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Glosario

Las definiciones que aparecen en este glosario sirven para una mejor comprensión de los términos empleados regularmente en las páginas de la red judicial europea. No se trata por tanto de definiciones jurídicas propiamente dichas.



Bruselas I

La expresión «Bruselas I» suele utilizarse para designar el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Este instrumento regula entre los Estados miembros de la Unión Europea la atribución de competencia internacional y las condiciones y modalidades del reconocimiento y la ejecución de las sentencias dictadas en los Estados miembros, los documentos públicos y las transacciones judiciales. Este Reglamento sustituyó, excepto para Dinamarca, al Convenio «Bruselas I» de 27 de septiembre de 1968.

Bruselas II

La expresión «Bruselas II» suele utilizarse para designar el Reglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes. Este Reglamento establece normas relativas a la competencia internacional, al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en materia de divorcio, separación de hecho y anulación del matrimonio, así como de las resoluciones relativas a la responsabilidad parental sobre los hijos comunes dictadas con este motivo. Este Reglamento sustituyó, excepto para Dinamarca, al Convenio «Bruselas II» de 28 de mayo de 1998.

Comunicación de la Comisión

Una «comunicación» es un documento de reflexión sin ningún carácter normativo. La Comisión toma la iniciativa de publicar una comunicación cuando desea presentar sus propias ideas sobre un tema de actualidad. La comunicación no surte efectos jurídicos.

Competencia judicial internacional

La «competencia judicial internacional» es un concepto propio del Derecho internacional privado. Designa la aptitud de los tribunales de un país concreto para conocer de un asunto que presenta un carácter internacional. Un litigio presenta un carácter internacional cuando, por ejemplo, las partes tienen nacionalidades diferentes o no residen en el mismo país. En este caso, los tribunales de varios países podrían ser competentes para conocer del asunto; es lo que se llama un «conflicto de jurisdicciones». Las normas de competencia internacional fijan criterios para determinar el país cuyos tribunales son competentes para conocer en un litigio de este tipo.

Conflicto jurisdiccional

Véase «competencia judicial internacional»

Conflicto de leyes

Véase «ley aplicable»

Convenio

Los convenios, también llamados tratados o acuerdos, son instrumentos privilegiados de Derecho internacional público. El convenio designa el acuerdo celebrado entre varios Estados y/u organizaciones internacionales tendente a producir efectos jurídicos en sus relaciones mutuas y respecto de los nacionales de los Estados interesados. Los convenios pueden ser bilaterales, es decir, celebrados entre dos Estados. Este era el modelo habitual en el pasado, antes de que se creasen organizaciones internacionales que ofrecían un marco adecuado para negociar y celebrar convenios multilaterales, es decir, entre más de dos Estados. Numerosos convenios multilaterales se han celebrado bajo los auspicios de organizaciones internacionales, como la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado o el Consejo de Europa. Bajo los auspicios de la Comunidad Económica Europea, en 1968 se negoció y se celebró el Convenio «Bruselas I » entre los Estados miembros de la CEE. La Comunidad Europea ha celebrado en nombre de los Estados miembros un determinado número de convenios con uno o más terceros países. Los convenios, una vez firmados por los representantes de los Gobiernos, deben ratificarse o aprobarse por las autoridades nacionales competentes, en la mayoría de los casos los parlamentos nacionales. En algunos Estados, una vez ratificados los convenios, estos surten efecto en el ordenamiento jurídico interno. En otros Estados, los convenios ratificados sólo surten efecto si se transponen en el ordenamiento jurídico nacional, por ejemplo en forma de ley. Los convenios, instrumentos de Derecho internacional público, se distinguen de los instrumentos de Derecho comunitario en los siguientes puntos en particular:

  • En Derecho internacional público, los problemas de interpretación que plantean los convenios pueden resolverse en algunos casos en los tribunales nacionales. Por regla general, no existe un sistema jurisdiccional propio que permita garantizar la uniformidad de la interpretación, y en consecuencia de la aplicación, de los convenios. En Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia garantiza esta interpretación uniforme.
  • En Derecho internacional público, no existe de manera general y sistemática un sistema jurisdiccional que sancione a un Estado que no respete sus obligaciones derivadas de un convenio internacional. En Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia puede constatar los incumplimientos y puede llegar hasta a imponer multas coercitivas.
Decisión

