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Última actualización: 05-01-2007
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Obtención y práctica de pruebas - Bélgica

 

ÍNDICE

I. La carga de la prueba I.
1.
a) ¿Qué normas regulan la carga de la prueba? a)
b) ¿Existen normas que eximen de aportar la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Pueden aportarse pruebas para refutar tales presunciones? b)
2. ¿En qué medida debe el órgano jurisdiccional estar convencido de un hecho para fundamentar su resolución en la existencia del mismo? 2.
II. La obtención de pruebas II.
3. La obtención de pruebas ¿debe hacerse siempre a solicitud de una parte o en algunos casos también el juez puede obtenerlas por propia iniciativa? 3.
4.
a) Una vez admitida la solicitud de una parte para que se practiquen diligencias de obtención de pruebas ¿cuáles son las fases siguientes? a)
b) ¿En qué casos el órgano jurisdiccional puede rechazar una solicitud de práctica de diligencias para la obtención de pruebas presentada por una parte? b)
5.
a) ¿Cuáles son los diferentes medios de prueba? a)
b) ¿Qué diferencia hay entre los medios de obtención de pruebas a través de testigos y los medios de obtención de pruebas a través de peritos? ¿Qué normas regulan la presentación de pruebas escritas y de informes o dictámenes de peritos? b)
c) ¿Existen algunos medios de prueba más eficaces que otros? c)
d) ¿Existen medios de prueba obligatorios para probar determinados hechos? d)
6.
a) ¿Los testigos están obligados por ley a prestar declaración? a)
b) ¿En qué casos los testigos pueden negarse a prestar declaración? b)
c) La persona que se niega a prestar declaración ¿puede ser obligada a declarar o sancionada? c)
d) ¿Hay personas que no pueden declarar como testigos? d)
7. ¿Qué papeles desempeñan el juez y las partes en la audiencia de los testigos? ¿En qué condiciones pueden los testigos prestar declaración utilizando las nuevas tecnologías como la televisión o la videoconferencia? 7.
III. Evaluación de las pruebas III.
8. Si una prueba no ha sido obtenida legalmente por una parte ¿puede el órgano jurisdiccional tenerla en cuenta en su resolución? 8.
9. Cuando soy parte de un proceso ¿mi declaración tiene valor de prueba? 9.

 

I. La carga de la prueba

1.

a) ¿Qué normas regulan la carga de la prueba?

En el ordenamiento jurídico belga existe una distinción entre Derecho civil y Derecho mercantil. El Derecho mercantil es el conjunto de disposiciones específicas aplicables a los comerciantes, mientras que el Derecho civil es el derecho común.

La normativa civil sobre pruebas se recoge en el Código Civil (C.C.), a partir del artículo 1315. Se trata de un sistema independiente con medios de prueba estrictamente regulados (para más detalles véase el punto 5a).

Las pruebas en Derecho mercantil se regulan en el Código de Comercio (C. Com.), artículo 25. La característica más significativa es que se trata de un sistema abierto y que existe una gran libertad para determinar lo que constituye prueba en un caso mercantil. El artículo 25 del C. Com. reza como sigue: "Aparte de los medios de prueba admitidos por el Derecho civil, en las relaciones mercantiles las pruebas pueden también ser aportadas por testigos cuando el tribunal lo considere pertinente, sin perjuicio de las excepciones previstas en casos específicos. Las compras y ventas podrán probarse mediante factura, sin perjuicio de otras formas de prueba permitidas por la legislación mercantil."

Los aspectos procesales de la prueba en las acciones civiles y mercantiles se rigen por el Código Judicial (C. Jud.), a partir del artículo 870. El artículo 876 prevé que el tribunal deberá evaluar el caso según las normas en materia de prueba aplicables a la naturaleza del litigio. El litigio podrá ser civil o mercantil.

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La parte que invoque un hecho, una hipótesis o una alegación deberá probar los mismos. La parte que exija el cumplimiento de una obligación deberá probar primero su existencia. La parte que afirme haber cumplido una obligación deberá probar el pago o el acto que haya originado la extinción de la obligación (artículo 1.315 C.C.). Las partes en un proceso deberán presentar pruebas de los hechos que aleguen (artículo 870 C. Jud.: actori incumbit probatio). Corresponde a la otra parte refutar el valor de la prueba presentada, cuando sea posible y esté permitido.

b) ¿Existen normas que eximen de aportar la prueba de determinados hechos? ¿En qué casos? ¿Pueden aportarse pruebas para refutar tales presunciones?

