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Última actualización: 08-05-2007
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Obtención y práctica de pruebas - Alemania

 

ÍNDICE

I. Carga de la prueba I.
1.
a) ¿Qué normas rigen la carga de la prueba? a)
b) ¿Existe alguna normativa que excluya determinados hechos de la carga de la prueba? ¿Es posible refutar estas presunciones mediante pruebas? b)
2. ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para fundamentar su resolución en la existencia del mismo? 2.
II. Práctica de la prueba II.
3. ¿La práctica de la prueba debe realizarse siempre a instancia de parte o puede en determinados casos instarse también de oficio? 3.
4.
a) Si se admite la práctica de la prueba propuesta a instancia de parte, ¿cuál es el procedimiento que debe seguirse? a)
b) ¿En qué casos pueden rechazarse las pruebas propuestas por las partes? b)
5.
a) ¿Cuáles son los diferentes medios de prueba? a)
b) ¿Existe alguna diferencia entre la prueba consistente en la audiencia de un testigo o el informe oral de un perito, por un lado, y la presentación de una prueba escrita o un dictamen pericial, por otro? b)
c) ¿Hay algunos medios de prueba que tengan mayor fuerza probatoria que otros? c)
d) Para probar ciertos hechos, ¿es obligatorio utilizar determinadas pruebas? d)
6.
a) ¿Obliga la legislación a los testigos a prestar declaración testifical? a)
b) ¿En qué casos puede el testigo negarse a declarar? b)
c) ¿Puede una persona que se niega a declarar ser obligada a hacerlo o ser sancionada? c)
d) ¿De qué personas no puede recabarse declaración testifical? d)
7. ¿Qué papel juegan el juez y las partes en el interrogatorio del testigo? ¿En qué condiciones puede interrogarse al testigo con ayuda de nuevas tecnologías como televisión o videoconferencia? 7.
III. Valoración de la prueba III.
8. El hecho de que una prueba no haya sido obtenida legalmente por una parte, ¿impide al tribunal valorarla? 8.
9. Si soy parte en un litigio, ¿tiene mi propia declaración valor probatorio? 9.

 

I. Carga de la prueba

1.

a) ¿Qué normas rigen la carga de la prueba?

(¿En qué parte recae la carga de la prueba y para qué debe aportarla? ¿Cuáles son las consecuencias cuando no pueden resolverse las dudas en relación con unos hechos específicos?)

Las normas que rigen la carga de la prueba son aquellas a que remiten las alegaciones de la parte demandante, es decir, el Derecho sustantivo. En este contexto rige el principio de que cada parte debe demostrar los hechos que le son favorables. Algunas leyes contienen también normas expresas sobre la carga de la prueba.

Si, una vez agotados todos los medios de prueba admisibles en el proceso, persisten dudas en un aspecto importante, ha de adoptarse una decisión relativa a la carga de la prueba, que recaerá en la parte que no haya podido demostrar los hechos alegados.

b) ¿Existe alguna normativa que excluya determinados hechos de la carga de la prueba? ¿Es posible refutar estas presunciones mediante pruebas?

Las exoneraciones de la carga de la prueba previstas en el Derecho alemán son su inversión en perjuicio de la parte contraria a aquella en la que en principio recae, y su facilitación en beneficio de la parte en la que recae.

  1. Inversión de la carga de la prueba

    Se habla de inversión de la carga de la prueba cuando ésta se atribuye a la parte contraria a aquella en la que en principio recae. A veces, de la formulación jurídica se deriva una relación de norma/excepción. En este caso, la carga de la prueba recae sobre la parte que invoca la excepción. Por ejemplo, el legislador parte en principio de la buena fe del adquirente de un bien (arts. 932.1, 892.1 y 2366 del BGB (Código Civil alemán)). La inversión de la carga de la prueba es especialmente significativa en caso de responsabilidad por incumplimiento de obligaciones contractuales, según la cual el deudor debe demostrar que no es responsable por el incumplimiento de una obligación (art. 280.1 del BGB).

