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Última actualización: 18-10-2007
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Ordenamiento jurídico - Francia

 

ÍNDICE

1. ¿Cuáles son los instrumentos, o «fuentes del Derecho», que expresan normas jurídicas (en particular, por ejemplo, tratados internacionales, derecho comunitario, constitución, leyes, decretos, reglamentos, normas de desarrollo, etc.)? 1.
1.1. Fuentes internacionales del Derecho 1.1.
1.1.1. Convenios internacionales 1.1.1.
1.1.2. Derecho comunitario 1.1.2.
1.2. Fuentes nacionales del Derecho 1.2.
1.2.1. Normas con valor constitucional 1.2.1.
1.2.2. Normas con valor legislativo 1.2.2.
1.2.3. Normas con valor reglamentario 1.2.3.
2. ¿Cuáles son, si las hubiere, las otras fuentes del Derecho (en particular, por ejemplo, principios generales de Derecho, costumbre, jurisprudencia de los tribunales) y cuál es su valor? 2.
2.1. Principios generales de Derecho 2.1.
2.2. Jurisprudencia 2.2.
2.2.1. Jurisprudencia internacional 2.2.1.
2.2.2. Jurisprudencia europea 2.2.2.
2.2.3. Jurisprudencia nacional 2.2.3.
3. ¿Cuál es el rango jerárquico entre estos distintos instrumentos (jerarquía de las normas)? 3.
4. ¿Cuáles son las modalidades de entrada en vigor en el territorio nacional de las normas que figuran en instrumentos supranacionales? 4.
4.1. Convenios internacionales 4.1.
4.2. Normas comunitarias 4.2.
5. ¿Qué autoridades que están facultadas para adoptar normas jurídicas? 5.
5.1. Normas internacionales 5.1.
5.2. Normas nacionales 5.2.
6. ¿Cuál es el proceso de adopción de estas normas jurídicas? 6.
6.1. Las leyes 6.1.
6.2. Los reglamentos 6.2.
7. ¿Cuáles son las modalidades de entrada en vigor de las normas de origen nacional? 7.
7.1. Publicación 7.1.
7.2. Notificación 7.2.
8. ¿De qué medios se dispone para resolver posibles conflictos entre distintas normas jurídicas en el propio Estado miembro? 8.

 

Se entienden por «fuentes del Derecho» los métodos con los que se elaboran las normas jurídicas que constituyen nuestro ordenamiento jurídico.

1. ¿Cuáles son los instrumentos, o «fuentes del Derecho», que expresan normas jurídicas (en particular, por ejemplo, tratados internacionales, derecho comunitario, constitución, leyes, decretos, reglamentos, normas de desarrollo, etc.)?

1.1. Fuentes internacionales del Derecho

1.1.1. Convenios internacionales

Se trata de tratados y acuerdos internacionales celebrados entre Francia y otros Estados, como, por ejemplo, el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que se firmó en Roma el 4 de noviembre de 1950, entró en vigor para Francia en 1974 y, en la actualidad, es vinculante para unos cuarenta Estados, miembros del Consejo de Europa.

1.1.2. Derecho comunitario

Además de las normas que se desprenden de los Tratados comunitarios, se trata de las normas jurídicas conocidas como «Derecho derivado» y que figuran en actos aprobados por las instituciones de la Comunidad Europea y de la Unión Europea definidas, en particular, por el Tratado de Roma, de 25 de marzo de 1957, y por el Tratado de Maastricht, de 7 de febrero de 1992. Estos actos consisten en: directivas, decisiones, reglamentos, dictámenes y recomendaciones.

1.2. Fuentes nacionales del Derecho

1.2.1. Normas con valor constitucional
  • La Constitución de 4 de octubre de 1958;
  • El Preámbulo de la Constitución de 27 de octubre de 1946, la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, así como los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República a los que remite el Preámbulo;
  • Las leyes orgánicas, previstas por la Constitución con el fin de determinar las normas de desarrollo de algunas de sus disposiciones relativas a la organización de los poderes públicos.
1.2.2. Normas con valor legislativo

La ley, acto elaborado por el Parlamento que ostenta el poder legislativo, es la expresión de la voluntad general. El artículo 34 de la Constitución define taxativamente las materias en las que el legislador es competente para decretar las normas que se inscriben en las leyes.

