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Última actualización: 06-11-2007
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Competencia de los órganos jurisdiccionales - Portugal

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Si desea interponer una acción civil o mercantil, debe determinar el tribunal competente para conocer del asunto, es decir, el tribunal que tiene jurisdicción. Si acude al tribunal incorrecto o si hay un conflicto de competencias, el procedimiento podría sufrir un retraso considerable o incluso podría desestimarse su demanda por falta de competencia.



 

ÍNDICE

A. ¿Hay que dirigirse a un tribunal ordinario o a uno especializado? A.
B. Si son competentes los órganos jurisdiccionales ordinarios, ¿cómo puedo saber a qué tribunal me debo dirigir? B.
I. ¿Existe una distinción jerárquica entre los tribunales de primera instancia? En caso afirmativo, ¿qué tribunal es competente de mi litigio? I.
II. Competencia territorial (¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto? ¿El de la localidad A o el de la localidad B?) II.
1. La norma general de la competencia territorial 1.
2. Excepciones a la norma general 2.
a) ¿Cuándo puedo elegir entre el órgano jurisdiccional del domicilio del demandado (de conformidad con la norma general) y otro órgano jurisdiccional? a)
b) ¿Cuándo estoy obligado a elegir un órgano jurisdiccional distinto del correspondiente al domicilio del demandado (determinado por la norma general)? b)
c) ¿Las partes pueden designar un tribunal que, según la norma general, no sería competente? c)
C. Si es competente un órgano jurisdiccional especializado, ¿cómo puedo saber a qué tribunal me debo dirigir? C.

 

A. ¿Hay que dirigirse a un tribunal ordinario o a uno especializado?

En el ordenamiento jurídico portugués, el recurso a un tribunal de derecho común o especializado depende del tipo de acción interpuesta.

La competencia se determina en el momento en que se interpone la acción, mientras que las modificaciones de hecho que se produzcan posteriormente carecen de pertinencia.

Desde el punto de vista interno, la jurisdicción se atribuye entre los distintos tribunales en función de la materia (es decir, de la naturaleza del litigio), de la jerarquía (es decir, de los grados de jurisdicción de los tribunales: primera instancia, segunda instancia y Tribunal Supremo), del importe del asunto (que corresponde a la cuantía pecuniaria de la reclamación económica inmediata de la demanda), de la forma de procedimiento aplicable (es decir, de la secuencia específica de actos procesales que deben realizarse con el fin de hacer valer un derecho determinado) y del territorio (es decir, de la demarcación geográfica con la que están relacionados los hechos objeto del litigio).

Existen disposiciones especiales relativas a la acción ejecutoria (acción en virtud de la cual el demandante solicita que se tomen las medidas necesarias para la reparación efectiva de su derecho infringido).

Por lo que se refiere a la materia, son competencia de los tribunales judiciales los asuntos que no han sido atribuidos por disposición legal a otro orden jurisdiccional.

Los tribunales se encuentran jerarquizados a efectos de los recursos que se pueden interponer contra sus respectivas decisiones.

Por regla general, el Tribunal Supremo conoce, en segunda instancia, de los asuntos cuyo importe sobrepasa el límite (alçada) de los tribunales de segunda instancia (o tribunales de apelación). Estos últimos conocen de asuntos cuyo valor sobrepasa el límite de los tribunales de primera instancia.

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La alçada corresponde a un valor económico definido por la ley, que se coteja con el importe del asunto. Este valor implica la facultad de recurrir, de la que gozan las partes, y delimita las condiciones en las cuales un tribunal falla sin que sus decisiones sean susceptibles de recurso ordinario.

Las normas de procedimiento civil definen el tribunal ante el cual debe interponerse la acción en función del importe del asunto.

Estas mismas normas determinan los factores que atribuyen, en cada caso, la competencia territorial al tribunal.

Los tribunales de primera instancia son, por regla general, los tribunales comarcales. Se trata de tribunales de derecho común, es decir, competentes para resolver todos los litigios, a excepción de los que la ley reserva a otros tribunales.

