Comisión Europea > RJE > Medidas provisionales y medidas cautelares > Hungría

Última actualización: 13-02-2007
Versión para imprimir Añadir a los favoritos

Medidas provisionales y medidas cautelares - Hungría

EJN logo

Esta página está obsoleta. La versión en lengua original se ha actualizado y se ha trasladado al Portal Europeo de e-Justicia.


 

ÍNDICE

1. ¿Cuáles son los diferentes tipos de medidas? 1.
2. ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas? 2.
2.1. Procedimiento 2.1.
2.2. ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas? 2.2.
3. Objeto y naturaleza de estas medidas 3.
3.1. ¿Qué tipo de bienes pueden ser objeto de estas medidas? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten estas medidas? 3.2.
3.3. ¿Qué validez tienen estas medidas? 3.3.
4. ¿Existe posibilidad de recurso contra estas medidas? 4.

 

1. ¿Cuáles son los diferentes tipos de medidas?

La Ley III de 1952 sobre enjuiciamiento civil prevé dos tipos de medidas para garantizar que las demandas serán satisfechas: las medidas provisionales y la ejecución provisional. Ambas medidas proporcionan protección antes de que se dicte sentencia definitiva y se complementan con la medida cautelar prevista en la Ley III de 1994 sobre la ejecución.

2. ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

2.1. Procedimiento
Medidas provisionales

El artículo 156 de la Ley de enjuiciamiento civil regula las medidas provisionales, cuyo objetivo es garantizar la protección inmediata de derechos que podrían resultar afectados por la acción del tiempo y no tener reparación posterior. Al dictar una medida provisional, el órgano jurisdiccional impone al demandado la obligación de cumplirla en un momento en que aún no se ha adoptado la resolución sobre el fondo del litigio que enfrenta a las partes. A diferencia de lo dispuesto en las normas generales, el órgano jurisdiccional decide con carácter previo sobre la demanda, y la orden judicial que impone la medida provisional puede ejecutarse previamente y con independencia del procedimiento de recurso.

Por regla general, las medidas provisionales se dictan a instancia del interesado. El órgano jurisdiccional puede dictarlas por propia iniciativa sólo si la ley lo autoriza expresamente, como en los casos siguientes: asuntos de paternidad – si se suspende el procedimiento de prueba - sobre los alimentos que deberán pagarse al menor [artículo 153(3) de la Ley de enjuiciamiento civil] y litigios matrimoniales sobre el acogimiento y mantenimiento del menor, y la ampliación o limitación de los derechos de seguimiento y visita de los padres (artículos 287 de la Ley de enjuiciamiento civil).

ComienzoComienzo

La solicitud de medidas provisionales sólo puede presentarse en el marco de una acción judicial y, a más tardar, en la fecha de presentación de la demanda.

En lo que respecta al contenido de la demanda, es preciso mostrar que las circunstancias expuestas en la misma son probables y se refieren a una situación específica que requiere protección jurídica inmediata (riesgo de daños, necesidad de protección jurídica por modificación del litigio, situación que exige un especial reconocimiento). Obviamente, la medida provisional deberá evitar la vulneración de derechos. La ley no obliga al demandante a demostrar la veracidad absoluta de la información presentada, sólo su probabilidad. La posibilidad de verificación durante la aplicación de la medida es muy limitada, y sólo se permitirá verificar cuando sea necesario para resolver la demanda. El motivo de la restricción es el objetivo de la medida provisional y el hecho de que la parte sólo tiene que mostrar que la situación es posible, pero no demostrar que concurren las circunstancias expuestas en la demanda..

El tribunal que conoce del asunto, al dictar su resolución, tiene que considerar si la parte interesada ha puesto de manifiesto que, probablemente, se cumplen las condiciones jurídicas requeridas para dictar la medida provisional. El órgano jurisdiccional está facultado para decidir el grado de probabilidad que exigirá a esta parte. Si la demanda reúne estas condiciones, el órgano jurisdiccional debe evaluar las desventajas causadas por la medida provisional y sopesarlas con las posibles ventajas. La Ley utiliza la expresión "desventajas causadas", pero en realidad se refiere no a las desventajas ya causadas sino a las que pueden ser causadas por la medida provisional y su aplicación. Si la evaluación concluye que las desventajas son superiores a las ventajas, la demanda es rechazada. El órgano jurisdiccional, en el momento de la evaluación, también puede exigir la presentación de una garantía para la medida provisional.

