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Última actualización: 12-01-2009
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Obtención y práctica de pruebas - República Checa

 

ÍNDICE

I. La carga de la prueba I.
1.
a) ¿Qué normas regulan la carga de la prueba? a)
b) ¿Existen normas que eximen de aportar la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Pueden aportarse pruebas para refutar tales presunciones? b)
2. ¿En qué medida debe el órgano jurisdiccional estar convencido de un hecho para fundamentar su resolución en la existencia del mismo? 2.
II. La obtención de pruebas II.
3. La obtención de pruebas ¿debe hacerse siempre a solicitud de una parte o en algunos casos también el juez puede obtenerlas por propia iniciativa? 3.
4.
a) Una vez admitida la solicitud de una parte para que se practiquen diligencias de obtención de pruebas ¿cuáles son las fases siguientes? a)
b) ¿En qué casos el órgano jurisdiccional puede rechazar una solicitud de práctica de diligencias para la obtención de pruebas presentada por una parte? b)
5.
a) ¿Cuáles son los diferentes medios de prueba? a)
b) ¿Qué diferencia hay entre los medios de obtención de pruebas a través de testigos y los medios de obtención de pruebas a través de peritos?¿Qué normas regulan la presentación de pruebas escritas y de informes o dictámenes de peritos? b)
c) ¿Existen medios de prueba más eficaces que otros? c)
d) ¿Existen medios de prueba obligatorios para probar ciertos hechos? d)
6.
a) ¿Los testigos están obligados por ley a prestar declaración? a)
b) ¿En qué casos los testigos pueden negarse a prestar declaración? b)
c) La persona que se niega a prestar declaración, puede ser obligada a declarar o sancionada? c)
d) ¿Hay personas que no pueden declarar como testigos? d)
7. ¿Qué papeles desempeñan el juez y las partes en la audiencia de los testigos?¿En qué condiciones pueden los testigos prestar declaración utilizando las nuevas tecnologías como televisión o videoconferencia? 7.
III. La evaluación de las pruebas III.
8. Si una prueba no ha sido obtenida legalmente por una parte ¿puede el órgano jurisdiccional tenerla en cuenta en su resolución? 8.
9. Cuando soy parte de un proceso ¿mi declaración tiene valor de prueba? 9.

 

I. La carga de la prueba

1.

a) ¿Qué normas regulan la carga de la prueba?

La carga de la prueba tiene su origen en la idea de la «carga de la alegación», que se determina esencialmente en la disposición legal que establece que los derechos deben  hacerse valer ante los tribunales; en concreto consiste en el conjunto de hechos que se reclaman en un asunto. La Ley de enjuiciamiento civil dispone que las partes deberán probar sus reclamaciones mediante la presentación de las pruebas pertinentes. Esta obligación se conoce como la «carga de la prueba». Por regla general, toda persona que presenta una reclamación en relación con un asunto concreto está sometida a la obligación de la carga de la prueba.

Todas las partes deben cumplir la obligación de la carga de la alegación y de la prueba en consonancia con sus reclamaciones. Si los hechos reivindicados por una parte y las pruebas propuestas son incompletos, el tribunal está obligado a advertir a la parte de ello.

Cuando el tribunal sostenga que los hechos alegados por cualquiera de las partes no han sido probados en el procedimiento, deberá advertir a la parte de que se trate sobre la necesidad de proponer pruebas para todas sus reclamaciones y señalarle que, en caso de no cumplir esta obligación, corre el peligro de perder el pleito. Sin embargo, el tribunal debe facilitar esta información durante las comparecencias, nunca por escrito (por ejemplo, en un auto de emplazamiento).

Si un tribunal tiene dudas sobre ciertos hechos, solicita que la parte presente pruebas adicionales. Cuando sean necesarios los conocimientos de un experto para probar los hechos, el órgano jurisdiccional encargará un dictamen pericial; si existieran dudas sobre la corrección del dictamen, el órgano jurisdiccional podrá pedir que aquel se complete o que se elabore un dictamen nuevo.