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1.2.3. Normas con valor reglamentario

El reglamento es un acto de alcance general elaborado por una autoridad administrativa. Según el artículo 37 de la Constitución, las normas que no se incluyen en las materias enunciadas en el artículo 34 de la Constitución forman parte del ámbito del reglamento y se inscriben en los siguientes instrumentos:

  • Las ordenanzas: con arreglo al artículo 38 de la Constitución, el Gobierno puede pedir al Parlamento la autorización de aprobar actos en materias del ámbito de la ley; de forma transitoria, estos actos son de carácter reglamentario y adquieren valor legislativo una vez ratificados por el legislador;
  • Los reglamentos: los decretos del Presidente de la República o del Primer Ministro, los decretos de los Ministros y los prefectos, las decisiones de los órganos deliberativos o ejecutivos de las entidades territoriales o de sus instituciones públicas constituyen la parte fundamental de la categoría de los actos reglamentarios.

2. ¿Cuáles son, si las hubiere, las otras fuentes del Derecho (en particular, por ejemplo, principios generales de Derecho, costumbre, jurisprudencia de los tribunales) y cuál es su valor?

2.1. Principios generales de Derecho

Se trata de los principios que establece el juez y que proceden o no de normas que figuran en instrumentos de Derecho escrito. Su valor es superior al de los reglamentos y sólo pueden derogarse por ley. La mayoría de estos principios proceden de la Declaración de Derechos Humanos de 1789 (igualdad de los ciudadanos ante la autoridad pública, libertad de conciencia), del Preámbulo de la Constitución de 1946, de necesidades de la vida social (continuidad de los servicios públicos, control de los actos del superior sobre los actos de sus subordinados) o también de imperativos de equidad (principio del enriquecimiento sin causa).

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2.2. Jurisprudencia

En teoría, la Constitución no otorga al juez el poder de dictar normas generales y su papel se limita a resolver los litigios que se le someten. Sin embargo, el juez tiene que interpretar el Derecho escrito sobre la base del cual deberá resolver los litigios. Además, es frecuente que ningún texto prevea normas directamente aplicables a un litigio concreto. En tal caso y en la medida en que no puede abstenerse juzgar, el propio juez tiene que formular la norma general que le permitirá resolver.

El hecho de que no exista ningún texto de alcance general puede llevar al juez a elaborar construcciones pretorianas muy evolucionadas, como ocurre en el ámbito de la responsabilidad de la potestad pública.

2.2.1. Jurisprudencia internacional

Esta jurisprudencia emana de la Corte Internacional de Justicia (principal órgano judicial de la ONU), del Tribunal Penal Internacional para Ex Yugoslavia, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la Corte Penal Internacional.

2.2.2. Jurisprudencia europea

Esta jurisprudencia procede del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En virtud del artículo 234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se impone a los órganos jurisdiccionales nacionales por medio de la cuestión prejudicial que permite a los jueces nacionales, antes de resolver, pedir al Tribunal de Justicia la solución de los problemas planteados por la aplicación del Derecho comunitario, del que los particulares pueden prevalerse ante ellos.

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2.2.3. Jurisprudencia nacional
  • Consejo Constitucional
  • Se pueden plantear ante éste cuestiones relacionadas con la conformidad de las leyes a la Constitución, antes de que sean promulgadas, así como la compatibilidad de los Tratados; comprueba sistemáticamente la constitucionalidad de las leyes orgánicas y de los reglamentos de las asambleas parlamentarias; no procede, en cambio, a ningún control sobre las leyes refrendadas directamente por el pueblo soberano.

