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Última actualización: 03-09-2007
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Obtención y práctica de pruebas - Eslovenia

 

ÍNDICE

I. Carga de la prueba I.
1.
a) ¿Cuáles son las reglas relativas a la carga de la prueba? a)
b) ¿Existen reglas que dispensen de la prueba sobre determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden refutar estas presunciones? b)
2. ¿Hasta qué punto debe el tribunal estar convencido de un hecho para fundar en él su resolución? 2.
II. Práctica de la prueba II.
3. ¿La práctica de la prueba debe realizarse siempre a instancia de parte o puede en determinados casos instarse también de oficio? 3.
4.
a) Si la prueba propuesta por la parte es aceptada, ¿qué etapas se siguen después? a)
b) ¿En qué casos pueden rechazarse las pruebas propuestas por las partes? b)
5.
a) ¿Cuáles son los diferentes medios de prueba? a)
b) ¿Cómo se lleva a cabo el interrogatorio de testigos y en qué se diferencia del interrogatorio de un perito? ¿Cuáles son las reglas relativas a la prueba documental o pericial? b)
c) ¿Existen determinadas pruebas que tengan mayor fuerza probatoria que las otras? c)
d) ¿Se requieren pruebas específicas para probar determinados hechos? d)
6.
a) ¿Obliga la legislación a los testigos a prestar declaración? a)
b) ¿En qué casos puede negarse a declarar el testigo? b)
c) ¿Puede obligarse a declarar o sancionarse a las personas que se nieguen a testificar? c)
d) ¿Hay personas de las que no puedan recabarse pruebas o una declaración testifical? d)
7. ¿Cuál es el papel del juez y de las partes durante el interrogatorio de los testigos? ¿En qué casos es posible proceder al interrogatorio de testigos con ayuda de las nuevas tecnologías, como la televisión o videoconferencia? 7.
III. Valoración de las pruebas III.
8. En caso de que la parte no haya obtenido legalmente las pruebas, ¿se le impondrán al tribunal restricciones al dictar sentencia? 8.
9. Si soy parte en el proceso, ¿tiene mi declaración valor probativo? 9.

 

I. Carga de la prueba

1.

a) ¿Cuáles son las reglas relativas a la carga de la prueba?

La regla general es que las partes deben alegar todos los hechos en los que basan tanto la demanda como el escrito de oposición y presentar pruebas que los demuestren (artículos 7 y 12 de la Ley de Procedimiento Civil – Zakon o pravdnem postopku, en lo sucesivo ZPP).

El demandante debe probar los hechos que fundan su demanda y el demandado aquellos en los que basa su oposición. El Derecho material establece qué parte es la que debe afirmar y probar un hecho determinado. Las consecuencias resultantes de no probar un hecho recaen sobre la parte que, según la norma del Derecho material, debiera afirmarlo y probarlo (artículos 7 y 125 de la ZPP).

b) ¿Existen reglas que dispensen de la prueba sobre determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Se pueden refutar estas presunciones?

El objeto de la prueba son los hechos en que se fundamentan las demandas y escritos de contestación, las reglas científicas y profesionales, y aquellas empíricas, y que no son reglas jurídicas. Las reglas jurídicas deben ser reconocidas de oficio por el tribunal (iura novit curia).

No hace falta probar los hechos reconocidos y de conocimiento general (artículo 214, apartados 1 y 4, de la ZPP).

El tribunal, para dictar sentencia, acepta los hechos ya reconocidos sin comprobar su veracidad (artículo 214, apartado 1, de la ZPP), excepto en el caso de que considere que la parte haya reconocido los hechos con la intención de invocar una pretensión que de otra forma no podría invocar.

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En la teoría y en la práctica, existen aún algunas dudas relacionadas con la carga de la prueba en cuanto a hechos no contenciosos, a hechos descubiertos durante el procedimiento de la práctica de pruebas, y que no han sido alegados por ninguna de las partes, y a las presunciones legales.

2. ¿Hasta qué punto debe el tribunal estar convencido de un hecho para fundar en él su resolución?

Para poder pronunciarse sobre una demanda, el tribunal necesita un elevado grado de veracidad de la prueba material y estar convencido de los hechos jurídicamente relevantes.