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b) ¿Existen normas que eximen de aportar la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Pueden aportarse pruebas para refutar tales presunciones?

No es necesario presentar pruebas de hechos que son de dominio público (es decir, conocidos por un amplio grupo de personas en un lugar  y tiempo concretos y, por lo tanto, también por los jueces) o de hechos que son conocidos por el tribunal por alguna de sus otras actividades, o  a través de disposiciones legales publicadas o notificadas en la Colección de legislación de la República Checa. El tribunal puede estar al tanto del Derecho extranjero por su propia investigación, a través de una declaración del Ministerio de Justicia, o mediante dictamen pericial. Todos estos hechos pueden refutarse con la propuesta de pruebas.

Para determinados grupos de hechos, la ley puede prever una presunción (la lista de estas presunciones superaría el objetivo de este texto; deberá hacerse una valoración en función del Derecho sustantivo que regule el caso específico); hay presunciones refutables que admiten pruebas en su contra y, excepcionalmente, presunciones no refutables que no admiten estas pruebas. En los casos de la presunción refutable, el tribunal la considerará probada si ninguna de las partes propone pruebas que se opongan a ella y prueben, por lo tanto, hechos en su contra en el procedimiento. En el caso de algunas presunciones refutables, lo contrario puede probarse solamente dentro de un plazo establecido por ley.

Otro grupo de hechos que no precisan justificarse y para el cual ni siquiera se dispone de pruebas en su contra son las decisiones de las autoridades competentes que establecen que se ha cometido un delito, acto punible o infracción administrativa que se castiga con arreglo a una normativa distinta, las decisiones que determinan la autoría de un hecho punible, así como las decisiones sobre el estatus personal. Sin embargo, el tribunal no está vinculado por una decisión que reconozca que se ha cometido una infracción o sobre la autoría de la misma cuando se trate de una decisión adoptada in situ en relación con infracciones leves. No son vinculantes ante el tribunal cualesquiera otras cuestiones decididas en una sentencia penal o en decisiones relativas a infracciones administrativas.

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Un tipo especial de presunción refutable se refiere a los hechos que pretenden establecer que una parte ha sido directa o indirectamente objeto de discriminación por razón de sexo u otras circunstancias. La carga de la prueba corresponde aquí a la parte contraria, que debe demostrar que no se discriminó a la parte que se considera ofendida.

Cuando se utilizan medios de prueba de carácter público, la carga de la prueba corresponde a la parte que desea refutar la autenticidad de estos medios. En cambio, cuando se trata de medios de prueba de carácter privado la carga de la prueba recae sobre la parte que pretende que se utilicen. Si una parte fundamenta sus reclamaciones en instrumentos de prueba privados y la otra cuestiona su autenticidad o exactitud, la carga de la prueba volverá entonces a recaer sobre la parte que propuso estos instrumentos, que deberá fundamentar su reclamaciones en otros medios de prueba. Por regla general, cuando las reclamaciones de las partes son idénticas no precisan ser probadas y el tribunal las reconoce como hechos aceptados.

2. ¿En qué medida debe el órgano jurisdiccional estar convencido de un hecho para fundamentar su resolución en la existencia del mismo?

En los procedimientos judiciales se aplica el principio de la valoración libre de las pruebas, es decir, que la ley no establece límites exactos para determinar cuándo un órgano jurisdiccional debe considerar un hecho probado o no. La ley prevé que «el tribunal valora la prueba a su discreción, cada pieza de convicción por separado y el conjunto de las pruebas en el contexto de las mismas; el tribunal tendrá en cuenta todo que salga a la luz en el curso del procedimiento, incluidos los hechos presentados por las partes».

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Por lo general, si en el proceso de valoración de la prueba se llega a la conclusión de que no puede confirmarse ni refutarse la veracidad de las reclamaciones, el fallo será desfavorable para la parte que debía probar la autenticidad de sus pretensiones.

