Comisión Europea > RJE > Ordenamiento jurídico > Hungría

Última actualización: 23-11-2007
Versión para imprimir Añadir a los favoritos

Ordenamiento jurídico - Hungría

 

ÍNDICE

I. Fuentes del Derecho en Hungría I.
1. Constitución 1.
2. Leyes 2.
3. Decretos 3.
4. Acuerdos internacionales 4.
II. Otras fuentes del Derecho consideradas en sentido amplio y que no tienen rango de normas jurídicas en sentido estricto II.
1. Otros instrumentos jurídicos de gobernanza 1.
2. Decisiones del Tribunal Constitucional 2.
3. Jurisprudencia de los tribunales 3.
III. Modalidades de entrada en vigor de las normas contenidas en los instrumentos supranacionales III.
IV. Autoridades competentes para la adopción de las normas jurídicas IV.
V. Procedimiento de adopción de normas jurídicas V.
VI. Modalidades de entrada en vigor de las normas nacionales VI.
VII. Métodos de resolución de posibles conflictos entre las distintas fuentes del Derecho VII.

 

I. Fuentes del Derecho en Hungría

1. Constitución

La Ley XX de 1949 relativa a la Constitución es la norma de máximo rango en la jerarquía del ordenamiento jurídico húngaro. Todas las demás leyes deben ser compatibles con la Constitución. Corresponde a la Asamblea Nacional (Parlamento) promulgar la Constitución y para cualquier modificación o enmienda de la misma es necesario el voto favorable de dos tercios de la totalidad de los Diputados (artículo 24.3 de la Constitución).

La Constitución húngara se articula en quince capítulos. El Capítulo I, que contiene las disposiciones generales, establece la forma de Gobierno, la transferencia de determinadas competencias a la Unión Europea y varios principios fundamentales, tales como el Estado de Derecho, la prohibición de hacerse con el poder por la fuerza, la libertad de fundación y funcionamiento de partidos políticos, el repudio de la guerra, la cooperación para la consecución de la unidad europea, el reconocimiento de los derechos fundamentales y la declaración de que, aunque las normas relativas a los derechos y obligaciones se establecen mediante leyes, éstas no pueden imponer limitaciones al contenido esencial de los derechos fundamentales.

Los Capítulos II a XI contienen las normas fundamentales relativas a los cargos públicos y a las principales instituciones del país, especificando el estatuto jurídico y las funciones de la Asamblea Nacional, el Presidente de la República, el Tribunal Constitucional, el Comisionado Parlamentario de Derechos Humanos, el Comisionado Parlamentario de Derechos de las Minorías Nacionales y Étnicas, el Tribunal de Cuentas del Estado, el Banco Nacional de Hungría, el Gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía, las Corporaciones locales, el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal.

ComienzoComienzo

El Capítulo XII contiene la declaración de derechos y obligaciones fundamentales; el Capítulo XIII establece los principios por los que se rigen las elecciones; el Capítulo XIV determina la capital del país y los símbolos nacionales de Hungría; y el capítulo XV contiene las disposiciones finales.

2. Leyes

En Hungría, la Asamblea Nacional tiene la facultad de adoptar leyes. La Constitución establece los derechos y obligaciones fundamentales que deben ser regulados por leyes. La Ley XI de 1987 relativa a la legislación (Ley sobre legislación) prevé otras materias que corresponden al ámbito exclusivo de la ley. La Asamblea Nacional adopta algunas leyes por mayoría simple de votos, es decir, más de la mitad de los votos de los Diputados presentes, y otras por mayoría de dos tercios (mayoría cualificada). Además de la Ley por la que se aprueba la Constitución, también se requiere una mayoría de dos tercios de los votos de todos los miembros de la Asamblea Nacional para la aprobación de la Ley por la que se ratifica y promulga el tratado internacional sobre la adhesión a la UE y de la Ley relativa a los símbolos nacionales. Las leyes que requieren el voto por mayoría de dos tercios están especificadas en la Constitución.

Antes de promulgarse la Ley XXXI de 1989 relativa a la modificación de la Constitución, el Consejo Presidencial de Hungría estaba autorizado a promulgar Decretos-Ley. En términos de jerarquía de las fuentes del Derecho, los Decretos-Ley todavía en vigor son equiparables a leyes.

3. Decretos

La Ley sobre legislación distingue entre Decretos Gubernamentales, Decretos Ministeriales y Decretos de las Corporaciones locales.

