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Última actualización: 12-12-2008
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Obtención y práctica de pruebas - Rumania

 

ÍNDICE

I. La carga de la prueba I.
1.
a) ¿Qué normas regulan la carga de la prueba? a)
b) Qué es objeto de prueba. ¿Existen normas que dispensen la prueba sobre determinados hechos? ¿Se puede proponer prueba en contra de las presunciones que recoge la ley? b)
2. ¿Hasta qué punto debe el Tribunal estar convencido de un hecho para fundar su resolución? 2.
II. La obtención de la prueba II.
3. ¿La obtención de una prueba, debe ser solicitada siempre por una de las partes, o puede el Juez tener la iniciativa? 3.
4.
a) ¿Qué etapas se siguen cuando la prueba es admitida por el Juez? a)
b) ¿En qué casos la petición de prueba realizada por las partes puede ser rechazada por el Tribunal? b)
5.
a) ¿Cuáles son los diferentes medios de prueba? a)
b) ¿Existe alguna diferencia entre la prueba consistente en la audiencia de un testigo o informe oral de un perito, y la presentación de una prueba escrita y el informe por escrito del perito? b)
c) ¿Hay medios de prueba con más fuerza probatoria que otros? c)
d) Para probar determinados hechos, ¿es obligatorio utilizar determinadas pruebas? d)
6.
a) ¿Obliga la legislación a los testigos a prestar declaración testifical? a)
b) ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar? b)
c) ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a hacerlo o sancionarla si no lo hace? c)
d) ¿Hay personas que no pueden prestar declaración? d)
7. ¿Cuál es el papel del juez y de las partes en el interrogatorio de un testigo? ¿En qué circunstancias se pueden utilizar nuevas tecnologías, la televisión o la videoconferencia en el interrogatorio de un testigo? 7.
III. Valoración de las pruebas III.
8. ¿Hay restricciones para que el órgano jurisdiccional tome en consideración las pruebas a la hora de formular su decisión si no han sido obtenidas de forma legal por alguna de las partes? 8.
9. ¿Tiene valor de prueba la declaración de una de las partes del litigio? 9.

 

I. La carga de la prueba

Legislación principal sobre la cuestión:

Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código Mercantil, Ley nº 189/2003 de asistencia jurídica internacional en materia civil y mercantil, Ley nº 105/1992 relativa al Derecho Internacional Privado

1.

a) ¿Qué normas regulan la carga de la prueba?

(¿A qué parte le corresponde la carga de la prueba y para qué hechos? ¿Cuáles son las implicaciones si hay dudas respecto de un hecho determinado que no se pueden resolver?)

El demandante tiene que presentar la prueba. Si el demandado alega excepciones a las alegaciones del demandante, la carga de la prueba corresponde al demandado. Asimismo, en caso de que se admitan sus presunciones, se produce inversión de la carga de la prueba, pasando ésta a la parte contraria.

b) Qué es objeto de prueba. ¿Existen normas que dispensen la prueba sobre determinados hechos? ¿Se puede proponer prueba en contra de las presunciones que recoge la ley?

Las presunciones legales vienen determinadas por ley y contra las presunciones absolutas sólo se permite la prueba en contrario mediante testimonio, y a veces ni siquiera por ese medio de prueba. Hay también una categoría intermedia o mixta de presunciones legales que se caracterizan por poder ser refutadas mediante prueba en contrario, pero sólo mediante determinados medios de prueba, sólo en determinadas circunstancias o sólo por determinadas personas. La prueba en contrario está autorizada contra las presunciones legales relativas.

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Los hechos notorios (en los que se indica que la prueba se basa en la notoriedad del hecho) y las leyes, independientemente de su forma de expresión, no están sujetos a la carga de la prueba, ya que se supone que son de conocimiento general de todos los ciudadanos.

Los documentos auténticos eximen a quien los invoque de presentar cualquier prueba, puesto que se han extendido de acuerdo con los requisitos exigidos por ley por un funcionario público autorizado a actuar en el lugar donde se ha expedido el documento. Los documentos auténticos se redactan en su mayoría en las oficinas notariales o son resoluciones judiciales, documentos del registro de estado civil, otros documentos emitidos por los órganos de la administración estatal, etc.

