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Última actualización: 25-05-2006
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Medidas provisionales y medidas cautelares - Bélgica

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ÍNDICE

1. ¿Cuáles son los diferentes tipos de medidas? 1.
1.1. Medidas cautelares 1.1.
1.2. Medidas provisionales 1.2.
1.3. Ejecución provisional 1.3.
2. ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas? 2.
2.1. El procedimiento 2.1.
2.2. ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas? ¿Es necesario que exista urgencia? 2.2.
3. Objeto y naturaleza de estas medidas 3.
3.1. ¿Qué tipo de bienes pueden ser objeto de estas medidas? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten estas medidas? 3.2.
3.3. ¿Qué validez tiene estas medidas? 3.3.
4. ¿Existe posibilidad de recurso contra estas medidas? 4.

 

1. ¿Cuáles son los diferentes tipos de medidas?

El objetivo de las medidas cautelares es garantizar derechos. En la práctica, con estas medidas el acreedor se protege frente al riesgo de que el deudor no pueda pagarle.

Si las medidas cautelares no son suficientes, el órgano jurisdiccional puede dictar también medidas provisionales, que tienen efectos similares a los de la propia resolución. La resolución firme confirmará o descartará las medidas provisionales.

Las medidas provisionales y cautelares se dirigen contra los bienes del deudor. El principio que se aplica en el cobro de deudas es que el deudor responde tanto con sus bienes muebles (dinero efectivo, mobiliario, joyas, acciones y participaciones) como con los inmuebles (terrenos, edificios o viviendas). El acreedor también puede reclamar los derechos o títulos del deudor (cuentas bancarias y nóminas).

1.1. Medidas cautelares
A. Embargo preventivo

En caso de urgencia el acreedor puede solicitar al órgano jurisdiccional que autorice el embargo preventivo de los bienes embargables del deudor (artículo 1413 del Ger.W. (ley de enjuiciamiento civil)). El deudor pierde su capacidad de disponer de los bienes que quedan sujetos a embargo preventivo. No puede venderlos, donarlos ni hipotecarlos. Esta pérdida de capacidad dispositiva del deudor protege al acreedor que obtiene el embargo, pero su importancia es relativa ya que el deudor sigue siendo el titular de los derechos de propiedad y usufructo de los bienes.

B. Secuestro

El secuestro es un depósito caucional de los activos objeto del litigio, que deben conservarse hasta que se dicte resolución firme (artículos 1955 y ss. del B.W. (código civil)). El secuestro puede ser acordado por las partes o impuesto por el tribunal. A diferencia de lo que ocurre con el embargo ordinario, el secuestro puede aplicarse también al patrimonio inmueble. (artículo1959 del B.W.).

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C. Inventario

La finalidad de formar un inventario es determinar el valor de un caudal sucesorio, una comunidad de gananciales o una propiedad indivisa (artículo 1175 del Ger.W.), previa solicitud del acreedor, el cónyuge o un heredero. Quienes solicitan el inventario están facultados para elegir al notario que levantará el acta patrimonial del inventario. De no haber acuerdo, el juez de paz designará al notario correspondiente (artículo 1178 del Ger.W.). Este mismo juez es competente en caso de conflicto.

D. Precintado

El precintado de los bienes impide que se pueda seguir disponiendo de ellos. Cuando hay un interés importante que proteger, los acreedores, el cónyuge o los herederos pueden solicitar que se precinten los bienes que forman parte de la comunidad de gananciales, el caudal hereditario o la propiedad indivisa. (artículo 1148 del Ger.W. ). Compete ordenar el precintado al juez de paz, que puede retirarlo a petición de quien lo solicitó: acreedores, cónyuge o herederos. Si existe oposición a la retirada, corresponde de nuevo resolver al juez de paz.

1.2. Medidas provisionales

Las medidas provisionales pueden alzarse y no son irrevocables. Se dictan en el procedimiento sobre medidas provisionales o sobre el fondo del asunto.