Para más explicaciones se puede consultar, en este mismo sitio, la ficha relativa a la organización de la justicia en Portugal.

B. Si son competentes los órganos jurisdiccionales ordinarios, ¿cómo puedo saber a qué tribunal me debo dirigir?

Una vez establecido que los tribunales de derecho común son los competentes, será necesario examinar los criterios que se formulan a continuación, en función de las preguntas siguientes.

I. ¿Existe una distinción jerárquica entre los tribunales de primera instancia? En caso afirmativo, ¿qué tribunal es competente de mi litigio?

En Portugal no existe ninguna distinción jerárquica entre los tribunales de primera instancia.

II. Competencia territorial (¿cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de mi asunto? ¿El de la localidad A o el de la localidad B?)

1. La norma general de la competencia territorial

La norma general en materia de competencia territorial es la siguiente: el tribunal competente para conocer del asunto es el del domicilio del demandado.

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Sin embargo, si el demandado no tiene residencia habitual o si es incierto o se halla ausente, será competente el tribunal del domicilio del demandante. Si el demandado tiene su domicilio y su residencia en país extranjero, será competente el tribunal del lugar donde se encuentra. Si el demandado no se encuentra en territorio portugués, será competente el tribunal del domicilio del demandante y, si este último se halla en país extranjero, el tribunal competente para conocer del asunto será el tribunal de Lisboa.

Por lo que respecta a las personas jurídicas y a las empresas, la norma general es la siguiente:

  1. si el demandado es el Estado, el tribunal competente ya no será el tribunal del domicilio del demandado sino el tribunal del domicilio del demandante;
  2. si el demandado es otra persona jurídica o una empresa, será competente el tribunal del lugar donde tenga su sede la administración principal o el tribunal de la sede de la sucursal, agencia, filial, delegación o representación, según que la acción se interponga contra la administración principal o contra una de las citadas entidades. Sin embargo, la acción judicial contra personas jurídicas o empresas extranjeras que posean una sucursal, agencia, filial, delegación o representación en Portugal, puede interponerse ante el tribunal de la sede de una de las citadas entidades, aunque la demandada sea la administración principal.
2. Excepciones a la norma general

Las acciones relativas a derechos referentes a bienes inmuebles, las acciones para la división de cosa común, las acciones de expulsión, las acciones de separación de los patrimonios, las acciones de ejecución de contrato de bienes inmuebles, así como las acciones de ampliación, sustitución, reducción o levantamiento de la hipoteca deben interponerse ante el tribunal del lugar donde se encuentran los bienes.

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Las acciones de ampliación, sustitución, reducción o levantamiento de la hipoteca de buques y aeronaves deben, no obstante, interponerse en la demarcación donde se hallan matriculados dichos buques y aeronaves. Si la hipoteca se refiere a bienes muebles matriculados en diferentes circunscripciones, el demandante puede elegir una u otra de dichas demarcaciones.

Cuando tiene por objeto una universalidad de hecho (conjunto de bienes muebles pertenecientes a la misma persona y sujetos a un destino unitario), o bienes muebles o inmuebles o también bienes inmuebles situados en distintas demarcaciones, la acción judicial debe interponerse ante el tribunal del lugar geográfico donde se hallan los bienes inmuebles de mayor valor, calculado con arreglo al valor catastral. Si el bien inmueble objeto de la acción judicial está situado en varias demarcaciones territoriales, la acción podrá interponerse en cualquiera de ellas.

Las acciones destinadas a exigir la ejecución de obligaciones, el pago de indemnizaciones por un incumplimiento o un cumplimiento defectuoso y la resolución de un contrato por incumplimiento, deben interponerse, a elección del acreedor, ante el tribunal del lugar donde debería haberse ejecutado la obligación o ante el tribunal del domicilio del demandado.

