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Última actualización: 15-12-2008
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Medidas provisionales y medidas cautelares - Portugal

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ÍNDICE

1. ¿Qué diferentes tipos de medidas existen? 1.
2. ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas? 2.
2.1. Descripción del procedimiento 2.1.
2.2. Requisitos en cuanto al fondo 2.2.
3. Objeto y naturaleza de las medidas 3.
3.1. ¿Qué tipo de bienes puede ser objeto de estas medidas (cuentas bancarias, bienes muebles, medios de transporte registrados, bienes inmuebles, otros)? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten estas medidas? 3.2.
3.3. ¿Qué validez tienen estas medidas? 3.3.
4. ¿Existe posibilidad de recurso contra estas medidas? 4.

 

1. ¿Qué diferentes tipos de medidas existen?

Pertenecen a esta categoría los denominados procesos cautelares, es decir las medios procesales «necesarios para garantizar el efecto útil de la acción» [artículo 2, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil portuguesa («Codigo do Processo Civil»)]. Se trata de procedimientos seguidos ante o por un tribunal para garantizar la eficacia de la decisión que va a adoptarse en un determinado asunto y, en consecuencia, que ésta surta plenamente el efecto pretendido por la parte que ha interpuesto la demanda y ha ganado el caso.

Estas medidas de tutela previa se activan por la mera apariencia de la existencia del derecho invocado o que va a invocarse en el juicio y por la sospecha de que pueda producirse una lesión de ese derecho. Estas medidas se acuerdan sobre la base de una demostración sumaria y de los juicios emitidos sobre su probabilidad o plausibilidad. Con ellas se pretende evitar lesiones irreparables, eliminando el riesgo derivado de un retraso en la adopción de la decisión final, es decir, del cambio de las circunstancias básicas como consecuencia de ese desfase temporal.

Estas medidas pueden tener carácter conservador o preventivo, lo que significa que pueden tener como objetivo mantener inalterada una determinada situación, para que la sentencia sobre la acción principal no nazca ajena a la realidad y sin posibilidad de ser ejecutada (como ocurre, por ejemplo, cuando se pretende evitar el malbaratamiento o la desaparición de bienes que puedan ser objeto de ejecución en un futuro), o anticipar la decisión del litigio hasta que se produzca la sentencia definitiva (como sucede cuando se asigna una prestación pecuniaria provisional para garantizar el sustento, habitación o vestido al solicitante de una prestación de alimentos).

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Los medios cautelares pueden ser: a) no específicos o b) específicos.

Los primeros son aquéllos que no están sujetos a un modelo procesal preestablecido, siendo el tribunal a quien compete adoptar la medida adecuada «para garantizar la efectividad del derecho amenazado» (artículo 381, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Este tipo de procedimientos, que no se utiliza si el riesgo de lesión está especialmente cubierto por una providencia específica, se basa en normas de tramitación que se aplican con carácter subsidiario a dichos procedimientos.

Los segundos siguen un modelo establecido en la ley de procedimiento y tienen que cumplir una serie de requisitos, presupuestos específicos y tener un contenido determinado.

El Derecho civil portugués contempla los siguientes procesos conservadores específicos:

  1. Restitución provisional de la posesión
  2. Suspensión de acuerdos sociales;
  3. Alimentos provisionales;
  4. Indemnización provisional por daños;
  5. Embargo preventivo;
  6. Suspensión de obra nueva;
  7. Secuestro judicial.

La restitución provisional de la posesión se puede acordar cuando el poseedor de un determinado bien haya sido despojado del mismo contra su voluntad, mediante coacción física o moral, y pretenda que se le restituya provisionalmente.

La suspensión de acuerdos sociales está a disposición de los socios de asociaciones o sociedades, con independencia de cual sea la naturaleza de las mismas, que pretendan obtener la suspensión de la ejecución de acuerdos contrarios a la ley, a los estatutos o al contrato, capaces de causar un «daño apreciable» (artículo 396 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

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La medida de alimentos provisionales hace posible la percepción de una cantidad mensual destinada a garantizar, hasta el pago de la primera prestación definitiva, la disponibilidad de los recursos estrictamente necesarios para sufragar los gastos de alimentación, habitación y vestido del solicitante, así como los costes derivados de la interposición de la demanda cuando éste no pueda acogerse a la asistencia jurídica gratuita.

