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Última actualización: 12-01-2007
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Medidas provisionales y medidas cautelares - Francia

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ÍNDICE

1. ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas? 1.
2. ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas? 2.
2.1. Procedimiento 2.1.
2.2. Los requisitos en cuanto al fondo 2.2.
3. Objeto y naturaleza de estas medidas 3.
3.1. ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten estas medidas? 3.2.
3.3. ¿Cuál es el periodo de validez de estas medidas? 3.3.
4. ¿Se pueden recurrir los autos? 4.

 

1. ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas?

  • El juez de medidas provisionales puede dictar, en caso de urgencia, medidas provisionales (procedimiento urgente, pago de una provisión, expulsión, prohibición de hacer algo bajo pena de multa, conservación de un medio de prueba).

No existe ningún inventario de las posibles medidas provisionales: en situación de urgencia, pueden obtenerse todas las medidas urgentes que no susciten un grave desacuerdo  o que justifican la existencia del litigio (pago de una provisión, expulsión de un ocupante ilegal, peritaje o comprobación de un daño…). Por otro parte, en caso de urgencia, el juez de medidas provisionales puede adoptar todas las medidas necesarias para prevenir un daño inminente (por ejemplo, obras de consolidación), o para poner fin a un trastorno manifiestamente ilícito.

  • Existe un régimen especial para las medidas cautelares (embargos preventivos y garantías judiciales), que son las medidas por las que el acreedor, generalmente con la autorización del juez, puede hacer que el deudor no disponga de una parte o de la totalidad de sus bienes, o por las que se permite aplicar a estos bienes un derecho especial de garantía, a fin de asegurar el pago de un crédito que aún no ha sido reconocido por una sentencia, pero cuyo cobro parece incierto.

Las medidas cautelares pueden ser de dos tipos:

  • los embargos preventivos, que permiten el embargo cautelar de bienes corporales (mobiliario, vehículo…), de bienes incorporales (sumas de dinero, derechos de socios o valores mobiliarios…) o de créditos (cuentas bancarias, alquileres…);
  • las garantías judiciales sobre de edificios, fondo de negocio, partes de socios o valores mobiliarios (inscripción de hipoteca provisional, pignoración de partes sociales y de valores mobiliarios).

2. ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

2.1. Procedimiento
¿Es necesario solicitar al tribunal que autorice la medida?
  • Medidas provisionales: el asunto se somete al juez de medidas provisionales mediante citación (notificación por un agente judicial). Se trata de un procedimiento urgente y contradictorio.
  • Medidas cautelares: En principio, es necesaria la autorización previa del juez. No obstante, algunos acreedores están exentos de esta autorización, se trata de un acto ejecutivo o de créditos reconocidos en una resolución judicial que aún no tiene carácter ejecutivo. Lo mismo sucede en caso de impago de una letra de cambio aceptada, un pagaré bancario, un cheque o un alquiler adeudado por  el arrendamiento de un edificio (si hay contrato escrito)
¿Cuál es el tribunal competente para adoptar estas medidas?
  • Medidas provisionales: El juez competente es el presidente del tribunal competente, según la naturaleza de la demanda. El presidente del “tribunal de grande instance” es, por tanto, competente en materia de Derecho común. No obstante, el juez de primera instancia, el presidente del tribunal mercantil, el tribunal de apelación en materia laboral (conseil des prud’hommes) y el tribunal paritario de arrendamientos rústicos también pueden adoptar resoluciones de urgencia dentro de los límites de sus competencias.
  • Medidas cautelares: El juez competente es el juez de la ejecución, que es un juez del “tribunal de grande instance”. El juez competente es el juez del lugar donde se encuentra el deudor.
¿Es obligatorio estar representado por un abogado?

No es necesario. Ante el juez de la ejecución y ante el juez de medidas provisionales, las partes se defienden por sí mismas. No obstante, pueden estar asistidas o representadas por un abogado.

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¿Cuál es el papel de los intermediarios como los agentes judiciales y los agentes de ejecución?

Los embargos preventivos deben ser realizados por un agente judicial. Para la inscripción de las garantías judiciales no se requiere este requisito. No obstante, dada la complejidad jurídica de la inscripción de una garantía judicial, los acreedores siempre están asistidos por un jurista.

¿Cuál es el coste de estas medidas?

El coste de las medidas cautelares debe ser sufragado en última instancia por el deudor, aunque al acreedor se le puede pedir que adelante un anticipo. Los gastos de ejecución se ajustan a unas tarifas de remuneración de los agentes judiciales por cada acto de ejecución y cada medida cautelar.

Según el Decreto n° 96-1080 de 12 de diciembre de 1996, las tarifas de remuneración de los agentes judiciales incluyen una cantidad global expresada, acumulativa o alternativamente según los casos, en derechos fijos o proporcionales, en los que puede incluirse un derecho de iniciación del procedimiento.