En algunos casos es suficiente una prueba de probabilidad para dictar sentencia, y en particular la relativa a algunas decisiones procesales intermedias que no ponen fin al proceso y por las cuales el tribunal decide sobre las cuestiones procesales intermedias. Para que el juez aplique una regla procesal determinada, debe probarse que los hechos jurídicamente relevantes son probables, no siendo necesario que el juez esté convencido de su existencia. La ZPP no define los hechos cuya probabilidad puede probarse para tener en cuenta una determinada norma.

II. Práctica de la prueba

3. ¿La práctica de la prueba debe realizarse siempre a instancia de parte o puede en determinados casos instarse también de oficio?

Conforme al principio de contradicción, la práctica de pruebas la solicitan principalmente las partes.

El tribunal puede practicar de oficio las pruebas (artículo 7, apartado 2, de la ZPP) si cree que las partes tienen la intención de hacer uso indebido de sus pretensiones.

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4.

a) Si la prueba propuesta por la parte es aceptada, ¿qué etapas se siguen después?

El tribunal es quien decide qué pruebas han de practicarse para determinar los hechos decisivos (artículo 213, apartado 2, y artículo 287, de la ZPP). El tribunal adopta una decisión sobre las pruebas, mediante la cual acepta o rechaza la solicitud de las partes y puede también ordenar de oficio la práctica de una determinada prueba.

Si se acepta la solicitud de la parte, entonces se procede a la práctica efectiva de la prueba. El tribunal no está supeditado a esta decisión. Ésta puede ser modificada en el transcurso del proceso, en el que además pueden practicarse las pruebas por las que se rechazó la solicitud previa. También puede ordenar la práctica de nuevas pruebas (artículo 287, apartado 4, de la ZPP).

Las pruebas se practican durante la vista ante el juez que dictará la sentencia (artículo 217, apartado 1, de la ZPP). Por razones de peso, puede solicitarse que las pruebas sean practicadas ante un juez determinado (artículo 217, apartado 1, de la ZPP). En casos excepcionales es posible la práctica de pruebas después de haber concluido la vista (artículo 291 de la ZPP).

b) ¿En qué casos pueden rechazarse las pruebas propuestas por las partes?

La ZPP incluye expresamente disposiciones relativas a la posibilidad de que la práctica de pruebas sea denegada en caso de que éstas no sean relevantes para la sentencia, es decir, que no ayuden en la determinación de los hechos jurídicamente relevantes. La ZPP no incluye, sin embargo, disposiciones expresas sobre la posibilidad de desestimar tanto las pruebas inadmisibles como aquellas cuya obtención no sea posible por razones económicas o de otro tipo.

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En lo concerniente a las pruebas inadmisibles y a aquellas que no pudieran obtenerse, habrá que tener en cuenta el artículo 3, apartado 3, de la ZPP, que dice que el tribunal no reconocerá ninguna pretensión de las partes contraria a normativas vinculantes a la moral, así como lo que dice la disposición correspondiente a la preclusión probatoria.

5.

a) ¿Cuáles son los diferentes medios de prueba?

Según la ZPP: Inspecciones, pruebas documentales, interrogatorios de testigos, de peritos y de las partes.

b) ¿Cómo se lleva a cabo el interrogatorio de testigos y en qué se diferencia del interrogatorio de un perito? ¿Cuáles son las reglas relativas a la prueba documental o pericial?

Testigos: Cualquiera que sea citado como testigo debe acudir a la citación y, si la ley no dispone otra cosa, también declarar (artículo 229, apartado 1, de la ZPP). El interrogatorio de los testigos lo solicita la parte, quien deberá además indicar sobre qué va a declarar el testigo y los datos de éste (artículo 236, de la ZPP). A los testigos se les da cita para la vista por medio de una citación especial en la que se les advierte de su obligación de comparecer y de las consecuencias de su incumplimiento, así como de su derecho a la devolución de los gastos ocasionados (artículo 237 de la ZPP).