En Derecho comunitario, una «decisión» es un acto de carácter normativo obligatorio en todos sus elementos para los destinatarios que en ella se designan. La decisión puede adoptarse en el marco del Tratado CE, bien por el Parlamento Europeo y el Consejo, bien por el Consejo, bien por la Comisión. La decisión se utiliza poco en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil. Sólo la red judicial europea en materia civil se creó en virtud de una decisión del Consejo.

Directiva

En Derecho comunitario, una «directiva» es un acto de carácter normativo que vincula a los Estados miembros destinatarios en cuanto al resultado que debe obtenerse, dejándoles la elección de los medios y la forma. Las directivas pueden adoptarse en el marco del Tratado CE bien por el Parlamento Europeo y el Consejo, bien por el Consejo, bien por la Comisión. Las Instituciones comunitarias recurren más al reglamento que a la Directiva en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil. Las directivas comunitarias, una vez adoptadas, deben ser incorporadas al ordenamiento jurídico nacional por cada uno de los Estados miembros, es decir deben aplicarse mediante leyes nacionales.

Documento público

Un «documento público» es un documento que constata un hecho o un acto jurídico, y de cuya autenticidad da fe una autoridad pública. Algunos documentos públicos están dotados de fuerza ejecutiva. Tal es por ejemplo el caso del documento público elaborado por un notario relativo a la venta de un inmueble. Los documentos públicos dotados de fuerza ejecutiva formalizados en un Estado miembro pueden ejecutarse en otro Estado miembro a raíz de un procedimiento simplificado previsto en el Reglamento «Bruselas I».

Legislación aplicable

Véase «ley aplicable»

Derecho comunitario

El «Derecho comunitario» designa el conjunto de las normas adoptadas en el marco de la Comunidad Europea. El Derecho comunitario consta esencialmente del Tratado CE y de los actos adoptados por las Instituciones en aplicación del Tratado, tales como reglamentos y directivas. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia también forma parte de las fuentes del Derecho comunitario. El Derecho comunitario se distingue del derecho internacional público en una serie de rasgos (véase «Derecho internacional público»).

Derecho internacional privado

El «Derecho internacional privado», entendido en sentido amplio, designa el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones internacionales entre personas privadas. No obstante, la expresión «Derecho internacional privado» no tiene el mismo significado en todos los Estados miembros. En Derecho alemán o portugués, por ejemplo, designa solamente las normas de conflicto de leyes (véase ley aplicable), mientras que en otros sistemas jurídicos incluye también las normas relativas a la competencia judicial internacional, el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras.
Todas estas normas relativas a la ley aplicable, a la competencia judicial internacional, al reconocimiento y a la ejecución de sentencias extranjeras permiten solucionar las dificultades vinculadas al hecho de que un mismo asunto esté vinculado a varios sistemas jurídicos y judiciales distintos. Tal es por ejemplo el caso de esposos de nacionalidades diferentes que deseen divorciarse: ¿cuál será el juez competente para dictar el divorcio y qué ley aplicará? Es también el caso, por ejemplo, si ocurre un accidente en un Estado miembro y origina una contaminación del medio ambiente, causando un perjuicio en otros Estados miembros: ¿a los tribunales de qué Estado deben acudir las víctimas? ¿qué ley aplicarán los tribunales competentes?
Las normas de Derecho internacional privado tienen como origen la ley, la jurisprudencia y la doctrina de cada Estado. A pesar de su nombre, el Derecho internacional privado es, en principio, un Derecho puramente nacional. Algunas de estas normas nacionales pueden uniformizarse en convenios internacionales o en instrumentos comunitarios. Esta uniformización permite, en particular, evitar situaciones en las que los tribunales de dos Estados se declaren competentes en virtud de sus normas nacionales de Derecho internacional privado y dicten resoluciones incompatibles sobre el mismo asunto.