En el caso de medidas cautelares, sólo se exigirán derechos de recaudación proporcionales, calculados en función de los importes cobrados, cuando los agentes judiciales tengan que recaudar las cantidades adeudadas.  Por otra parte, la nomenclatura adjunta al decreto anteriormente citado excluye la posibilidad de honorarios suplementarios libremente negociados, con excepción de los embargos preventivos de los derechos de socios y de valores mobiliarios.

A título de ejemplo, en el caso de un crédito de 10.000 euros, los elementos de la tarifa (derechos fijos) son los siguientes:

  • embargo preventivo de muebles: 67,20 euros por el acto;
  • embargo de vehículo mediante declaración ante la prefectura: 62,40 euros;
  • embargo preventivo de cuenta bancaria: 59,20 euros por el acto; 49,60 euros por la denuncia al deudor del embargo preventivo;
  • inscripción de hipoteca judicial provisional: 49,60 euros.
2.2. Los requisitos en cuanto al fondo

El tribunal no adopta la medida sino que la autoriza. El agente judicial adopta la medida, a instancia del beneficiario de la autorización.

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Si es necesaria la autorización previa del juez, el crédito debe estar "fundado en cuanto a su principio".

En el caso de las medidas cautelares, la urgencia no es una condición.

El acreedor debe demostrar que existen "circunstancias que pueden poner en peligro el cobro" de la deuda (ejemplo, mala fe del deudor que oculta su activo, multiplicación de acreedores…).

3. Objeto y naturaleza de estas medidas

3.1. ¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de estas medidas?

Todos los bienes del deudor que la ley no declara "inembargables" (por ejemplo, los bienes necesarios para la vida corriente o el ejercicio de una profesión) pueden ser objeto de un embargo preventivo. Lo mismo sucede con los activos, aunque los salarios no pueden ser nunca objeto de medidas cautelares (aunque pueden ser embargados como consecuencia de una resolución judicial o de un título ejecutivo, de acuerdo con el procedimiento de embargo de remuneraciones.)

3.2. ¿Qué efectos surten estas medidas?

De los bienes embargados con carácter cautelar no se puede disponer. El deudor mantiene el disfrute de estos bienes, bajo su responsabilidad, pero no puede enajenarlos. Si se apropia indebidamente del bien embargado, el deudor comete un delito contra el que puede imponerse una multa y pena de prisión.

Las cantidades embargadas se consignarán en una cuenta.

Los bienes a los que se refiere la garantía judicial pueden ser vendidos por el deudor, pero el acreedor tiene derecho de participación y derecho preferencial de pago sobre el precio de venta de dichos bienes.

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Los bienes embargados con carácter cautelar están bajo la responsabilidad del deudor, que es su "garante" de hecho; las consecuencias del embargo no son oponibles frente a terceros. Por el contrario, las garantías judiciales, que son objeto de medidas de publicidad (comercial o hipotecaria), son oponibles frente a todos.

El banquero (y, en general, todo tercero) que recibe una solicitud de embargo preventivo relativa a un cliente, está obligado a comunicar inmediatamente al agente judicial todas sus obligaciones con respecto al deudor (es decir, el conjunto de las cuentas abiertas a nombre del deudor y las cantidades consignadas en cuenta). Si el banquero no facilita esta información, sin motivo justificado, puede ser condenado a pagar la deuda en lugar del deudor.

3.3. ¿Cuál es el periodo de validez de estas medidas?

La medida cautelar debe adoptarse en los tres meses siguientes al auto del juez que la autoriza. En caso contrario, la autorización caduca.

Si el acreedor no ha iniciado un procedimiento encaminado al reconocimiento de su crédito, debe hacerlo en el mes siguiente a la adopción de la medida. En caso contrario, la medida caduca.

La medida cautelar debe comunicarse al deudor en un plazo máximo de ocho días. El deudor puede impugnar la medida o su autorización ante el juez de ejecución. El juez también puede fijar de antemano una fecha de audiencia de las partes para discutir la medida. En principio, la impugnación que presenta el deudor es admisible mientras el embargo preventivo no se convierta en embargo de ejecución, tras la obtención por el acreedor de una resolución judicial sobre el crédito que le corresponde.

4. ¿Se pueden recurrir los autos?

El auto puede ser recurrido por el deudor al mismo tiempo que la propia medida.

El juez de ejecución, competente para conceder la autorización de las medidas cautelares, también conoce de los recursos contra el auto. Sus resoluciones pueden recurrirse ante el tribunal de apelación.

Si el deudor tiene conocimiento de la autorización de la medida al mismo tiempo que de la propia medida, la impugnación del auto se regula por las mismas normas que la impugnación de la medida: la impugnación es admisible mientras la medida preventiva no se convierta en medida de ejecución.

El recurso no suspende la aplicación de la medida cautelar, que surte efectos mientras el juez no ordene el levantamiento o compruebe la nulidad.

Información complementaria

  • Legifrance français
  • Ministerio francés de Justicia français

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