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Última actualización: 26-07-2006
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Medidas provisionales y medidas cautelares - Luxemburgo

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ÍNDICE

1. ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas? 1.
2. ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas? 2.
2.1. Procedimiento 2.1.
2.1.1. Las medidas deben ser autorizadas por un magistrado 2.1.1.
2.1.2. Órgano jurisdiccional competente 2.1.2.
2.1.3. ¿Es obligatorio estar representado por un abogado? 2.1.3.
2.1.4. Los agentes judiciales (huissiers) y otros funcionarios judiciales 2.1.4.
2.1.5. Coste 2.1.5.
2.2. Requisitos en cuanto al fondo 2.2.
3. Objeto y naturaleza de estas medidas 3.
3.1. ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten estas medidas? 3.2.
4. ¿Se pueden recurrir los autos? 4.

 

Se habla de medidas provisionales cuando la ley permite al juez resolver temporalmente un litigio entre varias partes, a la espera de la solución definitiva que resultará de un proceso completo.

Según la definición adoptada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, se trata de medidas que se adoptan para garantizar la protección de derechos cuyo reconocimiento, por otra parte, se pide al juez que conoce del fondo del asunto, manteniendo al mismo tiempo el statu quo, tanto de hecho como de Derecho.

Se trata también de medidas adoptadas para impedir el deterioro de una situación.

En la práctica, estas medidas permiten a un acreedor asegurarse contra el riesgo de impago utilizando dos técnicas: bien haciendo inalienables los bienes del deudor, bien gravándolos con garantías que confieren al acreedor un derecho de participación al cambiar de mano los bienes.

Ejemplos de medidas cautelares:

  • El embargo preventivo (saisie conservatoire) de bienes muebles o de cantidades de dinero pertenecientes al deudor;
  • el secuestro judicial (séquestre judiciaire) de bienes objeto de litigio que deben mantenerse en el estado en que están hasta que se dicte sentencia definitiva;
  • La garantía cautelar (sûreté conservatoire) sobre bienes inmuebles (hipoteca), fondo de comercio o valores mobiliarios. Está sujeta a ciertos requisitos de publicidad.
  • La designación de un administrador provisional encargado de gestionar, con debida diligencia, una empresa cuyos órganos sociales no funcionan;
  • etc.

1. ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas?

El Derecho luxemburgués conoce distintos tipos de medidas provisionales destinadas a proteger los derechos de las partes, a la espera de que el proceso en que se trata el fondo del asunto llegue a una resolución definitiva sobre las pretensiones.

Pueden distinguirse dos tipos de medidas:

  • Las medidas adoptadas por el magistrado sin debate contradictorio. En este caso, el magistrado recibe la solicitud unilateral de la parte que pide la adopción de la medida provisional, y se pronuncia únicamente sobre la información suministrada por una parte;
  • Las medidas adoptadas por el magistrado después de un debate contradictorio. En este caso, el magistrado no dicta su resolución hasta después de celebrar una audiencia pública (en algunos casos, una reunión de carácter reservado) en la que las partes tienen la posibilidad de defender sus opiniones. Se convoca a la audiencia por citación (diligencia practicada por el agente judicial (huissier)) o por la secretaría (greffe), en función de las normas de procedimiento previstas por la ley.

2. ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

2.1. Procedimiento
2.1.1. Las medidas deben ser autorizadas por un magistrado

En la mayoría de los casos, las medidas provisionales anteriormente descritas deben ser autorizadas por un magistrado, generalmente por el Presidente del tribunal de distrito o por el magistrado designado para sustituirlo.

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Excepcionalmente, una parte puede adoptar medidas cautelares, pero siempre que proceda, inmediatamente, a los trámites necesarios para que el juez dé su aprobación. Así, un acreedor que dispone de un "título" según lo dispuesto en la ley (p.ej. un acto notarial) puede embargar los haberes de su deudor que estén en posesión de un tercero. El bien embargado queda bloqueao en manos del tercero, que no podrá disponer de él, pero la venta forzada sólo podrá celebrarse si cuenta con el visto bueno del juez.

Como ya se ha mencionado, la autorización del juez podrá obtenerse, en ciertos casos, con una simple solicitud unilateral dirigida al juez y acompañada de los documentos y las alegaciones oportunas. El juez dictará la medida provisional en función de la información unilateral que ha recibido.

2.1.2. Órgano jurisdiccional competente

Las normas de competencia jurisdiccional suelen deducirse específicamente del texto legal que autoriza al juez a adoptar una medida provisional. No existe ninguna norma general sobre el órgano jurisdiccional competente, a no ser la práctica habitual de que el presidente del tribunal que se pronuncia sobre el fondo del litigio es competente para adoptar las medidas provisionales.

Existen muchas disposiciones legales específicas que establecen medidas provisionales aplicables en determinadas asuntos (p.ej., en materia de contrato de arrendamiento, propiedad mancomunada, copropiedad, sucesiones, régimen matrimonial, etc…).