ComienzoComienzo

La competencia del Gobierno para adoptar decretos puede ser primaria o estar basado en habilitaciones legislativas. La competencia primaria está reconocida en el artículo 35, apartado 2, de la Constitución, que dispone que el Gobierno podrá emitir decretos dentro del ámbito de sus competencias. Esta disposición no limita los poderes de la Asamblea Nacional, que puede legislar sobre cualquier materia.

En virtud de la Ley sobre legislación, el Gobierno puede, también sobre la base de una habilitación legislativa específica, aprobar decretos para aplicar las leyes. De conformidad con el artículo 15, apartado 1, de la Ley sobre legislación, las habilitaciones para adoptar normas de ejecución de la legislación deben especificar el titular en que se delega dicha habilitación, su objeto y su ámbito. El titular delegado no puede a su vez delegar una habilitación legislativa a terceros.

Los decretos ministeriales constituyen un tipo especial de decretos. En la jerarquía de las fuentes del Derecho tienen un rango inferior a los decretos gubernamentales. Con arreglo a la Ley sobre legislación, los Ministros pueden adoptar decretos dentro de su esfera de competencia y sobre la base de una habilitación en virtud de leyes aprobadas por el Parlamento o de decretos gubernamentales. La adopción de decretos ministeriales está por lo tanto subordinada al respeto de estas condiciones.

En virtud de una Ley específica, el Presidente del Banco Nacional de Hungría puede, mediante Decretos del Banco Central, que constituyen normas de obligado cumplimiento para las instituciones financieras, las personas jurídicas no clasificadas como instituciones financieras pero que presten servicios financieros accesorios, los prestadores de servicios de inversión y las cámaras de compensación.

ComienzoComienzo

Los decretos de las Corporaciones locales constituyen el tercer tipo de decretos. El artículo 44/A, apartado 2, de la Constitución, dispone que los organismos representativos locales podrán adoptar decretos en su ámbito de competencia, siempre que no sean contrarios a actos normativos de rango superior. De conformidad con el artículo 16, apartado 1, de la Ley LXV de 1990 relativa a las Corporaciones locales, un organismo representativo de las Corporaciones locales podrá, dentro de su esfera de competencia, adoptar decretos relativos a la administración local para regular los asuntos públicos locales no regulados por actos normativos de rango superior, y hacerlos cumplir en virtud de su habilitación legal.

4. Acuerdos internacionales

La República de Hungría puede celebrar acuerdos internacionales con otros Estados y el Gobierno de Hungría puede celebrar acuerdos internacionales con los Gobiernos de otros Estados. En Hungría la articulación entre los acuerdos internacionales y el Derecho nacional se basa en un sistema dual, es decir, los acuerdos internacionales entran a formar parte del Derecho nacional mediante su promulgación a través de actos legislativos.

II. Otras fuentes del Derecho consideradas en sentido amplio y que no tienen rango de normas jurídicas en sentido estricto

1. Otros instrumentos jurídicos de gobernanza

El ordenamiento jurídico húngaro incluye otros instrumentos jurídicos de gobernanza que, aunque constituyan normas de obligado cumplimiento, no tienen el rango de actos legislativos, toda vez que son normas internas sin carácter vinculante para todos (con excepción de las orientaciones jurídicas que no tienen carácter vinculante) sino que sólo son aplicables a los organismos sometidos a la autoridad del emisor. De conformidad con la Ley sobre legislación, estos instrumentos de gobernanza incluyen las decisiones, las órdenes de Banco Central, las comunicaciones estadísticas y las orientaciones jurídicas.

ComienzoComienzo

Las decisiones pueden ser adoptadas por la Asamblea Nacional, el Gobierno, los Comités del Gobierno, las Corporaciones locales y sus organismos, para regular su propio funcionamiento y las tareas de las entidades bajo su autoridad, o para la adopción de planes en el ámbito de sus respectivas esferas de competencia.

En el ámbito de su mandato con arreglo a lo dispuesto en los actos legislativos, los ministros y los responsables de los organismos con competencias de ámbito nacional pueden expedir instrucciones para regular las actividades de las entidades bajo su autoridad directa.

Las comunicaciones estadísticas son expedidas por el Presidente de la Oficina Estadística Central y constituyen disposiciones vinculantes que contienen exclusivamente términos, métodos, clasificaciones, listas y cifras en el ámbito de las estadísticas.