  • Órganos jurisdiccionales administrativos
  • Se encargan de resolver los litigios en los que se cuestiona la potestad pública; aplican un Derecho específico que constituye una excepción al Derecho común de origen jurisprudencial.

  • Órganos jurisdiccionales civiles o penales
  • Los órdenes civil o penal regulan los litigios entre personas y sancionan los delitos contra las personas, los bienes y la sociedad.

3. ¿Cuál es el rango jerárquico entre estos distintos instrumentos (jerarquía de las normas)?

Las fuentes del Derecho interno constituyen un conjunto jerarquizado. A partir de la fuente más elevada, la jerarquía es la siguiente: la Constitución, la jurisprudencia establecida por el Consejo Constitucional, las leyes, la jurisprudencia establecida por los órganos jurisdiccionales administrativos, civiles y penales, los reglamentos.

En virtud del principio de primacía del Derecho comunitario, los reglamentos y las directivas forman parte del ordenamiento jurídico francés con primacía sobre las leyes y reglamentos nacionales, según modalidades definidas por las normas o por la jurisprudencia.

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Los compromisos internacionales tienen primacía sobre las normas internas infraconstitucionales, en virtud del artículo 55 de la Constitución. En cambio, no prevalecen sobre las normas constitucionales en la medida en que, según el artículo 54 de la Constitución, cuando, al presentarse al Consejo Constitucional una ley de ratificación de un compromiso internacional, éste declara que dicho compromiso incluye una cláusula contraria a la Constitución, no se puede autorizar la ratificación o la aprobación del compromiso hasta que se revise la Constitución.

4. ¿Cuáles son las modalidades de entrada en vigor en el territorio nacional de las normas que figuran en instrumentos supranacionales?

4.1. Convenios internacionales

La entrada en vigor en Francia de un tratado o de un acuerdo internacional está supeditada a su ratificación o a su aprobación, así como a su publicación. Los convenios internacionales se aplican directamente en el ordenamiento jurídico francés.

4.2. Normas comunitarias

Algunas normas son de efecto directo como los reglamentos, que son de alcance general y obligatorios en todos sus elementos, y las decisiones, que son obligatorias en todos sus elementos para los destinatarios a los que designan. Otras normas comunitarias deben ser incorporadas al ordenamiento jurídico nacional por el Estado miembro. Se trata de las directivas que vinculan a los Estados miembros en cuanto al resultado que debe obtenerse, pero dejan a las instancias nacionales la competencia en cuanto a la forma y a los medios. La transposición debe efectuarse en el plazo previsto por la propia directiva, por medio de una ley o de un reglamento, según la materia a la que pertenezcan las normas en cuestión.

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5. ¿Qué autoridades que están facultadas para adoptar normas jurídicas?

5.1. Normas internacionales

Por lo que se refiere a los convenios internacionales, en virtud del artículo 52 de la Constitución negocia y ratifica estos instrumentos el Jefe del Estado.

5.2. Normas nacionales

La ley es votada por el Parlamento y, por consiguiente, por los representantes del pueblo. Pero también es posible que, en virtud de los artículos 11 y 89 de la Constitución, los ciudadanos intervengan directamente mediante referéndum.

Las autoridades que adoptan los reglamentos son:

  • El Primer Ministro y el Presidente de la República: el artículo 21 de la Constitución otorga, en principio, la potestad reglamentaria al Primer Ministro; no obstante, los reglamentos en forma de decretos adoptados en Consejo de Ministros deben ser firmados por el Presidente de la República; tanto si emanan de una autoridad como de la otra, los decretos son refrendados por los ministros encargados de su ejecución;
  • Los ministros: no disponen directamente de potestad reglamentaria general; participan al refrendar con sus firmas las del Presidente de la República y del Primer Ministro; hay textos que conceden a determinados ministros potestad reglamentaria propia en una materia concreta; por otra parte, pueden ejercer la potestad reglamentaria que la jurisprudencia reconoce a los jefes de servicio en lo referente al buen funcionamiento de la administración bajo su autoridad;
  • Las autoridades que representan al Estado en la regiones (prefets) o descentralizadas (órganos de las entidades territoriales) disponen de poder de decisión en el territorio en el que se ejerce su competencia;
  • Algunas autoridades profesionales (por ejemplo el colegio de médicos) están facultadas por ley para ejercer determinadas competencias en el marco de la profesión;
  • Las autoridades administrativas independientes.