El tribunal dicta sentencia sobre la base de sus conclusiones. Estas representan una situación respecto a la cual no existen dudas razonables o legítimas (es decir, que el tribunal puede tener algunas dudas, siempre que no sean de naturaleza fundamental).

II. La obtención de pruebas

3. La obtención de pruebas ¿debe hacerse siempre a solicitud de una parte o en algunos casos también el juez puede obtenerlas por propia iniciativa?

En los procedimientos contenciosos, el principio general es que el tribunal sólo practica las pruebas propuestas; sin embargo, el tribunal puede decidir que no obtendrá determinadas pruebas -por lo general, cuando considera probado el hecho en cuestión-. Cuando ninguna de las partes propone la práctica de determinadas pruebas, pero su necesidad se ha puesto de manifiesto en el transcurso del procedimiento, el tribunal las obtendrá por su propia iniciativa.

En cambio, en los procedimientos no contenciosos, es decir, aquellos casos en que el procedimiento se inicia sin necesidad de una petición previa y en los procedimientos relativos a la autorización para contraer matrimonio, al establecimiento o denegación de la paternidad, a la determinación de si se requiere el consentimiento de los padres de un menor para su adopción, en los procedimientos de adopción, en los nombramientos de árbitros o del árbitro presidente, en los procedimientos sobre asuntos relacionados con el registro mercantil, en los procedimientos relativos a la terminación de un contrato de arrendamiento de vivienda, a la disolución de un partido o agrupación políticos o a la suspensión y la renovación de las actividades de los mismos, en los procedimientos sobre la legalidad de la detención de un ciudadano extranjero y su puesta en libertad y en los procedimientos sobre determinadas cuestiones relacionadas con firmas comerciales, cooperativas y otras personas jurídicas, los tribunales están obligados a seguir practicando las pruebas necesarias para determinar los hechos del asunto de que se trate además de las pruebas propuestas por las partes.

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4.

a) Una vez admitida la solicitud de una parte para que se practiquen diligencias de obtención de pruebas ¿cuáles son las fases siguientes?

Si la solicitud se realiza durante la vista, el tribunal puede ordenar, cuando sea posible, que se practiquen las diligencias de obtención de pruebas con carácter inmediato; de no ser posible, el tribunal decidirá cómo y cuando se practicarán las pruebas (en función  de su tipo, etc.).

b) ¿En qué casos el órgano jurisdiccional puede rechazar una solicitud de práctica de diligencias para la obtención de pruebas presentada por una parte?

La admisión de las diligencias de práctica de las pruebas depende del órgano jurisdiccional. Por lo general, el tribunal desestimará las pruebas que, en su opinión, no ayuden a aclarar las cuestiones de que se trate (para evitar diligencias de prueba innecesarias), y las que requerirían un gasto desproporcionado con el asunto del litigio. (Véase también la pregunta 8). Para que el tribunal pueda valorar adecuadamente las pruebas que va a admitir las partes deben proponer medios de prueba concretos, por ejemplo, indicar los testigos por su nombre y otros datos de identificación y señalar las pretensiones en relación con las que cada testigo propuesto declarará; las partes están asimismo obligadas a concretar las pruebas documentales o a indicar el alcance de un asunto que un perito tratará en un dictamen.

5.

a) ¿Cuáles son los diferentes medios de prueba?

Esencialmente, todos los medios que sirven para esclarecer los hechos relativos a un asunto pueden utilizarse como pruebas. Principalmente se trata del interrogatorio de testigos, de las partes o de peritos y del reconocimiento de alguna persona o cosa, y por supuesto, de las pruebas documentales.

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b) ¿Qué diferencia hay entre los medios de obtención de pruebas a través de testigos y los medios de obtención de pruebas a través de peritos?¿Qué normas regulan la presentación de pruebas escritas y de informes o dictámenes de peritos?