Las orientaciones jurídicas incluyen las Directrices emitidas por la Asamblea Nacional y el Gobierno en las que se establecen los objetivos y programas de carácter general y se adoptan posiciones sobre importantes asuntos de Estado y de la vida pública. La Asamblea Nacional y el Gobierno pueden interpretar los actos normativos mediante posiciones del principio. Los ministros y los jefes de los organismos con competencias de ámbito nacional pueden emitir directrices y circulares. Las Directrices constituyen recomendaciones sobre los medios y métodos principales para la aplicación de los actos legislativos. Las circulares comunican hechos o datos importantes para el funcionamiento de los organismos responsables de la puesta en práctica de la normativa legal.

ComienzoComienzo

2. Decisiones del Tribunal Constitucional

Las decisiones del Tribunal Constitucional desempeñan un papel importante en el sistema legislativo. El Tribunal Constitucional verifica la constitucionalidad de la normativa y, en su caso, dicta la anulación de disposiciones que son contrarias a la Constitución. El Tribunal Constitucional debe motivar detalladamente sus decisiones y juzga asuntos similares de conformidad con los principios ya aplicados anteriormente. Las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos y no son recurribles. El principal mandato del Tribunal Constitucional es proteger la Constitución y mantener la democracia constitucional y la estabilidad del Estado de Derecho, por lo cual goza de un elevado grado de independencia y poder.

3. Jurisprudencia de los tribunales

En cumplimiento de su mandato de garantizar la aplicación uniforme de la legislación y proporcionar orientaciones judiciales a los tribunales inferiores, el Tribunal Supremo dicta decisiones relativas a la uniformidad del Derecho y emite dictámenes sobre principios jurídicos. Puede incoarse un procedimiento de uniformidad si el desarrollo y la uniformidad de la práctica judicial requieren la adopción de una decisión de uniformidad sobre una cuestión de principio, y si una Sala del Tribunal Supremo pretender adoptar una decisión distinta a la proferida por otra Sala del mismo Tribunal. Las decisiones sobre uniformidad del Derecho son vinculantes para los órganos jurisdiccionales. Las decisiones de principio seleccionadas de la práctica de las Salas del Tribunal Supremo también sirven para la uniformidad de las sentencias judiciales y, al igual que las decisiones sobre uniformidad del Derecho, también se publican en el Repertorio Oficial del Tribunal Supremo (Legfelsőbb Bíróság Hivatalos Gyűjteménye).

ComienzoComienzo

III. Modalidades de entrada en vigor de las normas contenidas en los instrumentos supranacionales

La Ley L de 2005 (Ley del Derecho Internacional) regula el procedimiento relativo a los acuerdos internacionales y a su promulgación y entrada en vigor. Según el artículo 9 de dicha Ley, si la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 7.3, autoriza el reconocimiento de la validez de un acuerdo internacional a causa de su importancia esencial para las relaciones exteriores de Hungría, dicho acuerdo deberá promulgarse en forma de ley o, en determinados casos, de decreto gubernamental. La habilitación para reconocer la validez vinculante de un acuerdo internacional consta en el acto jurídico que lo promulga. En la ley por la que se promulga un acuerdo internacional, la fecha de entrada en vigor de las disposiciones contenidas en el acuerdo y las reservas, objeciones y declaraciones expresadas deben tener la misma fecha que la de entrada en vigor del acuerdo en Hungría. Si dicha fecha todavía no se conoce al promulgar el acuerdo, las condiciones para la entrada en vigor del acuerdo deberán indicar que la fecha de su entrada en vigor será establecida por el Ministro de Asuntos Exteriores mediante una decisión que será publicada en el Boletín Oficial húngaro (Magyar Közlöny).

La Constitución de Hungría prevé asimismo otro método de incorporación de los actos jurídicos supranacionales al ordenamiento jurídico interno. De conformidad con el artículo 7.1 de la Constitución, el ordenamiento jurídico de Hungría acepta los principios generalmente reconocidos del Derecho internacional y deberá armonizar la legislación nacional de acuerdo con las obligaciones asumidas con arreglo al Derecho internacional. En virtud del artículo 8.1 de la Constitución, Hungría reconoce el carácter inviolable e inalienable de los derechos humanos fundamentales; el respeto y la protección de esos derechos constituyen una obligación prioritaria del Estado.

ComienzoComienzo

El Derecho comunitario se incorpora al ordenamiento jurídico húngaro mediante normas jurídicas relativas al ámbito correspondiente, cuyo rango será el especificado por la Constitución y la Ley sobre legislación.