6. ¿Cuál es el proceso de adopción de estas normas jurídicas?

6.1. Las leyes

La iniciativa de la ley pertenece conjuntamente al Primer Ministro (proyectos de ley) y a los miembros de las asambleas (propuestas de ley). Los proyectos de ley se deliberan en el Consejo de Ministros, previo examen por el «Conseil d'État» (Consejo de Estado), y luego son votados en términos idénticos por la Asamblea Nacional y el Senado. Una vez definitivamente adoptada por el Parlamento, la ley es promulgada por el Presidente de la República y se publica en el «Journal officiel» (boletín oficial), en versión papel y electrónica.

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6.2. Los reglamentos

Algunos actos normativos deben someterse a determinados trámites, lo que es el caso, por ejemplo, de los decretos.

  • Los decretos deliberados en Consejo de Ministros deben ser firmados por el Presidente de la República y refrendados por el Primer Ministro.
  • El Primer Ministro firma los decretos que no se deliberan en Consejo de Ministros.

Los decretos llamados «en Conseil d'État» (consulta obligatoria del Consejo de Estado por el Gobierno), requieren el dictamen previo de la «Haute Assemblée» (el Senado).

Una vez firmados por las autoridades competentes, los decretos son refrendados por los ministros encargados o responsables de su ejecución y se publican en el «Journal officiel» (boletín oficial), en versión papel y electrónica.

7. ¿Cuáles son las modalidades de entrada en vigor de las normas de origen nacional?

La entrada en vigor de una norma constituye el inicio de su aplicabilidad y su oponibilidad, y se caracteriza por la publicación de la norma.

7.1. Publicación

Las leyes y decretos deben publicarse en el «Journal officiel de la République française» (Boletín oficial de la República Francesa). Para determinados decretos es suficiente la publicación en el boletín oficial del Ministerio interesado. En cuanto a la publicidad de las decisiones de las autoridades locales, es posible proceder por vía de carteles o publicación en soportes adecuados.

7.2. Notificación

Si se trata de resoluciones individuales, las medidas de publicidad consisten en la notificación de la resolución al interesado.

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8. ¿De qué medios se dispone para resolver posibles conflictos entre distintas normas jurídicas en el propio Estado miembro?

Antes de que se promulguen y en los casos en que se le someten (por el Presidente de la República, el Primer Ministro, los Presidentes de las asambleas parlamentarias, sesenta diputados o sesenta senadores), el Consejo Constitucional controla la conformidad de las leyes con la Constitución. En cambio, una vez promulgada una ley, no existe ningún procedimiento que permita ponerla en tela de juicio. Por lo tanto, el juez sólo podrá censurar un acto administrativo si éste vulnera directamente la Constitución. Si su inconstitucionalidad se deriva de haberse adoptado en aplicación de una ley también inconstitucional, el juez no podrá censurar el acto. La ley se interpone al control del juez.

Si contradice otra norma de rango superior, el reglamento puede impugnarse ante el tribunal administrativo mediante un recurso por «excès de pouvoir» (desviación de poder). Se trata de un recurso de anulación, abierto a los administrados contra toda resolución ejecutoria tachada de ilegalidad, generalmente en el plazo de dos meses a partir de la fecha de entrada en vigor del acto controvertido.

La ilegalidad de un acto administrativo reglamentario siempre puede alegarse ante el juez, no con carácter principal mediante un recurso de anulación, sino por vía de incidente por medio de la excepción de ilegalidad. La posible comprobación de la ilegalidad de un acto no implica su anulación, pero permite al juez privarlo de efecto en el litigio que se le haya sometido.

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