1.3. Ejecución provisional

La ejecución provisional es posible en condiciones muy estrictas cuando ha habido resolución, pero esta no es aún firme. En otras palabras, cuando aún existe posibilidad de recurrir la sentencia, que tiene sólo una fuerza relativa de cosa juzgada pero no puede ejecutarse aún, lo que podría producir consecuencias negativas para la parte que pretende que la otra cumpla su obligación. En algunos casos, el demandante puede solicitar al tribunal que ordene la ejecución provisional. Una forma de ejecución provisional es el embargo preventivo del patrimonio del deudor.

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2. ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas?

2.1. El procedimiento
A. Embargo preventivo

Cuando alguien tiene una resolución favorable, en Bélgica o en el extranjero, puede solicitar al agente judicial que proceda al embargo preventivo de los bienes del deudor a quien afecta la resolución. Si el acreedor no cuenta con una resolución favorable, será necesaria una orden judicial. Los tribunales arbitrales no están facultados para ordenar el embargo preventivo (artículo 1696 del Ger.W.).

Las solicitudes de embargo se presentan ante el órgano jurisdiccional competente y se tramitan en el procedimiento sobre medidas provisionales (artículo 1395 del Ger.W.). El plazo de notificación debe ser al menos de dos días, aunque puede reducirse en casos urgentes.

El abogado presenta la solicitud unilateral de embargo preventivo ante el órgano jurisdiccional competente. Este debe resolver en el plazo de ocho días. El agente judicial se encarga de notificar al deudor la resolución y la orden de embargo para garantizar que aquel tenga conocimiento de ambas. La resolución es provisionalmente ejecutable y tiene sólo una fuerza relativa de cosa juzgada. El órgano jurisdiccional puede modificar o retirar la resolución si se producen cambios en las circunstancias. El Real Decreto de 30 de noviembre de 1976 (publicado el 8 de febrero de 1977) establece la retribución de los agentes judiciales.

B. Secuestro

En el caso de que el secuestro haya sido acordado entre las partes no es necesaria la orden judicial. Por el contrario, el secuestro judicial es ordenado por un órgano jurisdiccional.

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En ambos casos se designa un depositario, bien por acuerdo o bien por decisión del órgano jurisdiccional. Su función consiste en gestionar como un buen padre de familia el patrimonio que se le confía. Cuando el secuestro finaliza debe reintegrar los bienes de que se trate. El administrador percibe una remuneración que está establecida por ley (artículo 1962, apartado 3 del B.W.).

C. Medidas provisionales

Las medidas provisionales deben solicitarse siempre ante los tribunales, en un procedimiento bien sobre medidas provisionales bien sobre el fondo. Los tribunales arbitrales también están facultados para dictar medidas provisionales (artículo 1696 del Ger.W.).

El presidente del órgano jurisdiccional de primera instancia resuelve con carácter provisional en todos los casos urgentes que no están reservados por ley a los propios tribunales (artículo 584, apartado 1 del Ger.W.). Al ser provisional, esta decisión no tiene efectos definitivos ni irrevocables. Los presidentes de la sala de lo mercantil (rechtbank van koophandel) y de la sala de lo social (arbeidsrechtbank) están facultados para dictar resoluciones provisionales en todos los asuntos urgentes de sus jurisdicciones.

Las decisiones sobre medidas provisionales no pueden ir en detrimento del asunto principal, lo que significa que la decisión tiene solamente fuerza relativa de cosa juzgada. El juez que conoce del fondo no está obligado por esta decisión, así que el que se ocupa de la fase preliminar sólo puede dictar medidas provisionales.

Por ejemplo, en los asuntos de divorcio el presidente del tribunal de primera instancia puede dictar medidas provisionales referidas a la persona, los bienes y los alimentos de los cónyuges y de los hijos (artículo 1280, apartado 1 del Ger.W.).

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El agente judicial comunica formalmente a la otra parte las medidas dictadas y le insta a cumplirlas, si es necesario con intervención policial y mediando la advertencia de que se le pueden imponer multas periódicas. Las retribuciones de los agentes judiciales están establecidas por Real Decreto de 30 de noviembre de 1976 (publicado el 8 de febrero de 1977).