Tratándose de acciones de responsabilidad civil basadas en hechos ilícitos o en riesgos, es competente el tribunal del lugar donde se produjo el hecho.

Por lo que respecta a los casos de divorcio o de separación de personas y bienes (a mensa et thoro), es competente el tribunal del domicilio o del lugar de residencia del demandante.

Para los procedimientos de inventario (destinados a poner fin a una comunidad de bienes tras un fallecimiento), es competente el tribunal del lugar del último domicilio del difunto.

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El tribunal del puerto donde se entrega (o se debería haber entregado) la carga de un buque que haya sufrido grandes daños es competente para reparar y resolver sobre dichos daños.

La acción de indemnización de daños y perjuicios por abordaje de buques puede interponerse ante el tribunal del lugar del accidente, el tribunal del domicilio del propietario del buque causante del abordaje o el tribunal del lugar donde se encontró dicho buque o de donde procedía, así como el tribunal del lugar del primer puerto donde recaló el buque víctima del abordaje.

Las remuneraciones adeudadas en virtud de operaciones de rescate o asistencia a buques pueden ser objeto de una demanda ante el tribunal del lugar donde ocurrió el hecho, del tribunal del domicilio del propietario de los objetos recuperados y del tribunal del lugar de donde procedía o donde se encontraba el buque rescatado.

La acción destinada a eximir de todo privilegio un buque que haya sido objeto de una adquisición debe interponerse ante el tribunal del puerto donde el buque estaba atracado en el momento de la adquisición.

Para los procedimientos especiales de salvamento de empresas y de quiebra, es competente el tribunal del lugar geográfico del establecimiento donde la empresa tiene su sede o ejerce su actividad principal.

El tribunal de la demarcación donde se halle cualquier sucursal, agencia, filial, delegación o representación, constituida en Portugal, de una sociedad o de una empresa extranjera, es competente para conocer de los procedimientos especiales de salvamento de empresas y de quiebra, resultantes de obligaciones contraídas en Portugal o que habrían debido ejecutarse en Portugal, si bien la liquidación se limitará a los bienes que se encontraban en el territorio portugués.

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En cuanto a las medidas cautelares (secuencias de actos procesales destinados a proteger el efecto útil de la decisión que debe pronunciarse en el marco de un determinado asunto) y a las medidas previas a la interposición de la acción judicial, cabe tener en cuenta los criterios siguientes:

  1. La incautación (embargo judicial de los bienes) y el inventario (que consiste en la descripción, tasación y entrega de los bienes a un depositario) pueden ser objeto de una demanda que se presentará ante el tribunal donde debe interponerse la acción definitiva o ante el tribunal del lugar donde se encuentran los bienes o, si éstos se hallan en varias demarcaciones judiciales, ante el tribunal de una de estas demarcaciones.
  2. para la suspensión de obra nueva (medida urgente destinada a obtener la suspensión de los trabajos correspondientes a una nueva construcción), es competente el tribunal del lugar donde se halla la obra;
  3. para las otras medidas cautelares, es competente el tribunal donde debe interponerse la acción pertinente;
  4. las diligencias anticipadas de producción de prueba son objeto de una demanda presentada ante el tribunal del lugar donde deben adoptarse dichas medidas.

Las notificaciones particulares deben ser objeto de una demanda presentada ante el tribunal del lugar donde reside el destinatario de la notificación.

Las acciones judiciales ante los tribunales de lo social deben, por regla general, interponerse ante el tribunal del lugar del demandado.

No obstante, las acciones resultantes de un contrato de trabajo interpuestas por un trabajador contra su empleador, pueden presentarse ante el tribunal del lugar de la prestación laboral o ante el tribunal del domicilio del trabajador.

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Si hay varios demandantes, es competente el tribunal del lugar de la prestación laboral o el del domicilio de cualquiera de los demandantes.

Si la prestación laboral se efectúa en varios lugares, las acciones judiciales pueden interponerse ante el tribunal de cualquiera de estos lugares.

