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Última actualización: 16-12-2008
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Obtención y práctica de pruebas - Portugal

 

ÍNDICE

I. CARGA DE LA PRUEBA I.
1.
a) ¿Qué normas regulan la carga de la prueba? a)
b) ¿Existen normas que eximan de aportar la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Pueden aportarse pruebas para refutar tales presunciones? b)
2. ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para fundamentar su resolución en la existencia del mismo? 2.
II. OBTENCIÓN Y PRÁCTICA DE LA PRUEBA II.
3. La obtención de una prueba ¿debe ser solicitada siempre por una de las partes, o puede el juez, en determinadas circunstancias, impulsarla de oficio? 3.
4.
a) Si la solicitud de práctica de una prueba, presentada por una de las partes, no es admitida, ¿cuáles son las etapas siguientes? a)
b) ¿En qué casos puede el tribunal no admitir la práctica de una prueba propuesta por una de las partes? b)
5.
a) ¿Qué medios de prueba existen? a)
b) ¿Qué diferencia existe entre la prueba consistente en el interrogatorio de un testigo o un perito y la presentación de una prueba escrita o un dictamen pericial escrito? b)
c) ¿Existen algunos medios de prueba con mayor fuerza probatoria que otros? c)
d) ¿Existen medios de prueba obligatorios para probar determinados hechos? d)
6.
a) ¿Los testigos están obligados por ley a prestar declaración? a)
b) ¿En qué casos los testigos pueden negarse a prestar declaración? b)
c) ¿Se puede obligar a una persona que rehúsa prestar declaración como testigo a colaborar con el tribunal? ¿Puede ser sancionada por ello? c)
d) ¿Hay personas que no pueden declarar como testigos? d)
7. ¿Qué papeles desempeñan el juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué condiciones pueden los testigos prestar declaración utilizando las nuevas tecnologías, como la televisión y la videoconferencia? 7.
III. VALORACIÓN DE LA PRUEBA III.
8. Si una prueba ha sido obtenida ilegalmente, ¿el tribunal puede tenerla en cuenta para fundamentar su resolución? 8.
9. Si soy parte en el procedimiento, ¿mi declaración tiene valor probatorio? 9.

 

I. CARGA DE LA PRUEBA

1.

a) ¿Qué normas regulan la carga de la prueba?

Las normas relativas a la carga de la prueba pretenden determinar el sujeto procesal sobre el que recae la necesidad de probar determinados hechos, con el fin de demostrar la pertinencia de la tesis que defiende en el juicio.

En este ámbito, rige como criterio general el principio según el cual, incumbe a la parte que invoca un derecho probar ante el tribunal los hechos que dan lugar al nacimiento de ese derecho, es decir los hechos que, normalmente, lo engendran.

La parte contraria deberá demostrar los acontecimientos anormales que permitan rechazar o limitar la eficacia de los factores que dan origen al derecho de que se trate.

Así pues, la prueba de los hechos impeditivos, modificativos o extintivos compete a la parte contra la que se invoca el derecho. Son impeditivos los hechos que suponen un obstáculo al nacimiento eficaz del derecho. Son modificativos los que modifican sus límites y son extintivos los hechos que, asumiendo el nacimiento válido del derecho, lo extinguen.

En caso de duda, los hechos deben considerarse constitutivos y, en consecuencia, la prueba de su existencia recaerá sobre quien haya acudido al tribunal para hacer valer el derecho.

En las acciones de simple valoración negativa, caracterizadas por no solicitar la condena de la parte contraria sino una mera constatación de la inexistencia de un hecho o un derecho, compete a la parte demandada (aquella contra la cual se dirige la acción) la prueba de los elementos constitutivos del derecho que se arroga.

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En las acciones que se deben proponer dentro de un plazo determinado, que empieza a correr desde la fecha en que el actor (aquél que ejerce la acción) tiene conocimiento de determinado hecho, incumbe a la parte demandada aportar la prueba de que ese plazo ha expirado, salvo que la ley disponga explícitamente otra cosa.

Si el derecho invocado por el autor estuviera sujeto a condición suspensiva (acontecimiento futuro e incierto de cuyo cumplimiento las partes hacen depender la producción de los efectos del negocio jurídico) o a dies a quo (momento inicial a partir del cual surge el derecho), incumbirá a la parte demandante probar que la condición se cumplió o el plazo expiró; si el derecho estuviera sujeto a condición resolutiva (acontecimiento futuro e incierto de cuyo cumplimiento las partes hacen depender la resolución de los efectos del negocio jurídico) o a dies ad quem (momento final a partir del cual se produce la extinción del derecho), corresponderá a la parte demandada aportar la prueba del cumplimiento de la condición o de la expiración del plazo.