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  2. Facilitación de la carga de la prueba
    1. Las presunciones legales representan una facilitación para la parte en la que recae la carga de la prueba en la medida en que aquella solamente debe exponer y probar los hechos que fundan la presunción (art. 292 de la ZPO (Ley de Enjuiciamiento Civil)). Las presunciones legales pueden referirse a hechos como, por ejemplo, la presunción de transmisión de la escritura de hipoteca al acreedor en virtud de la posesión de la escritura (art. 1117.3 del BGB). Pueden referirse también a derechos, por ejemplo, en caso de presunción de la condición de heredero en favor de la persona que esté en posesión del certificado de últimas voluntades (art. 2365 del BGB).

      En principio, las presunciones legales son refutables con arreglo al artículo 292 de la ZPO, siempre y cuando la ley no establezca otra cosa.

    2. Como punto de partida, las presunciones legales son las presunciones de hecho en las que se basa la prueba prima facie. Es requisito para la prueba prima facie que, tras analizarse todas las circunstancias individuales del caso no controvertidas y debidamente comprobadas, el hecho que deba probarse represente, según la experiencia general de la vida, un curso causal típico. La prueba prima facie es aplicable, en particular, para determinar la relación de causalidad y la responsabilidad; este es el caso, por ejemplo, de un conductor cuyo vehículo choca contra un árbol.

      La parte contraria puede refutar la presunción alegando hechos que susciten dudas serias sobre la existencia de un desarrollo normal de los hechos.

    3. La jurisprudencia, por razones de equidad y de ponderación de intereses, define la carga de la prueba cada vez más en función de áreas de riesgo. Los ejemplos más importantes son los siguientes:
Responsabilidad de producto (según el art. 823. 1 del BGB)

En cuanto a la carga de la prueba en materia de productos defectuosos, demostrar la violación de un bien jurídico y la relación de causalidad entre ambos incumbe al demandante; demostrar la falta de culpabilidad incumbe al productor.

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Responsabilidad médica

En el ámbito de la responsabilidad médica, las exoneraciones de la carga de la prueba pueden ir hasta la inversión de la carga de la prueba por documentación médica insuficiente o incorrecta (informes sobre operaciones, expediente del paciente). Ante un error grave de tratamiento, es suficiente con que el demandante demuestre que tal error puede en general provocar el daño alegado. En la fijación de la relación de causalidad concreta, el demandante puede obtener exoneraciones de la carga de la prueba que van hasta la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del médico.

Obligaciones de clarificación y asesoramiento

En caso de infracción de obligaciones contractuales especiales sobre clarificación, información y asesoramiento, el infractor debe demostrar que el daño se habría producido igualmente si no hubiera infringido sus obligaciones. Existe la presunción de que el damnificado ha actuado de acuerdo con la información facilitada.

2. ¿En qué medida debe el tribunal estar convencido de un hecho para fundamentar su resolución en la existencia del mismo?

(¿Debe el tribunal estar plenamente convencido de la veracidad del hecho o basta para el convencimiento con que haya un alto grado de probabilidad aunque persistan algunas dudas?)

Uno de los principios procesales esenciales de la ZPO es la libre valoración de la prueba (art. 286). Según este principio, el tribunal, teniendo en cuenta el contenido global de los trámites procesales y el resultado de toda práctica de prueba, debe decidir por convencimiento propio si una determinada alegación ha de calificarse de verdadera o de falsa.

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Una probabilidad muy alta o alta no es suficiente para demostrar un hecho, pero no es necesario descartar completamente toda duda. Según la jurisprudencia, es suficiente con que haya un grado de certeza útil para la vida práctica; se admite un cierto grado de duda sin que sea necesario excluirla completamente.

Un caso excepcional en lo relativo al grado de prueba necesario es cuando la ley admite la credibilidad de ciertos hechos. Así pues, una alegación se considera creíble cuando existe una probabilidad muy alta de que sea cierta. Para dotar de credibilidad al hecho, no es preciso que las partes aporten pruebas legales (testigos, certificados, reconocimiento judicial, peritos, interrogatorios). En estos casos se admiten, por ejemplo, las declaraciones juradas (art. 294 de la ZPO).

II. Práctica de la prueba

3. ¿La práctica de la prueba debe realizarse siempre a instancia de parte o puede en determinados casos instarse también de oficio?