La indemnización provisional por daños permite a los damnificados y a los terceros con derecho a percibir una indemnización o alimentos, en relación con una acción de indemnización por causa de muerte o lesiones corporales y frente a la existencia de una situación de necesidad o «susceptible de poner seriamente en peligro su sustento o la habitación del damnificado», solicitar la concesión de una determinada suma de dinero en forma de renta mensual, en concepto de indemnización provisional por el daño» (artículo 403, apartado 1, de la misma Ley).

El embargo preventivo permite obtener al «acreedor que tema justificadamente perder la garantía patrimonial de su crédito» el «embargo judicial de bienes» (artículo 406 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

A través de la suspensión de obra nueva, quien se considere «lesionado en su derecho de propiedad, privativa o común, o en cualquier otro derecho real o personal de goce o en su posesión o tenencia, como consecuencia de una obra, trabajo o servicio nuevo que le cause o amenace con causarle un perjuicio, podrá solicitar (…) que se ordene la suspensión inmediata de la obra, trabajo o servicio» (artículo 412, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Este suspensión también puede realizarse por vía extrajudicial, siempre que se refrende judicialmente con posterioridad. Ese refrendo debe solicitarse en un plazo de cinco días.

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El secuestro judicial debe acordarse ante la existencia de un « temor fundado de pérdida, ocultación o malbaratamiento de bienes, muebles o inmuebles, o de documentos», con objeto de proceder a la descripción de esos bienes en un auto judicial (con mención del valor que un perito «reconocido» atribuya a cada uno de ellos), y su entrega a un depositario (artículos 421 y 424 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

2. ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

Véase la respuesta a la pregunta precedente.

2.1. Descripción del procedimiento

Con excepción de la suspensión de obra nueva, en virtud de la cual es posible tomar una iniciativa previa de índole extrajudicial seguida de una petición de refrendo judicial, todos los demás procedimientos se inician mediante una demanda ante el tribunal.

El tribunal competente para ordenar estas medidas se determinará de acuerdo con los siguientes criterios, enunciados en el artículo 83 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

  1. «El embargo preventivo y el secuestro judicial se pueden solicitar tanto al tribunal ante el cual se debe presentar la demanda principal» (esto es, ante el tribunal que debe pronunciarse con carácter definitivo sobre el derecho que la medida cautelar pretende proteger), «como al tribunal del lugar donde se encuentren los bienes o, si hubiera bienes en varios municipios, al de cualquiera de ellos»;
  2. «En el caso de la suspensión de obra nueva será competente el tribunal del lugar de la obra»;
  3. «Por lo que se refiere a los demás procesos cautelares, el tribunal competente será aquél ante el cual haya de presentarse la correspondiente demanda».

La representación por abogado es obligatoria si el valor de la medida solicitada excede de 3 740,98 euros o siempre que quepa interponer recurso contra su concesión.

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El valor procesal del procedimiento se determina de acuerdo con los siguientes criterios:

  1. «en el caso de los alimentos provisionales y de la indemnización provisional por daños, por la mensualidad solicitada, multiplicada por doce»;
  2. «en el de la restitución provisional de la posesión, por el valor del bien del que haya sido desposeído el solicitante de la medida»;
  3. «en el de la suspensión de acuerdos sociales, por la importancia del daño»;
  4. «en el de la suspensión de obra nueva y en el de las medidas cautelares no especificas, por el perjuicio que se quiere evitar»;
  5. «en el del embargo preventivo, por el importe del crédito que se pretende garantizar»;
  6. «en el del secuestro judicial de bienes, por el valor de los bienes secuestrados»

(artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En Portugal, desempeñan las funciones de agentes de ejecución los procuradores de ejecución y los agentes judiciales. En relación con las medidas cautelares, estos agentes se encargan de las notificaciones y de dar cumplimiento a las decisiones de embargo preventivo y secuestro judicial de bienes.

La petición de adopción de medidas cautelares está sujeta al pago de una tasa, que deberá abonarse de una sola vez al presentar la petición inicial. Su cuantía se determina de acuerdo con los valores que se recogen en el siguiente cuadro:

Valor de la medida de sujetos procesales Tasa judicial de cada parte/conjunto [unidades de cuenta (UC)]
hasta € 500
0,5
de € 500,01 a € 1875
0,75
de € 1875,01 a € 3750
1
de € 3750,01 a € 7500
1,25
de € 7500,01 a € 15000
1,5
de € 15000,01 a € 25000
2
de € 25000,01 a € 40000
2,75
de € 40000,01 a € 70000
3,5
de € 70000,01 a € 100000
5
de € 100000,01 a € 135000
6,5
de € 135000,01 a € 170000
8
de € 170000,01 a € 210000
9,75
de € 210000,01 a € 250000
12

Si el valor de la medida es superior a 250 000 euros, la tasa judicial correspondiente se incrementará en 2,5 UC por cada 25 000 euros o fracción.