Las normas anteriores se invierten cuando existe una presunción legal (consecuencia o conclusión que la ley extrae de un hecho conocido para establecer un hecho desconocido), una dispensa o una exención del cumplimiento de las referidas normas de  producción de pruebas, o un acuerdo válido en ese sentido, cuando la parte contraria haya hecho imposible, dolosamente, la prueba a aquél a quien incumba aportarla, y, en general, siempre que la ley así lo establezca.

Será nulo todo acuerdo que invierta la carga de la prueba, cuando se trate de un derecho indisponible (derecho del que la parte no puede disponer por una simple manifestación de su voluntad) o cuando la inversión de la carga de la prueba dificulte excesivamente el ejercicio del derecho a una de las partes. También será nulo todo acuerdo que excluya algún medio de prueba legal o admita uno diferente de los previstos en la ley. Si las disposiciones legales relativas a la prueba se fundaran en razones de orden público, el acuerdo será nulo en cualquier circunstancia.

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Frente a la prueba aportada por la parte a quien incumba demostrar un determinado hecho, la parte contraria podrá presentar contraprueba, con el fin de provocar duda o incertidumbre en el espíritu del juez sobre el acontecimiento que se pretende probar; en caso de que esa duda se produzca, el juez deberá resolver en contra de la parte sobre la que recaiga la carga de la prueba.

La duda sobre el reparto de la carga de la prueba conlleva una decisión desfavorable para la parte a la que beneficie el hecho.

b) ¿Existen normas que eximan de aportar la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Pueden aportarse pruebas para refutar tales presunciones?

Existen, efectivamente, esas normas.

En primer lugar, están exentos de prueba los hechos que gocen de notoriedad, debiendo entenderse por tales los que sean de conocimiento general.

De la misma manera, la parte a la que favorezca una presunción legal (anteriormente definida), no necesita probar el hecho presumido.

En general, las presunciones legales admiten prueba en contrario. No obstante, la ley prevé situaciones en las que no se admite esa prueba. Así ocurre, por ejemplo, cuando, el legislador siempre considera de mala fe al tercero que haya adquirido el derecho con posterioridad al registro de la acción en simulación (acción con la que se pretende demostrar que, mediante acuerdo de las partes en un negocio jurídico y con el propósito de engañar a terceros, se produjo una divergencia entre la declaración negocial y la voluntad real del declarante), cuando haya lugar a tal registro.

Por lo que se refiere a las presunciones que admiten prueba en contrario, son varias las previstas en la ley. A título de ejemplo, se citan las siguientes:

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  • quien tenga en su poder cosa mueble o inmueble, con el deber de vigilarla, así como quien haya asumido el encargo de vigilar cualquier animal, responderá por los daños que la cosa o los animales causen, excepto si prueba que no hubo culpa alguna de su parte o que los daños se habrían producido igualmente aunque no tuviera culpa alguna;
  • quien cause daños a otro en el ejercicio de una actividad peligrosa, por su propia naturaleza o por la naturaleza de los medios utilizados, estará obligado a repararlos, excepto si prueba que adoptó todos las medidas exigidas por las circunstancias con el fin de evitarlos;
  • incumbe al deudor probar que el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la obligación no es culpa suya;
  • la posesión legal se presume de buena fe y la posesión ilegal, de mala fe;
  • el poseedor goza de la presunción de titularidad del derecho, salvo que exista, a favor de otro, una presunción registrada con anterioridad al inicio de la posesión;
  • en caso de concurrencia de presunciones legales registradas, la prioridad se establecerá de acuerdo con la legislación pertinente;
  • la pared o muro divisorio entre dos edificios se presume común en toda su altura, si los edificios son iguales, y hasta la altura del más bajo, si no lo son;
  • los muros entre fincas rústicas o entre patios y jardines de fincas urbanas, se presumen asimismo comunes de no haber señal en contrario. Son señales que excluyen la presunción de comunidad: a) la existencia de un tejadillo inclinado sólo hacia un lado; b) la presencia en el muro, sólo de un lado, de bloques de piedra salientes incrustados en toda su longitud; c) el hecho de que la finca colindante no tenga muros en los otros lados. En el primer caso, se presume que el muro pertenece a la finca hacia cuyo lado se inclina la pendiente; en los otros casos, a la del lado en el que se encuentren las señales mencionadas; si a todo lo largo del muro se apoya una construcción situada únicamente de uno de los lados, se presume asimismo que pertenece exclusivamente al dueño de la construcción;
  • se presume que el hijo nacido o concebido dentro del matrimonio de la madre tiene como padre al marido de ésta;
  • si se trata de una herencia aceptada a beneficio de inventario, sólo están sujetos a los gravámenes aplicables los bienes inventariados, salvo si los acreedores o legatarios prueban la existencia de otros bienes;
  • si se trata de una herencia aceptada simplemente, la responsabilidad por los gravámenes se limita al valor de los bienes heredados, pero en este caso, el heredero tiene que probar que no hay en la herencia bienes de valor suficiente para el pago de esos gravámenes;
  • si el testamento cerrado aparece rasgado o hecho pedazos, se considera revocado, excepto si se prueba que el hecho fue realizado por persona distinta del testador o que éste no tuvo intención de revocarlo o se encontraba privado del uso de razón. Se presume que el hecho fue realizado por una persona distinta del testador, si el testamento no se encontraba entre los bienes del difunto en la fecha de su fallecimiento;
  • la enajenación total o parcial de un bien legado supone la revocación correlativa del legado; la revocación surte efecto, incluso en el caso de que sea anulada por un motivo distinto a la falta o vicio de voluntad del que enajenó, o aunque este último vuelva a adquirir por otro medio la propiedad del bien. Implica, asimismo, revocación del legado la transformación del bien en otro bien, de forma y denominación diferentes o de otra naturaleza, cuando dicha transformación la realice el testador. Se admite, no obstante, la prueba de que el testador, al enajenar o transformar el bien, no quiso revocar el legado.

2. ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para fundamentar su resolución en la existencia del mismo?

El tribunal valora libremente las pruebas y el juez resuelve sobre la base de una convicción prudente de cada hecho, a la que llega a través de mecanismos de fundamentación racionales evidentes.

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Para llegar a esta convicción, el juez puede, en general, utilizar cualquier medio de prueba.

Sin embargo, si la ley exige, para la existencia o demostración de un hecho jurídicamente pertinente, un trámite especial, no podrá eximirse del mismo. Así sucederá, por ejemplo, cuando una norma obligue a aportar una prueba documental o considere inadmisible la prueba testifical.

El principio de libre valoración de la prueba desaparece, asimismo, en aquellas situaciones en las que exista confesión o presunción legal.

Habida cuenta de que el tribunal no puede dejar de pronunciarse, alegando una duda insoslayable en relación con los hechos objeto del litigio, tiene que adoptar, en situaciones de insuficiencia de pruebas, una resolución en contra de la parte sobre la que recae la carga de la prueba.

II. OBTENCIÓN Y PRÁCTICA DE LA PRUEBA

3. La obtención de una prueba ¿debe ser solicitada siempre por una de las partes, o puede el juez, en determinadas circunstancias, impulsarla de oficio?

La obtención de pruebas no se realiza siempre a instancia de parte. Por el contrario, la ley prevé la posibilidad de que las diligencias de obtención de pruebas se realicen de oficio.

En efecto, compete al juez realizar u ordenar, incluso de oficio, todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de la verdad y la justa solución del litigio, en relación con los hechos que le es lícito conocer.

El juez puede, en cualquier instancia del proceso, decidir la comparencia personal de las partes para prestar declaración que incide sobre los hechos pertinentes para la decisión del litigio.

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También puede, de oficio y mediante auto motivado, ordenar que se le faciliten aquellas informaciones que considere esenciales para la correcta tramitación del proceso o la justa solución del litigio. Así sucede, por ejemplo, en relación con los datos confidenciales de que dispongan los servicios de la Administración.

Incumbe al tribunal, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, recabar informaciones, dictámenes técnicos, planos, fotografías, diseños, objetos u otros documentos necesarios para el esclarecimiento de la verdad. Esta solicitud puede dirigirse a organismos oficiales, las partes o terceros.