Derecho internacional público

El «Derecho internacional público» designa el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones internacionales entre personas públicas tales como los Estados y las organizaciones internacionales. Los convenios y las leyes modelo suelen utilizarse como instrumentos de Derecho internacional público.

Ejecución

La «ejecución» de una resolución judicial consiste en la aplicación de esta resolución acompañada, en su caso, del recurso a medios legales de coacción, como la intervención de las fuerzas públicas. Si se obtiene una sentencia favorable en un tribunal, pero tras esta sentencia la parte contraria no la cumple espontáneamente, puede recurrirse, según los casos, a la policía o a los servicios de un agente judicial para hacer cumplir la sentencia. La ejecución afecta a las resoluciones judiciales por una parte, y a los laudos arbitrales, a los documentos públicos y a las transacciones judiciales con fuerza ejecutiva por otra parte. La ejecución puede traducirse por ejemplo en la incautación de los bienes del deudor o la expulsión del inquilino de un local. En principio, la ejecución de una resolución judicial sólo puede tener lugar en el territorio del Estado donde se haya dictado. Para ejecutarse en el extranjero, la decisión debe haber recibido el «exequátur».

Exequátur

El «exequátur» es un concepto propio del Derecho internacional privado, que designa la decisión dictada por el juez de un país y que permite la ejecución en el territorio de este país de una resolución judicial, un laudo arbitral, un documento público o una transacción judicial dictados o realizados en el extranjero. La supresión del exequátur entre los Estados miembros para todas las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil es el objetivo último del programa de reconocimiento mutuo adoptado por la Comisión y el Consejo en diciembre de 2000.

Foro

El «foro» es un concepto de Derecho internacional privado. Designa al tribunal que conoce de un litigio. Este concepto de «foro» es el origen de los conceptos «lex fori» y «forum shopping» o búsqueda del órgano jurisdiccional más ventajoso.

Fuerza ejecutiva

La «fuerza ejecutiva» es un concepto propio del Derecho procesal civil. Las decisiones judiciales tienen fuerza ejecutiva, en el sentido de que pueden ser efectivamente ejecutadas recurriendo en su caso a la fuerza pública. Esencialmente son las sentencias y los documentos públicos los que, revestidos de una fórmula ejecutoria, tienen fuerza ejecutiva. La fuerza ejecutiva sólo tiene valor en el Estado miembro del tribunal que haya dictado la sentencia. Para que una sentencia pueda ejecutarse en el extranjero, deberá haber recibido el «exequátur».

Forum shopping o búsqueda del órgano jurisdiccional más ventajoso

El «forum shopping» es un concepto propio del Derecho internacional privado. La persona que toma la iniciativa de una acción judicial puede verse tentada a elegir el tribunal en función de la ley que éste aplicará. La persona que inicia la acción puede verse tentada a elegir un foro no porque sea el más adecuado para conocer del litigio, sino porque las normas sobre conflictos de leyes que este tribunal utilizará llevarán a la aplicación de la ley que más le convenga.

Jurisprudencia

La «jurisprudencia» designa la norma jurídica derivada de un conjunto de resoluciones judiciales concordantes. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es muy rica por lo que se refiere en particular a la interpretación del Tratado, las directivas y reglamentos comunitarios. La jurisprudencia del Tribunal es una fuente del Derecho comunitario.

Lex causae

La lex causae» es un concepto propio del Derecho internacional privado, que designa la ley que regula el fondo del asunto, una vez designada por las normas de conflicto de leyes. Véase «ley aplicable».

Lex fori

La «lex fori» es un concepto propio del Derecho internacional privado, que significa la ley del juez que conoce el asunto. Cuando se presenta a un juez un asunto que reviste un carácter internacional, éste debe preguntarse sobre la ley aplicable a dicho asunto. En algunos casos se aplicará la lex fori. Tradicionalmente, la lex fori regula las cuestiones de procedimiento, cualquiera que sea la lex causae.

Lex loci delicti

Ellex loci delicti» es un concepto propio del Derecho internacional privado, que significa la ley del país donde, en materia de obligaciones extracontractuales, se haya producido el hecho lesivo.