Las acciones relacionadas con accidentes laborales y con enfermedades profesionales deben interponerse ante el tribunal del lugar donde se produjo el accidente o del lugar donde el enfermo realizó, por última vez, actividades profesionales susceptibles de ser la causa de su enfermedad. Si el accidente tiene lugar en el extranjero, la acción debe interponerse en Portugal, ante el tribunal del domicilio del siniestrado. Las comunicaciones prescritas por la ley deben dirigirse al tribunal determinado en función de dichas normas. Es también competente el tribunal del domicilio del siniestrado, del enfermo o del beneficiario si la comunicación se presenta en este lugar o si así lo solicita aquél antes de la fase contenciosa del proceso. Si el siniestrado, enfermo o beneficiario está inscrito en el registro de marinería o es miembro de la tripulación de una aeronave y si el accidente ocurre o la enfermedad se declara durante el viaje, es competente el tribunal de la primera localidad del territorio nacional donde atraque el buque o aterrice la aeronave o el tribunal del lugar de inscripción en el registro de buques.

En caso de despido colectivo, las medidas cautelares de suspensión y las acciones de impugnación deben interponerse ante el tribunal del lugar donde está situado el establecimiento de la prestación laboral. Si el despido se refiere a trabajadores de distintos establecimientos, es competente el tribunal del lugar donde se sitúa el establecimiento en el que trabaja el mayor número de trabajadores afectados por el despido colectivo.

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Por lo que respecta a los procedimientos civiles relativos a menores de edad, se aplica la siguiente norma general: es competente para pedir la adopción de medidas el tribunal del lugar de residencia del menor en el momento en que se inicia el procedimiento. Si no se conoce la residencia del menor, es competente el tribunal del lugar de residencia de los titulares de la responsabilidad parental. Si los titulares de la responsabilidad parental poseen lugares de residencia diferentes, es competente el tribunal del lugar de residencia de la persona que tiene la guardia del menor o, en el caso de una custodia conjunta, de la persona con la que reside el menor. Si alguna de las medidas afecta a dos o más menores, hijos de los mismos padres y residentes en demarcaciones diferentes, es competente el tribunal del lugar de residencia de la mayoría de los menores. En igualdad de circunstancias, es competente el tribunal ante el que se solicitó la medida en primer lugar. Si el menor no reside en Portugal cuando se inicia el procedimiento, es competente el tribunal del lugar de residencia del demandante o el demandado. Si estos últimos residen también en el extranjero y el tribunal portugués es competente a nivel internacional, corresponde al tribunal de Lisboa conocer del asunto.

a) ¿Cuándo puedo elegir entre el órgano jurisdiccional del domicilio del demandado (de conformidad con la norma general) y otro órgano jurisdiccional?

La respuesta a esta pregunta figura en el apartado c) del presente punto n°2.

b) ¿Cuándo estoy obligado a elegir un órgano jurisdiccional distinto del correspondiente al domicilio del demandado (determinado por la norma general)?

En todas las situaciones contempladas en el punto n°2 de la pregunta II.

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c) ¿Las partes pueden designar un tribunal que, según la norma general, no sería competente?

Sí, mediante la firma de una cláusula privativa, las partes pueden pactar la atribución de la jurisdicción competente para resolver un determinado litigio o los litigios que puedan resultar de una determinada relación jurídica, siempre que ésta guarde conexión con más de un ordenamiento jurídico.

Dicha cláusula puede implicar la atribución de competencia exclusiva o simplemente alternativa a la de los tribunales portugueses, cuando esta última existe, entendiéndose que la competencia se considera alternativa en caso de duda.