El tribunal, siempre que lo juzgue conveniente, puede, de oficio o a instancia de las partes, y con el debido respeto a la intimidad de la vida privada y familiar y a la dignidad humana, reconocer cosas o personas, con el fin de esclarecer cualquier hecho pertinente para la solución del litigio, a cuyo efecto podrá desplazarse al lugar de que se trate y proceder a la reconstrucción de los hechos, si lo considera necesario.

Si durante el proceso aparecieran razones para sospechar que una determinada persona, no citada como testigo, tiene conocimiento de hechos importantes para la justa solución del litigio, el juez deberá ordenar que se la cite para prestar declaración.

Asimismo, el juez puede, de oficio, acordar la práctica de prueba pericial.

No será necesario declarar sobre los hechos que el tribunal haya conocido en el ejercicio de sus funciones.

El juez deberá tomar en consideración todas las pruebas practicadas, lo hayan sido o no a instancia de la parte que deba aportarlas.

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4.

a) Si la solicitud de práctica de una prueba, presentada por una de las partes, no es admitida, ¿cuáles son las etapas siguientes?

Las partes proponen normalmente la prueba durante el período de instrucción, es decir, en la fase inmediatamente siguiente a aquélla en que se definen los hechos que habrán de probarse. En general, la práctica de la prueba se realiza en la vista final.

Se admite, con carácter excepcional, la práctica anticipada de la prueba, cuando ésta consiste en el interrogatorio de personas, prueba pericial o reconocimiento judicial, para lo cual bastará que haya fundados temores de que la declaración de determinadas personas pueda resultar imposible o muy difícil en el momento procesal en principio oportuno, así como la verificación posterior de determinados hechos.

La práctica de prueba en la vista final, sin perjuicio de los casos en que las circunstancias justifiquen una alteración del orden legal por el juez, comienza con el interrogatorio de las partes.

A continuación, caso de que la prueba se apoye en tales medios, la presentación de reproducciones cinematográficas o registros fonográficos.

A renglón seguido vienen los dictámenes orales de los peritos, si su comparecencia en la vista se ha acordado a instancia de las partes o por iniciativa del tribunal.

El interrogatorio de testigos tiene lugar, en general, en la vista final.

Tras la práctica de la prueba comienzan los debates sobre el fondo. En sus conclusiones, los abogados intentan establecer los hechos que deberían considerarse probados y aquéllos que, en su opinión, no lo deberían ser.

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Finalizada la discusión, el tribunal se retira para deliberar y adoptar una resolución. Si el tribunal considera que los hechos no se han aclarado suficientemente, puede regresar a la sala de vistas, tomar declaración a las personas que estime conveniente e incluso ordenar las diligencias que considere necesarias.

b) ¿En qué casos puede el tribunal no admitir la práctica de una prueba propuesta por una de las partes?

Puede denegarse la práctica de una prueba si la petición se presenta fuera del plazo previsto a tal efecto por la ley.

De la misma manera, son inadmisibles las pruebas prohibidas por la ley. A título de ejemplo de estas últimas, cabe citar el interrogatorio de personas incapaces para declarar por carecer de capacidad física o mental para ello, el interrogatorio de las partes sobre hechos delictivos o contrarios a las buenas costumbres de los que se les acuse o sobre hechos no personales o hechos de los que la persona no deba tener conocimiento. También se incluyen en este grupo, el interrogatorio de testigos que hayan escuchado indebidamente una conversación telefónica o que hayan actuado como detectives privados u obtenido información mediante tortura o trato degradante, la presentación de un diario íntimo de la parte contraria, todos aquellos medios que puedan suponer un atentado contra la intimidad y la dignidad de la persona, así como la violación del secreto de Estado, secreto profesional o secreto de los funcionarios públicos.

Por lo que se refiere a la violación de este secreto, el tribunal jerárquicamente superior a aquél que conozca del asunto podrá imponer el levantamiento del secreto de que se trate, en aras de la prevalencia del interés preponderante.

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También podrá declararse inadmisible una prueba cuando se utilice un medio diferente al exigido por la ley (por ejemplo, cuando la norma imponga la presentación de un documento sujeto a un determinado trámite para probar un hecho y se solicite prueba testifical sobre el mismo hecho), o si se sobrepasa el límite previsto en una norma procesal (por ejemplo cuando el número de testigos exceda del fijado para un determinado tipo de proceso, los que excedan de ese número deberán ser rechazados).

5.

a) ¿Qué medios de prueba existen?

