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Última actualización: 02-08-2007
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Ordenamiento jurídico - Derecho comunitario

El Derecho comunitario en su vida diaria.

El Derecho comunitario constituye un ordenamiento jurídico pleno que da derechos e impone obligaciones a todos los europeos.

En el mercado interior el comercio entre Estados miembros se intensifica sin cesar. Los europeos se desplazan cada vez más, para establecerse en otro Estado, para trabajar, hacer negocios, pasar las vacaciones o casarse.

Las situaciones en que están afectadas personas que residen en países diferentes se han multiplicado y con ellas la posibilidad de conflictos judiciales.

Estos asuntos son a menudo más delicados que otros porque se plantean muchas preguntas incluso antes del examen de las cuestiones de fondo; por ejemplo: ¿qué tribunales de qué Estado son competentes para entender del litigio? ¿qué legislación aplicará el juez? ¿qué sistema de asistencia jurídica va a aplicarse? ¿cómo podrá ejecutarse una sentencia pronunciada en otro Estado?

Para facilitar la vida de los ciudadanos y ayudar a los profesionales de la justicia, la Unión Europea adoptó o proyecta adoptar numerosas normas que responden a todas estas cuestiones.

Desde 1999, con el Tratado de Amsterdam, pueden adoptarse normas comunitarias en los ámbitos del Derecho civil y mercantil. Así la UE puede adoptar:

  • reglamentos
  • directivas
  • decisiones
Al igual que los Tratados, estos actos forman parte de las fuentes del Derecho comunitario.

La cooperación judicial civil forma parte del sistema jurídico comunitario.

El sistema jurídico comunitario puede calificarse como un ordenamiento jurídico pleno porque es autónomo y diferente al de los Estados miembros y posee sus propias fuentes de Derecho.
Contrariamente al Derecho internacional clásico, que va dirigido principalmente a los Estados, el comunitario va dirigido también a particulares y empresas.

Además, el Derecho comunitario presenta dos particularidades que lo distinguen del Derecho internacional:

  • efecto directo
Los reglamentos se aplican directamente en todos los Estados miembros, con dos consecuencias principales:
  • todo el mundo puede hacer valer las disposiciones de un reglamento y alegarlas directamente ante el juez, que debe aplicarlas.
  • los reglamentos se aplican de la misma manera en toda la Unión, lo que facilita obviamente juzgar los conflictos entre residentes en países diferentes.
En cambio, las directivas deben "transponerse", es decir, los Estados miembros deben integrar, en un determinado plazo, los principios de las mismas en la ley nacional aunque dándoles cierta libertad sobre los medios para llevarlo a cabo.

Las directivas no tienen el mismo efecto directo que los reglamentos, en el sentido de que no originan, directamente y por sí mismas, derechos y obligaciones para los particulares. Sin embargo, las leyes nacionales deben interpretarse teniendo en cuenta los principios de las directivas, aunque sean previas a éstas.

  • primacía del Derecho comunitario
Los reglamentos y directivas comunitarios forman parte del ordenamiento jurídico de los Estados miembros, con primacía sobre las leyes y otras normas jurídicas nacionales. En otros términos, el juez debe descartar la ley nacional que sea contraria al Derecho comunitario.

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