2. ¿Hasta qué punto debe el Tribunal estar convencido de un hecho para fundar su resolución?

(¿Es necesario que el órgano jurisdiccional esté totalmente convencido del hecho o basta con que el hecho sea muy probable, aunque exista alguna duda?)

Las pruebas sólo se pueden utilizar si cumplen determinados requisitos de legalidad, verosimilitud y pertinencia y son concluyentes. La primera regla de la utilización de medios de prueba es que las pruebas deben obtenerse antes de iniciarse las audiencias sobre el fondo de la cuestión; la segunda regla es que la prueba y la prueba contraria se utilizarán, en la medida de lo posible, simultáneamente.

II. La obtención de la prueba

3. ¿La obtención de una prueba, debe ser solicitada siempre por una de las partes, o puede el Juez tener la iniciativa?

A petición de las partes se pueden solicitar las pruebas siguientes: dictámenes periciales, pruebas con testigos presentadas por el demandante mediante la solicitud de citación, y por el demandado como respuesta o, a más tardar, el primer día del procedimiento; confesiones tras la audiencia en interrogatorio, a petición de la parte interesada en obtener de la parte contraria el reconocimiento de un hecho; reconocimiento de un hecho (mediante confesión/audiencia en interrogatorio).

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El juez puede solicitar dictámenes periciales, el establecimiento de los hechos sobre el terreno, pruebas testimoniales, testimonios obtenidos en interrogatorio, etc.

El Código de Procedimiento Civil regula también el caso de que el documento invocado como prueba por una de las partes no se encuentre en posesión de esta última, las situaciones en que el documento se encuentre en posesión de la parte contraria y la hipótesis de que el documento se encuentre en poder de las autoridades o de un tercero.

4.

a) ¿Qué etapas se siguen cuando la prueba es admitida por el Juez?

El órgano jurisdiccional se pronunciará tras examinar las condiciones de admisibilidad de las pruebas solicitadas por las partes. No obstante, el órgano jurisdiccional sólo puede admitir pruebas después de que se hayan sometido a debate previo de las partes.

La primera regla de la presentación de pruebas es que las mismas deben obtenerse antes de iniciarse el examen de los hechos; la segunda regla es que la prueba y la prueba contraria se utilizarán, en la medida de lo posible, simultáneamente.

La garantía de las pruebas es un procedimiento contencioso para presentar y preservar las pruebas si se corre el riesgo de que puedan desaparecer o de que surjan futuras dificultades más adelante en relación con su utilización. El criterio fundamental de solicitar la garantía de las pruebas es la urgencia. La solicitud la resuelve la instancia jurisdiccional en cuya circunscripción se encuentra el objeto de la investigación o en la que está domiciliado el testigo.

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b) ¿En qué casos la petición de prueba realizada por las partes puede ser rechazada por el Tribunal?

(así como en los casos en que las pruebas no sean adecuadas, tangibles o admisibles)

Las pruebas las presenta el demandante a través de la solicitud de citación, y el demandado, como respuesta o a más tardar el primer día del proceso. Las pruebas que no se presenten en estas condiciones o a más tardar el primer día del proceso ya no se podrán utilizar en el curso del mismo. No obstante, esta exclusión no se aplica en situaciones excepcionales cuando las pruebas no presentadas in limine litis se presenten más tarde.

La legislación no admite otros medios legales de prueba de actos y hechos jurídicos.

Por otro lado, hay también algunas restricciones en cuanto a la utilización de determinados medios de prueba (por ejemplo, la prueba de actos jurídicos mediante pruebas testimoniales, la prohibición de recurrir al interrogatorio para demostrar los argumentos del divorcio).

En cuanto a la verosimilitud y la pertinencia y al hecho de que sean concluyentes, las pruebas se pueden admitir si, por su naturaleza, llevan a la resolución de la cuestión de derecho.

