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Última actualización: 02-05-2005
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Ordenamiento jurídico - Finlandia

 

ÍNDICE

1. Fuentes del Derecho 1.
1.1. Fuentes del Derecho nacionales 1.1.
1.2. Fuentes del Derecho internacionales y Derecho comunitario 1.2.
2. Jerarquía de las fuentes del Derecho 2.
3. Aplicación en Finlandia de las normas internacionales 3.
4. Potestad de dictar normas jurídicas 4.
5. Elaboración y entrada en vigor de las normas jurídicas 5.
6. Solución de los conflictos entre distintas normas jurídicas en Finlandia 6.
7. Información suplementaria y enlaces 7.

 

1. Fuentes del Derecho

Por «fuentes del Derecho», se entiende las fuentes de las que se derivan las disposiciones jurídicas. Algunas de estas fuentes son nacionales; otras internacionales. Algunas son escritas, otras no. En general, las fuentes del Derecho pueden presentarse del siguiente modo.

1.1. Fuentes del Derecho nacionales

Entre las fuentes del Derecho nacionales, se encuentra la ley escrita. Es preciso entender aquí ley en sentido amplio, que abarca la Constitución, las leyes ordinarias o leyes parlamentarias, los decretos presidenciales, del Consejo de Ministros y ministeriales, así como las disposiciones adoptadas por las autoridades de nivel inferior. Los decretos y disposiciones de las autoridades de nivel inferior no pueden adoptarse sino sobre la base de una autorización prevista por la Constitución o una ley ordinaria y en la que se especifique también el órgano o la autoridad de que se trate.

Cuando no hay ley escrita, el capítulo 1, apartado 11 del Código de procedimiento considera la costumbre una fuente del Derecho, bajo la condición, no obstante, de que ésta no sea contraria a la equidad. La condición de fuente del Derecho de la costumbre se remonta a tiempos antiguos aunque el contenido actual del concepto es más bien impreciso. Por «costumbre», se entienden hoy determinadas prácticas consagradas, que existen, por ejemplo, en el comercio. Teniendo en cuenta que actualmente las disposiciones de la ley escrita tienden a ser especialmente exhaustivas, la costumbre no tiene ya la misma importancia como fuente del Derecho. No obstante, en algunos campos del Derecho como el Derecho contractual, el derecho consuetudinario ocupa aún un lugar destacado.

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Los trabajos preparatorios de las leyes y las resoluciones de los tribunales son también fuentes del Derecho. Los trabajos preparatorios dan información sobre la intención del legislador, por lo que se utilizan para la interpretación de la ley. Las resoluciones de los tribunales más importantes como fuentes del Derecho son las de los tribunales de mayor rango, es decir el Tribunal Supremo y el Tribunal Administrativo Supremo, cuyas resoluciones se llaman precedentes. Aunque no sean jurídicamente vinculantes, los precedentes tienen enorme importancia en la práctica. Las resoluciones de otros tribunales también pueden presentar interés como fuentes del Derecho. En efecto siempre que una resolución de un tribunal inferior sea firme, la práctica de los tribunales inferiores puede revestir, de hecho, gran importancia.

Entre las fuentes del Derecho nacionales se cuentan asimismo la doctrina, los principios generales del Derecho y los argumentos reales. La tarea específica de la doctrina es analizar el contenido del ordenamiento jurídico -la interpretación y la sistematización de las disposiciones legales-, por lo que es esencial como fuente del Derecho. Los principios generales del Derecho y los argumentos reales pueden ser también una importante fuente del Derecho. Como se señalará más abajo, el rango de estas fuentes en la jerarquía es, no obstante, muy inferior al de las otras fuentes arriba mencionadas.

1.2. Fuentes del Derecho internacionales y Derecho comunitario

Los convenios internacionales y otras obligaciones internacionales contraídas por Finlandia constituyen fuentes vinculantes del Derecho. La práctica de los organismos internacionales encargados de la aplicación de estos convenios reviste también importancia como fuente del Derecho. A título de ejemplo, de entre las fuentes del Derecho que entran en esta categoría, se puede citar el Convenio sobre los derechos humanos del Consejo de Europa, para cuya interpretación presenta primordial importancia la práctica del Tribunal europeo de derechos humanos.