Cualquier persona física que no sea parte del proceso está obligada a comparecer ante el tribunal, si ha sido citada, y a declarar como testigo. Los testigos declaran sobre aquello que han vivido y observado. Deben decir la verdad y no ocultar nada. Al inicio del examen de testigos debe establecerse su identidad, así como las circunstancias relacionadas con su idoneidad. Los testigos serán informados de la importancia de su testimonio, de sus derechos y obligaciones y de las consecuencias de un falso testimonio desde el punto de vista penal. El presidente del órgano jurisdiccional solicita a los testigos que declaren sobre todo aquello de lo que tengan conocimiento en  relación con la cuestión que se examina. A continuación les hace las preguntas necesarias para completar y aclarar aspectos de su declaración. También pueden formular preguntas los miembros de la sala y, con el permiso del presidente del órgano jurisdiccional, las partes y los peritos.

La obtención de pruebas en el caso de los expertos es diferente, principalmente porque la mayoría de las veces los peritos elaboran un dictamen escrito y a continuación prestan  declaración oral sobre el mismo. Se recurre a un dictamen pericial cuando sea necesario valorar circunstancias que requieren conocimientos especializados. El dictamen pericial consta de tres partes, los resultados de la investigación, en los que el perito describe las circunstancias que ha examinado, el dictamen en sí, que contiene la valoración pericial (conclusiones del perito), y la decisión pericial. Por lo general, los peritos abordan cuestiones específicas establecidas por el tribunal, a menos que la ley (especialmente en el ámbito del Derecho de sociedades) prevea directamente requisitos especiales para el dictamen. El tribunal designa los peritos a partir de un registro de peritos e intérpretes que llevan los tribunales regionales.

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Los testigos declaran sobre hechos de los que han tenido un conocimiento directo, mientras que los peritos se manifiestan exclusivamente en relación con cuestiones en las que la valoración de los hechos depende de conocimientos especializados. El órgano jurisdiccional no entra a valorar las conclusiones de los peritos; la valoración del dictamen se limita a la satisfacción completa del trabajo que se solicitó, su coherencia interna  y su conformidad con otras pruebas obtenidas.

La obtención de las pruebas documentales consiste en la lectura del documento o parte del mismo o en la comunicación de su contenido durante la vista por parte del presidente del órgano jurisdiccional. El presidente del órgano jurisdiccional puede asimismo solicitar a una parte que presente un documento del que esté en posesión y que sea necesario como prueba, u obtenerlo él mismo de otro órgano jurisdiccional, autoridad o persona jurídica.

c) ¿Existen medios de prueba más eficaces que otros?

No existe preferencia alguna con respecto a los medios de prueba, aunque algunos de ellos sólo se utilizan cuando no puede recurrirse a los que exige la ley (por lo general, diversos actos en una forma escrita obligatoria que, sólo si se han destruido, podrían sustituirse por otros medios de prueba, por ejemplo, el interrogatorio de testigos). El examen de alguna de las partes en relación con sus declaraciones sólo puede ordenarse en asuntos contenciosos cuando la cuestión de la que se trate no puede probarse por otros medios (distintos del consentimiento a proceder al examen). En estos casos existen medios de prueba que resultan más eficaces que otros.

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d) ¿Existen medios de prueba obligatorios para probar ciertos hechos?

En algunos casos la ley establece cuáles son las pruebas que deben obtenerse, en función del asunto concreto (por ejemplo, en los procedimientos sobre la autorización para contraer matrimonio debe examinarse a las dos personas interesadas).

Algunos hechos sólo pueden ser probados de una manera específica, por ejemplo, una de factura o cheque sólo pueden emitirse presentando el original de la factura, la decisión sobre la liquidación de la factura u otro documento; una orden de ejecución sólo puede aplicarse previa presentación de una decisión ejecutiva o de un título ejecutivo, etc. .

Para establecer determinadas obligaciones o derechos materiales (especialmente los relacionados con la propiedad), la ley exige un contrato escrito, y el medio de la prueba se deriva entonces de este requisito.

