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Última actualización: 15-01-2009
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Ejecución de las resoluciones judiciales - Rumania

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ÍNDICE

1. ¿Qué significa la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil? 1.
2. ¿En qué condiciones puede adoptarse una resolución o un título ejecutivo? 2.
2.1. El procedimiento 2.1.
2.2. Requisitos en cuanto al fondo 2.2.
3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución 3.
3.1. Qué bienes pueden ser objeto de ejecución? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución? 3.2.
3.3. ¿Qué validez tienen estas medidas? 3.3.
4. ¿Se puede recurrir la decisión por la que se concede esta medida? 4.

 

1. ¿Qué significa la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil?

Facilite una definición de ejecución

Las disposiciones relativas a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil se recogen en los artículos 372 a 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de Rumania.

Con arreglo al ordenamiento jurídico rumano, la ejecución constituye la segunda fase de los procedimientos civiles o mercantiles, y su objetivo principal es garantizar el reconocimiento real y eficaz de los derechos conferidos por una resolución judicial o por un acuerdo alcanzado fuera de los tribunales. De esta forma, el procedimiento de ejecución faculta al titular de un derecho nacido de una resolución judicial o extrajudicial para obligar a la persona (física o jurídica) que infringió ese derecho a observarlo, y restablecer así el imperio de la ley con la ayuda de las autoridades públicas competentes.

Elabore una lista de las medidas de ejecución que pueden obligar al demandado a actuar, abstenerse de actuar o pagar una determinada suma

La Ley de Enjuiciamiento Civil rumana prevé una serie de medidas de ejecución directas e indirectas.

Se consideran directas las medidas siguientes, que se aplican al objeto de la obligación que debe ejecutarse:

  • El depósito forzoso de bienes muebles y el depósito forzoso de activos inmovilizados - artículos 572-5801 .
  • La ejecución de una obligación de hacer algo o de abstenerse de ello - artículos 5802 a 5805 de la ley de Enjuiciamiento Civil y artículos 1073 y 1075 a 1077 del Código Civil-.

Cuando se ejecuta una obligación de hacer algo, la ley distingue entre los siguientes métodos:

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  1. La obligación puede ser cumplida también por una persona diferente del deudor. En este caso el acreedor está facultado para pedir al deudor que elimine la causa de la infracción de sus derechos o para solicitar al tribunal permiso para eliminar esta causa por sí mismo, a expensas del deudor. Cuando se trata de una «obligación de actuar» se aplica la misma norma.
  2. Las obligaciones de carácter personal sólo pueden ser cumplidas por el deudor. En este caso, la ejecución directa se efectúa mediante restricciones indirectas que inciden en el patrimonio del deudor: obligación de pagar una sanción pecuniaria o una indemnización por daños (artículo 5803 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

La ejecución indirecta hace referencia a los medios de obtener la cantidad de dinero que constituye el objeto de la ejecución mediante la venta de los bienes muebles o inmuebles del deudor.

2. ¿En qué condiciones puede adoptarse una resolución o un título ejecutivo?

2.1. El procedimiento
¿Son ejecutables tanto las decisiones judiciales como las extrajudiciales?

El ordenamiento jurídico rumano reconoce la ejecutabilidad de las decisiones judiciales y extrajudiciales. Existen muchos tipos de documentos que se consideran decisiones con valor jurídico, como los documentos públicos otorgados ante notario, los cheques, las órdenes de pago bancarias, las multas, etc.

¿Es necesario solicitar un auto que autorice la ejecución ?

Para que se conceda esta autorización deben reunirse tres condiciones: la decisión debe ser vinculante y ejecutiva, y la cantidad fijada por el tribunal, cierta (determinada o determinable), líquida y exigible.

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¿Qué tribunal tiene competencia para despachar ejecución?
Normalmente es competente en primera instancia el tribunal que ha dictado la resolución.
El estatuto jurídico, el papel, las obligaciones y las facultades de los agentes judiciales.

El estatuto jurídico, el papel, las obligaciones y las facultades de los agentes judiciales se regulan con detalle en la Ley especial nº 188/2000 sobre los agentes judiciales, modificada y completada.

¿Las solicitudes de despacho de ejecución deben ser presentadas por un abogado u otro miembro de las profesiones jurídicas?

Las solicitudes de despacho de ejecución deben ser presentadas por la parte interesada o por su representante legal. No existen normas imperativas a este respecto.