5.

a) ¿Cuáles son los diferentes medios de prueba?

Existen los medios de prueba siguientes: documentos, declaraciones de testigos, presunciones, confesión de las partes en el curso de un interrogatorio, investigación en el lugar del hecho, examen pericial.

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b) ¿Existe alguna diferencia entre la prueba consistente en la audiencia de un testigo o informe oral de un perito, y la presentación de una prueba escrita y el informe por escrito del perito?

Habitualmente, los testigos los proponen las partes in limine litis, el demandante mediante la solicitud de citación y el demandado en su alegato o, a más tardar, el primer día del procedimiento. Si las partes no presentan pruebas en estas condiciones pierden el derecho a presentar pruebas en el proceso, a menos que se apliquen disposiciones contrarias. En interés de la verdad, el órgano jurisdiccional puede proponer pruebas, incluso si las partes se oponen. Todos los documentos jurídicos cuyo objeto sea de un valor superior a 250 lei sólo se podrán certificar mediante escritura auténtica o mediante escritura privada. No son admisibles las pruebas testimoniales contrarias o relativas al contenido de un documento. Estas restricciones sólo se aplican a los documentos previamente establecidos. Hay algunas excepciones importantes a estas dos reglas restrictivas en materia de admisibilidad de las pruebas testimoniales: la prueba con testigo no es aplicable en caso de que se haya iniciado un procedimiento de prueba escrito y en caso de que el acreedor no haya sido capaz de hacerse con una prueba escrita de la deuda que se le reclama, o de conservar la prueba obtenida.

Cuando, para aclarar algunas circunstancias de hecho, el órgano jurisdiccional considere necesario conocer la opinión de especialistas, nombrará, a petición de las partes o de oficio, a uno o tres peritos, determinando los puntos sobre los que deberán pronunciarse y el plazo en el que han de realizar el examen.

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La presentación de pruebas se hace ante el órgano jurisdiccional competente, a menos que la ley disponga otra cosa. Cuando la presentación de pruebas vaya a realizarse en otra localidad, la realizará, por delegación, un órgano jurisdiccional del mismo nivel, o de un nivel inferior si en dicha localidad no hay un órgano jurisdiccional del mismo nivel. Si el tipo de prueba lo permite y las partes están de acuerdo, el órgano jurisdiccional que gestiona la prueba puede no citar a las partes.

c) ¿Hay medios de prueba con más fuerza probatoria que otros?

Las partes aceptan a menudo los documentos certificados por las ventajas que ofrecen, entre las que cabe citar la presunción de veracidad, que libera a quien recurre a un documento certificado de presentar cualquier otra prueba. La fecha del documento certificado se considerará prueba a menos que se demuestre su falsedad. Los documentos certificados que establezcan obligaciones tienen poder de título ejecutivo y pueden hacerse cumplir sin que sea necesario obtener una sentencia judicial. Los documentos jurídicos que se refieran a un asunto cuyo valor sea superior a 250 lei, incluso en depósito voluntario, deberán ser documentos originales sancionados mediante firma privada. No se admitirá en ningún caso una prueba testimonial, en contra o relativa al contenido del documento, ni sobre lo que se alega que se habría dicho previamente, en el momento o después de la redacción del documento, incluso respecto de una cantidad o un valor que no sea superior a 250 lei.

d) Para probar determinados hechos, ¿es obligatorio utilizar determinadas pruebas?

Los documentos jurídicos referentes a un asunto de valor superior a 250 lei sólo se pueden probar mediante documento certificado o mediante documento concluido mediante firma privada. Esta restricción no se aplica respecto de hechos materiales; asimismo, las circunstancias pueden ser demostradas, tanto por las partes, como por terceros, mediante el uso de cualquier medio de prueba. No obstante, también hay hechos materiales que, en principio, no pueden ser probados mediante testigos, como el nacimiento o el fallecimiento de una persona o los bienes adquiridos mancomunadamente por los cónyuges.

