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Última actualización: 15-12-2008
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Competencia de los órganos jurisdiccionales - Hungría

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Si se quiere iniciar un proceso judicial en materia civil o mercantil, hay que saber qué tribunal tiene competencia para examinar la causa o, dicho de otro modo, qué tribunal es competente. Si no se acude al tribunal adecuado o si surgen divergencias sobre la competencia, se corre el riesgo de que el proceso se demore considerablemente o incluso de que se desestime el caso por falta de competencia.

Las disposiciones en materia de competencia de los tribunales son aplicables a todos los procedimientos fundados en Derecho, sean las partes nacionales o extranjeras, personas físicas o jurídicas, salvo que un convenio internacional disponga otra cosa.



 

ÍNDICE

A. ¿Debo dirigirme a un tribunal ordinario o a un tribunal especializado? A.
B. Si la competencia corresponde a los tribunales ordinarios, ¿cómo puedo identificar cuál de ellos es competente para conocer de mi litigio? B.
I. ¿Existe una distinción entre los órganos jurisdiccionales civiles “inferiores” y “superiores” de primera instancia? En caso afirmativo, ¿qué tribunal es competente para conocer de mi asunto? I.
II. Competencia territorial (¿es competente el tribunal de la localidad A o el de la localidad B?) II.
1. Regla general de la competencia territorial 1.
2. Excepciones a la regla general 2.
a) ¿Cuándo puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (regla general) y otro tribunal? a)
b) ¿En qué circunstancias es obligatorio elegir un tribunal distinto del domicilio del demandado (determinado por aplicación de la regla general)? b)
c) ¿Existe la posibilidad de que las partes designen un tribunal que en condiciones normales no sería competente? c)
C. ¿Cómo saber a qué tribunal debe acudirse cuando la jurisdicción corresponda a los tribunales especializados? C.

 

A. ¿Debo dirigirme a un tribunal ordinario o a un tribunal especializado?

Con arreglo al artículo 16 de la Ley LXVI de 1976 sobre organización y administración de los tribunales, en Hungría solo funciona un tribunal especializado: el Tribunal Laboral, que entiende principalmente de asuntos relacionados con el empleo.

El Tribunal Laboral es un tribunal de primera instancia que entiende de:

  1. litigios previos a la firma de contratos de trabajo y referidos a derechos originados de una relación laboral de empleo tras la finalización del vínculo laboral;
  2. litigios relativos a convenios colectivos entre las partes habilitadas para firmar tales acuerdos, o entre estas y un tercero, y relativo a los derechos derivados de dichos convenios colectivos;
  3. demandas basadas en conductas ilegales relacionadas con huelgas y otros medios de lucha laboral o la libertad de sindicación;

Las demandas interpuestas al amparo de la legislación que rige las relaciones empleador-empleado y directamente referidas al empleo también pueden ser invocadas en determinados litigios laborales.

Son competencia del tribunal laboral las inspecciones, las resoluciones administrativas referentes a la seguridad en el puesto de trabajo, las resoluciones administrativas adoptadas por el centro de trabajo zonal (metropolitano) con arreglo a la Ley de fomento del empleo y de derechos de los desempleados, y la revisión judicial de las resoluciones en el ámbito de la seguridad social, que se tratan con arreglo a la normativa de examen de asuntos administrativos.

En los conflictos laborales, el único tribunal competente es el tribunal laboral del área en que esté situada la sede del empleador o el lugar de ocupación en que trabaja o ha trabajado el empleado.

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De los litigios relativos a las relaciones de servicio de los miembros profesionales de las Fuerzas Armadas entenderá el tribunal laboral competente para el área en que se encuentre el órgano judicial de primera instancia que adopte la resolución prejudicial, mientras que el Tribunal Laboral Metropolitano conocerá de las acciones judiciales interpuestas por miembros secretos de los servicios de seguridad en los ámbitos civil, militar y nacional y de la policía.

Los recursos no son examinados por el tribunal especial sino por un tribunal ordinario y, en concreto, por el tribunal de distrito competente para la zona en que esté situado el tribunal laboral.

B. Si la competencia corresponde a los tribunales ordinarios, ¿cómo puedo identificar cuál de ellos es competente para conocer de mi litigio?

I. ¿Existe una distinción entre los órganos jurisdiccionales civiles “inferiores” y “superiores” de primera instancia? En caso afirmativo, ¿qué tribunal es competente para conocer de mi asunto?

Las sentencias en primera instancia las dictan

  • los tribunales locales (tribunales municipales, tribunales de distrito) y
  • los tribunales de condado (tribunal metropolitano).

Las sentencias en segunda instancia las dictan

  • los tribunales de condado (tribunal metropolitano) en asuntos de la competencia de los tribunales locales (tribunales municipales, tribunales de distrito);
  • el Tribunal Superior de Apelación en asuntos de la competencia de los tribunales de condado (tribunal metropolitano);
  • el Tribunal Supremo en asuntos de la competencia del Tribunal Superior de Apelación (artículo 233/A) y en casos especificados en el artículo 235.3.