Dado que el juez de paz decide en primera instancia, puede ordenar medidas provisionales para el tiempo que dure la convivencia de un matrimonio o una pareja legalmente reconocida que se separa en relación con asuntos como el hogar familiar o la persona y el patrimonio de los hijos. Estas medidas son de carácter puramente provisional y finalizan cuando las partes dejan de vivir juntas. No pueden constituir una base duradera para el divorcio. La regulación definitiva del divorcio corresponde al tribunal de primera instancia.

D. Ejecución provisional

Las resoluciones judiciales son títulos ejecutivos. Mientras no sean firmes no pueden ejecutarse. La ejecución queda en suspenso en la medida en que la ley prevé la posibilidad de apelación, salvo cuando se trata de recurrir en casación. (artículo 1397 del Ger.W.).

El juez que dicte sentencia podrá autorizar la ejecución provisional de la misma o excluirla en los casos en que la ley no lo permita (artículo 1398 del Ger.W.). Estas excepciones son el divorcio, la separación, la oposición al matrimonio o la nulidad matrimonial. Además, si la decisión impone el pago de un importe inferior a 1860 euros no puede ejecutarse a título provisional (artículo 1399 del Ger.W.).

Cuando la ejecución provisional es admisible, se aplica por cuenta y riesgo de la parte que la solicita. El tribunal puede imponer determinadas condiciones, si lo desea, exigiendo a la parte solicitante que aporte una garantía (artículo 1400, apartado 1 del Ger.W.). Aquella puede incoar la ejecución pero debe depositar una cantidad en el Deposito- en Consignatiekas o gestionar una garantía bancaria, ya que el asunto puede recurrirse y obtener la otra parte derecho a compensación.

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2.2. ¿En qué condiciones pueden dictarse estas medidas? ¿Es necesario que exista urgencia?
A. Embargo preventivo

Sólo se recurre al embargo preventivo en los casos de urgencia y cuando la cantidad de la deuda es segura, fija y exigible.

La urgencia significa aquí que la solvencia del deudor es dudosa, por lo que la pretensión del acreedor corre cierto peligro. El embargo preventivo no es sólo un medio de hacer presión, sino un instrumento legítimo en los casos en los que la situación financiera del deudor es objetivamente vulnerable. Debe existir un cierto grado de urgencia tanto en el momento de efectuar el embargo como en el que el tribunal decide sobre el mismo. La pretensión del solicitante debe ser segura en el sentido de tener una justificación clara y de que no existan fundamentos razonables que la pongan en duda. La pretensión debe ser asimismo fija. El importe debe estar determinado o al menos ser susceptible de calcularse provisionalmente. Si el importe exacto de la deuda no se ha fijado aún, el tribunal que ordena el embargo hará el cálculo del mismo. En último termino, la deuda debe ser exigible, es decir, el acreedor debe estar facultado para reclamarla. El artículo 1415 del Ger.W. añade además, en el caso de las reclamaciones de ingresos periódicos (alimentos, alquileres etc.) y de créditos eventuales, la condición de que puedan ser cubiertos con el embargo preventivo.

B. Secuestro

El secuestro judicial puede ordenarse en el caso de bienes muebles que hayan sido embargados por el acreedor, en el de bienes muebles o inmuebles cuya propiedad o posesión se disputen dos o más personas y en el caso de objetos que el deudor ofrece para saldar su deuda (artículo 1961 del B.W.). En términos generales esto significa que el secuestro se utiliza siempre que las circunstancias del asunto justifiquen recurrir a él como medida cautelar con el fin de mantener el statu quo hasta que se resuelva el conflicto. La urgencia es irrelevante, pero los órganos jurisdiccionales tendrán la precaución de recurrir al secuestro sólo como medida excepcional y grave cuando exista una buena razón para ello.

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C. Medidas provisionales

El procedimiento sobre medidas provisionales puede iniciarse cuando el asunto es tan urgente que de no encontrarse una solución inmediata la parte solicitante sufriría una pérdida o un inconveniente sustanciales. La urgencia es, por tanto, uno de los principales requisitos para que se ordenen medidas provisionales.