La elección del fuero sólo es válida si se cumplen todos los criterios siguientes:

  1. tratarse de un litigio referente a derechos inalienables para las partes;
  2. estar autorizada por la ley del tribunal designado;
  3. estar justificada por un interés serio de ambas partes o de una de ellas, siempre que dicho interés no represente un inconveniente importante para la otra parte;
  4. no corresponder a una materia que sea competencia exclusiva de los tribunales portugueses;
  5. resultar de un acuerdo escrito, o confirmado por escrito, en el cual se mencione expresamente la jurisdicción competente. A tal efecto, se considera consignado por escrito el acuerdo compuesto de un documento firmado por las partes, o el acuerdo resultante de un canje de notas, télex, telegramas u otros medios de comunicación de los cuales exista prueba escrita, ya sea que dichos instrumentos contengan el acuerdo propiamente dicho o que impliquen una cláusula de remisión a cualquier otro documento donde figure el acuerdo.

En la jurisdicción de lo social, se dan por nulos y sin efecto los acuerdos o las cláusulas cuyo objetivo sea excluir la competencia territorial atribuida según las condiciones establecidas en la respuesta a la pregunta II-2.

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C. Si es competente un órgano jurisdiccional especializado, ¿cómo puedo saber a qué tribunal me debo dirigir?

Se puede determinar el tribunal competente aplicando los siguientes criterios:

Tribunales de familia - Estos tribunales son competentes para poner conocer y resolver los litigios no contenciosos relativos a cónyuges, las acciones de separación de personas y bienes y de divorcio, los inventarios y los procedimientos cautelares relacionados con ellos, las acciones y ejecuciones en materia alimentaria entre cónyuges o ex cónyuges, las acciones de declaración de la inexistencia del matrimonio civil o de anulación del mismo y las acciones relativas a la anulación de un matrimonio civil contraído de buena fe por al menos uno de los cónyuges.

Dichos tribunales serán también competentes para:

  1. declarar la tutela y la administración de bienes;
  2. nombrar a la persona que deberá realizar actos en nombre del menor así como nombrar a un curador general que representará extrajudicialmente al menor sujeto a la responsabilidad parental;
  3. constituir el vínculo de adopción;
  4. regular el ejercicio de la responsabilidad parental y conocer cuestiones relativas a la misma;
  5. fijar los alimentos debidos a los menores y a los hijos mayores o emancipados y conocer y juzgar el cumplimiento de la obligación de alimentos;
  6. ordenar la entrega judicial de menores;
  7. autorizar al representante legal de los menores a realizar algunos actos, confirmar aquéllos que se hubieran realizado sin autorización y resolver con respecto a la aceptación de donaciones;
  8. decidir la caución que los padres deben constituir en favor de los menores;
  9. ordenar la caducidad, total o parcial de la responsabilidad parental y fijar límites para su ejercicio;
  10. proceder a la comprobación de oficio de la maternidad o la paternidad o en caso de impugnación de la paternidad presunta;
  11. resolver, en caso de desacuerdo de los padres, sobre el nombre y apellidos del menor.

Corresponde también a los tribunales de familia:

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  1. En caso de tutela o administración de bienes, determinar la remuneración del tutor o del administrador, conocer de la dispensa, la dimisión o la revocación del tutor, del administrador o del miembro del consejo de familia, exigir y examinar las cuentas, autorizar la sustitución de la hipoteca legal y el refuerzo y la sustitución de la caución constituida y nombrar un curador especial que represente al menor extrajudicialmente;
  2. Nombrar a un curador especial que represente al menor en cualquier procedimiento de tutela;
  3. Convertir, revocar y revisar la adopción, exigir y examinar las cuentas del adoptante y fijar el importe de las sumas destinadas a los alimentos del adoptado;
  4. Decidir el refuerzo y la sustitución de la caución constituida en favor de los menores;
  5. Exigir y examinar las cuentas que deben presentar los padres;
  6. Conocer de cualesquiera incidentes en los procedimientos previamente mencionados.

