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Última actualización: 29-08-2006
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Medidas provisionales y medidas cautelares - Suecia

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ÍNDICE

1. ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas? 1.
2. ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas? 2.
2.1. Procedimiento 2.1.
2.2. Los requisitos en cuanto al fondo 2.2.
3. Objeto y naturaleza de estas medidas 3.
3.1. ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten estas medidas? 3.2.
3.3. ¿Cuál es el periodo de validez de estas medidas? 3.3.
4. ¿Se pueden recurrir los autos? 4.

 

1. ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas?

El capítulo 15 del Código de procedimiento judicial contiene las disposiciones fundamentales sobre medidas cautelares. Por regla general, en los procesos civiles no se pueden adoptar medidas de ejecución antes de que el tribunal dicte sentencia. Las disposiciones que regulan las medidas cautelares constituyen una excepción a esta regla. En general, el objetivo de las medidas cautelares es garantizar que la parte perdedora cumpla las obligaciones que le impondrá la futura resolución judicial.

La medida cautelar más corriente es el secuestro, que permite al demandante ejercer la vigilancia de los bienes de la otra parte o hacer que se le retire de otra manera el derecho a disfrutar de los bienes.

Con arreglo al artículo 1 de la sección 1 del capítulo 15 del Código de procedimiento judicial, la decisión de secuestro pretende garantizar la futura ejecución de una sentencia relativa a una demanda sobre el cobro de una deuda. En principio, según el artículo citado, la decisión de secuestro debe formularse de forma que se secuestren los bienes del deudor por valor del importe específico reclamado para cubrir la deuda. En casos excepcionales, la decisión de secuestro puede mencionar los bienes que serán objeto de ejecución.

El secuestro también puede ordenarse para garantizar la ejecución futura de sentencias sobre derechos de preferencia sobre determinados bienes (artículo 2 del capítulo 15 del Código de procedimiento judicial). Son ejemplos de dichas sentencias las decisiones que reconocen al demandante un derecho de preferencia sobre determinadas acciones respecto del demandado, o las que obligan a éste a entregar sin demora las acciones.

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El artículo 3 del capítulo 15 del código de procedimiento judicial incluye una disposición general que permite al tribunal adoptar las medidas adecuadas para garantizar el derecho del demandante. Esta disposición se aplica, en particular, a las acciones de cesación. Se ha considerado que una demanda dirigida a prohibir al demandado trabajar con determinadas mercancías mencionadas en una cláusula de competencia está dentro del ámbito de aplicación de la citada disposición.

Por otra parte, con arreglo a la sección 4 del capítulo 15 del código de procedimiento, el tribunal, en asuntos de derechos de preferencia sobre bienes determinados, puede decidir la restitución de los bienes que han sido objeto de malversación.

El apartado 3 del artículo 5 del capítulo 15 también establece que, en determinadas condiciones, una medida cautelar puede tener carácter provisional.

También existen disposiciones particulares sobre medidas cautelares en ámbitos específicos como el Derecho de patentes.

2. ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

2.1. Procedimiento

La decisión de ejecutar las medidas cautelares corresponde al tribunal ante el que se desarrolla el proceso. Si la acción judicial no se ha iniciado, se aplican las normas de competencia jurisdiccional aplicables a los asuntos civiles.

El tribunal no puede tomar la iniciativa de dictar medidas cautelares. La parte que desea las medidas debe presentar una solicitud a tal fin. Si el proceso judicial no ha comenzado, la solicitud debe presentarse por escrito.

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El demandante no está obligado a estar representado o asistido por un abogado. El procedimiento ante los tribunales suecos es gratuito, sólo hay que pagar una tasa de inscripción que actualmente asciende a 450 coronas (aproximadamente 50 euros).

2.2. Los requisitos en cuanto al fondo

Para adoptar las medidas previstas en los artículos 1 a 3 del capítulo 15 del Código de procedimiento, es preciso que la cuestión principal propiamente dicha (por ejemplo, el cobro de una deuda, previsto en el artículo 1) pueda ser objeto de un procedimiento judicial o de otro procedimiento similar. En esta última categoría se incluyen los procedimientos de divorcio.

El tribunal superior ha considerado que el secuestro y las demás medidas cautelares previstas en el capítulo 15 del Código de procedimiento también pueden adoptarse en el marco de una demanda pendiente ante un tribunal extranjero, siempre que la decisión de este último deba aplicarse en Suecia.