Las medidas provisionales dictadas en la causa principal deben basarse también en motivos de urgencia. En consecuencia, hablamos de «medidas provisionales urgentes», que pueden solicitarse ante el juez de paz.

D. Ejecución provisional

El criterio de los tribunales para ordenar la ejecución provisional es el riesgo que corre el demandante de que la otra parte retrase o impida innecesariamente la ejecución de la resolución. Si el demandado recurre simplemente con el fin de evitar la ejecución de la resolución, el órgano jurisdiccional que la dictó tiene ya un buen fundamento para ordenar la ejecución provisional. Esta medida está sin embargo prohibida en determinados casos (véase supra).

3. Objeto y naturaleza de estas medidas

3.1. ¿Qué tipo de bienes pueden ser objeto de estas medidas?
A. Embargo preventivo

Pueden ser objeto de embargo preventivo todo tipo de bienes (muebles, inmuebles e intangibles), aunque algunos no pueden embargarse o son sólo objeto de embargo parcial. La ley establece los bienes inembargables, bien sea por su propia naturaleza o por su relación con el deudor.

Los bienes inembargables se enumeran en el artículo 1408 del Ger.W.. Entre ellos se encuentran los enseres necesarios para cubrir las necesidades básicas, los objetos que el deudor o sus hijos utilizan para estudiar o trabajar, los destinados al culto religioso, los alimentos y el combustible. El artículo 1410, apartado 2 del Ger.W. establece una relación de las cantidades de dinero excluidas del embargo, entre las que cabe citar los complementos familiares y los ingresos mínimos necesarios para subsistir.

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Los salarios y otras remuneraciones sólo pueden embargarse parcialmente. Las cantidades están establecidas en el artículo 1409, apartado 1 del Ger.W. y se revisan anualmente por real decreto con arreglo al IPC. El artículo 1410, apartado 1 del Ger.W. amplía el alcance de su exclusión a otras fuentes de ingresos, como los que se perciben en concepto de alimentos y pensiones, los subsidios de desempleo y las prestaciones por incapacidad laboral o general.

El agente judicial hace inventario del patrimonio embargable con vistas a su ulterior venta a menos que se llegue a un acuerdo con el acreedor, en el que el agente actúa de intermediario. Disponer de los bienes consignados en el acta constituye un delito.

B. Secuestro

El secuestro judicial puede ordenarse en el caso de bienes muebles que hayan sido embargados por el acreedor, en el de bienes muebles o inmuebles cuya propiedad o posesión se disputen dos o más personas y en el caso de objetos que el deudor ofrece para saldar su deuda (artículo 1961 del B.W.).

C. Medidas provisionales

En los procesos sobre medidas provisionales pueden ser objeto de embargo todo tipo de bienes. El presidente del tribunal de primera instancia es competente en todos los litigios civiles de la jurisdicción ordinaria. La sala de lo mercantil y la sala de lo social son las encargadas de conocer de las causas mercantiles y laborales, respectivamente.

El juez de paz puede ordenar medidas provisionales para el tiempo que dure la convivencia de un matrimonio o una pareja legalmente reconocida que se separa en relación con asuntos como el hogar familiar o la persona y el patrimonio de los hijos. Esta norma se aplica sólo a los matrimonios (artículo 223, apartado 1 del B.W.) y a las parejas legalmente reconocidas (artículo 1479, apartado 1 del B.W.), pero no a las parejas de hecho.

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D. Ejecución provisional

El juez que dicte sentencia podrá autorizar la ejecución provisional de la misma o excluirla en los casos en que la ley no lo permita (artículo 1398 del Ger.W.). Estas excepciones son el divorcio, la separación, la oposición al matrimonio o la nulidad matrimonial. Si la decisión se limita a imponer el pago de un importe inferior a 1860 euros no puede ejecutarse a título provisional (artículo 1399 del Ger.W.).