A los testigos se les interroga durante la vista principal. Los testigos que por edad, enfermedad o grave incapacidad física no pudiesen acudir a la citación, serán interrogados en su domicilio (artículo 237, apartado 2, de la ZPP). A cada testigo se le interroga por separado y sin la presencia de otros testigos que vayan a ser interrogados posteriormente (artículo 238, apartado 1, de la ZPP). El tribunal advertirá al testigo sobre su deber de decir la verdad y no omitir nada, así como de las consecuencias de una declaración falsa. El testigo primero testificará lo que sepa sobre el asunto, y después el presidente y los miembros del tribunal, así como las partes y sus representantes, harán las preguntas pertinentes para probar, completar o aclarar la declaración. Si las declaraciones de los testigos no concuerdan, será posible realizar un careo entre testigos (artículo 239, apartado 3, de la ZPP). La ZPP ha dejado de aceptar la prestación de juramento de los testigos.

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La ZPP no establece ninguna diferencia entre el interrogatorio a testigos y peritos, ni tiene tampoco disposiciones procesales especiales al respecto. El procedimiento de interrogatorio a testigos y peritos es el mismo.

Documentos: Aunque la ZPP no establece ningún rango en la validez de las pruebas, los documentos son los medios de prueba más fiables. Se dividen en públicos y privados. Los documentos públicos son aquellos expedidos en la forma prescrita por un órgano nacional dentro de los límites de su competencia, o bien aquellos expedidos de la misma forma por una autoridad local, asociación u otra organización, así como por cualquier persona a quien el ejercicio de la autoridad pública le haya sido confiado por la ley (artículo 224, apartado 1, de la ZPP). Los documentos privados son los que no son públicos. Las firmas en los documentos privados pueden ser autenticadas por un órgano nacional autorizado o por cualquier persona física o jurídica que tenga autoridad pública (por ejemplo un notario). Dicha cláusula de autentificación en los documentos privados tiene trascendencia pública, ya que esa parte del documento se considera documento público. La ZPP contempla expresamente el valor probatorio de los documentos públicos. Los documentos públicos prueban la veracidad de lo que en ellos se afirma o decide (artículo 224, apartado 1, de la ZPP). La ZPP presume que los contenidos de los documentos públicos gozan de total veracidad. Sin embargo está permitido probar que los hechos expresados en ellos han sido falsamente establecidos o bien que el documento ha sido erróneamente elaborado (artículo 224, apartado 3, de la ZPP). Lo anterior constituye la única regla probatoria en el proceso civil esloveno.

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Los documentos públicos extranjeros autenticados según la normativa pertinente tienen la misma validez probatoria que los eslovenos siempre y cuando se hayan respetado las condiciones de reciprocidad y si el tratado internacional no dispone otra cosa (artículo 225 de la ZPP).

La ZPP incluye también reglas relativas a la obligación de entrega de documentos (edicijska dolžnost), las cuales dependen de quién esté en posesión del documento: si la parte a la que éste hace referencia, la parte contraria, un órgano nacional u organización con autoridad pública, o bien una tercera persona (física o jurídica).

Peritos: El tribunal precisa de peritos para la práctica de la prueba cuando se hace necesaria la opinión de un experto para determinar o aclarar algún hecho, al carecer el tribunal de tales conocimientos (artículo 243 de la ZPP). El tribunal designa al perito mediante una decisión específica (artículo 244, apartado 1, de la ZPP). Antes de nombrarle, el tribunal pide la opinión de las partes (artículo 244, apartado 2, de la ZPP). Al perito pueden nombrarle también el juez que preside la sala o el juez requerido por las partes, siempre y cuando estén autorizados a proceder a la práctica de tales pruebas (artículo 244, apartado 3, de la ZPP). Los peritos se escogen generalmente de entre las listas específicas de expertos al servicio de los tribunales. También es posible encomendar esta tarea a una institución cualificada. Los peritos solo pueden ser personas físicas. El perito ha de aceptar sus obligaciones y presentar un informe y su dictamen (artículo 246, apartado 1, de la ZPP). El tribunal puede sancionar económicamente a los peritos que no comparezcan a pesar de haber sido correctamente citados, y a aquellos que, sin justificación, se nieguen a realizar la tarea encomendada (artículo 248, apartado 1, de la ZPP). El tribunal, a instancia del perito, puede dispensarle de estos deberes solo en aquellos casos en los que el testigo quede exento de testificar o responder a una determinada pregunta, es decir, en los casos previstos en los artículos 231 a 233 de la ZPP. Así mismo, el tribunal puede, a instancia del perito, dispensarle por otras razones justificadas (por ejemplo: debido a sobrecarga laboral). La exención la puede también solicitar cualquier empleado autorizado del órgano u organización para la que trabaje el perito (artículo 246, apartados 2 y 3, de la ZPP). El perito puede ser inhabilitado de la misma forma que un juez. La única excepción es que el perito puede ser alguien que haya sido interrogado previamente como testigo (artículo 247, apartado 1, de la ZPP).