Cuando no esté previsto ningún procedimiento especial, la parte que desea la medida provisional debe recurrir al procedimiento de urgencia. Según la cuantía del asunto, habrá que dirigirse al juez de paz (hasta 10.000 euros) o al juez de medidas provisionales del tribunal de distrito. Estos jueces tienen competencia general, bien para « prescribir medidas cautelares o impulsar el procedimiento cuando sea necesario, bien para prevenir daños inminentes o poner fin a una perturbación manifiestamente ilícita" (artículo 933 del nuevo Código de procedimiento civil).

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2.1.3. ¿Es obligatorio estar representado por un abogado?

En general, la representación por un abogado no es obligatoria. Sin embargo, con frecuencia se trata de procedimientos de excepción con tal grado de tecnicismos que exigen recurrir a un profesional del Derecho.

2.1.4. Los agentes judiciales (huissiers) y otros funcionarios judiciales

Con mucha frecuencia, la ejecución de la medida provisional dictada por el tribunal requiere la intervención de un funcionario judicial. Así, el embargo autorizado por el juez sólo será efectivo si es ejecutado por un agente judicial.

Algunas medidas provisionales consisten en confiar la conservación del objeto del litigio a un tercero imparcial. El tribunal podrá, por ejemplo, decidir un secuestro para conservar el bien del que varias personas se disputan la propiedad o designar a un administrador provisional encargado de gestionar una sociedad paralizada por un conflicto entre socios.

2.1.5. Coste

El coste de las medidas provisionales varía mucho de una medida a otra.

Por ejemplo, un acto de embargo en sí mismo sólo cuesta unos cien euros. A estos gastos hay que añadir, sin embargo, los gastos causados por las diligencias de embargo (p.ej. las indagaciones del agente judicial), los gastos de custodia cuando hay que almacenar el objeto embargado, los gastos de traducción y notificación si el deudor reside en el extranjero, y los gastos del procedimiento de autorización. En la práctica, es corriente que los gastos de agente judicial de un procedimiento de embargo sean de 700 u 800 euros.

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Si el tribunal decide el secuestro o la designación de un administrador provisional, suele recurrir a personas altamente cualificadas cuyos honorarios pueden ser elevados.

Generalmente, los gastos de la medida provisional los adelanta la parte que solicita la medida.

Los gastos de custodia deben considerarse como gastos judiciales y, en principio, corren a cargo de la parte perdedora del juicio. Ahora bien, en espera de la decisión final sobre el litigio, la parte que solicita la medida provisional debe sufragar su coste.

2.2. Requisitos en cuanto al fondo

La aprobación de medidas provisionales por el juez se supedita generalmente a la condición de necesidad o de urgencia, que corresponde apreciar al magistrado. Son poco frecuentes las medidas provisionales que pueden pedirse sin presentar una explicación de las razones que las justifican (p.ej. las solicitudes de precintado tras el fallecimiento de una persona).

Cuando un acreedor pide autorización para practicar un embargo, el juez, con arreglo a los documentos y explicaciones que ha recibido, debe comprobar si la deuda está bien fundada en principio.

3. Objeto y naturaleza de estas medidas

3.1. ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

Las medidas provisionales pueden afectar a cualesquiera bienes muebles de la persona. Sólo algunos bienes indispensables para la vida cotidiana se consideran inembargables por ley.

La ley luxemburguesa permite el embargo preventivo de los sueldos y remuneraciones de la persona, e incluso el embargo de las rentas sustitutivas (rentas, subsidio de desempleo, etc…). No obstante, hay una parte de los ingresos que es inembargable, que es la cantidad considerada necesaria para hacer frente a los gastos indispensables de la vida.

En cambio, no puede practicarse el embargo preventivo de los bienes inmuebles. Este tipo de embargo sólo es posible mediante una resolución judicial con fuerza de cosa juzgada.

3.2. ¿Qué efectos surten estas medidas?

En la mayoría de los asuntos, corresponde al juez determinar los efectos de la medida que debe dictar. También puede limitar temporalmente los efectos de la orden, o dirigirla únicamente a determinados bienes o actos.

En el caso de los embargos autorizados por un juez a petición unilateral de una parte, la ley prescribe los plazos fijos en los que debe presentarse la solicitud de autorización al juez. Si no se respetan dichos plazos, el embargo es nulo de pleno derecho.

4. ¿Se pueden recurrir los autos?

Los autos dictados en los procedimientos de urgencia tras un debate contradictorio, son susceptibles de recurso. El plazo de recurso es de 15 días a partir de la fecha de notificación del auto.

Las resoluciones adoptadas por un juez a petición unilateral de una de las partes no pueden ser recurridas. No obstante, la parte que considere que la medida se ha adoptado erróneamente dispone de una posibilidad de recurso basada en el artículo 66 del nuevo Código de procedimiento civil. Podrá dirigirse al juez encargado de las medidas provisionales para que éste adopte una nueva medida cautelar consistente en suspender los efectos de la medida adoptada por el magistrado que actuó en función de la información suministrada sólo por una parte.

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