6.

a) ¿Los testigos están obligados por ley a prestar declaración?

Sí. Todas las personas que han sido citadas a tal efecto están obligadas por ley a comparecer ante un tribunal como testigo y prestar declaración; no pueden ser representadas por ninguna otra persona. Los testigos que cumplen su obligación de testificar tienen derecho a una «indemnización de testigo» (consiste en el reembolso de los gastos en efectivo y de las ganancias que se han dejado de obtener).

Si una parte no actúa o, a pesar de los requerimientos del tribunal, no propone todas las pruebas necesarias y el procedimiento, por lo tanto, se prolonga, el tribunal puede, a petición de otra parte, decidir que las pruebas para demostrar hechos decisivos en el asunto podrán concretarse sólo dentro de un plazo establecido que no deberá ser inferior a 15 días. Una vez expirado este plazo, el tribunal no tendrá en cuenta ninguna nueva prueba propuesta, con excepción de las que se realicen por haber impugnado las partes la adecuación de las presentadas hasta entonces o de las pruebas que las partes no hayan podido presentar con anterioridad por motivos ajenos a su voluntad.

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b) ¿En qué casos los testigos pueden negarse a prestar declaración?

Los testigos pueden negarse a declarar cuando su testimonio pudiera dar lugar a su imputación o la de sus familiares en algún proceso penal; corresponde al tribunal decidir si los motivos para no prestar declaración están justificados. El tribunal debe respetar la obligación legal de los testigos de guardar secreto o confidencialidad respecto a determinadas cuestiones (por ejemplo, con arreglo a la ley sobre protección de información clasificada, sobre datos recogidos en el expediente médico de un paciente; es decir, secretos médicos, bancarios etc.).

c) La persona que se niega a prestar declaración, puede ser obligada a declarar o sancionada?

Se puede recurrir a las fuerzas de policía checas para obligar a comparecer a una persona y que preste declaración o, en casos extremos, se le puede imponer una multa máxima de 50 000 CZK.

d) ¿Hay personas que no pueden declarar como testigos?

No hay un grupo de personas específico del que no se pueda obtener pruebas; si acaso, existe un conjunto de circunstancias en relación con las que determinadas personas no pueden declarar como testigos (véase la pregunta 6b).

7. ¿Qué papeles desempeñan el juez y las partes en la audiencia de los testigos?¿En qué condiciones pueden los testigos prestar declaración utilizando las nuevas tecnologías como televisión o videoconferencia?

Solamente el juez que preside está facultado para examinar testigos y decidir la forma en que lo hace. El resto de los miembros de la sala, las partes o los peritos pueden interrogar a los testigos sólo con el permiso del juez presidente, que puede no admitir una pregunta concreta, si se trata, por ejemplo de una pregunta capciosa destinada a confundir al testigo o de una pregunta inadecuada o inconveniente.

Actualmente no se puede recurrir a la tecnología moderna para la audiencia de testigos.

III. La evaluación de las pruebas

8. Si una prueba no ha sido obtenida legalmente por una parte ¿puede el órgano jurisdiccional tenerla en cuenta en su resolución?

Cuando una parte, con el fin de apoyar sus pretensiones, propone una prueba que ha obtenido actuando en contra de disposiciones legales de carácter general vinculante y ha cometido con ello una violación de los derechos de otra  persona física o jurídica, el órgano jurisdiccional considerará esa prueba inadmisible. Entre las pruebas inadmisibles se encuentra la grabación de conversaciones telefónicas sin el conocimiento de las personas implicadas (la Ley de telecomunicaciones recoge esta prohibición).

9. Cuando soy parte de un proceso ¿mi declaración tiene valor de prueba?

La condición esencial para que se admita esta prueba es que los hechos de que se trate no puedan ser esclarecidos de otra manera. Sólo se considera medio de prueba el examen de las partes que el órgano jurisdiccional ha ordenado separadamente como prueba para demostrar hechos que han sido reivindicados como ciertos.

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