Libro verde de la Comisión Europea

Un «Libro verde» es un documento consultivo publicado por la Comisión, dedicado a un tema concreto y destinado a recibir la opinión de los medios interesados sobre una serie de cuestiones. El Libro verde tiene por objeto permitir a la Comisión poder determinar mejor las orientaciones futuras de su política sobre el asunto en cuestión.

Ley aplicable

La expresión «ley aplicable» es un concepto propio del Derecho internacional privado. Indica la ley nacional que regula una cuestión de derecho concreta que presenta un carácter internacional. Cabe señalar que un juez, cuando conoce de un litigio, no aplica necesariamente su ley nacional para resolverlo. Cuando una relación jurídica entre personas privadas presenta un carácter internacional (por ejemplo, porque estas personas tienen nacionalidades diferentes o no residen en el mismo país), pueden aplicarse las leyes de varios países. La ley aplicable se determina utilizando el mecanismo de las normas de resolución de conflictos de leyes.
El convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, firmado en Roma en 1980 bajo los auspicios de la Comunidad Económica Europea, unifica las normas de conflicto de leyes de los Estados miembros en este ámbito.

Ley modelo o ley tipo

Las «leyes modelo» o «leyes tipo» son instrumentos elaborados por varios Estados y/u organizaciones internacionales. Tienen por objeto ayudar a los Estados que lo deseen a reformar y modernizar su legislación nacional. Existen organizaciones internacionales, tales como UNCITRAL y UNIDROIT (véase la página inicial «Derecho internacional») que desarrollan leyes modelo o leyes tipo.

Obligaciones contractuales

Cuando dos personas celebran un contrato, por lo general se obligan entre sí: una de las partes se obliga a entregar un bien o a prestar un servicio y la otra se obliga a pagar un precio. Cada una de las partes del contrato también está obligada frente a la otra parte a indemnizarla en caso de incumplimiento o ejecución defectuosa de este contrato.

Obligaciones delictuales

Véase «obligaciones extracontractuales»

Obligaciones extracontractuales o delictuales

Existe una obligación extracontractual cuando la persona responsable de un daño causado a otros debe compensar a la víctima, en casos no vinculados a la ejecución de un contrato como, por ejemplo, accidentes de tráfico, daños al medio ambiente o difamaciones a través de la prensa.

Recomendación de la Comisión

En Derecho comunitario, la «recomendación» es un acto normativo que tiene un carácter de incentivo y no vincula a sus destinatarios. La recomendación permite por tanto a la Comisión (o al Consejo) dirigirse de manera no vinculante a los Estados miembros y, en algunos casos, también a los ciudadanos de la Unión.

Reconocimiento

El «reconocimiento» es un concepto de Derecho internacional privado. Reconocer en un Estado miembro una sentencia dictada en otro es admitir que ésta surta efectos en el primer Estado. Las resoluciones judiciales sólo surten efecto en principio en el Estado donde se hayan dictado. Su reconocimiento en otro país sólo es posible si el Derecho de este Estado lo permite o si está previsto en un convenio o en un instrumento comunitario. Así pues, por ejemplo, en virtud del Reglamento Bruselas II, que precisa en particular las condiciones para el reconocimiento de las decisiones judiciales dictadas en materia matrimonial, una decisión de divorcio pronunciada en un Estado miembro podrá conducir a la modificación de actos de estado civil en los registros de otro Estado miembro.

Reglamento

En Derecho comunitario, el «reglamento» es un acto de alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros. Los Reglamentos pueden adoptarse en el marco del Tratado CE bien por el Parlamento Europeo y el Consejo, bien por el Consejo, bien por la Comisión. El reglamento es un instrumento privilegiado en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil. El reglamento se caracteriza por su aplicación directa, es decir, no debe transponerse al ordenamiento jurídico nacional y directamente confiere derechos o impone obligaciones.

Roma I

La expresión «Roma I» suele utilizarse para designar el Convenio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, firmado bajo los auspicios de la Comunidad Económica Europea.

Roma II

La expresión «Roma II» suele utilizarse para designar el proyecto de instrumento comunitario relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales.