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Última actualización: 11-05-2006
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Competencia de los órganos jurisdiccionales - Derecho comunitario

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Un corpus normativo sobre competencia judicial en la Unión Europea determina qué órganos jurisdiccionales de qué Estado miembro son competentes.

Si tiene un pleito con una empresa, un profesional, su empresario, un miembro de su familia u otra persona de otro Estado miembro, tendrá que averiguar qué órganos jurisdiccionales de qué Estado miembro son los competentes. La respuesta a esta cuestión podría tener importantes repercusiones. Si tiene que litigar en el extranjero puede tener que hacer frente a inconveniencias y costes adicionales, por ejemplo debido a la necesidad de traducir sus declaraciones, contratar a un abogado en el Estado miembro en el que se desarrolla el procedimiento o viajar allí para comparecer en las vistas.

En 2000, la Unión Europea adoptó el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que establece las normas relativas a la competencia en asuntos de ámbito internacional en los que interviene más de un Estado miembro. Este Reglamento sustituye y modifica el contenido del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado por los Estados miembros en 1968.

El presente Reglamento es directamente aplicable en toda la Unión, excepto en Dinamarca. Los asuntos de competencia judicial entre Dinamarca y los demás Estados miembros se rigen aún por el Convenio de Bruselas de 1968.

Las disposiciones del Reglamento solamente le remiten al Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales son competentes. La determinación del órgano jurisdiccional específico competente de ese Estado miembro se establece con arreglo a su Derecho procesal nacional. Para obtener información útil sobre la legislación sobre competencia judicial en materia civil y mercantil en un Estado miembro pulse la bandera de ese país.

¿Cuáles son los principios fundamentales del Reglamento en cuanto a competencia judicial?

En general, el factor que determina la competencia judicial es el domicilio del demandado. Las personas domiciliadas en un Estado miembro, sea cual sea su nacionalidad, serán demandadas ante los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro. Sin embargo, el Reglamento contiene varias disposiciones que se apartan de este principio y permiten incoar los procedimientos judiciales en otro Estado miembro distinto de aquél en el que reside el demandado. Los ejemplos más importantes de estas normas especiales se resumen a continuación:
  • en asuntos relativos a una obligación contractual, una persona puede ser demandada ante los órganos jurisdiccionales del lugar de cumplimiento de esa obligación. Por ejemplo, el vendedor alemán de un camión puede ser demandado en Italia si es ahí donde debía entregarse el vehículo.
  • en una demanda por daños y perjuicios, son competentes los órganos jurisdiccionales del lugar en el que se hayan producido esos daños y perjuicios. Así pues, en el caso de un accidente de tráfico sucedido en Grecia entre un turista británico y un ciudadano griego, el demandante griego puede acudir a los órganos jurisdiccionales griegos. A veces, el lugar donde se produce el acontecimiento que da lugar a responsabilidad penal (por ejemplo, el vertido de sustancias tóxicas en un río en Francia) y el lugar en el que este hecho ocasiona daños y perjuicios (por ejemplo, daños a plantas regadas en Bélgica con el agua del río contaminado) no están situados en el mismo Estado miembro. En tal caso, el demandante puede optar por elegir los órganos jurisdiccionales de uno de esos Estados miembros.
  • en materia de alimentos, el acreedor de alimentos puede acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que él mismo está domiciliado.
  • en algunas relaciones contractuales que se caracterizan por un marcado desequilibrio de poder entre las partes, como asuntos relativos a contratos de consumo, seguros y contratos individuales de empleo, se considera que la parte más débil necesita protección especial. Por regla general, las parte más débil (el consumidor, asegurado, empleado) solamente puede ser demandada en el Estado miembro en el que está domiciliada. Las partes más fuertes (el distribuidor, asegurador, empresario), por otra parte, pueden también ser demandadas, a veces bajo ciertas condiciones, en el Estado miembro en el que está domiciliada la parte débil o (en los contratos de empleo) en el que realiza su trabajo.

Las normas sobre competencia judicial especial antes citadas constituyen una opción adicional para el demandante, que puede también optar por demandar al demandado ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que está domiciliada esta persona. Sin embargo, hay también algunos casos, denominados de competencia judicial exclusiva, en los que no se complementa sino que se sustituye la competencia basada en el domicilio del demandado. Por ejemplo,

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  • en materia relativa a la propiedad o posesión de bienes inmuebles, solamente serán competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que está situada la propiedad.
  • en materia de derechos que deben registrarse, como patentes o marcas registradas, serán exclusivamente competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que haya tenido lugar el registro.
  • en determinadas circunstancias, las partes tienen también la posibilidad de elegir libremente el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales deban ser competentes. Este acuerdo sobre la elección del órgano jurisdiccional suele dar lugar a la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro elegido a menos que las partes estipulen otra cosa.
Salvo excepciones, el mero hecho de que el demandado comparezca ante el órgano jurisdiccional da lugar a la competencia judicial de los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro, aun en el caso de que no sean de ordinario competentes.

Debe tenerse en cuenta que la presente descripción de las normas del Reglamento sobre competencia judicial no es ni exhaustiva ni lo suficientemente completa como para permitir una valoración fiable en materia de competencia judicial en un caso determinado.

¿Qué sucede si se incoan procedimientos relativos al mismo litigio en dos Estados miembros?

Puede suceder que las dos partes de un litigio inicien procedimientos judiciales sobre el mismo asunto en varios Estados miembros. Por ejemplo, después de un accidente de tráfico entre dos personas que viven en Alemania y Francia, respectivamente, podría ocurrir que ambas demandaran al otro por daños y perjuicios en el Estado miembro en el que tiene su domicilio la parte contraria. En tal situación el Reglamento establece básicamente una regla de "orden de llegada". El órgano jurisdiccional ante el que se ha planteado el asunto en último lugar debe suspender su procedimiento y esperar a que el otro órgano jurisdiccional se pronuncie sobre su competencia judicial. Si el órgano jurisdiccional al que se planteó el asunto en primer lugar se considera competente, el otro órgano jurisdiccional deberá abandonar el caso. Solamente en caso de que el órgano jurisdiccional ante el que se planteó el asunto en primer lugar llegue a la conclusión de que no es competente, el otro órgano jurisdiccional podrá reanudar su procedimiento.

Documentos de referencia

  • Dictamen 1/03 del Tribunal de Justicia, 07.02.2006: Competencia de la Comunidad para celebrar el nuevo Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
  • Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
  • Convenio de Bruselas de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versión consolidada)

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