Podrá probarse cualquier hecho, siempre que no se vean afectados el orden público o la seguridad pública. No obstante, existen tres limitaciones al derecho a presentar pruebas en un proceso. En primer lugar, el hecho objeto de la prueba debe ser pertinente. En segundo lugar, debe ser concluyente, es decir, susceptible de convencer al tribunal acerca de la decisión final del litigio. En tercer lugar, debe ser admisible: deben quedar protegidos la intimidad, el secreto comercial y el secreto de las comunicaciones.

En principio, las presunciones son refutables por la otra parte. Existen no obstante varias presunciones irrefutables (iure et de iure), frente a las que no puede presentarse prueba en contrario. Las presunciones refutables (iuiris tantum) pueden refutarse con pruebas, con arreglo a las reglas del Derecho civil, o de forma libre en el Derecho mercantil.

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2. ¿En qué medida debe el órgano jurisdiccional estar convencido de un hecho para fundamentar su resolución en la existencia del mismo?

El tribunal debe quedar convencido por las pruebas presentadas por las partes. La medida en que el tribunal se convenza dependerá de las pruebas y de su fiabilidad. Si el tribunal considera que un elemento de prueba puede contribuir a resolver el conflicto y que la prueba es un reflejo fiable de la realidad, atribuirá valor probatorio a la prueba en cuestión. Sólo cuando el tribunal considera que el elemento aportado tiene un auténtico valor probatorio puede hablarse de prueba propiamente dicha.

El valor probatorio es un concepto subjetivo, mientras que la fuerza probatoria es estrictamente objetiva. La fuerza probatoria depende de la fiabilidad que pueda atribuirse a un elemento de prueba. La ley confiere fuerza probatoria sólo a los elementos de prueba con un nivel suficiente de fiabilidad, dado que el poder discrecional del tribunal queda limitado en estos casos. Tal es el caso de las pruebas documentales. Si el tribunal interpreta el contenido de un documento obtenido legalmente de forma incompatible con el texto, estará violando la fuerza probatoria del documento. La parte perjudicada podrá alegar este hecho como motivo para recurrir en casación.

II. La obtención de pruebas

3. La obtención de pruebas ¿debe hacerse siempre a solicitud de una parte o en algunos casos también el juez puede obtenerlas por propia iniciativa?

La parte que alegue algo debe poder probarlo. En algunos casos el tribunal puede pedir a una parte que presente una prueba específica, como un juramento (artículo 1.366 C.C.). En determinadas condiciones, el tribunal puede imponer un juramento a una parte, bien para basar en ello la resolución del litigio, o para fijar el valor de la condena.

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El tribunal puede oír a las partes y pedir por su propia iniciativa que declare un testigo, salvo en los casos en que la ley lo prohíbe (artículo 916 C. Jud.). El tribunal puede también pedir un informe pericial para determinar los hechos u obtener una opinión técnica (artículo 962 C. Jud.).

4.

a) Una vez admitida la solicitud de una parte para que se practiquen diligencias de obtención de pruebas ¿cuáles son las fases siguientes?

Las medidas de investigación deben ser solicitadas por una de las partes como petición principal o subsidiaria. El tribunal puede aceptar o denegar la petición, motivando su decisión.

En caso de que se solicite la verificación de un documento (artículo 883 C. Jud.) o de una supuesta falsificación (artículo 895 C. Jud.), el tribunal pedirá a las partes que comparezcan (con o sin abogado) y aporten todos los títulos y documentos de comparación, así como el documento supuestamente falsificado. El tribunal puede apreciar inmediatamente el caso o dejarlo pendiente en la secretaría para, posteriormente, ordenar una investigación o recurrir a un perito a estos efectos. Por último, el tribunal se pronuncia sobre la petición.

Si una parte ofrece presentar pruebas en forma de declaraciones de uno o más testigos, el tribunal puede aceptarlo, siempre que las pruebas sean admisibles (artículo 915 C. Jud.). Mientras que la ley no lo prohíba, el tribunal puede ordenar la declaración de un testigo. Los testigos deberán ser citados por el secretario al menos ocho días antes de la fecha de la declaración. Deberán prestar juramento y serán oídos individualmente por el tribunal. El tribunal podrá formular preguntas a los testigos por su propia iniciativa o a petición de parte. Las declaraciones se recogen por escrito, se leen, se corrigen en su caso y se completan, después de lo cual se cierra la audiencia de testigos.

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El tribunal puede solicitar un informe pericial para resolver o evitar un litigio. El informe pericial puede contener sólo hechos o bien opiniones técnicas (artículo 962 C. Jud.). El perito es responsable ante el tribunal de la realización de su tarea. Las partes deben proporcionar al perito todos los documentos indispensables y poner todos los medios necesarios para ayudarlo. El informe deberá presentarse en el plazo fijado por el tribunal. No obstante, si el informe no coincide con sus propias convicciones, el juez no está obligado a seguir las indicaciones del perito.