Constituyen medios de prueba:

  1. la presentación de bienes muebles o inmuebles;
  2. las presunciones (con el sentido antes indicado);
  3. los documentos;
  4. el interrogatorio de las partes en el proceso, como fuente de confesión judicial;
  5. los dictámenes periciales emitidos por personas dotadas de especiales conocimientos técnicos;
  6. el reconocimiento judicial, es decir, el enfrentamiento directo del juez con el hecho que debe probarse;
  7. el interrogatorio de testigos.

b) ¿Qué diferencia existe entre la prueba consistente en el interrogatorio de un testigo o un perito y la presentación de una prueba escrita o un dictamen pericial escrito?

El que la prueba se practique de forma oral o escrita no genera diferencias específicas en cuanto al valor probatorio de los medios de prueba.

De acuerdo con el principio de libre apreciación de la prueba, que rige como regla general en el proceso civil, la convicción del juez a propósito de la materialización de un determinado hecho, se produce a través de un proceso intelectual, interno, de índole racional, que se basa asimismo en la experiencia y los conocimientos propios, y no en la simple observancia de un determinado trámite, en particular la presentación de un soporte escrito para probar un referencia fáctica.

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Añádase que el hecho de que rijan, en el proceso civil portugués, los principios de inmediación (contacto personal entre el juez y las diferentes fuentes de prueba), concentración (compresión y ubicación en un espacio temporal limitado y, en general, continuo  de la instrucción, la deliberación y la resolución), oralidad (debate oral), e identidad del juez (que debe asistir a todos los actos de instrucción y deliberación realizados durante la vista final), hace irrelevante la distinción propuesta en el ámbito de la pregunta a la que se está respondiendo.

c) ¿Existen algunos medios de prueba con mayor fuerza probatoria que otros?

Efectivamente, la ley atribuye distinta fuerza probatoria a los diferentes tipos de prueba.

Se excluye la libre apreciación de la prueba y algunos medios prevalecen sobre los demás siempre que la ley atribuya un valor de convencimiento específico a un determinado medio de prueba o exija, para la existencia o prueba del hecho jurídico, un trámite especial. En los casos de prueba legal negativa, la ley prohíbe que la convicción del juez se fundamente en determinados medios de prueba.

En lo que atañe a la práctica de la prueba mediante el interrogatorio de testigos, el dictamen oral de peritos (a los que, por regla general, sólo se oye en la vista final en caso de que sean necesarias aclaraciones verbales, ya que el resultado del dictamen pericial consta en documento escrito), el reconocimiento judicial, informes periciales y documentos a los que la ley no confiere una fuerza probatoria especial, el tribunal valora libremente la prueba.

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El juez valora discrecionalmente el valor probatorio del interrogatorio de los testigos. No obstante, ello sucede sin perjuicio de la inadmisibilidad de la prueba testifical como sustitutivo de un documento legalmente exigido o para demostrar todo acuerdo contrario o suplementario al contenido de determinados documentos.

De la misma manera, el juez determina libremente la fuerza probatoria de las respuestas de los peritos y el resultado del reconocimiento judicial.

Los documentos auténticos (esto es, aquéllos que emanan de autoridad o funcionario públicos competentes, en el ámbito de sus atribuciones) tienen fuerza probatoria plena (es decir, su efecto sólo puede ser contrarrestado por una prueba en contrario, sin que sea suficiente la creación de una simple duda en el espíritu del juez) en relación con los hechos, que según conste en ellos, hayan sido realizados por tales agentes, así como en relación con los hechos que en ellos se certifiquen sobre la base del juicio del órgano que los haya expedido. Los documentos privados, cuya letra o firma haya sido reconocida de conformidad con las leyes notariales, hacen prueba plena por lo que se refiere a las declaraciones atribuidas a su autor, sin perjuicio de la impugnación y prueba de la falsedad del documento. Los hechos incluidos en la declaración se consideran probados en la medida en que sean contrarios a los intereses del declarante, siendo, no obstante, la declaración indivisible.

d) ¿Existen medios de prueba obligatorios para probar determinados hechos?

Así sucede, en efecto, en Derecho portugués.

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Cuando la ley exija, como forma de declaración negocial, un documento sujeto a un determinado trámite, no podrá ser substituido por otro medio de prueba o por otro documento que no tenga fuerza probatoria superior.