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El trabajo de los expertos consta de un informe y de un dictamen. El tribunal decide también si el perito deberá presentar su informe y dictamen sólo oralmente durante la vista o si ha de presentarlos previamente por escrito. Si se han designado varios peritos, pueden presentar conjuntamente su informe y dictamen, siempre y cuando estén todos de acuerdo con el contenido. Si hay discrepancias, entonces cada perito presentará su informe y dictamen por separado (artículo 254 de la ZPP). Si hubiese grandes diferencias entre los datos de los peritos o si el informe de uno o más de ellos no estuviese claro, fuese incompleto, fuese contradictorio o contradijese las circunstancias investigadas, y no fuera posible rectificar tales anomalías con un nuevo interrogatorio de los peritos, se procederá de nuevo a la obtención de las pruebas con los mismos o con otros expertos (artículo 254, apartado 2, de la ZPP). Si hubiese contradicciones en los dictámenes de uno o varios peritos, o si hubiese en ellos anomalías o bien diesen lugar a dudas fundamentadas sobre la validez de dichos dictámenes, se solicitará la opinión de otros expertos (artículo 254, apartado 3, de la ZPP). Los peritos tienen derecho a que se les reintegren los gastos ocasionados, así como a ser retribuidos por su trabajo (artículo 249, apartado 1, de la ZPP).

c) ¿Existen determinadas pruebas que tengan mayor fuerza probatoria que las otras?

En cuanto a la valoración de las pruebas, se sigue el principio de la libre evaluación de las pruebas. El tribunal decide, según sus convicciones, qué hechos se consideran probados en base a una evaluación exhaustiva y detallada de cada prueba específica y de todas en conjunto, y en base al éxito de todo el proceso (artículo 8 de la ZPP). El proceso civil esloveno no prevé ninguna disposición, según la cual el legislador deba atribuir previamente de forma abstracta un determinado valor a cada prueba. La única excepción es la de la valoración de los documentos públicos.

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En la práctica, sin embargo, se considera que, por ejemplo, las pruebas documentales son más fiables que, por ejemplo, el interrogatorio de testigos o de las partes, aunque no por ello tengan más valor probatorio que las otras.

d) ¿Se requieren pruebas específicas para probar determinados hechos?

La ZPP no incluye disposiciones que establezcan que sean necesarios pruebas o medios de prueba específicos para probar la existencia de determinados hechos.

6.

a) ¿Obliga la legislación a los testigos a prestar declaración?

Cualquiera que sea citado como testigo debe acudir a la citación y, si la ley no dispone otra cosa, también declarar (artículo 229, apartado 1, de la ZPP).

b) ¿En qué casos puede negarse a declarar el testigo?

No puede ser llamado a testificar aquel que con su declaración faltase a su obligación de protección de secretos oficiales o militares, excepto cuando el órgano competente le autorizase a ello (artículo 230 de la ZPP).

El testigo queda exento de testificar sobre lo siguiente (artículo 231, de la ZPP):

  • lo que le ha confiado la parte en tanto que representante suyo;
  • lo que le ha sido confesado en tanto que confesor religioso;
  • aquellos hechos de que ha tenido conocimiento en tanto que médico, abogado, o en el ejercicio de cualquier otra profesión o actividad por la que pudiera estar supeditado a la obligación de mantener en secreto todo lo que le ha sido revelado en el ejercicio de dicha profesión o actividad.