Tribunales de lo social - Corresponde a los tribunales de lo social conocer, en materia civil:

  1. Los litigios relativos a la anulación y a la interpretación de los instrumentos de regulación colectiva del trabajo que no sean de carácter administrativo;
  2. Los litigios resultantes de relaciones laborales por cuanta ajena y de relaciones establecidas con vistas a la celebración de contratos laborales;
  3. Los litigios relativos a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
  4. Los litigios en materia de cuidados de enfermería u hospitalarios, de suministro de medicamentos derivados de la prestación de servicios clínicos, de aparatos de prótesis u ortopedia o cualesquiera servicios o prestaciones prestados o pagados a víctimas de accidentes laborales o de enfermedades profesionales;
  5. Las acciones destinadas a obtener la anulación de los actos y contratos firmados por cualesquiera personas físicas y jurídicas responsables con el fin de sustraerse a la ejecución de obligaciones derivadas de la aplicación de la normativa sindical o laboral;
  6. Los litigios que se derivan de contratos asimilados por la ley a los contratos de trabajo;
  7. Los litigios que se derivan de contratos de aprendizaje y de prácticas;
  8. Los litigios entre trabajadores al servicio del mismo empresario, relativos a derechos y obligaciones resultantes de actos realizados conjuntamente en la ejecución de sus relaciones laborales o resultantes de un acto ilícito realizado por uno ellos en ejecución de su deber y debido a éste, sin perjuicio de la competencia de los órganos jurisdiccionales penales en cuanto a la responsabilidad civil derivada de la responsabilidad penal;
  9. Los litigios entre instituciones de seguridad social o de subsidios familiares y los beneficiarios de las prestaciones, cuando se refieren a los derechos, poderes u obligaciones legales, reglamentarios o estatutarios de unos u otros, sin perjuicio de la competencia de los órganos jurisdiccionales administrativos y fiscales;
  10. Los litigios entre las asociaciones sindicales y sus miembros o las personas representadas por ellos o afectadas por sus decisiones, cuando se refieran a derechos, poderes u obligaciones legales, reglamentarios o estatutarios de unos u otros;
  11. Los litigios sobre liquidación y división de bienes de instituciones de seguridad social o asociaciones sindicales, a falta de disposición legal en sentido contrario;
  12. Los litigios entre instituciones de seguro social o entre asociaciones sindicales, relativos a la existencia, el alcance o la calidad de los poderes o deberes legales, reglamentarios o estatutarios de una que afectan a la otra;
  13. Las ejecuciones basadas en sus decisiones o en otros títulos ejecutivos, sin perjuicio de la competencia atribuida a otros tribunales;
  14. Los litigios entre sujetos de una relación jurídica laboral o entre uno de estos sujetos y terceras personas, cuando se derivan de relaciones vinculadas a la relación laboral, debido a su naturaleza accesoria, complementaria o dependiente, y si la demanda está acumulada a otra para la que el tribunal es directamente competente;
  15. Los litigios civiles relativos a las huelgas;
  16. Los litigios entre comités de trabajadores y sus comités de coordinación, la empresa o sus trabajadores;
  17. Otras materias que les asigne la ley.

Tribunales de lo mercantil - Corresponde a los tribunales de lo mercantil conocer y juzgar:

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  1. Los procedimientos especiales de saneamiento de empresa y quiebra;
  2. Las acciones de comprobación de la inexistencia, de nulidad y de anulación del contrato de sociedad;
  3. Las acciones relativas al ejercicio de derechos sociales;
  4. Las acciones de suspensión y de anulación de decisiones empresariales;
  5. Las acciones de disolución y de liquidación judicial de sociedades;
  6. Las acciones en las que el hecho en que se funda la pretensión se refiere a la propiedad industrial;
  7. Las acciones previstas por el Código del registro de comercio;
  8. Las acciones de nulidad y de anulación previstas por el Código de la propiedad industrial.

Corresponde también a los tribunales de lo mercantil juzgar:

  1. Los recursos contra las decisiones que, en las condiciones previstas por el Código de la propiedad industrial, conceden o deniegan cualquiera de los derechos privativos contemplados en aquél;
  2. Los recursos contra las decisiones de los responsables del registro mercantil.

