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Última actualización: 27-12-2006
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Ordenamiento jurídico - Alemania

Las fuentes escritas del Derecho alemán son, en lo esencial, la Constitución, las leyes, los reglamentos y los estatutos; las fuentes no escritas son las normas generales del Derecho internacional, la costumbre y la jurisprudencia.

Dada la estructura federal de la República Federal de Alemania, estas fuentes del Derecho en cierto modo existen «por duplicado»: en el nivel federal y en el nivel regional (Estados federados). La relación entre estas dos esferas jurídicas viene determinada por el artículo 31 de la Ley Fundamental (la Constitución federal). En caso de conflicto prevalece el Derecho federal sobre el de los Estados federados, independientemente del rango de las normas jurídicas en conflicto; así pues, unos estatutos federales tienen primacía sobre una constitución regional.

Aparte de la primacía general del Derecho federal, el rango de las diversas normas jurídicas en el orden jerárquico viene siempre determinado por su fuente; es decir, depende del órgano regulador respectivo.

En la cima del Derecho federal y, por tanto, de la pirámide de normas internas se sitúa la Ley Fundamental (Grundgesetz - GG). En tanto que Constitución alemana, la Ley Fundamental constituye el núcleo del ordenamiento jurídico y de la estructura del Estado y sólo puede modificarse por mayoría de dos tercios de los miembros del Bundestag (Cámara federal) y de dos tercios de los votos del Bundesrat (Cámara de representación regional) (artículo 79.2 de la GG). Hay elementos esenciales de la Ley Fundamental que no pueden siquiera ser objeto de enmienda (artículo 79.3 de la GG). Toda disposición jurídica tiene que ajustarse a la Ley Fundamental desde el punto de vista tanto formal como material. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están estrictamente obligados al respeto de los derechos fundamentales (artículo 1.3 de la GG). Todo ciudadano puede hacer valer esa prevalencia ante los tribunales, en última instancia interponiendo recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional Federal.

Entre la Constitución y las leyes se sitúan las normas generales del Derecho internacional. Por regulación expresa en la Ley Fundamental, las normas generales del Derecho internacional son parte integrante del Derecho federal; prevalecen sobre las leyes y generan derechos y obligaciones directos para los ciudadanos del territorio federal (artículo 25 de la GG). Entre las más importantes normas del Derecho internacional para las personas —no solamente para el Estado— destacan la prestación de una protección jurídica adecuada a los extranjeros o el principio de especialidad, según el cual los procesos penales han de ajustarse a las condiciones de las autorizaciones de extradición emitidas por el Estado extranjero.

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Por debajo de la Constitución se sitúan las leyes. Las competencias legislativas de la República Federal se enumeran en la Ley Fundamental (artículos 73-75 de la GG). Las leyes las aprueba el Bundestag con la participación del Bundesrat. Los proyectos de ley emanan del Gobierno federal, del Bundesrat o del Bundestag (de un grupo político o del 5 % de los miembros). En los casos previstos expresamente en la Ley Fundamental (casi el 60 % del total), la aprobación de las leyes en el Bundestag exige la aprobación del Bundesrat. En los demás casos, el Bundesrat solamente puede presentar una propuesta de veto, que puede ser rechazada por el Bundestag. En caso de divergencia de opiniones entre ambas cámaras puede recurrirse a un comité de mediación compuesto por 16 miembros del Bundestag y 16 del Bundesrat. Este comité debe presentar propuestas de acuerdo pero no tiene potestad para decidir por el Bundestag y el Bundesrat (sobre el procedimiento legislativo, véanse los artículos 76 a 78 de la GG).

Las leyes federales son sancionadas y promulgadas por el presidente federal —tras refrendo por los miembros competentes del Gobierno federal— y se publican en el Bundesgesetzblatt (Boletín Oficial del Estado federal). Entran en vigor, a menos que se establezca otra fecha, el decimocuarto día a partir de la fecha de publicación del Bundesgesetzblatt (artículo 82 de la GG).

Los jueces ordinarios pueden analizar la constitucionalidad de una ley en un litigio, pero no pueden declarar su inconstitucionalidad. Si un tribunal considera que una ley cuya validez es decisiva para la resolución del litigio es inconstitucional, debe suspender el procedimiento y recabar la decisión del Tribunal Constitucional Federal (artículo 100 de la GG). Así, el Tribunal Constitucional Federal puede determinar con carácter vinculante que el Parlamento, en tanto que legislador elegido democráticamente, ha violado la Constitución.

El rango de los reglamentos en el orden jerárquico es inmediatamente inferior al de las leyes. Son adoptados por el ejecutivo (Gobierno federal, ministro federal, Gobierno regional o, en algunos casos, otras autoridades administrativas) previa autorización expresa de una ley cuyo contenido, objeto y alcance deben estar lo suficientemente delimitados. Como su rango es inferior al de las leyes, los reglamentos no pueden vulnerar una ley (primacía de la ley).

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Las decisiones importantes que afectan a los ciudadanos no pueden regularse por reglamento, sino únicamente por ley (primacía de la ley).

Los reglamentos federales exigen la aprobación del Bundesrat si se cumplen los requisitos pormenorizados en la Ley Fundamental o si la autorización legal así lo prevé (artículos 80.1 y 80.2 de la GG).

Los reglamentos son promulgados por el organismo que los aprueba. Por lo general, los reglamentos federales se publican en el Bundesgesetzblatt o en el Bundesanzeiger (Boletín Oficial del Ministerio de Justicia). Los reglamentos publicados en el Bundesanzeiger se notifican en el Bundesgesetzblatt con indicación del organismo que lo haya publicado y de la fecha de su entrada en vigor (artículo 82.1 de la GG y artículo 1 de la Ley de publicación de reglamentos ).

Todo ciudadano puede impugnar la ilegalidad de un reglamento ante los tribunales por lo menos indirectamente, mediante denuncia de una resolución administrativa basada en el Reglamento; en el caso de los reglamentos regionales, también puede hacerlo directamente (artículo 47 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa).

Los estatutos son disposiciones jurídicas adoptadas por personas jurídicas de Derecho público dependientes del Estado (entes públicos, instituciones o fundaciones públicas). Regulan principalmente la gestión autónoma de entidades municipales, instituciones académicas y profesionales y organismos de la seguridad social (por ejemplo, los estatutos que regulan las tasas de limpieza urbana y recogida de basuras o los de las universidades). Es frecuente que los estatutos se denominen también órdenes (Ordnungen).

La capacidad para aprobar estatutos está garantizada en algunos supuestos por la Constitución (sobre todo en el ámbito de la gestión municipal, artículo 28.2 de la GG). En los demás, igual que los reglamentos, están sujetos a autorización por ley. A diferencia de los reglamentos, la ley no habilita (sólo) para la aprobación de disposiciones cuyo contenido viene determinado de antemano, sino que otorga una amplia facultad reguladora dentro de los límites del ámbito de gestión correspondiente (autonomía estatutaria). En virtud de esta autonomía, si bien los estatutos son una fuente de Derecho emanada del Estado, no configuran un Derecho estatal, sino autónomo, aunque sujeto a la legislación nacional. El contenido de la capacidad estatutaria se limita a la regulación del funcionamiento del órgano y sólo obliga a sus miembros o a las personas sujetas a él.

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Los estatutos los aprueba el órgano colegiado (por lo general, legitimado democráticamente) de la persona jurídica habilitada. A menudo exigen la autorización de la autoridad de control competente, que ejerce la tutela legal para garantizar que se sitúen dentro de los límites de la gestión autónoma y respeten las leyes estatales. La promulgación y publicación de los estatutos se regulan de forma detallada en la ley estatal correspondiente.

Los particulares también pueden impugnar la ilegalidad de unos estatutos ante los tribunales; de forma indirecta, en el marco de una denuncia contra una resolución administrativa concreta basada en tales estatutos y, en algunos casos, mediante el procedimiento de control judicial de la legalidad de las normas establecido en el artículo 47 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Derecho regional (de los Estados federados) se corresponde con el Derecho federal en cuanto a su naturaleza y al rango de las normas jurídicas, de modo que las consideraciones expuestas respecto al Derecho federal son igualmente aplicables al Derecho regional. La excepción la constituye el Derecho internacional, que no tiene correspondencia en el plano regional.

El mantenimiento de las relaciones internacionales y, por tanto, la competencia para celebrar tratados internacionales recae básicamente en el Estado federal. Los tratados internacionales los celebra, por tanto, el Gobierno federal.

Los tratados internacionales que regulan las relaciones políticas del Estado federal o se refieren a materias cubiertas por la legislación federal exigen la aprobación o participación, en forma de ley federal, del organismo competente para legislar en cada caso. El Bundesrat participa en el procedimiento legislativo con arreglo a las normas generales; es decir, en algunos casos se exige su aprobación.

En cuanto a los tratados celebrados por el Estado federal sobre otras materias, no se exige una ley del Bundestag, sino que se incorporan a la legislación nacional mediante los instrumentos de que dispone el ejecutivo (reglamentos, disposiciones administrativas, actos administrativos).

También los Estados federados pueden celebrar tratados con Estados extranjeros — con la autorización del Gobierno federal— en la medida en que tengan la competencia exclusiva para legislar. Cuando el tratado regule materias que sean objeto de legislación regional, la autorización del Parlamento regional convierte el tratado en legislación regional. Los Estados federados pueden además celebrar tratados sobre materias respecto a las cuales los Gobiernos regionales están habilitados para la aprobación de reglamentos.

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