Cuando la ley exija, para la existencia o prueba de un hecho jurídico, un trámite especial, no se podrá dispensar del mismo.

A título de ejemplo, cabe citar las siguientes situaciones:

  • el contrato de préstamo de consumo (por el que alguien presta a otro dinero o un bien que puede determinarse en función de su género, cualidad o cantidad) de valor superior a 20 000 euros sólo es válido si se formaliza en documento público, el contrato de préstamo de consumo de valor superior a 2 000 euros sólo lo es cuando se formaliza en un documento firmado por el prestatario;
  • el contrato de compraventa de bienes inmuebles y la donación de bienes inmuebles sólo son válidos si se celebran en documento público.

6.

a) ¿Los testigos están obligados por ley a prestar declaración?

Todas las personas, sean o no partes en el proceso, tienen el deber de colaborar en el esclarecimiento de la verdad, respondiendo a las preguntas que se les formulen, sometiéndose a los reconocimientos necesarios, respondiendo a las peticiones que se les hagan y llevando a cabo los actos que se determinen.

b) ¿En qué casos los testigos pueden negarse a prestar declaración?

Pueden negarse a declarar como testigos, salvo en las acciones que tengan como objetivo comprobar el nacimiento u óbito de los hijos:

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  • los ascendientes en las causas en que estén inmersos sus descendientes y los adoptantes en las que lo estén los adoptados, y viceversa;
  • el suegro o la suegra en las causas por violencia de género o en los que sea parte su nuera, y viceversa;
  • cualquiera de los cónyuges, o antiguos cónyuges, en las causas en que sea parte el otro cónyuge o antiguo cónyuge;
  • la persona que conviva o haya convivido, en una unión de hecho en condiciones análogas a las de los cónyuges, con alguna de las partes en la causa.

Incumbe al juez advertir a las personas antes mencionadas de su derecho a negarse a declarar.

Es legítima la negativa a declarar de los testigos sujetos al secreto profesional, al secreto de los funcionarios públicos y al secreto de Estado, en relación con todos aquellos hechos a los que se refiera ese secreto, así como siempre que el cumplimiento del deber de colaboración con la administración de justicia suponga una violación de la integridad física o moral de las personas, una intromisión en la vida privada o familiar, el domicilio, la correspondencia o las telecomunicaciones.

c) ¿Se puede obligar a una persona que rehúsa prestar declaración como testigo a colaborar con el tribunal? ¿Puede ser sancionada por ello?

Aquéllos que se nieguen a prestar la colaboración debida serán sancionados con una multa, sin perjuicio del recurso a los medios coercitivos que puedan utilizarse en cada caso concreto.

Cuando, sin mediar previa excusa, un testigo no se presente en el juicio, el juez podrá ordenar que la misma comparezca bajo custodia y le impondrá una multa.

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d) ¿Hay personas que no pueden declarar como testigos?

Hay, en efecto, personas a las que no se puede interrogar.

Se encuentran en esta situación los imposibilitados por anomalía psíquica y todos los que muestren una incapacidad física o mental para declarar sobre los hechos que constituyan objeto de prueba.

Compete al juez valorar la capacidad natural de las personas llamadas como testigos.

No pueden prestar declaración como testigos las personas que puedan declarar como partes en el proceso.

7. ¿Qué papeles desempeñan el juez y las partes en el interrogatorio de testigos? ¿En qué condiciones pueden los testigos prestar declaración utilizando las nuevas tecnologías, como la televisión y la videoconferencia?

Los testigos declaran en la vista final, personándose en la sede del tribunal o a través de videoconferencia, excepto cuando:

  • se proceda a un interrogatorio anticipado (al que puede recurrirse cuando exista un temor fundado a que el interrogatorio de una determinada persona vaya a resultar imposible o muy difícil);
  • se proceda al interrogatorio por «carta precatória» o comisión rogatoria, dirigida a un consulado portugués que no disponga de medios técnicos para el interrogatorio por videoconferencia;
  • se proceda al interrogatorio en el domicilio de una persona o en la sede de un organismo administrativo (prerrogativa concedida al Presidente de la República y a los agentes diplomáticos extranjeros en condiciones de reciprocidad);
  • se constate la imposibilidad de comparecer ante el tribunal;
  • se haga uso de la prerrogativa de declarar primero por escrito o el juez autorice a testificar de esta forma, ante la imposibilidad o extrema dificultad de la comparecencia ante el tribunal y la existencia de un acuerdo entre las partes.