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No se puede admitir la prueba testimonial en contra o sobre el contenido de una prueba documental. Esta restricción sólo se aplica a los documentos presentados con anterioridad. Los artículos 1197 y 1198 del Código Civil establecen algunas excepciones importantes a las restricciones sobre admisibilidad de pruebas testimoniales:

  • la prueba testimonial no es aplicable si se ha iniciado un procedimiento de prueba escrita;
  • o si el acreedor no ha podido obtener una prueba escrita de lo reclamado o no ha podido conservar la prueba obtenida.

La legislación impone la certificación del documento como requisito de validez de la operación jurídica correspondiente. Este es el caso de las donaciones, las hipotecas convencionales y las escrituras de propiedad de bienes inmuebles.

La regla general por la que el documento con firma privada es válido si cumple una única condición, a saber, la de la firma de la parte que se obliga, admite asimismo algunas excepciones, debiéndose cumplir también otros requisitos. Una primera excepción se refiere a los documentos que establecen acuerdos sinalagmáticos y que deben presentarse por ley en múltiples ejemplares. Otra excepción es el requisito de la mención expresa de conformidad, con indicación en letras de la cantidad y la firma, para el documento con firma privada por el que una parte se obliga a pagar a la otra parte una cantidad de dinero.

Los documentos con firma privada adquieren validez (frente a terceros) mediante su presentación ante una institución pública; el registro del documento en un registro público, o cuando su contenido, siquiera resumido, se recoja en documentos elaborados por funcionarios.

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6.

a) ¿Obliga la legislación a los testigos a prestar declaración testifical?

Véase la respuesta a la letra c).

b) ¿En qué casos pueden los testigos negarse a declarar?

[por ejemplo: en caso de que el testigo sea pariente de una de las partes (¿cuál?) o de que su testimonio pueda perjudicar al testigo]

El Código de Procedimiento Civil no regula los motivos por los que un testigo puede negarse a declarar, pero sí las condiciones de obtención de las pruebas testimoniales. Véase la respuesta a la letra d).

c) ¿Se puede obligar a declarar a una persona que se niegue a hacerlo o sancionarla si no lo hace?

El órgano jurisdiccional impondrá una multa al testigo citado legalmente que no se presente ante el tribunal o que se niegue a prestar declaración cuando se presente, excepto si se trata de un menor. No se sancionará al testigo que no cumpla con esta obligación por razones justificadas.

El órgano jurisdiccional puede emitir una orden de comparecencia del testigo que no responda a la primera convocatoria. En asuntos urgentes, se puede disponer la comparecencia de los testigos mediante una orden, incluso en la primera audiencia. Si tras la orden de comparecencia, el testigo no se presenta, el órgano jurisdiccional podrá seguir adelante con el procedimiento. El órgano jurisdiccional podrá aceptar oír al testigo en su domicilio si este último no puede ir al juzgado.

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Si una parte se niega a responder a preguntas destinadas a demostrar la autoría del documento o si, de las pruebas presentadas, se deduce que el documento ha sido ocultado o destruido, así como en el caso de que se niegue a presentar el documento tras establecerse la autoría del mismo, el órgano jurisdiccional podrá considerar justificadas las demandas de la parte que ha solicitado la presentación del documento. Por lo tanto, en esas circunstancias, hay una presunción simple de que el órgano jurisdiccional puede actuar teniendo en cuenta la actitud de la parte a la que se ha citado a interrogatorio.

La segunda hipótesis se refiere a la situación en la que el documento se encuentra en manos de una autoridad o de otra persona. En este caso, el órgano jurisdiccional dispondrá la presentación del documento en el plazo que se fije a tal efecto.

La no presentación de un documento por quien lo tenga en su poder se sanciona con una multa y, a petición de la parte interesada, a la persona que, voluntariamente o por negligencia, no lo presente se la podrá obligar a pagar una compensación por el daño causado por el retraso.

Hay excepciones a la regla según la cual el órgano jurisdiccional puede ordenar el envío de documentos, a saber, respecto de documentos de bienes raíces y planos, documentos de registros públicos, así como escrituras originales depositados ante el órgano jurisdiccional o notario. No obstante, todos estos documentos pueden ser examinados por el órgano jurisdiccional en el lugar donde se encuentren o mediante comisión rogatoria.

d) ¿Hay personas que no pueden prestar declaración?