El Tribunal Supremo decide en casos de recurso de apelación (recursos especiales).

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Todas las demandas judiciales que la ley no remite a los tribunales de condado son competencia de los tribunales locales.

Los litigios laborales que figuran en (A) son de la competencia de los tribunales laborales.

La competencia en primera instancia de los tribunales de condado abarca:

  1. las acciones en justicia relativas a derechos de propiedad si el valor de la propiedad es superior a 5 000 000 HUF, excepto en las acciones interpuestas por parejas casadas si se inician conjuntamente o en el curso de un procedimiento de divorcio;
  2. las acciones en justicia que persigan compensación por daños y perjuicios causados por personas que actúen en su capacidad oficial bajo la autoridad de la administración pública;
  3. los conflictos sobre derechos de autor y derechos afines, incluidas las acciones para ejecutar demandas de derechos y costes derivadas de la gestión legal conjunta, las acciones legales relativas a la propiedad industrial y los casos relativos a los derechos previstos en el artículo 86, apartados 3 y 4 del Código Civil;
  4. las acciones judiciales referidas al transporte internacional de mercancías o a los contratos de transporte;
  5. entre las demandas judiciales referentes a empresas:
    1. las acciones judiciales destinadas a derogar la resolución de un tribunal de lo mercantil por la que se autoriza un registro,
    2. las acciones judiciales para determinar la invalidez de la escritura de constitución de una empresa o de las enmiendas realizadas a la misma, o para impedir su entrada en vigor,
    3. las acciones judiciales para la revisión de resoluciones de órganos de empresas,
    4. las acciones judiciales entre empresas y sus miembros (o antiguos miembros) y entre los propios miembros (o antiguos miembros), relativas a sus respectivas relaciones jurídicas,
    5. las acciones judiciales relativas a la adquisición de participaciones en las empresas, y
    6. las acciones judiciales para modificar las responsabilidades de un miembro (accionista) con responsabilidad limitada por deudas de la empresa en responsabilidad ilimitada;
  6. entre las demandas judiciales referentes a organizaciones que no estén consideradas como empresas y registradas por el tribunal de condado:
    1. las acciones judiciales interpuestas contra dichas organizaciones por el órgano legal que las supervise,
    2. las acciones judiciales derivadas de relaciones de asociación entre dichas organizaciones y sus miembros (o antiguos miembros) y entre miembros (o antiguos miembros);
  7. las acciones judiciales para ejecutar demandas de derechos civiles derivadas de la infracción de derechos morales, incluidas las acciones legales para compensación de dicha infracción si se han iniciado conjuntamente o en el curso de tales acciones judiciales;
  8. las acciones judiciales relativas a relaciones legales derivadas de valores;
  9. pleitos de la administración pública, a excepción de los que se remitan al tribunal laboral;
  10. demandas judiciales para rectificaciones en la prensa;
  11. demandas judiciales para anular condiciones contractuales injustas [Artículo 209/A.1 y 2, artículo 209/B, artículo 301/A.4 a 6 del Código Civil];
  12. las acciones judiciales para determinar los hechos en casos en que el asunto de la acción judicial pueda exceder del valor previsto en la letra a);
  13. las acciones judiciales para compensación por no finalización de un procedimiento en un período razonable;
  14. las acciones judiciales relativas a contratos de financiación firmados con proveedores de servicios de atención sanitaria (artículo 30 de la Ley LXXXIII de 1997);
  15. las acciones judiciales que la legislación remite a los tribunales de condado.

Si algún codemandante estuviera sometido a la jurisdicción de un tribunal de condado, la acción judicial dependerá de dicho tribunal.

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El llamado valor de umbral se aplica por lo que se refiere a las demandas judiciales referentes a la propiedad. En los otros casos enumerados anteriormente, las acciones judiciales se interponen en primera instancia ante el tribunal de condado en función de su naturaleza (por lo general, porque son más complicadas).

II. Competencia territorial (¿es competente el tribunal de la localidad A o el de la localidad B?)

1. Regla general de la competencia territorial

En términos generales, el tribunal del domicilio del demandado es competente en todos los casos en que no se haya fijado la competencia exclusiva de algún otro tribunal (competencia general).

Si el demandado no tiene su domicilio en Hungría, será competente el tribunal de su lugar de residencia. Si dicho lugar se desconoce o está en el extranjero, será competente el tribunal de su último lugar de residencia en Hungría. Si dicho extremo no puede confirmarse o si el demandado no tuvo domicilio alguno, será competente el tribunal del domicilio del demandante o, en su defecto, del lugar en que se encuentre el demandante o, si el demandante no fuera una persona física, el lugar en el que se encuentre la sede del demandante.

En los litigios contra personas jurídicas, la competencia general puede determinarse por la situación de la oficina principal de la persona jurídica o la sede del organismo que la representa. En caso de duda, se considerará sede el centro administrativo. Si la sede de la persona jurídica está en Budapest pero sus operaciones se extienden al distrito de Pest, el caso corresponderá al tribunal competente para el distrito de Pest.