ComienzoComienzo

El órgano jurisdiccional dicta una orden judicial para responder a la solicitud de medidas provisionales. En casos excepcionales, puede revocar las medidas provisionales en la sentencia.

El órgano jurisdiccional puede decidir sobre la solicitud de medidas provisionales tanto durante el juicio como por separado.

La orden está en vigor hasta su revocación y, si ésta no se produce, hasta que se dicte sentencia definitiva o hasta el momento en que la sentencia del tribunal de primera instancia sea jurídicamente vinculante.

Las partes pueden solicitar la revocación de la orden judicial.

Ejecución provisional

El artículo 231 de la Ley de enjuiciamiento civil regula las posibilidades de ejecución provisional. Con arreglo a esta disposición, en algunos casos, una resolución jurídicamente vinculante puede surtir efecto y ser ejecutada antes de convertirse en definitiva. En los casos enumerados en el artículo 231 de la Ley de enjuiciamiento civil, si se cumplen las condiciones mencionadas, el tribunal de primera instancia debe declarar que su sentencia podrá ejecutarse provisionalmente por su propia iniciativa. Si el recurso de casación se pospone, el tribunal de segunda instancia también puede decidir la ejecución provisional a instancia del interesado, considerando las circunstancias del caso.

Las normas de enjuiciamiento civil contienen una lista exhaustiva que no debe interpretarse en sentido amplio. En consecuencia, la ejecución provisional no podrá decidirse por ningún otro motivo.

Tomando como base dichas normas, y con independencia de la presentación de recursos, se declararán ejecutivas las siguientes decisiones:

ComienzoComienzo

  • decisión por la que se ordena el pago de alimentos, del subsidio por cuidado de menores o de prestaciones por servicios provisionales con un objetivo similar;
  • decisión por la que se ordena poner fin a una infracción de ley;
  • decisión por la que se ordena satisfacer una reclamación reconocida por el demandado;
  • decisión por la que se ordena el pago de una suma de dinero en virtud de una obligación adquirida en un instrumento auténtico o en un instrumento privado que constituya una prueba concluyente (artículos 195 y 196), si todas las circunstancias en que se basa están certificadas en dicho documento;
  • decisión por la que se ordena adoptar una medida no financiera, cuando el reclamante pueda sufrir graves daños, desproporcionadamente, o si fuera difícil determinar los daños causados por el retraso de la ejecución, siempre que el reclamante presente una garantía adecuada.

Si el tribunal de primera instancia declara que una sentencia puede ejecutarse provisionalmente no obstante lo dispuesto en los artículos 231 y 232 de la Ley sobre enjuiciamiento civil, el presidente del tribunal de segunda instancia podrá decidir suspender el procedimiento antes de la celebración de la audiencia, si bien ésta se celebrará a petición de la parte interesada aunque se haya pospuesto el recurso, conjuntamente con el examen de los hechos.

El órgano jurisdiccional podrá abstenerse de ordenar la ejecución provisional cuando ésta suponga para el demandado una carga desproporcionada y superior a la que recaería sobre el demandante en caso de no hacerlo. No obstante, el demandado deberá solicitarlo al órgano jurisdiccional en cada caso. El órgano jurisdiccional no podrá abstenerse de ordenar la ejecución provisional por propia iniciativa en los casos enumerados.

ComienzoComienzo

Ejecución de las medidas cautelares

Con arreglo a la legislación húngara, la ejecución sólo puede llevarse a cabo si un órgano jurisdiccional ha dictado una orden de ejecución. Para dictar una orden de ejecución es preciso que la resolución final contenga una obligación (orden de hacer algo), sea jurídicamente obligatoria o pueda ser ejecutada provisionalmente, y que haya expirado el plazo de cumplimiento. Si no se cumplen simultáneamente estas tres condiciones no puede dictarse la orden de ejecución y ésta no puede comenzar. No obstante, a fin de proteger los derechos de la persona, existe la posibilidad de dictar una medida cautelar.