(adultos sin capacidad jurídica, personas con intereses comunes con alguna de las partes interesadas, personas condenadas por determinados tipos de infracción)

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No pueden ser oídos como testigos ni tienen obligación de prestar declaración los familiares y parientes hasta el tercer grado, el cónyuge aunque la pareja esté separada, las personas a las que se les haya prohibido o se las haya declarado por ley incapaces de prestar testimonio y las personas condenadas por perjurio o falso testimonio.

En los procesos de estado civil y de divorcio, los familiares y parientes pueden ser oídos como testigos. Sin embargo, por consideraciones éticas, la legislación no admite que en tales procesos se oiga a los descendientes. Está prohibido recurrir al interrogatorio para probar los motivos de divorcio. Las personas a las que se les haya prohibido o se las haya declarado por ley incapaces de prestar testimonio y las personas condenadas por perjurio o falso testimonio son objeto de una incapacidad absoluta de prestar declaración como testigos.

Se exime de la obligación de declarar como testigos a los ministros del culto, a los médicos, a las comadronas, a los farmacéuticos, a los abogados, a los notarios y a todos los empleados que, por ley, estén sujetos al deber de confidencialidad respecto de los asuntos que se les hayan confiado en el ejercicio de su actividad (excepto en el caso de que hayan sido descargados  del deber de confidencialidad por la persona o por la autoridad interesada); los funcionarios y antiguos funcionarios, respecto de cuestiones confidenciales que hayan llegado a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones (salvo en el caso de que hayan sido descargados del deber de confidencialidad por la persona o la autoridad interesada); las personas que, por sus respuestas, pudieran exponerse a sí mismas o a otras personas a una sanción penal o al desprecio público.

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Las disposiciones respecto de la audiencia de familiares y parientes, así como del cónyuge, aunque esté separado, tienen carácter dispositivo, habiéndose establecido en interés de las partes. Por eso se ha dispuesto que los familiares y parientes puedan ser oídos como testigos si la parte a favor de la cual se ha establecido tal prohibición no se opone a que se oiga su declaración.

A las personas a las que se les haya prohibido o a las que se haya declarado por ley incapaces de prestar testimonio, así como las personas condenadas por falso testimonio no se les permitirá declarar en ninguna circunstancia.

7. ¿Cuál es el papel del juez y de las partes en el interrogatorio de un testigo? ¿En qué circunstancias se pueden utilizar nuevas tecnologías, la televisión o la videoconferencia en el interrogatorio de un testigo?

(¿Quién dirige la audición de un testigo? ¿Puede el juez hacer preguntas al testigo? ¿Se permite a la otra parte someter al testigo a un careo?)

El Código de Procedimiento Civil establece también algunas reglas importantes sobre la manera de interrogar a los testigos.

En primer lugar, el órgano jurisdiccional citará a los testigos, pudiendo sancionar con una multa a los que no se presenten. En los asuntos sobre bienes raíces no se citará a los testigos para su audiencia, comprometiéndose la parte que los haya propuesto a que comparezcan ante el tribunal en la fecha fijada para el juicio. El órgano jurisdiccional emite la orden para que se proceda a la audiencia de los testigos. Cada testigo debe ser oído por separado; los que no hayan sido oídos no podrán estar presentes en la audiencia de un testigo. Tras haber sido oído, el testigo tiene que permanecer en la sala hasta el final del procedimiento, salvo si el órgano jurisdiccional dispone otra cosa. Esta medida se ha establecido por ley para que el testigo que haya sido oído no tenga la posibilidad de influir en modo alguno en testigos que aún no hayan declarado.