Los tribunales marítimos - Corresponde a los tribunales marítimos conocer los litigios relativos a:

  1. las indemnizaciones por los daños causados o sufridos por buques, embarcaciones y otros ingenios flotantes, o resultantes de su utilización marítima, en la acepción general del derecho;
  2. los contratos de construcción, reparación, compra y venta de buques, embarcaciones y otros ingenios flotantes, siempre que se destinen a un uso marítimo;
  3. los contratos de transporte por vía marítima o al contrato de transporte combinado o multimodal;
  4. los contratos de transporte por vía fluvial o por canales;
  5. los contratos de utilización marítima de buques, embarcaciones y otros ingenios flotantes, en particular, los de fletamento y los de arrendamiento financiero;
  6. las pólizas de seguros de buques, embarcaciones y otros ingenios flotantes destinados a un uso marítimo y de sus cargas;
  7. las hipotecas y privilegios sobre buques y embarcaciones, así como a cualesquiera garantías reales sobre ingenios flotantes y sus cargas;
  8. los procedimientos especiales relativos a buques, embarcaciones, otros ingenios flotantes y sus cargas;
  9. los procedimientos cautelares referentes a buques, embarcaciones y otros ingenios flotantes, sus cargas y combustibles y otros valores pertenecientes a los buques, embarcaciones y otros ingenios flotantes, así como los relativos a cualquier solicitud de medida cautelar a la autoridad portuaria para impedir la salida de los bienes objeto de tales procedimientos;
  10. las averías comunes o particulares, incluidas las que se refieren a otros ingenios flotantes destinados al uso marítimo;
  11. la asistencia y el salvamento marítimo;
  12. los contratos de remolque y de pilotaje;
  13. la retirada de pecios;
  14. la responsabilidad civil derivada de la contaminación del mar y de otras aguas bajo su jurisdicción;
  15. la utilización, pérdida, descubrimiento o apropiación de redes o artes de pesca o captura de crustáceos, moluscos y plantas marinas, anclas, herramientas, armas, provisiones y otros objetos destinados a la navegación o la pesca, así como los daños causados o sufridos por dicho material;
  16. los daños causados a los bienes del dominio público marítimo;
  17. la propiedad y la posesión de bienes o restos arrastrados por el mar y yacentes en el fondo o bajo él o procedentes de las aguas interiores o encontrados en ellas, si son de interés marítimo;
  18. las capturas;
  19. cualesquiera cuestiones generales referentes a materias de derecho marítimo mercantil.

Información complementaria

  • Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo de Justicia) English - français - português;
  • Ministério da Justiça (Ministerio de Justicia) English - português;
  • Tribunal Constitucional português;
  • Tribunal da Relação de Lisboa (Tribunal de apelación de Lisboa) português;
  • Tribunal da Relação de Coimbra (Tribunal de apelación de Coimbra) português;
  • Tribunal da Relação de Évora (Tribunal de apelación de Évora) English - français - português;
  • Tribunal da Relação do Porto (Tribunal de apelación de Oporto) português;
  • Procuradoria Geral da República (Oficina del Fiscal General) português;
  • Centro de Estudos Judiciários (Centro de estudios jurídicos) English - français - português;
  • Direcção Geral da Administração da Justiça (Dirección General de Administración de Justicia) português;
  • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (Gabinete de Política legislativa y planificación del Ministerio de Justicia) English - português;
  • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (Dirección General de los registros y el notariado) português;
  • Instituto do Consumidor (Instituto del Consumidor) português;
  • Associação Sindical dos Juizes Portugueses (Asociación Sindical de jueces portugueses) português;
  • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (Sindicato de magistrados del ministerio público) português;
  • Ordem dos Advogados (Colegio de abogados) português;
  • Base de legislación on-line (contiene todas las leyes y actos publicados en la “I Série do Diário da República” (Boletín Oficial, Serie I) desde el 1.1.1970; ofrece acceso gratuito a la legislación publicada en la Serie I desde el 1.1.2000) português.

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