El testigo puede negarse a contestar a una determinada pregunta si tiene razones de peso para ello, principalmente si al declarar pusiese en evidencia, perjudicase económicamente o pudiesen emprenderse acciones penales contra él mismo o contra parientes consanguíneos en línea recta en cualquier grado, o parientes colaterales hasta el tercer grado. Así mismo, si con la declaración pusiese en las situaciones anteriores a su cónyuge, a un pariente por afinidad hasta el segundo grado inclusive (aun cuando el matrimonio se haya disuelto), a su tutor o a la persona que tenga en tutela, o a sus padres o hijos adoptivos (artículo 233, apartado 1, de la ZPP).

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Sin embargo, el testigo, para testificar, no puede valerse del hecho de que haya riesgo de causar daños económicos cuando se trate de los siguientes casos: realización de negocios jurídicos de los que haya sido testigo; actos relacionados con el litigio y que haya cometido en tanto que antecesor jurídico o representante de cualquiera de las partes; hechos relacionados con los regímenes de propiedad vinculados a las relaciones familiares o matrimoniales; hechos referidos al nacimiento, matrimonio y fallecimiento, y siempre y cuando en virtud de las regulaciones específicas deba presentar una solicitud o prestar declaración (artículo 234 de la ZPP).

c) ¿Puede obligarse a declarar o sancionarse a las personas que se nieguen a testificar?

Sí. Si el testigo, habiendo sido adecuadamente citado, no comparece y tampoco justifica su ausencia, o abandona, sin permiso, el lugar en el que habría de ser interrogado, el tribunal puede entonces ordenar que, a expensas propias, se le haga comparecer por la fuerza o puede incluso sancionarle económicamente. El tribunal puede también aplicar dicha sanción al testigo que comparece pero que, aun después de haber sido advertido de las consecuencias, se niega a declarar o contestar determinadas preguntas por razones que el tribunal no considera que sean justificadas. Como último recurso si el testigo se sigue negando a declarar, el tribunal puede privarle de libertad hasta que no se decida a testificar o hasta que su interrogatorio deje de ser necesario, aunque no por más de un mes (artículo 241, apartados 2 y 3, de la ZPP).

d) ¿Hay personas de las que no puedan recabarse pruebas o una declaración testifical?

Un testigo puede ser cualquier persona que pueda ofrecer información sobre los hechos que se prueban (artículo 229, apartado 2, de la ZPP). La capacidad de ser testigo no está relacionada con la capacidad jurídica. Tanto un menor como una persona declarada total o parcialmente incapacitada pueden ser testigos siempre y cuando puedan aportar información sobre los hechos jurídicamente relevantes. El juez decide en cada caso si el testigo es apto para declarar.

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Ni la parte ni su representante legal pueden ser testigos. Sí puede serlo un apoderado (pooblaščenec) o bien un interventor (intervenient).

7. ¿Cuál es el papel del juez y de las partes durante el interrogatorio de los testigos? ¿En qué casos es posible proceder al interrogatorio de testigos con ayuda de las nuevas tecnologías, como la televisión o videoconferencia?

En lo relativo al interrogatorio de testigos, véase el apartado b) del punto 5.

Por el momento, en la República de Eslovenia todavía no se utilizan en la práctica nuevas tecnologías, como la televisión o videoconferencia, en los interrogatorios de testigos. Sin embargo, la ZPP incluye disposiciones relativas a la utilización de medios técnicos apropiados (por ejemplo, el dictáfono) o de equipos estenográficos para la elaboración de actas (artículo 125 de la ZPP).

III. Valoración de las pruebas

8. En caso de que la parte no haya obtenido legalmente las pruebas, ¿se le impondrán al tribunal restricciones al dictar sentencia?

El problema de la obtención ilegal de pruebas ha aparecido únicamente hasta ahora en conexión con el proceso penal. La ZPP no incluye, por el momento, ninguna disposición específica al respecto.

9. Si soy parte en el proceso, ¿tiene mi declaración valor probativo?

Si la declaración forma parte de una reclamación o de cualquier otra solicitud, entonces no se tendrá en cuenta como prueba, sino como afirmación real de la parte, para la cual deberá presentar las pruebas pertinentes. Tendrán carácter de prueba documental las declaraciones recogidas en un documento y que se presenten como pruebas a las afirmaciones realizadas por la parte.

La declaración realizada por la parte durante el interrogatorio se considerará como prueba documental, ya que la ZPP contempla los medios de prueba relativos al interrogatorio de las partes (artículo 257 de la ZPP).

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