IV. Autoridades competentes para la adopción de las normas jurídicas

En Hungría, pueden adoptar normas jurídicas la Asamblea Nacional, el Gobierno, los miembros del Gobierno, el Presidente del Banco Nacional de Hungría y las Corporaciones locales.

La Asamblea Nacional, en tanto que órgano superior de representación democrática y poder del Estado en Hungría, adopta la Constitución y tiene también potestad para adoptar leyes.

El Gobierno es el órgano central del poder ejecutivo. Constituye el órgano superior de la administración pública y controla y coordina las actividades de los órganos de la administración pública. Sus miembros son el Primer Ministro y los Ministros. El Gobierno puede adoptar decretos en su esfera de competencia especificada en la Constitución en virtud de una habilitación legal. Los decretos gubernamentales no pueden ser contrarios a los actos de la Asamblea Nacional.

Los miembros del Gobierno son el Primer Ministro y los Ministros. El Primer Ministro preside las reuniones del Gobierno y supervisa la aplicación de los decretos y decisiones gubernamentales. Los Ministros son responsables de los sectores de sus respectivas competencias con arreglo a la normativa legal y a las decisiones del Gobierno, y dirigen asimismo las actividades de los organismos bajo su tutela. Los Ministros pueden adoptar decretos dentro de su esfera de competencia de conformidad con los poderes que les han sido delegados mediante actos de la Asamblea Nacional o decretos gubernamentales. Los decretos ministeriales no pueden ser contrarios a las leyes de la Asamblea Nacional o a los decretos del Gobierno.

ComienzoComienzo

Las Corporaciones locales son entidades públicas cuya elección y funcionamiento obedecen a principios democráticos. Regulan y dirigen de forma independiente los asuntos públicos locales de su ámbito de competencia, en interés de los residentes locales y dentro del marco normativo establecido por la Ley. Las Corporaciones locales podrán, cuando la Ley así lo autoriza, dictar decretos para regular sus propios asuntos. Tales decretos no podrán ser incompatibles con normas de rango superior. Las Corporaciones locales pueden adoptar decretos para regular los asuntos públicos que no estén regulados por una norma de rango superior.

El Presidente del Banco Nacional de Hungría podrá adoptar disposiciones en los decretos del banco central, en los ámbitos determinados por una Ley específica, que serán vinculantes para las instituciones financieras y personas jurídicas no clasificadas como instituciones financieras pero que ofrezcan servicios financieros accesorios, así como para los prestadores de servicios de inversión y las cámaras de compensación. Las directrices del Banco Central no podrán ser contrarias a la Ley.

V. Procedimiento de adopción de normas jurídicas

Se adoptan normas jurídicas cuando el desarrollo social o económico así lo requiere, cuando la regulación de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos lo hace necesario, y cuando hay que incorporar legislación de la Comunidad Europea al ordenamiento jurídico húngaro. La adopción de normas vinculantes va precedida de un análisis de la materia que va a regularse. La elaboración de un proyecto de norma corresponde siempre al ministro designado o competente con respecto al ámbito de que se trate. En función del rango de la norma reguladora, el ministerio competente envía el proyecto elaborado para su consulta administrativa a otros ministerios, organizaciones representativas y otras entidades interesadas en la reglamentación en cuestión. Al mismo tiempo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley XC de 2005 relativa a la libertad de información electrónica, el organismo que elabora el texto de la norma reguladora deberá publicarlo en su página en Internet (salvo en casos excepcionales expresos) de forma que el público en general puede hacer comentarios o sugerencias. El organismo que ha presentado el proyecto de legislación lo revisa en función de las observaciones de los expertos formuladas en el curso de las consultas realizadas y de los comentarios del público.

ComienzoComienzo

Tras el proceso de consulta administrativa, el proyecto de norma que debe presentarse al Gobierno se examina en la reunión de Secretarios Administrativos de Estado, que decide si efectivamente el proyecto está listo para ser presentado al Gobierno. La reunión de Secretarios Administrativos de Estado es el último foro para la discusión técnica del proyecto de norma, donde se examinan los problemas técnicos/conceptuales en los que no se llegó a un acuerdo durante las consultas de coordinación administrativa.

Una vez que la reunión de Secretarios Administrativos decide la idoneidad de los documentos examinados, éstos son debidamente sometidos al Gobierno. En la reunión del Gobierno la mayoría de los proyectos de normas presentados se adopta sin debate, pero los que son más importantes o problemáticos desde un punto de vista político, sólo se adoptan (o rechazan) tras ser debatidos.