Facilite una lista de tarifas para cada uno de los tipos de medidas de ejecución.
La Unión Nacional de Agentes Judiciales, con la aprobación del Ministerio de Justicia, elabora y actualiza las tarifas mínimas exigidas por los servicios de estos agentes.

El Decreto nº 2550/2006 de 14 de noviembre de 2006 del Ministerio de Justicia recoge las siguientes tarifas mínimas y máximas que se cobran por los servicios de los agentes:

  1. Notificación y traslado de documentos: de 20 a 400 leus
  2. Ejecución directa:
    • desahucio: de 150 a 2 200 leus, cuando se trata de personas físicas y 5 200, en el caso de personas jurídicas;
    • concesión de la custodia o fijación del domicilio de un menor: de 50 a 1 000 leus;
    • visitas de menores: de 50 a 500 leus;
    • atribución de la posesión, delimitación de los lindes de la propiedad, servidumbres, entrega de bienes, etc.: de 60 a 2 200 leus, en el caso de personas físicas y 5 200 leus, en el de personas jurídicas;
    • demolición de obras o edificios: de 150 a 2 200 leus, cuando el interesado es una persona física y 5 200 leus para las personas jurídicas.
  3. Ejecución indirecta:
    • Requerimientos de pago relacionados con bienes muebles:
      • 60 leus en el caso de deudas de hasta 1 000 leus; cuando se trata de cantidades inferiores a 50 000 leus, la tarifa no puede exceder del 10% del importe de la deuda;
      • 60 leus más el 2% de cualquier cantidad que supere los 1 000 leus; cuando se trata de cantidades entre 50 001 y 80 000 leus, la tasa es del 3% del importe de la deuda;
      • si la deuda excede los 1 000 leus, la tasa es del 2% para cantidades entre 80 001 y 100 000 leus, y del 1% cuando el importe supere los 100 000 leus.
    • Requerimientos de pago relacionados con activos inmovilizados:
      • 150 leus en el caso de deudas de hasta 1 000 leus; cuando el importe es inferior a 50 000 leus, la tasa no puede superar el 10% del mismo;
      • 150 leus más el 2% de cualquier cantidad que supere los 1 000 leus; para los importes que se sitúan entre
      • 50 001 y 80 000 leus la tasa asciende al 3%
      • cuando las deudas superan los 1 000 leus, si los importes se sitúan entre 80 001 y 100 000 leus la tasa es del 2% y del 1% para cantidades superiores a 100 000 leus.
  4. Embargo:
    • 60 leus para deudas de hasta 1 000 leus; cuando se trata de cantidades inferiores a 50 000 leus, la tasa no puede superar el 10% del importe;
    • 60 leus más el 2% de cualquier cantidad que exceda los 1 000 leus; cuando se trata de importes entre 50 001 y 80 000 leus, la tasa es del 3%;
    • cuando las deudas superan los 1 000 leus, la tasa es del 2% para importes entre 80 001 y 100 000 leus, y el 1% para importes por encima de100 000 leus.
  5. Protesto de letras de cambio, pagarés o cheques: entre150 y 400 leus.
  6. Constatación de una situación de hecho e inventario de determinados activos (artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Civil): de 100 a 2 200 leus para las personas físicas y 5 200 leus para las personas jurídicas.
  7. Venta en subasta pública de bienes designados por los tribunales: de 150 a 2 200.
  8. Secuestro cautelar (Sechestrul asigurător): de 100 a 1 200 leus para las personas físicas y 2 200 para las personas jurídicas.
  9. Secuestro judicial (Sechestrul judiciar): de 100 a 1 200 leus para las personas físicas y 2 200 para las personas jurídicas.
  10.  Embargo preventivo (Poprirea asiguratorie): de 100 a 1 200 leus para las personas físicas y 2 200 para las personas jurídicas.
  11. Registro de una oferta: de 50 a 350 leus.
  12. Cualesquiera otros actos u operaciones exigidos por la ley: de 50 a 200 leus.
  13. Incautación: 10% del valor realizado (tasa mínima) - 10% del valor realizado (tasa máxima).
  14. Consultas relacionadas con la aplicación de las medidas de ejecución: de 20 a 200 leus.
2.2. Requisitos en cuanto al fondo
¿Qué criterios considera el tribunal para despachar ejecución?

