmar Tratados y Acuerdos internacionales y adherirse a organizaciones internacionales que cumplan los requisitos constitucionales.

Con arreglo al sistema de Derecho consuetudinario (common law), la jurisprudencia es vinculante.

6. Proceso de adopción de las normas legislativas

Constitución

La primera etapa en la elaboración de una enmienda a la Constitución, de conformidad con el artículo 46, es presentar un proyecto en la Cámara Baja (Dáil). El proyecto debe ser aprobado por ambas Cámaras del Parlamento y, a continuación, debe someterse a referéndum popular para su aprobación o rechazo. El proyecto se considera aprobado si obtiene la mayoría de los votos emitidos, que como mínimo deben corresponder a un tercio de los votantes censados. El proyecto se presenta como "ley de reforma de la Constitución" y no puede contener ninguna otra propuesta. Si se aprueba por referéndum, el Presidente firma el proyecto y lo promulga debidamente como una ley.

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Procedimiento legislativo

La primera etapa en la elaboración de la legislación primaria suele ser la presentación del proyecto legislativo en cualquiera de las dos Cámaras. Los proyectos que se presentan en la Cámara Baja deben remitirse a la Cámara Alta, que podrá adoptar enmiendas que la Cámara Baja deberá examinar. No obstante, cuando un proyecto se propone y es aprobado en la Cámara Alta, y posteriormente es modificado por la Cámara Baja, se considera que ha sido presentado por esta Cámara y debe volver a someterse a la Cámara Alta para ser examinado.

Antes de su promulgación, los proyectos deben ser aprobados por las dos Cámaras del Parlamento y firmados por el Presidente. En el curso del proceso legislativo, un proyecto puede ser enmendado por ambas Cámaras. Ahora bien, la Constitución consagra la supremacía de la Cámara elegida por el pueblo (Dáil). El artículo 23 establece que si la Cámara Alta rechaza o modifica un proyecto legislativo en contra de los deseos de la Cámara Baja, ésta podrá optar por adoptar una resolución en el plazo de 180 días en la que se considere que el proyecto ha sido aprobado por ambas Cámaras.

La iniciativa de la mayoría de los proyectos legislativos corresponde a la Cámara Baja, a propuesta de los Ministros. Las leyes fiscales (por ejemplo, leyes sobre imposición, supresión, reducción, modificación o regulación de impuestos y leyes que implican cargas sobre el erario público) sólo pueden ser propuestas y aprobadas por la Cámara Baja. Este tipo de leyes se envía a la Cámara Alta, que puede formular recomendaciones al respecto.

La última fase del proceso es la firma del proyecto por el Presidente, en virtud de la cual el proyecto se convierte en ley. El Presidente, previa consulta al Consejo de Estado, puede remitir un proyecto o una parte de un proyecto al Tribunal Supremo para que éste se pronuncie sobre su constitucionalidad. Esto se conoce como la remisión del artículo 26. Si el Tribunal Supremo declara que un proyecto es constitucional, éste no podrá ser recurrido por causa de inconstitucionalidad ante los tribunales y el Presidente lo firma para convertirlo en ley. Si se declara la inconstitucionalidad de un proyecto, el Presidente se abstendrá de firmarlo.

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Derecho derivado

Generalmente, la ley marco dispone que la delegación legislativa que autoriza podrá ser anulada o aprobada por el Parlamento. Estas disposiciones suelen prever la presentación de los instrumentos ante una o ambas Cámaras del Parlamento, que pueden anularlos en un plazo de tiempo establecido. Toda la legislación secundaria por la que se aplican medidas de la UE está sujeta a este mecanismo de anulación. Tras su promulgación, algunos instrumentos legislativos deben ser depositados en determinados registros, y su promulgación se anuncia en el Iris Oifigiúil (Diario Oficial).

Derecho internacional

El Gobierno puede firmar Tratados y Acuerdos internacionales y adherirse a organizaciones internacionales, pero se considera que no puede hacerlo si ello limita las competencias legislativas exclusivas del Parlamento o infringe la Constitución. Por esta razón, los tribunales han declarado que la aceptación por el Gobierno de Tratados que modifiquen el alcance y los objetivos de la Unión Europea deberá hacerse con la aprobación popular a través de un referéndum constitucional.

7. Entrada en vigor de normas nacionales

La reforma de la Constitución entra en vigor tras su aprobación popular y tras la firma del proyecto de reforma por el Presidente.

Un proyecto se convierte en ley el día en que es firmado por el Presidente, y entra en vigor ese mismo día salvo que la ley disponga lo contrario. El Presidente suele firmar los proyectos entre el 5º y el 7º día posteriores a su presentación. La ley puede especificar la fecha de su entrada en vigor o prever la adopción de una orden de entrada en vigor (commencement order) de la ley o de una parte de ésta. El Presidente debe promulgar la ley a través de la publicación de un aviso en el Diario Oficial (Iris Oifigiúil), en el que se declara que el proyecto se ha convertido en ley.

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Las normas derivadas indican la fecha de su entrada en vigor.

Generalmente, las resoluciones judiciales entran en vigor el día en que se dictan.

8. Medios de resolución de conflictos entre diversas fuentes legales

Corresponde a los tribunales resolver los conflictos entre las diferentes leyes o fuentes legales.

Sin perjuicio de la supremacía del Derecho comunitario, la Constitución es la ley fundamental del Estado que prevalece en los conflictos de leyes. Según el artículo 34 de la Constitución, las personas pueden plantear la cuestión de constitucionalidad de las leyes ante el Tribunal Superior (High Court). La decisión de éste puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo (Supreme Court). Las personas también pueden alegar que el procedimiento constitucional o sus derechos constitucionales han sido violados por la acción del Estado.

Se considera que la legislación adoptada después de la aprobación de la Constitución de 1937 es conforme a la Constitución, salvo que se decida lo contrario.

En determinadas circunstancias, las disposiciones de la Constitución, particularmente las disposiciones sobre derechos fundamentales, pueden entrar en conflicto en cierta medida. Para resolver estos casos, los tribunales han aplicado varios mecanismos como la interpretación literal o gramatical, el planteamiento histórico, la interpretación razonada o armoniosa, la doctrina de la proporcionalidad, la jerarquía de derechos y el respeto del Derecho natural y los derechos naturales.

En ciertos casos, como consecuencia de un precepto constitucional o de una interpretación judicial impopular, se han celebrado referéndums para modificar la Constitución.

La persona que denuncia que sus derechos reconocidos por el Convenio Europeo sobre derechos humanos han sido conculcados por una ley, debe solicitar una Declaración de incompatibilidad a los tribunales.

La Unión Europea y el Derecho comunitario disfrutan de inmunidad constitucional, dado que la Constitución establece que no anulará ningún acto ni medida que sea necesaria en virtud de la pertenencia a la UE, si bien los métodos de aplicación de estos actos o medidas deben estar reconocidos en la Constitución.

Independientemente de las cuestiones constitucionales, la validez de la ley delegada depende de su conformidad con la ley marco.

Información complementaria

Para más información sobre el ordenamiento jurídico irlandés, la legislación y la Constitución, pueden consultarse los siguientes sitios:

  • www.taoiseach.ie English
  • www.courts.ie English
  • www.oireachtas.ie English
  • www.irishstatutebook.ie English
  • www.bailii.org English

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Última actualización: 15-03-2007

 
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