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Antes de oírlo, el presidente del órgano jurisdiccional pedirá al testigo que proporcione la información siguiente: nombre, profesión, domicilio y edad; si es o no familiar o pariente de una de las partes y en qué grado; si trabaja para una de las partes y si mantiene pleitos, sostiene diferencias o comparte intereses con alguna de las partes. Es necesario conocer estos pormenores para identificar con exactitud al testigo y para evaluar el valor de la declaración que haga ante el órgano jurisdiccional. La ley impone además otro requisito sobre la prestación de juramento o de una fórmula equivalente. Tras la prestación de juramento, el presidente del órgano jurisdiccional informará al testigo de que, si no declara la verdad, incurrirá en falso testimonio. De acuerdo con el procedimiento civil de Rumanía, el testigo que no haya cumplido los 14 años, no prestará juramento, pero se le indicará que debe decir la verdad.

Una vez que el testigo haya declarado, las partes tienen la posibilidad de hacerle preguntas; primero formulará sus preguntas la parte que haya propuesto que se oiga a ese testigo y después, la parte contraria. El testigo no puede leer una respuesta previamente escrita; sin embargo, con el acuerdo del presidente, sí puede utilizar notas sobre cifras o nombres. Los testigos pueden volver a ser interrogados si el órgano jurisdiccional lo considera oportuno. La misma disposición permite el careo de los testigos si sus declaraciones no concuerdan.

III. Valoración de las pruebas

8. ¿Hay restricciones para que el órgano jurisdiccional tome en consideración las pruebas a la hora de formular su decisión si no han sido obtenidas de forma legal por alguna de las partes?

(Como, por ejemplo, grabaciones de audio ilegales, etc.)

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Un documento que no puede ser declarado auténtico por falta de competencia o por incapacitación del funcionario, o por un defecto de forma, es válido como documento privado si está firmado por las partes contratantes.

En los casos en que se impugne la escritura o la firma, la veracidad del documento se determina mediante el procedimiento llamado de verificación de documentos. Se recurre a dicho procedimiento cuando la parte no reconoce la escritura o la firma de un documento. Tras dicha verificación, el órgano jurisdiccional puede formarse una opinión sobre la veracidad de los documentos. Si el órgano jurisdiccional no puede formarse una opinión sobre la veracidad del documento, además de las verificaciones directas citadas, ordenará que se realice una prueba pericial.

La constatación del fraude se establece mediante un procedimiento especial y complicado que se pone en marcha tras la denuncia formulada por la parte interesada, personalmente o a través de un representante que disponga de un poder especial. La parte que pretende utilizar el documento tiene la obligación de presentar el documento original. El órgano jurisdiccional puede disponer la suspensión del proceso civil hasta que los órganos de investigación penal concluyan la investigación del fraude.

9. ¿Tiene valor de prueba la declaración de una de las partes del litigio?

Si el demandado llevado a juicio por una deuda dineraria reconoce la deuda y declara que desea pagarla a quien determine el tribunal, no tendrá que comparecer a juicio si deposita la cantidad debida. Si el demandado reconoce una parte de lo que pide el demandante, el órgano jurisdiccional, a petición de este último, expedirá una decisión parcial de reconocimiento.

El demandante puede renunciar a su demanda en todo momento durante el proceso ante las instancias jurisdiccionales, incluso si el demandado se opone. La renuncia del demandante no tiene ninguna incidencia sobre las alegaciones del demandado. Los casos de divorcio se pueden concluir mediante reconciliación de los cónyuges en cualquier etapa del procedimiento, incluso si se produce ante el tribunal de apelación o si el recurso no hubiera sido interpuesto con arreglo a la ley. No obstante, el demandante podrá presentar una nueva demanda por los hechos que se produzcan tras la reconciliación y en ese caso podrá utilizar también los hechos anteriores.

Si la persona considerada titular reconoce las demandas del demandado y el demandante está de acuerdo, pasará a ocupar el lugar del demandado, que quedará excluido del procedimiento. Si la persona convocada no comparece o impugna las declaraciones del demandado, la persona contra quien se ha emprendido la acción puede intervenir en interés propio y la sentencia le será oponible.

Información complementaria

(Enlaces internet, etc.)

www.just.ro română

Cooperación judicial internacional

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