El valor de la Unidad de Cuenta (UC), en el período 2004-2006, es de 89 euros.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32 del Código de Costas Judiciales, las costas cubren los siguientes conceptos:

  1. el reembolso de los gastos abonados por anticipado;
  2. «los pagos adeudados o anticipados a cualquier entidad por, en particular, los documentos, dictámenes, planos, otros elementos de información o de prueba y servicios que el tribunal haya solicitado, excepto el coste de los certificados obtenidos de oficio por el tribunal»;
  3. «las retribuciones adeudadas a quien intervenga accidentalmente en el proceso, incluidos las compensaciones legalmente establecidas»;
  4. «los gastos de transporte y dietas»;
  5. «el reembolso al Estado de los gastos que le haya ocasionado la asistencia jurídica gratuita, en los que se incluye el pago o anticipo de honorarios por ese concepto»;
  6. «los gastos de citación por funcionario judicial en el caso de que el autor los reclame».
2.2. Requisitos en cuanto al fondo

Al evaluar los requisitos que deben concurrir para ordenar una medida cautelar, el tribunal siempre debe valorar si el temor invocado está justificado así como la gravedad de la posible lesión del derecho de que se trate y la dificultad de reparar esa lesión. Valorará asimismo si la medida conservadora o preventiva es, en concreto, apropiada para salvaguardar el derecho supuestamente en peligro. También tendrá que evaluar si la dilación del proceso puede suponer un riesgo.

El tribunal deberá comprobar asimismo que la petición tiene una relación de dependencia real o potencial con una demanda ya interpuesta o que vaya a serlo fundada en el derecho tutelado.

En este tipo de procedimientos, el tribunal puede aceptar una demostración sumaria, es decir, menos rigurosa que la exigida en el caso de la demanda principal, de la apariencia de existencia del derecho que se pretende tutelar, así como de la justificación suficiente del temor de que se lesione ese derecho.

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Por lo que refiere a la verificación de los restantes requisitos que deben concurrir para la adopción de medidas cautelares específicas, véase la respuesta a la pregunta nº 1.

«No obstante, el tribunal podrá denegar la medida cautelar cuando el daño que de ella resulte para el demandado supere con creces el daño que con ella pretende evitar el solicitante» (artículo 387, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

El derecho que se pretende proteger a través de la medida cautelar puede que exista ya o puede que nazca de la decisión pendiente de adopción.

En relación con el deudor:

La noción de urgencia es común a todas las medidas cautelares. Por ese motivo se considera que «son siempre urgentes, teniendo prioridad sobre cualquier otro acto judicial no urgente», así como que las «medidas solicitadas al tribunal competente deben resolverse en primera instancia, en el plazo máximo de dos meses o, si no fuera necesario citar al demandado, de quince días» (artículo 382 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

¿Es necesario demostrar que la decisión no podrá ejecutarse en caso de traslado o desaparición de los bienes del deudor?

Así sucede, en efecto, en las medidas cautelares de embargo preventivo y secuestro judicial.

3. Objeto y naturaleza de las medidas

3.1. ¿Qué tipo de bienes puede ser objeto de estas medidas (cuentas bancarias, bienes muebles, medios de transporte registrados, bienes inmuebles, otros)?

Todo tipo de bienes.

3.2. ¿Qué efectos surten estas medidas?

Habida cuenta de que emanan de los tribunales, estas medidas, «son obligatorias para todos los entes públicos y privados y prevalecen sobre las de cualesquiera otras autoridades», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205, apartado 2, de la Constitución de la República Portuguesa.

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En relación con el deudor que no cumple la decisión:
¿Es valido el acto de disposición de sus bienes?

En las medidas de embargo preventivo y secuestro judicial de bienes, si el deudor es el depositario de los bienes y los enajena, comete un acto contrario al orden público. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código Civil portugués, el negocio jurídico así celebrado será nulo si las partes que en él intervienen comparten el objetivo de burlar la medida ordenada.

En otras circunstancias, aunque el acto sea válido, no surtirá efectos en relación con el solicitante del embargo preventivo (artículo 622, apartado 1, del Código Civil).

¿Se le pueden imponer sanciones?

