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Última actualización: 25-10-2006
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Ordenamiento jurídico - República Checa

 

ÍNDICE

1. Fuentes del Derecho 1.
2. Jerarquía de las fuentes del Derecho 2.
3. Proceso legislativo 3.
4. Validez de las normas 4.

 

1. Fuentes del Derecho

El ordenamiento jurídico de la República Checa consta del conjunto de la legislación e instrumentos afines. Los instrumentos legislativos más importantes son las leyes (zakony), que recogen las normas de comportamiento que rigen los ámbitos fundamentales de la vida de los individuos y la sociedad. Existen otros instrumentos legislativos más generales (códigos) que abarcan conjuntos de leyes y contienen disposiciones detalladas y sistemáticas. Las leyes que abarcan un conjunto de normas y disposiciones detalladas de procedimiento se denominan códigos de procedimiento (řády). Las leyes que regulan los aspectos más importantes del Estado y los derechos de los ciudadanos (incluida la Constitución de la República Checa y la Carta de derechos y libertades fundamentales) son las leyes constitucionales (ústavní zákony), que requieren un procedimiento especial para su adopción.

Las leyes se desarrollan en los reglamentos de aplicación: reglamentos administrativos, órdenes ministeriales y órdenes del gobierno central y de las entidades regionales autónomas.

El ordenamiento jurídico también incluye los acuerdos internacionales ratificados por el Parlamento, que son vinculantes para la República Checa. En caso de conflicto entre un acuerdo internacional y la ley nacional sobre un aspecto determinado, prevalece el acuerdo internacional.

Además de los tipos de normas anteriormente mencionados, en la República Checa también se aplica desde su adhesión a la Unión Europea el Derecho comunitario, como en los demás Estados miembros.

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La costumbre no constituye una fuente del Derecho en la República Checa. No obstante, la ley permite tener en cuenta la costumbre en determinados sectores jurídicos específicos. En tales casos, la ley lo prevé específicamente y los tribunales pueden aplicarla. Por tanto, la fuente del Derecho no es el principio jurídico ni la costumbre en sí mismos, sino la ley que los prevé. Tampoco las resoluciones judiciales son fuente de Derecho. No obstante, los tribunales no pueden negarse a dictar una resolución por el hecho de que la ley sea incompleta o ambigua. Generalmente, deben proceder a su propia interpretación del asunto, que en gran medida servirá de base para las decisiones que adoptarán otros tribunales, creando así un precedente jurídico automático. Si la decisión se publica en el Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek (Diario Oficial de resoluciones y dictámenes judiciales), donde suelen publicarse las resoluciones importantes del Tribunal Supremo, pasa a constituir de hecho fuente de Derecho, aunque oficialmente no esté considerada así.

2. Jerarquía de las fuentes del Derecho

El ordenamiento jurídico checo está organizado jerárquicamente. En el nivel más alto se encuentra la Constitución y las leyes constitucionales; se trata de las normas de más alto rango legal que sólo pueden ser modificadas por otra norma constitucional. A continuación, están las leyes ordinarias y los reglamentos de aplicación, que tienen menor fuerza legal. Las leyes de rango inferior deben ser conformes con las de rango superior en la jerarquía. Las leyes sólo pueden ser derogadas o modificadas por normas de rango igual o superior. Los acuerdos internacionales gozan de un estatuto especial. Como ya se ha indicado, forman parte del ordenamiento jurídico y, en caso de conflicto entre diversas disposiciones, prevalecen incluso sobre las leyes constitucionales.

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En cuanto al Derecho comunitario, el principio de supremacía de éste se aplica exactamente como en los demás Estados miembros. Según este principio, la legislación europea prevalece en caso de conflicto entre la ley nacional (leyes, órdenes, etc.…) y el Derecho comunitario. Este principio se aplica tanto en caso de conflicto entre la ley nacional y el Derecho comunitario primario (Tratados) como entre la ley nacional y el Derecho comunitario derivado (Reglamentos, Directivas, etc.). Según la interpretación predominante, las normas nacionales supremas no quedan exentas de este principio, ya que el Derecho comunitario prevalece incluso sobre la Constitución y las leyes constitucionales de los Estados miembros.

Para incorporarse al ordenamiento jurídico y ser vinculantes para la República Checa, los acuerdos internacionales deben ser ratificados por el Parlamento, a no ser que las leyes constitucionales prevean la ratificación por referéndum. El Presidente de la República ratifica los acuerdos internacionales. Una vez ratificado, la versión checa del acuerdo se publica en el Sbírka mezinárodních smluv (Diario Oficial de los acuerdos internacionales).

3. Proceso legislativo

El órgano legislativo de la República Checa es el Parlamento, compuesto por dos cámaras independientes – la Cámara de los Diputados (200 miembros) y el Senado (81 senadores). El proceso de elaboración de las leyes comienza con el derecho de iniciativa. Los miembros individuales y los grupos de miembros del Parlamento, el Senado, el Gobierno y las autoridades regionales tienen derecho a proponer nuevas leyes y a modificar las existentes. Sólo el Gobierno puede proponer leyes relativas al presupuesto del Estado y al cierre de la contabilidad nacional; sólo la Cámara de los Diputados puede aprobar estas leyes. Ahora bien, el Gobierno tiene derecho a manifestar su opinión sobre las propuestas de ley. En primer lugar, la Cámara de los Diputados debate y, en su caso, modifica el proyecto de ley en tres lecturas sucesivas. La ley se aprueba por mayoría simple de los diputados presentes.