En consecuencia, cuando la orden de ejecución que responde a la reclamación no pueda dictarse todavía, y la parte que solicita la ejecución haya puesto de manifiesto que la satisfacción última de su demanda puede estar amenazada, el órgano jurisdiccional, a petición de la parte que solicita la ejecución, puede dictar las siguientes medidas cautelares:

  1. garantía de crédito pecuniario, y
  2. retención de un bien específico.

Las medidas cautelares sólo pueden dictarse en los casos especificados en la ley. Por ejemplo, si la reclamación se basa en una resolución en virtud de la cual puede dictarse un mandato de ejecución pero ésto no es posible porque la sentencia todavía no es jurídicamente obligatoria o porque aún no ha expirado el plazo de cumplimiento; en el caso de procedimientos matrimoniales o de otro tipo basados en demandas ante tribunales de familia, cuando la validez de la demanda y su cuantía hayan sido certificados con un instrumento auténtico o con un documento privado que constituya una prueba concluyente.

ComienzoComienzo

En el primer caso, tiene derecho a proceder el órgano jurisdiccional facultado para dictar el mandato de ejecución y, en el segundo caso, el órgano jurisdiccional donde se ha iniciado el procedimiento.

El órgano jurisdiccional debe decidir sobre la medida cautelar por el procedimiento de urgencia, en un plazo no superior a ocho días, y enviar la orden de medida cautelar sin demora al agente judicial.

Los recursos contra la orden por la que se dicta la medida cautelar no tienen efecto suspensivo.

Tras recibir la orden de medida cautelar, el agente judicial comunica inmediatamente a la parte que solicita la ejecución que debe pagar por anticipado los gastos necesarios para la ejecución en un breve plazo, y una vez recibido este pago anticipado comienza la ejecución de la medida cautelar sin más demora.

2.2. ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

Los criterios que deben aplicar los tribunales responden básicamente a la necesidad de garantizar la ejecución subsiguiente de la demanda. En el caso de las medidas provisionales, el criterio básico es que la ejecución debe ser necesaria para prevenir una amenaza inminente de daño o mantener la situación que provocó el litigio, o para proteger los derechos específicos del demandante, y que las desventajas derivadas de la medida no sean superiores a las ventajas que puedan obtenerse con ella. Cuando se haya ordenado la ejecución provisional, el órgano jurisdiccional deberá ordenar la ejecución. Sólo se ejercerá la discrecionalidad en el caso de que el demandado solicite que no se ordene la ejecución provisional. Cuando deba dictarse una medida cautelar, habrá que demostrar que la satisfacción posterior de la demanda está amenazada. Así, la demanda deberá haber sido contestada en los tres casos, y en el caso de medida provisional o de medida cautelar, debe estar bajo amenaza. En cuanto a la ejecución provisional, el criterio es la protección de la persona titular del derecho.

ComienzoComienzo

3. Objeto y naturaleza de estas medidas

3.1. ¿Qué tipo de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

En el caso de las medidas provisionales el órgano jurisdiccional ordena el cumplimiento de lo establecido en la demanda o en la solicitud de medida provisional a instancia del órgano jurisdiccional. Esto es aplicable a cualquier reclamación recogida en la demanda.

La ejecución provisional se refiere a la ejecución de lo dispuesto en una resolución de un tribunal de primera instancia que todavía no es jurídicamente obligatoria. Puede imponer diversas obligaciones o prestaciones.

En la medida cautelar el órgano jurisdiccional puede retener un bien determinado o exigir una garantía para el crédito pecuniario. En este último caso, el agente judicial traslada la orden por la que se exige la garantía al deudor en su domicilio, exigiéndole el pago sin demora de la cantidad exigida, mediante entrega en mano al agente judicial. Si el deudor incumple esta orden, el agente judicial puede embargar cualquier bien del deudor. Para embargar bienes inmuebles, el agente judicial se pone inmediatamente en contacto con el Registro de la Propiedad a fin de inscribir los títulos de ejecución del crédito pecuniario.

En los casos en que debe garantizarse una cantidad, el agente judicial comunica a la entidad financiera que posee la cantidad a la que tiene derecho el deudor una orden en la que se le indica que, tras recibir el requerimiento, no deberá pagar la cantidad garantizada ni la cantidad que cubre los gastos de procedimiento al deudor ni a ninguna otra persona y que, si el saldo de la cuenta no alcanza la cantidad que debe garantizarse, deberá actuar de la misma manera respecto de futuros pagos.

ComienzoComienzo

Una orden de retención de un bien específico podrá extenderse a cualquier bien mueble de valor.

3.2. ¿Qué efectos surten estas medidas?

En el caso de las medidas provisionales y la ejecución provisional, el deudor tiene que cumplir la resolución del órgano jurisdiccional. La orden judicial que dicta las medidas provisionales o la ejecución provisional puede constituir la base para iniciar un procedimiento de ejecución.

Los dos tipos de medidas cautelares que existen tienen cada uno efectos diferentes. Cuando la medida pretende garantizar un crédito pecuniario, el deudor debe entregar una cantidad concreta de dinero al agente judicial. Cuando una entidad financiera posee la cantidad a que tiene derecho el deudor, el agente judicial le comunica que, tras la recepción del requerimiento, no deberá pagar la cantidad garantizada ni la cantidad que cubra los gastos de procedimiento al deudor ni a ninguna persona, y que si el saldo de la cuenta no alcanza la cantidad que debe garantizarse la entidad deberá actuar de la misma manera respecto de futuros pagos. La entidad financiera, en el plazo de ocho días desde la recepción del requerimiento, informa al agente judicial de la cantidad que puede solicitarse para cumplir la medida, tras lo cual pueden embargarse los bienes del deudor pero sólo hasta el valor del crédito restante. Si el deudor no posee la cantidad de dinero especificada, se le podrá confiscar otro bien.

Cuando deba retenerse un bien determinado, el deudor podrá seguir utilizándolo si no está precintado pero no podrá disponer libremente de él. Si el agente judicial precinta el bien, se considera una infracción abrir la puerta de la habitación donde se encuentre, retirar el precinto que indica el embargo, disponer del bien retenido o utilizarlo. El infractor será procesado

ComienzoComienzo

3.3. ¿Qué validez tienen estas medidas?

El órgano jurisdiccional, mediante una orden judicial, dicta las medidas provisionales. La orden se mantiene en vigor hasta su revocación o, si no es revocada, hasta la conclusión del asunto por orden judicial o hasta que éste surte efectos en primera instancia.

Las medidas cautelares se mantienen en vigor hasta que se dicta la orden de ejecución de la demanda o hasta que el órgano jurisdiccional decide poner fin a la medida cautelar.

La ejecución provisional consiste en la ejecución de la obligación contenida en una resolución judicial antes de que ésta sea jurídicamente obligatoria, con independencia de los recursos. Por lo tanto, no hay límite temporal.

4. ¿Existe posibilidad de recurso contra estas medidas?

Existe la posibilidad de interponer un recurso independiente contra la orden judicial que dicta las medidas provisionales. Este recurso se rige por las normas generales. El plazo de presentación es de 15 días. El recurso debe presentarse ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución. Si el recurso resulta fundado, el órgano jurisdiccional revoca las medidas provisionales. En caso contrario, previa petición - o si el demandante renuncia a su reclamación - el órgano jurisdiccional puede modificar dicha orden.

El órgano jurisdiccional está obligado a ordenar la ejecución provisional en los casos enumerados en la Ley. No obstante, el demandado puede solicitar que se le dispense de la ejecución provisional cuando ello implique una carga excesiva para él. Deberá solicitarlo ante el órgano jurisdiccional que conozca del asunto.

El recurso contra la orden judicial que dicta las medidas cautelares puede interponerse ante el tribunal que conoce del asunto. Ahora bien, este recurso no tiene efectos suspensivos respecto de la ejecución. Las partes pueden presentar el recurso en el plazo de 15 días desde que se dictó la orden.

« Medidas provisionales y medidas cautelares - Información general | Hungría - Información general »

ComienzoComienzo

Última actualización: 13-02-2007

 
  • Derecho comunitario
  • Derecho internacional

  • Bélgica
  • Bulgaria
  • República Checa
  • Dinamarca
  • Alemania
  • Estonia
  • Irlanda
  • Grecia
  • España
  • Francia
  • Italia
  • Chipre
  • Letonia
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Hungría
  • Malta
  • Países Bajos
  • Austria
  • Polonia
  • Portugal
  • Rumania
  • Eslovenia
  • Eslovaquia
  • Finlandia
  • Suecia
  • Reino Unido