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 371,1 apartado 3, no corresponde al tribunal sino al acreedor decidir sobre la forma de ejecución: «La ejecución puede revestir cualquiera de las formas previstas por la ley. Las medidas se aplicarán simultánea o sucesivamente hasta que se logre ejecutar el derecho reconocido, el pago de intereses, sanciones u otros importes previstos por la ley, así como el pago de los gastos de ejecución»

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El artículo 3714 establece que durante todo el procedimiento de ejecución el deudor y el acreedor pueden acordar, con la supervisión del órgano de ejecución, que las reclamaciones se ejecuten, en todo o en parte, sólo contra los ingresos financieros del deudor; que la venta de bienes sujetos al procedimiento se realice por acuerdo mutuo, o que el pago de la deuda se efectué de una forma alternativa prevista por la ley.

Las reclamaciones

Como prevé el artículo 2, apartado 1, hay tres condiciones para que se despache ejecución: la decisión debe ser vinculante y ejecutiva, y la cantidad fijada por la decisión del tribunal, cierta (determinada o determinable), líquida y exigible.

Cuando la decisión ha sido dictada por un tribunal de otro Estado, hay que acudir a un procedimiento complementario, es decir, debe dictarse una decisión que reconozca y autorice este tipo de acción, bien con arreglo al Reglamento nº 105/1992 o al Reglamento nº 187/2003 sobre reconocimiento y ejecución de las resoluciones de los Estados miembros de la Unión Europea.

El deudor

El artículo 3713 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que: «Los ingresos y los bienes del deudor pueden ser objeto de medidas de ejecución si, con arreglo a las disposiciones legales, son embargables, pero sólo en la medida en que ello sea necesario para la ejecución de los derechos de acreedor.

Los bienes sujetos a un régimen de circulación especial pueden embargarse sólo con arreglo a las condiciones legalmente establecidas»

Por lo que respecta al deudor, existe una condición especial que establece que no podrá aplicarse ningún procedimiento de ejecución a menos que éste le haya sido debidamente notificado. Asimismo, hay otras disposiciones concretas referidas al deudor, como las que tratan de las personas menores de edad o de los adultos incapacitados para gestionar sus asuntos, contra los que no se pueden adoptar las medidas de ejecución si no se ha designado el tutor correspondiente.

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3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

3.1. Qué bienes pueden ser objeto de ejecución?
Cuentas bancarias

Sí.

Bienes muebles tangibles

Sí.

Vehículos de transporte matriculados

Sí.

Bienes inmuebles

Sí.

Otros
Especifíquense tipos de bienes o deudas monetarias concretos que no estén sometidos a las medidas de ejecución.
Hay determinados bienes y propiedades que no están sometidos a las medidas de ejecución. En relación con los bienes muebles, el artículo 406 de la Ley de Enjuiciamiento Civil rumana señala todos los objetos y bienes de un hogar que son imprescindibles para el deudor y su familia, entre ellos, los objetos de culto religioso, los alimentos necesarios para sustentar al deudor y su familia durante dos meses y los enseres que el deudor y su familia utilicen para calentarse durante tres meses en invierno. Por otra parte, el salario o la pensión del deudor pueden someterse a ejecución sólo hasta cierto punto, a saber, hasta la mitad del salario neto mensual cuando se trata de una deuda de pensión alimenticia y hasta un tercio del salario neto mensual en el caso de otro tipo de reclamaciones.

Además, existe una categoría de ingresos que están totalmente excluidos de la ejecución: ayudas concedidas por fallecimiento, embarazo o nacimiento, ayudas destinadas a personas que se ocupan de menores enfermos, dietas, otros tipos de ayudas especiales y becas de estudios.

3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?
  • Cuando el deudor incumple la medida de ejecución:
    • ¿sigue pudiendo disponer de su patrimonio?;
    • ¿puede estar sujeto a sanción?

El artículo108, apartado segundo2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que:

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 «La persona que incumpla las normas de los procedimientos de ejecución podrá ser sancionada por el presidente del tribunal de ejecución, a instancia del acreedor, con una multa de entre 50 y 500 leus rumanos.

La naturaleza de la infracción se determinará en el momento de imponer la sanción.»

Al mismo tiempo, con arreglo al Código Penal la acción de impedir la ejecución de una resolución judicial constituye un delito.

  • Por lo que respecta a terceros interesados:
    • ¿Cuáles son las obligaciones del banco en relación con la revelación de datos y el embargo de cuentas?

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 373, apartados 2 a 42, de la Ley de Enjuiciamiento Civil «A instancia del tribunal de ejecución o del agente judicial, las personas que deban al deudor una cantidad de dinero o estén en posesión de algunos de los bienes de aquél sujetos a trámites de ejecución judicial facilitarán la información que sea necesaria a efectos de la ejecución.»