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Como miembro de la Unión Europea, Finlandia está sujeta al Derecho comunitario, cuyas principales disposiciones son los reglamentos y las directivas. Los reglamentos son directamente aplicables en todos los Estados miembros, mientras que las directivas deben incorporarse al ordenamiento jurídico nacional de cada Estado miembro. Los trabajos preparatorios de las disposiciones de incorporación pueden tener también alguna importancia en cómo se interpreta el Derecho comunitario, aunque ciertamente es mucho más pequeña que la de los trabajos preparatorios de las leyes nacionales. Los otros instrumentos jurídicos en la UE son también vinculantes para Finlandia en los mismos términos que para los restantes Estados miembros. Las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas presentan relevancia como fuente del Derecho al formar parte del corpus del Derecho de la Unión.

2. Jerarquía de las fuentes del Derecho

En Finlandia, las fuentes del Derecho nacionales se clasifican tradicionalmente en muy vinculantes, poco vinculantes y admitidas. Las fuentes del Derecho muy vinculantes son la ley y la costumbre, que, por consiguiente, son las fuentes de mayor rango en la jerarquía. Su aplicación es una obligación absoluta para las autoridades y su no aplicación se considera falta disciplinaria. La jerarquía dentro de la legislación es la siguiente:

  • Constitución,
  • leyes ordinarias (aprobadas por el Parlamento) ,
  • decretos presidenciales, del Consejo de Ministros y ministeriales y
  • disposiciones de las autoridades de nivel inferior.

Las fuentes poco vinculantes, en un nivel más bajo en la jerarquía, son los trabajos preparatorios de las leyes y las resoluciones de los tribunales. Su no aplicación no implica sanciones, pero la probabilidad de modificación de la resolución en una instancia superior aumenta. Entre las fuentes admitidas, se encuentran la doctrina, los principios generales del Derecho y los argumentos reales. Estas fuentes no son vinculantes, pero su utilización se admite y pueden reforzar una argumentación y, por lo tanto, justificar una resolución.

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En Finlandia, los convenios internacionales tienen el mismo rango que el instrumento utilizado para su incorporación al ordenamiento jurídico, de modo que, si un convenio internacional se aplica en virtud de una ley, las disposiciones de éste tienen rango de ley. Si una obligación internacional se aplica por medio de un decreto, sus disposiciones tienen rango de decreto. Las disposiciones de aplicación son, pues, comparables a las disposiciones nacionales del mismo rango jerárquico.

De acuerdo con la doctrina de la supremacía del Derecho comunitario, el Derecho comunitario prevalece sobre el Derecho nacional. Por lo tanto, si una disposición nacional está en contradicción con una disposición comunitaria de obligado cumplimiento, la prioridad le corresponderá a esta última, incluso sobre la Constitución de Finlandia.

3. Aplicación en Finlandia de las normas internacionales

Finlandia forma parte de los países de sistema dualista, en los que los convenios internacionales no son de aplicación directa en el territorio nacional en tanto no se hayan incorporado al ordenamiento jurídico interno. De acuerdo con la Constitución, las obligaciones internacionales que caen dentro del ámbito legislativo deben incorporarse por medio de una ley. Otras disposiciones deben aplicarse mediante un decreto. Una obligación internacional entra en vigor al nivel nacional en el momento de la aprobación de la disposición de aplicación. Los convenios internacionales que Finlandia ha suscrito y las disposiciones por las que estos se aplican se publican en la serie tratados de la Recopilación de legislación.

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4. Potestad de dictar normas jurídicas

De acuerdo con la Constitución, el poder legislativo reside en Finlandia en el Parlamento. El Parlamento aprueba todas las leyes ordinarias y decide también la reforma de la Constitución. Una ley ordinaria o una norma básica aprobada por el Parlamento puede conferir a otras autoridades el poder de adoptar disposiciones jurídicas sobre determinadas materias. En virtud de dicha autorización, el Presidente de la República, el Consejo de Ministros y los Ministros pueden adoptar decretos. Si no se menciona quién debe firmar el decreto en la disposición de autorización, el Consejo de Ministros es el encargado de adoptarlo. Una autoridad de nivel inferior puede, en determinadas condiciones, estar habilitada por una ley para adoptar normas jurídicas sobre cuestiones precisas, siempre que se den razones relacionadas con la materia objeto de las normas en cuestión y la importancia sustantiva de dichas normas no requiera su establecimiento por ley o decreto. Debe estar asimismo claramente delimitado el ámbito de dicha autorización. Ningún órgano distinto de los mencionados anteriormente tiene el poder de adoptar normas jurídicas vinculantes generales.

5. Elaboración y entrada en vigor de las normas jurídicas

Para que una norma se promulgue como ley debe haber sido sometida al Parlamento por iniciativa del Gobierno o de un diputado. Los proyectos gubernamentales se preparan en los departamentos ministeriales y, a continuación, son objeto de debate en el Consejo de Ministros. Posteriormente, se decide someter el proyecto al Parlamento a propuesta del Presidente de la República.