Para adoptar una medida de secuestro prevista en los artículos 1 a 3 del capítulo 15, deben reunirse las siguientes condiciones:

  1. el demandante debe demostrar que su demanda está fundada contra un tercero y que puede interponerse ante los tribunales o someterse a otro tipo de procedimiento.
  2. El demandante también debe demostrar que existen ”temores fundados”  de que la parte contraria pueda sustraerse a la obligación de pagar la deuda dándose a la fuga, ocultando los bienes o por cualquiera otra conducta (artículo 1); que disimula, deteriora de forma manifiesta los bienes o dispone de ellos de cualquier otra manera en perjuicio del demandante (artículo 2), e incluso de que la parte contraria, mediante determinadas actividades, o mediante la realización o no realización de determinadas acciones, impide o complica el ejercicio de los derechos del demandante o disminuye considerablemente su valor (artículo 3).
  3. Para dictar una medida de carácter provisional, debe existir el riesgo de daños en caso de demora. Esta expresión se refiere al peligro de que la ejecución no se lleve a cabo si la medida no se concede inmediatamente, sin oír a la parte contraria. Si la medida se concede con carácter provisional, debe notificarse a las partes y el demandado puede presentar sus observaciones sobre la decisión. Si se presentan observaciones, el tribunal debe pronunciarse inmediatamente sobre el mantenimiento o la revisión de la medida.
  4. Por último, esta medida sólo se dictará si el demandante ofrece alguna garantía respecto de los perjuicios que podría sufrir la parte contraria. Si el demandante no puede ofrecer esta garantía pero demuestra que su demanda se basa en motivos fundados, puede ser eximido de la obligación de presentar la garantía.

3. Objeto y naturaleza de estas medidas

3.1. ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

En principio, la ejecución de las decisiones de secuestro por deudas se lleva a cabo sobre bienes de un valor determinado. La ejecución está sujeta a los mismos principios que se aplican al embargo. Sin embargo, en el caso del secuestro los bienes no se venden.

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En teoría, la ejecución puede referirse a cualquier bien mueble o inmueble.

Hay determinados bienes que no pueden ser embargados; se trata de los ”efectos personales”, a saber:

  • ropa y objetos de uso personal del deudor hasta un valor razonable,
  • mobiliario, electrodomésticos y equipos necesarios para el hogar y su funcionamiento,
  • herramientas de trabajo y equipos necesarios para la actividad profesional o la formación del deudor,
  • bienes personales como las distinciones honoríficas y los premios deportivos, que tienen un valor personal para el deudor del que sería injusto privarle.

Los bienes también pueden protegerse con disposiciones particulares como, por ejemplo, las relativas a daños y perjuicios.

El secuestro no puede aplicarse al sueldo antes de que haya sido pagado y pueda ser retenido.

3.2. ¿Qué efectos surten estas medidas?

Los bienes que son objeto de secuestro por deudas no pueden ser transferidos por la parte demandada, que tampoco puede disponer de ellos en perjuicio del demandante. Ahora bien, por motivos excepcionales, el agente de ejecución puede conceder excepciones al principio de prohibición del disfrute de los bienes. Toda utilización contraria a la prohibición puede ser objeto de sanciones penales.

3.3. ¿Cuál es el periodo de validez de estas medidas?

Tras la concesión de una medida con arreglo a los artículos 1 a 3 del capítulo 15 del Código de procedimiento judicial, el demandante debe entablar la acción judicial ante el tribunal en el plazo de un mes a partir de la decisión, si no lo ha hecho antes. Si la demanda debe ser examinada con arreglo a otro procedimiento, el demandante deberá adoptar las medidas prescritas por dicho procedimiento.

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Si la medida se concede con carácter provisional, la decisión se notifica a las partes. El demandado puede formular sus observaciones y, en tal caso, el tribunal debe pronunciarse inmediatamente sobre el mantenimiento o la revisión de la medida.

La medida de secuestro se retirará inmediatamente si, una vez dictada, se deposita la garantía que asegure la realización de su objetivo.

4. ¿Se pueden recurrir los autos?

Todas las cuestiones relacionadas con las medidas cautelares, ya se trate de cuestiones de procedimiento relativas al examen de un asunto o de medidas cautelares independientes, son objeto de una decisión

En ambos casos, la decisión puede ser recurrida por la parte afectada. Las decisiones de los tribunales de primera instancia se recurren por escrito en el plazo de tres semanas a partir de su fecha de adopción. Si la decisión no se dicta en el curso de una sesión y no se fija ninguna fecha de adopción de la decisión, el plazo para recurrir empezará en la fecha de notificación de la decisión al recurrente.  El recurso será examinado por el tribunal de apelación, pero se debe interponer ante el tribunal de primera instancia.

Cuando, en el marco de un litigio, un tribunal de primera instancia rechaza o retira una solicitud de medidas cautelares de acuerdo con el capítulo 15 del Código de procedimiento, el tribunal de apelación, por su parte, puede ordenar la aplicación de la medida hasta nueva orden. Si el tribunal de primera instancia decide la ejecución del secuestro o declara que la medida puede ejecutarse a pesar de no ser definitiva, el tribunal de apelación puede suspender indefinidamente la decisión del tribunal de primera instancia.

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