Sí. Se trata de sanciones penales con efectos civiles, en particular el embargo de bienes de un valor equivalente al de los que le hubieran sido confiados y no haya presentado, al que se sumará el valor de los gastos y costas ocasionados, así como las indemnizaciones.

Con relación a terceros:
¿Qué obligaciones tienen los bancos en lo que respecta al suministro de información y el embargo de cuentas?

En lo que atañe al embargo, los bancos deben, en un plazo de quine días, «comunicar al procurador de ejecución el importe de los saldos existentes, o la inexistencia de cuenta o saldo»; a continuación, deben comunicar al demandado el embargo preventivo efectuado. La entidad de crédito «será responsable de los saldos bancarios existentes en ella en la fecha de la notificación y proporcionará al tribunal un extracto en el que deberán constar todas las operaciones que afecten a los depósitos tras la realización» del embargo (artículo 861A, apartados 7 y 9, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 406, apartado 2, de esa misma Ley).

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¿Cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento de la decisión?

La omisión del deber de información al que se hace referencia en la respuesta anterior puede dar lugar a la imposición de una multa procesal. La entidad puede incurrir incluso en responsabilidad civil con lo que tendría que pagar una indemnización.

3.3. ¿Qué validez tienen estas medidas?
¿Tienen una validez temporal, determinada por la ley o por una decisión judicial?

Las medidas cautelares tienen una validez temporal limitada determinada en cada caso por las disposiciones legales por las que se rigen.

¿Las medidas son válidas hasta la sentencia o hasta otra decisión?

Las medidas tendrán validez hasta el momento en que la decisión en el proceso principal con el que estén relacionadas produzca sus efectos. Por ejemplo, en el caso de alimentos provisionales y en el de indemnización provisional por daños, ese momento es el del pago de la primera prestación definitiva o de la indemnización fijada y, en el del embargo preventivo, el de su ejecución.

Si la decisión inicial se ha adoptado unilateralmente, ¿existe un plazo para citar a las partes a una audiencia?

Cuando el demandado no haya sido oído antes de haberse decretado la medida, sólo se le notificará la decisión en virtud de la cual se ordena su realización. En caso de que desee oponerse a la medida, con objeto de «alegar hechos o presentar pruebas que el tribunal no haya tenido en cuenta y que puedan eliminar los fundamentos en los que se basó la adopción de la medida o motivar su reducción» [artículo 388, apartado 1, letra b), de la Ley de Enjuiciamiento Civil] deberá presentar el correspondiente escrito en el plazo de diez días desde su válida notificación.

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Finalizado este plazo se practicarán, si fuera necesario, «las pruebas solicitadas o decididas de oficio por el juez» (artículo 386, apartado 1, de esa misma Ley).

4. ¿Existe posibilidad de recurso contra estas medidas?

Cabe interponer recurso contra las medidas acordadas en los litigios de un valor superior a 3740,98 euros, siempre que el auto impugnado sea desfavorable para el recurrente y su cuantía supere la mitad de la del litigio y, con independencia de cuál sea esa cuantía, cuando el recurso «se base en la violación de las normas de competencia internacional, por razón de la materia o de la jerarquía, o en la violación de cosa juzgada». «También pueden recurrirse los autos (…) por los que se acuerden medidas cautelares, si su cuantía supera la de la competencia del tribunal ante el que se recurre» (artículo 678 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Los autos por los que se acuerdan medidas cautelares no pueden recurrirse ante el Tribunal Supremo, sin prejuicio de los casos en que el recurso es siempre admisible.

¿Quién puede recurrir?

Puede recurrir la medida cautelar quien, siendo parte en el procedimiento, haya resultado vencido, así como las personas que, sin ser partes en él, se hayan visto directa y efectivamente perjudicadas por la medida cautelar.

¿Cuál es el tribunal competente para conocer del recurso?

El tribunal competente para conocer del recurso será un tribunal de segunda instancia de la jurisdicción a la que pertenezca el órgano jurisdiccional que haya dictado el auto que se pretende recurrir.

¿Cuál es el plazo para interponer el recurso?

El plazo de interposición del recurso es de 10 días, a contar desde la notificación del auto.

¿Qué efectos tiene el recurso?

El recurso contra un auto que en principio rechace la petición inicial de una medida cautelar o que no la acuerde tendrá efecto suspensivo, es decir, suspenderá la eficacia de la decisión recurrida.

El recurso contra un auto que acuerde la medida cautelar no suspenderá la decisión recurrida.

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