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En el Parlamento, el proyecto del Gobierno se analiza en un primer momento en un debate preliminar para ser luego remitido a las comisiones para su examen. Las comisiones parlamentarias escuchan las opiniones de los expertos y redactan un informe. El expediente se envía a continuación a la sesión plenaria del Parlamento, en la que el informe de la comisión sirve de base para el debate. La aprobación de las leyes se realiza en sesión plenaria en segunda lectura. El Parlamento puede aprobar un proyecto de ley sin modificaciones, enmendarlo o también rechazarlo. Quien tiene el poder de decisión final sobre la suerte del proyecto es el Parlamento. Las leyes ordinarias se aprueban por mayoría simple; la reforma de la Constitución requiere la mayoría cualificada. Las leyes aprobadas por el Parlamento se presentan, por último, a la sanción del Presidente de la República. Una ley entra en vigor en el momento indicado en su disposición sobre entrada en vigor, pero, en cualquier caso, nunca antes de haber sido publicado en la Recopilación de legislación.

Los decretos presidenciales, del Consejo de Ministros y ministeriales se preparan en el departamento ministerial competente. El Presidente de la República aprueba los decretos presidenciales a propuesta del Consejo de Ministros. Los decretos del Consejo de Ministros son aprobados por el colegio del Consejo de Ministros y los decretos ministeriales por el Ministro interesado. Todos los decretos se publican en la Recopilación de legislación. Entran en vigor en la fecha que en los mismos se menciona, pero, en cualquier caso, nunca antes de haber sido publicados en dicha Recopilación.

Las normas jurídicas adoptadas por autoridades de nivel inferior - que, en la práctica, se denominan reglamentos u órdenes - se preparan por la autoridad en cuestión, que decide acerca de su adopción. Entran en vigor en la fecha que en las mismas se menciona y se publican en la Recopilación de normas de la autoridad en cuestión.

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6. Solución de los conflictos entre distintas normas jurídicas en Finlandia

Para regular los conflictos de leyes, los órganos responsables de la aplicación de la ley aplican fundamentalmente los tres siguientes principios:

  • la norma de rango superior en la jerarquía normativa prima sobre la de rango inferior,
  • la ley especial prima sobre la general y
  • la ley posterior prima sobre la anterior.

En Finlandia, el control de la constitucionalidad de las leyes fundamentalmente es un control a priori. Por esta razón no existe tribunal constitucional. La función de la Comisión de asuntos constitucionales del Parlamento consiste en emitir dictámenes sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley y otros asuntos sometidos a su consideración, así como sobre su compatibilidad con los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Se parte del presupuesto de que las leyes debatidas en el Parlamento se ajustan a la Constitución y a los convenios internacionales en materia de derechos humanos.

Si persiste un conflicto entre la Constitución y otras disposiciones, se busca en primera instancia una solución por medio de la interpretación. En otros términos, se intenta interpretar las leyes y las otras normas de modo que se elimine el conflicto con la Constitución. Respecto de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la Comisión de asuntos constitucionales ha abrazado el principios de que, de poder justificarse varias interpretaciones, la alternativa que debe adoptarse es la que contribuya más decididamente a la realización de los objetivos de derechos humanos.

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Si el conflicto no puede solucionarse por la interpretación, la Constitución prevé otros medios de control de la constitucionalidad a posteriori. El artículo 106 de la Constitución estipula que, en caso de que, en una causa de la que conozca un órgano jurisdiccional hubiera un conflicto manifiesto entre la aplicación de una disposición de un ley y la Constitución, el órgano jurisdiccional debe conceder prioridad a la Constitución. El artículo 107 de la Constitución establece, por su parte, que si la aplicación de un decreto u otra disposición de nivel inferior a la ley supone un conflicto con la Constitución u otra ley, ningún tribunal ni ninguna otra autoridad puede proceder a dicha aplicación.

7. Información suplementaria y enlaces

Información suplementaria sobre el procedimiento legislativo está disponible en el sitio web del Ministerio de Justicia (Legislación y sociedad - Ministerio de Justicia). Todas las leyes y decretos en vigor en Finlandia, así como las normas adoptadas por autoridades de nivel inferior, pueden consultarse en línea en el banco de datos sobre legislación nacional, cuya dirección es FINLEX. La base de datos incluye también todos los proyectos del Gobierno desde 1992 y la jurisprudencia de los Tribunales Supremos. En el sitio web del Parlamento finlandés puede encontrarse asimismo información sobre los proyectos del Gobierno y los documentos utilizados en las primeras fases del examen de las leyes por el Parlamento.



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