El presidente del tribunal goza de todos los poderes para que los debates sean breves y útiles y para garantizar una justa resolución del proceso. Le compete, en especial, dirigir los trabajos, mantener el orden y el respeto hacia las instituciones, la ley y el tribunal, adoptar las medidas necesarias para garantizar que los debates tengan la altura y serenidad debidas, señalar a los abogados y al Ministerio Fiscal la necesidad de aclarar los puntos oscuros o dudosos y, en caso necesario, acordar la ampliación de los hechos que deban probarse.

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Se interrogará al testigo sobre los hechos expuestos o impugnados por la parte que lo haya propuesto. Por su parte, el testigo deberá declarar con precisión, indicando los motivos y circunstancias que puedan justificar el conocimiento de los hechos; en la medida de lo posible, especificará y fundamentará los motivos invocados.

En caso de que el testigo declare ante un tribunal colegiado, el interrogatorio lo realizará el abogado de la parte que haya propuesto al testigo; el abogado de la parte contraria podrá plantearle las preguntas que, teniendo relación con los hechos sobre los cuales haya declarado, resulten indispensables para completar o esclarecer su declaración.

El presidente del tribunal deberá oponerse a que los abogados traten con desconsideración al testigo y le hagan preguntas o consideraciones impertinentes, inductivas, capciosas o vejatorias; tanto él como los restantes magistrados podrán formular las preguntas que estimen convenientes para el esclarecimiento de la verdad.

El interrogatorio y las preguntas son realizadas por los mandatarios de las partes, sin perjuicio de las aclaraciones solicitadas por los miembros del tribunal.

El presidente del tribunal podrá asumir personalmente el interrogatorio cuando ello resulte necesario para garantizar la tranquilidad del testigo o acabar con las preguntas inconvenientes.

El testigo, antes de responder a las preguntas que se le formulen, podrá consultar los autos, exigir que se le muestren determinados documentos de los mismos o presentar documentos destinados a corroborar su declaración.

Los testigos que residan fuera del partido judicial o de la isla de que se trate, en el caso de las regiones autónomas, serán presentadas por las partes, cuando éstas así lo hayan indicado, en el momento de ser propuestas, o serán oídas por videoconferencia en la propia audiencia, declarando desde la sede del tribunal municipal de su domicilio o, caso de que éste no cuente todavía con los medios necesarios para ello, desde la sede del tribunal de la sede del partido judicial de su domicilio.

III. VALORACIÓN DE LA PRUEBA

8. Si una prueba ha sido obtenida ilegalmente, ¿el tribunal puede tenerla en cuenta para fundamentar su resolución?

El tribunal descartará, sin valorarlas, las pruebas obtenidas ilegalmente.

9. Si soy parte en el procedimiento, ¿mi declaración tiene valor probatorio?

Sí, su declaración tendrá valor probatorio si reviste carácter de confesión judicial, es decir si resulta desfavorable para sus intereses y favorece los de la parte contraria.

Información complementaria

Podrá obtener información complementaria en las siguientes direcciones de «Internet»:

  • Supremo tribunal de Justiça English - français - português;
  • tribunal Constitucional português;
  • Ministério da Justiça English - português;
  • tribunal da Relação (Audiencia territorial) de Lisboa português;
  • tribunal da Relação (Audiencia territorial) de Coimbra português;
  • tribunal da Relação (Audiencia territorial) de Évora English - français - português;
  • tribunal da Relação (Audiencia territorial) de Oporto português;
  • Procuradoria Geral da República português;
  • bases de dados jurídicos português;
  • Centro de Estudos Judiciários (entidad responsable de la formación de los magistrados portugueses) English - português;
  • Direcção Geral da Administração da Justiça (facilita, por ejemplo, información sobre los contactos de los tribunales y su jurisdicción territorial y permite acceder a la página en Internet de los Oficiais de Justiça) English - português;
  • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça português;
  • Direcção Geral dos Registos e do Notariado português;
  • Associação Sindical dos Juízes Portugueses português;
  • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público português;
  • Ordem dos Advogados português;
  • Base de legislação «on-line» (contiene los documentos y actos publicados en la Serie I del D.R. desde el 1.1.1970; permite el acceso gratuito a la legislación publicada en la Serie I desde el 1.1.2000) português;
  • Câmara dos Solicitadores português.

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