Por otra parte, a petición del tribunal de ejecución o del agente judicial, las instituciones, bancos o cualesquiera otras personas comunicarán por escrito los datos e informaciones precisas a efectos de la ejecución aun cuando exista una legislación especial que disponga lo contrario. A instancia del agente judicial o de la parte interesada, el tribunal de ejecución podrá adoptar las medidas previstas en el artículo 108^1, apartados 1 y 2, letra f) y en el artículo 108^3.

El tribunal de ejecución y el agente judicial garantizarán la confidencialidad de la información recibida, a menos que la ley disponga otra cosa.»

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¿Cuáles son las sanciones por desacato del auto que impone la medida?

A instancia del agente judicial o de la parte interesada, el tribunal de ejecución podrá adoptar las medidas previstas en el artículo 108^1, apartados 1 y 2, letra f) y en el artículo 108^3. También podrán imponerse y ejecutarse multas.

3.3. ¿Qué validez tienen estas medidas?
  • ¿Existe un periodo de validez limitado establecido por la ley o el auto judicial?

4. ¿Se puede recurrir la decisión por la que se concede esta medida?

Recurso contra la ejecución:

  • contra las medidas de ejecución en sí;
  • contra el título ejecutivo (por ejemplo, el alcance de la aplicación de la ejecución ).
¿Quién puede oponerse a esta decisión?

Cualquier persona interesada. En primer lugar, y sobre todo, el deudor.

¿Ante qué órgano jurisdiccional habría que presentar este recurso?

Cuando se trata del recurso de la letra a), ante el tribunal de ejecución (por lo general se trata del tribunal de primera instancia mencionado en el artículo 373, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En el caso del recurso de la letra b), ante el tribunal que dictó la decisión definitiva por la que se concede la medida.

¿Cuál es el plazo de tiempo límite para recurrir esta decisión?

Artículo 401 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

El recurso puede presentarse en los 15 días siguientes a la fecha en la cual :

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  1. la parte recurrente tiene conocimiento del auto de ejecución al que se opone o de la negativa a acatar el auto de ejecución;
  2. la parte interesada ha recibido, según sea el caso, la comunicación o notificación relativa al comienzo del embargo. Cuando se ven afectados por el embargo los ingresos periódicos, el plazo a partir del cual el deudor puede recurrir comienza, a más tardar, en la fecha en que los terceros retienen la primera suma de sus ingresos;
  3. el deudor que se opone a la ejecución recibió el mandamiento de ejecución o en la fecha en que el deudor reconoció la primera decisión de ejecución, en los casos en que no recibiera un mandamiento o en que el auto se ejecutara sin notificación.

Los recursos que se refieren a la reclamación por parte de terceros de un derecho de propiedad u otros derechos reales sobre los activos sujetos a ejecución pueden presentarse en los 15 días siguientes a la realización de la venta o a la fecha del depósito forzoso del activo de que se trate.

Aun cuando no se recurra dentro del plazo estipulado en el apartado anterior, los terceros interesados pueden ejercer su derecho a través de una petición separada presentada de acuerdo con las disposiciones legales.

¿Qué efectos tiene este recurso?

Artículo 404 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

(1) Si el tribunal admite el recurso contra la ejecución, dependiendo de lo que en él se pida, revocará el título de ejecución u ordenará su modificación o anulación, u ordenará la cesación de la ejecución, la anulación de la explicación del título ejecutivo o la aplicación del auto de ejecución que hubiera sido desestimada.

 (1^1) Cuando la negativa del ejecutor a proceder a la ejecución se considera injustificada, si el hecho no constituye delito, el tribunal de ejecución al que se le comunique, con arreglo al artículo 399, podrá imponer una multa al ejecutor (…) y, a instancia de la parte interesada, exigirle indemnización por los daños y perjuicios causados.

(2) Cuando se rechaza el recurso, podrá obligarse a la parte recurrente, a instancia de parte, a pagar daños y perjuicios por las pérdidas ocasionadas como consecuencia del retraso de la ejecución y, si el recurso se interpuso de mala fe, se exigirá al recurrente el pago de una multa (...).

Los recursos que solicitan explicación del significado, el alcance o la aplicación del título ejecutivo pueden presentarse en cualquier momento dentro del plazo previsto para solicitar ejecución.

Información complementaria

  • http://www.executori.ro/ română
  • http://www.just.ro/ română

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