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El Presidente de la Cámara de los Diputados envía el proyecto de ley al Senado lo antes posible y el Senado sólo dispone de 30 días para debatirlo, plazo que contrasta con los largos debates de la Cámara de los Diputados, que a veces se prologan durante meses. Al final del plazo, el Senado debe aprobar, rechazar o devolver una versión modificada del proyecto de ley a la Cámara de los Diputados. También puede decidir no debatir en absoluto el proyecto de ley. Si el Senado aprueba el proyecto de ley, decide no debatirlo o no emite ningún dictamen en el plazo previsto, la ley se considera aprobada y se envía al Presidente de la República para que la firme. Si el Senado rechaza el proyecto, la Cámara de los Diputados celebra una nueva votación sobre éste. La ley se aprueba por mayoría simple de la Cámara de los Diputados. Si el Senado devuelve un proyecto de ley modificado a la Cámara de los Diputados, la Cámara baja debe votar sobre la versión aprobada por el Senado. El proyecto de ley se aprueba por mayoría simple de los diputados. Si la Cámara de los Diputados no aprueba el proyecto modificado por el Senado, debe volver a votar sobre la versión original del proyecto que se envió al Senado. La ley se aprueba por mayoría simple de los diputados (101 votos como mínimo). Las leyes electorales y ciertos tipos de leyes deben ser aprobados por la Cámara de los Diputados y el Senado.

El Presidente de la República también interviene en el resultado final. En el plazo de 15 días desde la recepción de un proyecto de ley aprobado puede decidir no firmarlo y devolverlo a la Cámara de los Diputados para un posterior debate, indicando los motivos. Esto se llama veto presidencial. La Cámara de los Diputados puede oponerse al veto presidencial por mayoría simple de sus miembros, sin introducir ninguna enmienda en el proyecto, en cuyo caso queda aprobado. En caso contrario, el proyecto no se aprueba.

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Además del Presidente de la República, también pueden firmar las leyes el Presidente de la Cámara de los Diputados y el Primer Ministro, pero se trata de una simple formalidad.

Si se disuelve la Cámara de los Diputados, corresponde al Senado adoptar en determinados sectores medidas legales fundamentales que en circunstancias normales suelen adoptarse por ley. Sólo el Gobierno puede proponer medidas al Senado y éstas deben ser aprobadas por la Cámara de los Diputados en su primera reunión, so pena de caducar.

Las leyes constitucionales tienen un procedimiento especial de elaboración. Para ser adoptadas requieren una mayoría de tres quintos de los diputados (mayoría cualificada) y de tres quintos de los senadores presentes, frente a la mayoría simple (mitad) de los miembros del Parlamento presentes que requieren las leyes ordinarias. Las leyes constitucionales pueden ser modificadas o prorrogadas por otras leyes constitucionales (es decir, una vez disuelta la Cámara de los Diputados, el Senado no puede modificarlas mediante leyes) y el Presidente no puede vetarlas.

Los ministros, los órganos administrativos y los organismos regionales de autogobierno pueden dictar normas de aplicación detalladas (reglamentos y decretos) en las materias de su competencia.

4. Validez de las normas

Para entrar en vigor, las normas deben ser publicadas. Las leyes constitucionales, las leyes ordinarias y otras normas legislativas (reglamentos gubernamentales, órdenes ministeriales, etc.) se publican en el Sbírka zakonů  (Boletín de leyes) del Ministerio del Interior. Las normas entran en vigor y a formar parte del ordenamiento jurídico checo el día de su publicación en el Sbírka zakonů. Cada acto legislativo del Boletín lleva la fecha de su entrada en vigor. Se trata de la fecha en que el acto legislativo es obligatorio para todos. Si no se fija ninguna fecha, las normas entran en vigor a los quince días de su publicación. En casos de extrema necesidad pública, la fecha de entrada en vigor puede adelantarse, aunque no puede ser anterior a la fecha de publicación. Así, la fecha en que surte efectos una ley puede ser la misma fecha de entrada en vigor, pero no anterior a ésta. Las leyes aprobadas por el Senado se publican en el Sbírka zakonů como las demás leyes; los acuerdos internacionales ratificados se publican en el Sbírka mezinárodních smluv (Boletín de acuerdos internacionales). Los reglamentos provinciales se publican en boletines, las normas municipales se anuncian en los tablones oficiales del ayuntamiento durante 15 días y después se publican de la forma habitual.

Cuando las leyes nacionales o disposiciones específicas de las leyes entran en conflicto con el orden constitucional, o cuando otros instrumentos o disposiciones jurídicas de éstos entran en conflicto con el orden constitucional o con otras leyes, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre su eventual anulación.

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