Según el principio dispositivo que rige el proceso civil, corresponde a las partes alegar los hechos procesales y aportar los medios de prueba. El tribunal no puede por sí mismo presentar hechos procesales e incorporarlos como objeto de la resolución. Los límites en este contexto se derivan de la obligación de información y clarificación del tribunal (art. 139 de la ZPO).

En algunos casos, por inaplicación del principio contradictorio, la práctica de la prueba puede instarse de oficio. En este caso, sin embargo, debe mantenerse como premisa la exposición concluyente de los hechos por las partes, y la práctica de la prueba no puede servir para investigar los hechos.

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Así, el tribunal puede ordenar de oficio un reconocimiento judicial y un dictamen pericial (art. 144 de la ZPO), la presentación de documentos (art. 142 de la ZPO) y el interrogatorio complementario de una parte (art. 448 de la ZPO). El interrogatorio de las partes también puede instarse de oficio (art. 448 de la ZPO). A tal fin, es requisito que el resultado de los trámites o de la práctica de pruebas no sea suficiente para convencer al tribunal de la veracidad o falsedad de un hecho. Por tanto, es necesaria una cierta probabilidad inicial del hecho por probar.

4.

a) Si se admite la práctica de la prueba propuesta a instancia de parte, ¿cuál es el procedimiento que debe seguirse?

Tras la proposición de la prueba a instancia de parte, el tribunal ordena la práctica de la prueba. Normalmente, esto se hace de manera informal en la vista o, con arreglo al art. 358 de la ZPO, mediante auto. De acuerdo con el art. 359 de la ZPO, el auto debe contener la descripción de los hechos controvertidos sobre los cuales ha de practicarse la prueba, la descripción de los medios de prueba y la designación de los testigos y peritos que deben ser interrogados, o de la parte que va a ser interrogada, así como la designación de la parte que ha invocado el medio de prueba.

A continuación se realiza la práctica de la prueba con arreglo a la normativa aplicable (arts. 355 a 484 de la ZPO). Han de respetarse, en particular, los principios de inmediación (art. 355 de la ZPO) y de publicidad (art. 357 de la ZPO).

Según el principio de la inmediación, la práctica de la prueba debe hacerse ante el tribunal que conoce de la causa, pues a él corresponde valorar la prueba. La única excepción prevista legalmente es la transmisión de la práctica de la prueba a un miembro de dicho tribunal (art. 361 de la ZPO) o a otro tribunal (art. 362 de la ZPO). El principio de publicidad establece el derecho de presencia de las partes en la vista y les otorga también un derecho de interrogatorio de los testigos (art. 397 de la ZPO).

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El resultado de la práctica de la prueba constituye la base de la vista oral tras la audiencia de las partes (art. 285 de la ZPO). Sobre la base del resultado global de la vista, incluida la práctica de la prueba, el tribunal debe determinar los hechos con arreglo al principio de libre valoración de la prueba (art. 286 de la ZPO).

b) ¿En qué casos pueden rechazarse las pruebas propuestas por las partes?

Puede rechazarse una proposición de prueba, por razones procesales o legales, en los siguientes casos:

  • si el hecho no necesita ser probado, es decir, si ya está probado o es notorio, o si hay conformidad de las partes,
  • si el hecho no es pertinente, es decir, si no puede influir sobre la decisión,
  • si el medio de prueba no es adecuado para probar el hecho en cuestión (ocurre muy raramente, pues las pruebas no pueden valorarse antes de ser practicadas),
  • si el medio de prueba es inalcanzable,
  • si el medio de prueba es ilegal, por ejemplo, por alegación abusiva sin objeto determinado o por la obligación de los testigos de guardar silencio (salvo que se les retire dicha obligación),
  • si la práctica de la prueba es facultad discrecional del tribunal; por ejemplo, en la valoración de daños con arreglo al art. 287 de la ZPO,
  • si el hecho ha sido determinado con carácter irrevocable en otro procedimiento y es vinculante para ambas partes,
  • si la proposición de prueba no se ha presentado dentro de plazo (art. 296.1 de la ZPO),
  • si la práctica de la prueba se enfrenta a un obstáculo de duración indefinida, el plazo fijado ha expirado y el procedimiento ha sido aplazado por algún otro motivo (art. 356 de la ZPO).

5.

a) ¿Cuáles son los diferentes medios de prueba?

Los cinco medios de prueba son los siguientes:

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(1) Reconocimiento judicial (arts. 371 - 372 de la ZPO)

El reconocimiento judicial es la percepción sensorial directa de la prueba por parte del juez. En contra de la hasta ahora interpretación errónea de este concepto, la percepción sensorial incluye también el tacto, el olor, el oído o el gusto. Por tanto, pueden ser también objeto de reconocimiento las reproducciones de sonido o de imagen y los ordenadores.

(2) Testigos §§ 373 - 401 de la ZPO)

Los testigos están en condiciones de demostrar hechos ocurridos en el pasado que ellos mismos hayan percibido. Por tanto, a diferencia de los peritos, no son sustituibles.

Las partes en un litigio no pueden ser testigos.

Si el testigo necesita conocimientos especializados para la percepción de los hechos, recibe el nombre de testigo-perito (art. 414 de la ZPO); sirva como ejemplo el caso de un médico de urgencia que presta declaración en relación con daños provocados por un accidente.

(3) Peritos (arts. 402 - 414 de la ZPO)

Los peritos facilitan al juez los conocimientos especializados que le faltan para valorar los hechos. No determinan por sí mismos los hechos. Su misión consiste exclusivamente en emitir un juicio valorativo sobre hechos ya establecidos (denominados hechos de referencia - Anschlusstatsachen).

Sólo cuando el propio establecimiento de los hechos requiere ciertos conocimientos especializados puede dejarse al perito emitir su dictamen sobre los hechos; este será el caso, por ejemplo, de los diagnósticos médicos.

Un dictamen privado encargado por una de las partes sólo puede servir como dictamen pericial en casos excepcionales y previo consentimiento de ambas partes.

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(4) Documentos (arts. 415-444 de la ZPO)

Son documentos con arreglo a la ZPO las declaraciones escritas. La ley distingue entre la fuerza probatoria de los documentos públicos (arts. 415, 417, 418 de la ZPO) y la de los documentos privados (art. 416 de la ZPO).

(5) Interrogatorio de las partes (arts. 445 - 455 de la ZPO)

El interrogatorio de las partes es un medio de prueba subsidiario y sólo se admite a efectos de la prueba principal (art. 445.2 de la ZPO). Sólo se puede interrogar a las partes previo consentimiento de la parte contraria o de oficio.

b) ¿Existe alguna diferencia entre la prueba consistente en la audiencia de un testigo o el informe oral de un perito, por un lado, y la presentación de una prueba escrita o un dictamen pericial, por otro?

No hay diferencia en cuanto a la fuerza probatoria de los distintos medios de prueba. Todos ellos tienen el mismo valor, habida cuenta del principio de la libre valoración de pruebas. La única diferencia reside en el método utilizado para la práctica de la prueba.

Cada testigo ha de ser interrogado por separado y sin la presencia de los testigos que le sucedan en el interrogatorio (art. 394.1 de la ZPO). Cuando los testigos presten declaraciones contradictorias, podrá sometérseles a un careo (art. 394.2 de la ZPO).

Los testigos son advertidos de que deben decir la verdad y de la posibilidad de que se les obligue a prestar juramento (art. 395.1 de la ZPO). El tribunal comienza el interrogatorio preguntando al testigo sus datos personales (art. 395.2 de la ZPO). A continuación, con arreglo al art. 396 de la ZPO, se le formulan las preguntas relativas al caso. El tribunal debe hacer todo lo posible por que la declaración del testigo guarde relación con el objeto del interrogatorio. En su caso, puede formular preguntas complementarias para aclarar algunos aspectos o lograr una comprensión plena de la declaración del testigo.

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En el interrogatorio de testigos, las partes tienen derecho a estar presentes y preguntar. Por sí mismas, sólo pueden formular preguntas que luego son transmitidas al testigo, mientras que el representante legal puede interrogar directamente a éste (art. 397 de la ZPO).

Las normas sobre el desarrollo del interrogatorio de testigos se aplican igualmente a las declaraciones de peritos y al interrogatorio de las partes (arts. 402 y 451 de la ZPO).

Las pruebas documentales consisten en la presentación de documentos. Cuando la parte que aporta la prueba no está en posesión del documento, sino que éste se encuentra en manos de la parte contraria o de un tercero, la proposición de prueba se realiza solicitando a la parte contraria o al tercero que presente el documento (arts. 421 y 428 de la ZPO). La obligación de presentación del documento viene determinada por las disposiciones del Derecho civil y se da cuando la parte que aporta la prueba puede exigir a la parte contraria o a un tercero la publicación o entrega del documento (art. 422 de la ZPO). Las circunstancias que motiven esta obligación deben ser creíbles (art. 424.5 de la ZPO). Los dictámenes periciales escritos constituyen también documentos con arreglo a la ZPO.

c) ¿Hay algunos medios de prueba que tengan mayor fuerza probatoria que otros?

Por ejemplo, pruebas escritas frente a declaraciones testificales, documentos autenticados frente a documentos privados)

En principio no. Todos los medios de prueba tienen el mismo valor probatorio. Así se deriva del principio de la libre valoración de pruebas con arreglo al art. 286 de la ZPO. Según este principio, el tribunal valora las pruebas sobre la base del resultado de conjunto de la práctica de pruebas. Sólo en casos excepcionales debe el tribunal observar normas vinculantes como la fuerza probatoria del expediente (art. 165 de la ZPO), de la sentencia (art. 314 de la ZPO) o de otros documentos (arts. 415-418 de la ZPO).

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d) Para probar ciertos hechos, ¿es obligatorio utilizar determinadas pruebas?

(Por ejemplo, en caso de deudas que rebasen un importe determinado, ¿es necesaria una prueba escrita?)

No, la ZPO no contiene disposiciones sobre medios de prueba obligatorios para la acreditación de determinados hechos.

Hay una excepción aplicable únicamente a determinados tipos de procedimiento. Así, en los procedimientos sobre demandas acreditadas por documentos y los juicios cambiarios, sólo se admiten pruebas documentales para demostrar los hechos en que se base la demanda, y sólo se admiten la prueba documental o el interrogatorio de las partes en lo que respecta a todos los demás hechos (art. 592 y ss. de la ZPO).

6.

a) ¿Obliga la legislación a los testigos a prestar declaración testifical?

La comparecencia ante el tribunal, la declaración testifical y el juramento son obligaciones de todos los testigos debidamente convocados, que están sujetos a la legislación procesal alemana.

La obligación de declarar abarca también la obligación del testigo de verificar sus conocimientos mediante documentos y de refrescar su memoria (art. 378 de la ZPO). No implica la obligación de establecer hechos que le sean desconocidos.

b) ¿En qué casos puede el testigo negarse a declarar?

(Por ejemplo, cuando el testigo está emparentado con una de las partes por consanguinidad o afinidad (¿hasta qué grado?) o si su declaración podría serle perjudicial)

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Las normas sobre el derecho a no declarar establecidas en la ZPO regulan el derecho a no declarar en absoluto por relaciones personales con una de las partes (art. 383 de la ZPO) y el derecho a no responder a determinadas preguntas por razones objetivas (art. 384 de la ZPO).

El derecho a no declarar establecido en el art. 383 de la ZPO se vincula, por un lado, a los lazos familiares y, por otro, a las obligaciones profesionales de confidencialidad del testigo, y su finalidad es evitar conflictos de intereses.

Este derecho se confiere a los prometidos (ap. 1.1), los cónyuges (ap. 1.2) y las parejas de hecho (ap.1.3) durante y después del matrimonio y la convivencia. Además, tienen derecho a no declarar quienes estén o hayan estado ligados en primer grado a una de las partes por vínculos de consanguinidad o afinidad o en línea colateral hasta el tercer grado por consanguinidad o hasta el segundo grado por afinidad (ap. 1.3). La línea colateral es una línea no directa pero descendiente de la misma tercera persona. El grado de parentesco por consanguinidad o afinidad viene determinado por el número de nacimientos intermedios.

Además, según el art. 383.1. 4 de la ZPO, gozan de este derecho los clérigos y las personas que participen o hayan participado en la preparación, producción o distribución de publicaciones periódicas o programas de radio o televisión (ap. 1.5), así como aquellas a las que, por su cargo, posición o profesión, se les hayan confiado hechos que, por su naturaleza o en virtud de una disposición legal, no puedan ser divulgados (ap. 1.6).

El derecho a no declarar por razones profesionales se extiende a todo aquello que llegue a conocimiento del testigo precisamente por su posición específica.

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El derecho a no declarar establecido en el art. 384 de la ZPO está concebido para proteger al testigo de las consecuencias de su obligación de declarar. Le otorga el derecho de no responder a ciertas preguntas, de modo que no se trata de un derecho a guardar silencio absoluto como el establecido en el art. 383 de la ZPO.

El derecho a no declarar previsto en el art. 384 de la ZPO se refiere a preguntas cuya respuesta ocasionaría un perjuicio económico directo al testigo o a una persona con la que éste tenga una relación familiar de las previstas en el art. 383 de la ZPO (punto 1) o le expondría a una situación de deshonor o de riesgo de persecución criminal o administrativa (punto 2). Además, un testigo podrá no responder a una pregunta si para ello se viera obligado a desvelar un secreto profesional o comercial (punto 3).

El art. 385 de la ZPO establece algunas excepciones al derecho a no declarar de los arts. 383 y 384 de la ZPO. Es especialmente significativo el apartado 2 de este artículo, que exime de la obligación de guardar silencio a los clérigos y personas que, en virtud del art. 383.1.6, están sujetos a esta obligación y, por consiguiente, restablece el deber de declarar.

c) ¿Puede una persona que se niega a declarar ser obligada a hacerlo o ser sancionada?

Sí. Cuando un testigo debidamente convocado no comparece, el tribunal le impone una multa administrativa con arreglo al art. 380, ap. 1 de la ZPO y, en caso de no poder pagarla, una orden de arresto. La multa oscilará entre 5 y 1 000 euros (art. 6. 1 de la EGStGB (Ley introductoria al Código Penal)), y la orden de arresto oscilará entre un día y seis semanas (art. 6.2 de la EGStGB). Además, el testigo deberá pagar los costes que conlleve su incomparecencia.

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Si el testigo no comparece pese a recibir una segunda convocatoria, además de la sanción administrativa podrá expedirse una orden de acompañamiento (art. 380.2 de la ZPO). Estas medidas no se aplicarán si el testigo excusa su ausencia con la suficiente antelación. Si excusa su incomparecencia con retraso, el testigo deberá justificar debidamente que no es responsable de tal retraso (art. 381 de la ZPO).

Si el testigo se niega a declarar o a prestar juramento sin indicar la causa o por una causa declarada improcedente por ley, podrán adoptarse contra él las mismas medidas que las previstas por no excusar la incomparecencia (art. 390.1 de la ZPO). En caso de una tercer negativa a comparecer, podrá decretarse su detención, previa solicitud, con objeto de que declare, aunque la detención no rebasará la duración de la instancia del proceso (art. 39.2 de la ZPO).

d) ¿De qué personas no puede recabarse declaración testifical?

(Adultos incapacitados, menores de edad, personas con intereses comunes con una de las partes, personas condenadas por determinados delitos)

No existe una «incapacidad general de declarar como testigo». Por tanto, puede ser testigo toda persona que tenga la madurez de juicio necesaria para percibir los hechos y poder comprender y responder preguntas al respecto, independientemente de su edad y capacidad.

No hay normas específicas aplicables a las personas que anteriormente hayan sido condenadas por falso testimonio o por perjurio.

No puede ser testigo quien participa directamente en el procedimiento como parte o como representante legal. Se aplica una excepción a los litisconsortes en relación con hechos que afecten exclusivamente a otros litisconsortes. En ciertas circunstancias, un representante puede ser testigo cuando el objeto del interrogatorio no entre en el ámbito de la relación de representación. Así, por ejemplo, un representante legal puede declarar sobre hechos que no entren en el ámbito de sus competencias en un proceso en el que su representado sea parte.