El tribunal, a petición de las partes o por su propia iniciativa, puede solicitar una investigación in situ (artículo 1007 C. Jud.). Se puede o no requerir la comparecencia de las partes, y la investigación la realiza bien el juez que la ordena, otro juez designado a estos efectos, u otra persona designada oficialmente. En cualquier caso, se elabora un informe oficial que se comunica a las partes.

b) ¿En qué casos el órgano jurisdiccional puede rechazar una solicitud de práctica de diligencias para la obtención de pruebas presentada por una parte?

El tribunal nunca está obligado a acceder a la petición de una parte que solicite medidas de investigación. Pero si se designa a un juez para llevar a cabo una investigación, entonces está obligado a realizarla (artículo 873 C. Jud.).

5.

a) ¿Cuáles son los diferentes medios de prueba?

En Derecho civil existen cinco tipos de pruebas: pruebas documentales, declaraciones de testigos, presunciones, reconocimiento de las partes y declaraciones juradas (artículo 1316 C.C.).

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Las pruebas documentales (artículo 1317 C.C.) pueden revestir la forma de documento fehaciente o de documento no formal firmado. Un documento fehaciente es un documento legal expedido por un funcionario público autorizado (por ejemplo, un notario o un registrador de nacimientos, bodas y defunciones) y, entre las partes y frente a terceros, constituye una prueba concluyente de lo que en él se contiene. Un documento no formal reconocido, firmado por todas las partes y en tantos ejemplares como partes haya, constituye una prueba concluyente entre las partes. Se requieren pruebas documentales cuando los importes en juego o el valor del litigio excede de 375 € (artículo 1341 C.C.).

Las declaraciones de testigos (artículo 1341 C.C.) no son admisibles si son contrarias o van más allá del contenido de las pruebas documentales. Pero se aceptan si sólo hay pruebas documentales prima facie o si no ha sido posible presentar pruebas documentales.

Las presunciones (artículo 1349 C.C.) son conclusiones extraídas por la ley o por el tribunal para pasar de un hecho reconocido a un hecho desconocido. Las presunciones no pueden invalidar el contenido de un documento escrito, pero pueden, al igual que las declaraciones de testigos, ampliar las pruebas documentales prima facie y sustituir a los documentos cuando sea imposible presentarlos.

El reconocimiento de una parte (artículo 1354 C.C.) puede hacerse bien ante el tribunal (judicial) o fuera de éste (extrajudicial). Un reconocimiento judicial es una declaración realizada en un procedimiento judicial por una parte o su representante debidamente autorizado, y constituye una prueba concluyente contra la parte que la realiza. Los reconocimientos extrajudiciales no están sujetos a ningún requisito formal.

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Los juramentos o declaraciones juradas (artículo 1357 C.C.) son impuestos por una parte a la otra (juramento decisivo) o por el tribunal por su propia iniciativa. Los juramentos decisivos sólo constituyen pruebas a favor o en contra de la persona que lo haya prestado.

Las pruebas en Derecho mercantil (artículo 25 COM. C.) son libres, y existe una forma específica: la factura en el caso de un contrato de compraventa. Con una factura válida, el comerciante puede crear pruebas para sí mismo, mientras que para constituir pruebas válidas, otros documentos deben emanar de la otra parte.

b) ¿Qué diferencia hay entre los medios de obtención de pruebas a través de testigos y los medios de obtención de pruebas a través de peritos? ¿Qué normas regulan la presentación de pruebas escritas y de informes o dictámenes de peritos?

Las declaraciones de testigos son una forma autónoma de prueba que se rige por el Código civil, mientras que los aspectos procesales de las declaraciones de testigos se rigen por el Código judicial. Un informe pericial es simplemente una forma de prueba entre otras, y se rige por el Código judicial. Las partes pueden pedir al tribunal que llame a peritos para que testifiquen, pero no pueden designarlos ellos mismos. Sólo el tribunal puede hacerlo.

Las pruebas documentales tienen fuerza probatoria y el tribunal debe por tanto aceptar su contenido, mientras que los informes y las opiniones de los peritos no tienen esa consideración. Si el informe no coincide con sus propias convicciones, el juez no está obligado a seguir las indicaciones del perito (artículo 986 C. Jud.).

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c) ¿Existen algunos medios de prueba más eficaces que otros?