3.2. ¿Qué efectos surten estas medidas?
A. Embargo preventivo

El propietario de los bienes embargados no pierde los derechos de propiedad y de usufructo de los mismos (disfrute, alquiler, ingresos etc.). Pierde simplemente la facultad de enajenarlos o hipotecarlos. En consecuencia, las transacciones contrarias a esta prohibición que el propietario realice con los bienes embargados son válidas, pero no pueden hacerse valer frente al autor del embargo, que puede por tanto no tenerlas en cuenta y actuar como si no se hubieran producido.

B. Secuestro

El secuestro, como cualquier otro depósito, implica que la posesión material de los bienes se transfiere al depositario, que puede sólo realizar con ellos determinadas operaciones con el fin de preservar el patrimonio.

C. Medidas provisionales

Nada que señalar.

D. Ejecución provisional

La ejecución provisional produce el efecto de ejecutar la resolución a pesar de que esta pueda todavía recurrirse. La parte que la solicita asume los riesgos de la ejecución (véase supra).

3.3. ¿Qué validez tiene estas medidas?
A. Embargo preventivo

El embargo preventivo suele limitarse a tres años. El juez que lo ordena está facultado para decidir un plazo más breve. La orden puede renovarse siempre que se esté dentro del plazo originariamente establecido. La renovación, que en realidad es la ampliación del plazo, se concede cuando la solicitud está suficientemente motivada y sigue existiendo el elemento de la urgencia.

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B. Secuestro

Los límites del periodo de validez del secuestro no están establecidos por ley. El secuestro se levanta cuando deja de peligrar la conservación adecuada de los bienes y se prevé un arreglo definitivo de la situación.

C. Medidas provisionales

No existe un límite legal de carácter general para la validez de las medidas provisionales. La sentencia firme confirmará o retirará estas medidas.

Las medidas provisionales urgentes dictadas por el juez de paz cesan en el momento en que se inicia la causa principal. A partir de entonces, el asunto pasa al tribunal de primera instancia y su presidente dictará medidas provisionales si lo estima preciso.

D. Ejecución provisional

Nada que señalar.

4. ¿Existe posibilidad de recurso contra estas medidas?

A. Embargo preventivo

Cuando el órgano jurisdiccional deniega el embargo preventivo, el solicitante puede recurrir la decisión en el plazo de un mes a partir de su notificación (artículo 1419, apartado 1 y artículo 1031 del Ger.W.). El asunto se trata como si estuviera en el primer órgano jurisdiccional. La decisión se debate a puerta cerrada. Si la instancia de apelación dicta orden de embargo, la persona cuyos bienes se embargan debe interponer tercería para oponerse a la orden.

 Cuando el órgano jurisdiccional accede a ordenar el embargo preventivo, la persona cuyos bienes se embargan y cualquier otra parte interesada puede oponer una acción de tercería (artículo 1419 del Ger.W.). Esta acción debe interponerse en el plazo de un mes, desde la notificación de la decisión original y presentarse ante el tribunal que dictó la orden original (artículo 1125 del Ger.W.). La interposición de tercería no tiene efectos suspensivos, a menos que el tribunal que dictó la orden decida suspender la ejecución.

B. Secuestro

No procede en el caso del secuestro acordado entre las partes.

El secuestro judicial es una decisión del órgano jurisdiccional contra la que se puede recurrir con arreglo a las disposiciones del Ger.W..

C. Medidas provisionales

La parte que se considere perjudicada por la decisión judicial dictada en el procedimiento sobre medidas provisionales puede recurrirla o interponer tercería. Los recursos contra las decisiones del presidente del tribunal de primera instancia o de la sala de lo mercantil son competencia del tribunal de apelación. Para los recursos contra las órdenes dictadas por el presidente de la sala de lo social es competente la propia sala de lo social.

El plazo para recurrir o interponer tercería es de un mes a partir de la notificación de la orden para los asuntos iniciados mediante simple emplazamiento o comparecencia voluntaria y de un mes a partir de la notificación de la orden mediante pliego judicial cuando la orden se dictó previa solicitud unilateral.

D. Ejecución provisional

El auto de ejecución provisional no es apelable. El tribunal de apelación no está facultado para prohibir o suspender un auto de ejecución provisional (artículo 1402 del Ger.W.).

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