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Si la persona jurídica no tiene su sede en Hungría, la competencia en una acción judicial promovida por una personalidad jurídica húngara (el demandante) se determinará según la competencia que corresponda a la sede de la persona jurídica. Si el demandante es una persona física húngara, la competencia se determinará también según el domicilio del demandante o, en su defecto, el lugar de residencia del demandante.

En acciones judiciales contra empresas sin personalidad jurídica, para determinar la competencia se aplicarán las normas referidas a las entidades jurídicas.

2. Excepciones a la regla general
a) ¿Cuándo puedo elegir entre el tribunal del domicilio del demandado (regla general) y otro tribunal?

En todos los casos en los que no se especifica la competencia exclusiva de otro tribunal, el demandante puede, si así lo decide y cumpliendo ciertos requisitos, incoar la acción judicial ante otro tribunal previsto por la Ley en lugar de hacerlo ante el tribunal que tiene competencia general para el demandado Por ejemplo, en acciones relativas a la propiedad, será también competente el tribunal en cuya área vaya a permanecer el demandado durante un período previsiblemente largo de tiempo (p.e., como empleado o estudiante). En el caso de los miembros no profesionales de las Fuerzas Armadas, es su lugar de destino permanente el que determina qué tribunal es competente. Esta justificación de la competencia no puede aplicarse en el caso de demandados que no tienen capacidad para actuar en un litigio.

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En el caso de un demandado que carece de domicilio y de lugar de residencia en Hungría, una acción relativa a derechos de propiedad podrá incoarse en un tribunal en cuya área se basa la acción judicial o en la que se hallen los activos embargables del demandado. Si los activos fueran un crédito, la acción podrá incoarse en el área en la que vive el deudor del demandado o, si el crédito tiene alguna garantía, en el lugar en que se halle la misma.

Puede incoarse una acción judicial en materia de propiedad contra una persona jurídica extranjera ante el tribunal del domicilio de la persona designada para administrar los asuntos de dicha persona jurídica, en lugar de en el tribunal antes indicado. Asimismo será competente el tribunal de la zona en que se encuentre la sucursal húngara de dicha persona jurídica extranjera o en que tenga su sede su representación comercial.

La acción judicial para obtener el pago de pensiones de alimentos y similares podrá también incoarse en el tribunal competente del lugar de residencia del demandante.

Una acción judicial relativa a la tutela de menores puede también incoarse en el tribunal competente del lugar de residencia del menor.

Las acciones judiciales sobre propiedad o posesión de bienes inmuebles y otros derechos reales o derivadas de relaciones jurídicas relacionadas con bienes inmuebles podrán incoarse también ante el tribunal competente del lugar en que se encuentre el bien inmueble.

Las acciones judiciales que tienen por objeto pretensiones derivadas de operaciones con organizaciones empresariales en el ámbito de sus actividades podrán incoarse también ante el tribunal competente del lugar de la operación.

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Las acciones judiciales por daños y perjuicios podrán también incoarse ante el tribunal competente del lugar o territorio en el que se ocasionaran.

Las acciones judiciales referidas a letras de pago pueden incoarse ante el tribunal competente del lugar de pago.

b) ¿En qué circunstancias es obligatorio elegir un tribunal distinto del domicilio del demandado (determinado por aplicación de la regla general)?

Para organizar casos en grupos o garantizar la disponibilidad de peritos, una legislación específica puede disponer que, en determinados casos, solo un tribunal, p.e., el tribunal metropolitano, pueda actuar en primera instancia. Pertenecen, por ejemplo, a tal grupo las acciones en justicia relativas a la propiedad industrial. La competencia exclusiva solo puede establecerla la legislación. El tribunal designado es por lo general el tribunal metropolitano.

c) ¿Existe la posibilidad de que las partes designen un tribunal que en condiciones normales no sería competente?

En los casos relacionados con la propiedad las partes pueden atribuir la competencia a un tribunal determinado para la resolución de un conflicto específico o los conflictos que pueden surgir de una relación jurídica determinada. Las partes pueden designar esta competencia

  1. por escrito;
  2. verbalmente, con confirmación escrita;
  3. de forma acorde con las prácticas comerciales desarrolladas entre las partes; o
  4. en el comercio internacional, de forma acorde con las prácticas comerciales que son conocidas o se supone son conocidas por las partes y que comúnmente se conocen y habitualmente se usan en las esferas de negocios por las partes en este tipo de contrato.

La competencia no puede atribuirse en los casos en que la competencia exclusiva ya esté establecida por ley.

Salvo acuerdo distinto de las partes, el tribunal designado es el único competente.

La disposición se aplica también a los sucesores legales.

C. ¿Cómo saber a qué tribunal debe acudirse cuando la jurisdicción corresponda a los tribunales especializados?

Las disposiciones legales referentes a una causa específica determinan claramente a qué tribunal debe acudirse.

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