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La fecha determinante a efectos de la capacidad de declarar es siempre el día del interrogatorio.

7. ¿Qué papel juegan el juez y las partes en el interrogatorio del testigo? ¿En qué condiciones puede interrogarse al testigo con ayuda de nuevas tecnologías como televisión o videoconferencia?

(¿Quién dirige el interrogatorio del testigo? ¿Puede el juez interrogar al testigo? ¿Puede la parte contraria dirigir preguntas al testigo?)

Es el tribunal el que dirige el interrogatorio. Puede también transferirse esta competencia a uno de los miembros del tribunal, que pasa a ser el juez encargado de dirigir el interrogatorio; a este respecto, a menudo se aplica sobre todo el art. 375.1 de la ZPO.

Cada testigo debe ser interrogado por separado y sin la presencia de los testigos que le sucedan en el interrogatorio (art. 394.1 de la ZPO). Los testigos que presten declaraciones contradictorias podrán ser sometidos a un careo (art. 39.2 de la ZPO).

En el interrogatorio de testigos, las partes tienen derecho a estar presentes y preguntar. Por sí mismas, sólo pueden formular preguntas que luego son transmitidas al testigo, mientras que el representante legal puede interrogar directamente a éste (art. 397 de la ZPO).

El interrogatorio de un testigo por videoconferencia está admitido si, previa solicitud en este sentido, los participantes han dado su consentimiento (art. 128 a. 2 de la ZPO). Es necesario también el consentimiento del testigo o perito, ya que la transmisión afecta a sus derechos individuales.

III. Valoración de la prueba

8. El hecho de que una prueba no haya sido obtenida legalmente por una parte, ¿impide al tribunal valorarla?

(P.ej., grabación ilegal, etc...)

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La prohibición de utilizar determinadas pruebas puede derivarse, por un lado, de una disposición jurídica – por ejemplo, la prohibición de disponer de sentencias borradas o por borrar del Registro Federal Central (art. 51 de la BZRG (Ley reguladora de Registro Federal Central)).

Por otro lado, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal se derivan otras prohibiciones de disponer de pruebas en aquellos casos en los que la práctica de la prueba podría conculcar un derecho individual protegido por la Constitución y su utilización no esté justificada excepcionalmente por la ponderación de intereses.

Existe tal prohibición derivada de la jurisprudencia, por ejemplo, en el caso de las grabaciones secretas. Lo mismo es aplicable a las escuchas mediante minitransmisores, micrófonos o sistemas de escucha, o en lo que respecta a la utilización de documentos personales obtenidos ilegalmente, como diarios o cartas íntimas.

En todos estos casos, sin embargo, una ponderación de intereses puede excepcionalmente determinar caso por caso la posibilidad de utilizar las pruebas obtenidas ilegalmente, siempre y cuando esto no afecte al ámbito esencial de la organización de la vida privada.

En cada caso, ha de determinarse por separado si una infracción de las normas procesales puede justificar también la prohibición de utilizar una prueba. Los errores de procedimiento y, en particular, los errores en la forma en que éste se desarrolla pueden subsanarse en virtud del art. 295.1 de la ZPO. Por ejemplo, el interrogatorio de una parte como testigo es un error de procedimiento subsanable; es decir, puede utilizarse la prueba si las partes renuncian a invocar la disposición o no impugnan el error antes de finalizada la consiguiente vista. La falta de información sobre el derecho a no declarar es también subsanable con arreglo al art. 295.1 de la ZPO.

Por el contrario, no es opcional la observancia de las normas de interés público (art. 295.2 de la ZPO). Sirvan como ejemplo todos los aspectos que deben tomarse en consideración de oficio, por ejemplo, los requisitos procesales, la admisibilidad de recursos, la recusación de los jueces.

9. Si soy parte en un litigio, ¿tiene mi propia declaración valor probatorio?

Como ya se ha explicado en el punto 5, letras a) y c), el interrogatorio de las partes puede admitirse como medio de prueba si se cumplen determinados requisitos. La valoración de esta prueba se basa en la libertad discrecional del tribunal (art. 286 de la ZPO).

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