En el caso de proyectos de ley, el siguiente paso en el proceso legislativo es la presentación de dicho proyecto a la Asamblea Nacional. El proyecto de ley es examinado por las comisiones parlamentarias competentes y en sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Las comisiones parlamentarias y cualquier Diputado pueden presentar enmiendas al proyecto. La Asamblea Nacional vota por separado la adopción o el rechazo de las enmiendas propuestas y seguidamente el texto completo del proyecto de Ley.

La legislación debe ser publicada en el Boletín Oficial húngaro, una copia digital del cual deberá también hacerse pública. Excepcionalmente, un anexo a un decreto ministerial - si no concierne directamente a los ciudadanos - podrá también hacerse público mediante su publicación en el boletín oficial del ministerio correspondiente. Los decretos de las Corporaciones locales deberán publicarse en el boletín oficial de la Corporación local en cuestión de la forma habitual, según lo establecido en el reglamento interno de la Corporación local.

ComienzoComienzo

VI. Modalidades de entrada en vigor de las normas nacionales

La validez de la legislación se extiende a las personas físicas y a las personas jurídicas que residen en Hungría, así como a los ciudadanos húngaros que residen en el extranjero. La validez de los decretos promulgados por las Corporaciones locales se extiende al territorio jurisdiccional de la Corporación Autónoma local.

La Ley sobre legislación prohíbe la validez retroactiva, disponiendo que la normativa jurídica no puede establecer obligaciones o declarar ilegal una conducta con respecto a un período anterior a su promulgación.

La legislación deberá siempre indicar la fecha de su entrada en vigor, de tal modo que haya tiempo suficiente para tomar las disposiciones necesarias para su aplicación.

La legislación y las normas para su aplicación deben entrar en vigor al mismo tiempo. Una norma pierde su fuerza si se aprueba otra norma que la deroga o si expira el plazo de aplicación especificado en ella.

VII. Métodos de resolución de posibles conflictos entre las distintas fuentes del Derecho

La reglamentación no debe contener normas que sean contrarias a las disposiciones de otra normativa de rango igual o superior. Si se produce una contradicción, el ordenamiento jurídico proporciona medios adecuados para resolverla.

Generalmente la contradicción se revela durante el la preparación de la normativa en cuestión. En tal caso la situación puede remediarse antes de su adopción. Sin embargo, a veces sólo se pone de manifiesto un conflicto entre distintas normas durante su aplicación. En estos casos los órganos judiciales deberán tratar de resolver la contradicción recurriendo a principios jurídicos generales. Uno de esos principios es que, si una norma es contraria a otra de rango superior, esta última prevalecerá. Otro principio es que una norma de carácter especial prevalecerá sobre una norma de carácter general, y que una norma posterior prevalece sobre una anterior.

Cuando se trate de normas de igual rango, los conflictos que no impliquen una violación de la Constitución se resuelven generalmente mediante la interpretación de la normativa por los órganos judiciales. Basándose en los mencionados principios jurídicos, los órganos judiciales decidirán cuál de las disposiciones contradictorias deberá prevalecer. Según la práctica seguida por el Tribunal Constitucional, si la normativa que causa el conflicto viola alguna disposición de la Constitución, se produce una situación de inconstitucionalidad, en cuyo caso el Tribunal Constitucional deroga las disposiciones inconstitucionales.

Un conflicto entre normas puede ponerse de manifiesto antes de que se produzca un problema específico de aplicación. En estos casos el legislador eliminará la contradicción modificando la normativa.

En el caso de leyes, el Presidente de la República, si considera que una disposición de una ley, ya aprobada por la Asamblea Nacional pero que todavía no ha sido promulgada, viola la Constitución, puede solicitar al Tribunal Constitucional que examine la ley en cuestión (veto constitucional). Si el Tribunal dictamina que la ley en cuestión viola efectivamente la Constitución, la Asamblea Nacional deberá adoptar medidas para poner término a la inconstitucionalidad.

« Ordenamiento jurídico - Información general | Hungría - Información general »

ComienzoComienzo

Última actualización: 23-11-2007

 
  • Derecho comunitario
  • Derecho internacional

  • Bélgica
  • Bulgaria
  • República Checa
  • Dinamarca
  • Alemania
  • Estonia
  • Irlanda
  • Grecia
  • España
  • Francia
  • Italia
  • Chipre
  • Letonia
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Hungría
  • Malta
  • Países Bajos
  • Austria
  • Polonia
  • Portugal
  • Rumania
  • Eslovenia
  • Eslovaquia
  • Finlandia
  • Suecia
  • Reino Unido