Existe una jerarquía entre las formas de prueba reguladas. Los reconocimientos y juramentos figuran en la cúspide de la jerarquía. Las pruebas documentales prevalecen siempre sobre las declaraciones de testigos y las presunciones. Los documentos públicos constituyen pruebas concluyentes entre las partes y frente a terceros, mientras que los documentos no formales reconocidos sólo constituyen pruebas concluyentes entre las partes. Las declaraciones de testigos y las presunciones sólo se tendrán en cuenta a falta de pruebas documentales fiables o si no ha sido posible presentar pruebas documentales de la obligación en cuestión.

d) ¿Existen medios de prueba obligatorios para probar determinados hechos?

Dependiendo de si el caso es civil o mercantil, deberán respetarse los medios de prueba previstos por ley, o bien la prueba será libre, respectivamente. En Derecho civil deberá presentarse un documento público o un documento firmado no formal cuando el valor del litigio exceda de 375 € (artículo 1341 C.C.). Sólo podrán admitirse tales documentos como prueba; no se aceptarán las declaraciones de testigos ni las presunciones. En los casos mercantiles, las declaraciones de testigos y las presunciones son admisibles incluso si son contrarias o van más allá de las pruebas documentales.

6.

a) ¿Los testigos están obligados por ley a prestar declaración?

No, los testigos son llamados a petición de las partes o por iniciativa del tribunal (artículo 915-916 C. Jud.).

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b) ¿En qué casos los testigos pueden negarse a prestar declaración?

Si un testigo citado para declarar alega razones legales válidas para no hacerlo, el tribunal determinará las medidas que deben tomarse. El secreto profesional es una de las razones que pueden aceptarse (artículo 929 C. Jud.).

c) La persona que se niega a prestar declaración ¿puede ser obligada a declarar o sancionada?

Un testigo que haya sido citado debe comparecer. Si no lo hace, el tribunal, a petición de una parte, puede hacer que sea citado mediante agente judicial (artículo 925 C. Jud.). Un testigo que haya sido citado y no comparezca podrá ser condenado y sancionado (artículo 926 C. Jud.).

d) ¿Hay personas que no pueden declarar como testigos?

Una declaración testifical no será válida si la realiza una persona sin capacidad para actuar como testigo (artículo 961(1), C. Jud.).

No podrá exigirse juramento a un menor de edad inferior a quince años. Sus declaraciones sólo serán indicativas (artículo 931(1), C. Jud.).

Un menor con capacidad de discernimiento podrá ser oído por el tribunal o por una persona designada por el tribunal en los casos que le conciernan. La audiencia podrá hacerse a petición del propio menor o por decisión del tribunal, aunque en este último caso el menor puede declinar prestar declaración (artículo 931(3) y (7), C. Jud.).

Los parientes en línea descendente no podrán ser oídos en los casos en que los parientes en línea ascendente tengan intereses contrarios (artículo 931(2), C. Jud.).

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7. ¿Qué papeles desempeñan el juez y las partes en la audiencia de los testigos? ¿En qué condiciones pueden los testigos prestar declaración utilizando las nuevas tecnologías como la televisión o la videoconferencia?

Las partes no podrán dirigirse al testigo directamente ni interrumpirle, sino que deberán dirigirse siempre al tribunal (artículo 936 C. Jud.). El tribunal podrá, por propia iniciativa o a petición de una parte, hacer a los testigos cualquier pregunta que pueda ayudar a aclarar o ampliar su testimonio (artículo 938 C. Jud.).

El testimonio indirecto es válido. No existen disposiciones legales ni principios jurídicos que digan lo contrario. Por otra parte, conforme al artículo 924 del C. Jud., es posible que un tribunal decida oír in situ a un testigo que demuestre su imposibilidad de personarse ante el tribunal.

III. Evaluación de las pruebas

8. Si una prueba no ha sido obtenida legalmente por una parte ¿puede el órgano jurisdiccional tenerla en cuenta en su resolución?

Las pruebas obtenidas ilegalmente no podrán utilizarse en un proceso judicial. El tribunal no podrá tenerlas en cuenta para dictar sentencia. Las pruebas son ilegales e inadmisibles si se obtienen mediante violación de la intimidad, del secreto comercial o del secreto postal.

9. Cuando soy parte de un proceso ¿mi declaración tiene valor de prueba?

Los documentos procedentes de una parte no podrán utilizarse como pruebas a favor de esa parte. La excepción son, en Derecho mercantil, las facturas (aceptadas por el cliente), que pueden ser utilizadas como prueba por el comerciante aunque provengan de él. La contabilidad empresarial correctamente llevada podrá ser aceptada por el tribunal como prueba de transacciones entre comerciantes.

El reconocimiento de una parte es una declaración realizada en un procedimiento por esa parte o su representante legal, y constituye una prueba concluyente contra dicha parte.

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