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Última actualización: 10-12-2007
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Ejecución de las resoluciones judiciales - Portugal

Véase la última actualización en português
 

ÍNDICE

1. ¿Qué significa la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil? 1.
2. ¿En qué condiciones puede expedirse un título ejecutivo? 2.
2.1. Los títulos ejecutivos 2.1.
2.2. Obligada intervención de los tribunales 2.2.
2.3. Órganos competentes 2.3.
2.4. El agente de ejecución 2.4.
2.5. Recurso a un profesional de la justicia 2.5.
2.6. Costes de la ejecución 2.6.
2.7. Criterios utilizados por los tribunales para despachar ejecución 2.7.
2.7.1. En cuanto a la deuda 2.7.1.
2.7.2. En cuanto al deudor 2.7.2.
3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución 3.
3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución? 3.1.
3.2. ¿Cuáles son los efectos de las medidas de ejecución? 3.2.
3.2.1. ¿A qué se expone el deudor que no respete tales medidas? 3.2.1.
3.2.1.1. ¿Es válida la disposición de bienes por parte del deudor? 3.2.1.1.
3.2.1.2. ¿Está el deudor sujeto a sanciones? 3.2.1.2.
3.2.2. Frente a terceros 3.2.2.
3.2.2.1. ¿Cuáles son las obligaciones de los bancos en cuanto a la divulgación de información y el embargo de cuentas? 3.2.2.1.
3.2.2.2. ¿Cuáles son las sanciones en caso de violación de las medidas ejecutorias decretadas? 3.2.2.2.
3.2.3. ¿Qué plazo de validez tienen las medidas de ejecución? ¿Existe un límite temporal determinado por la Ley o por decisión judicial? 3.2.3.
4. ¿Hay posibilidad de recurso contra la decisión que impone la ejecución? 4.
4.1. ¿Quién puede interponer tal recurso? 4.1.
4.2. ¿Cuál es el tribunal competente para pronunciarse sobre un recurso? 4.2.
4.3. ¿Cuál es el plazo para interponer recurso? 4.3.
4.4. ¿Qué efectos surte la presentación del recurso? 4.4.
5. ¿Cómo puede una resolución dictada en otro Estado miembro reconocerse y ejecutarse en Portugal? (Para asuntos en materia de responsabilidad parental, véase «Responsabilidad parental – Portugal») 5.
5.1. ¿En qué forma debe presentarse una solicitud de ejecución de una resolución dictada en otro país y cuáles son los documentos que hay que adjuntar a esa solicitud? 5.1.
5.2. ¿A qué tribunal o autoridad debe enviarse la solicitud? 5.2.
5.3. ¿En qué lengua debe hacerse la solicitud? 5.3.
5.4. ¿Hay que pagar costas? ¿Hay que pagar otro tipo de costes? 5.4.
5.5. ¿Es obligatorio en estos casos recurrir a un abogado? En caso afirmativo, ¿cómo se consigue uno en Portugal? 5.5.

 

1. ¿Qué significa la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil?

En la materia que nos ocupa, «ejecución» es la acción judicial por la cual un ciudadano o una persona jurídica solicita a un tribunal la adopción de las medidas oportunas para la reparación efectiva de un derecho que le haya sido violado. Es, pues, la exigencia, por vía judicial, del cumplimiento de un deber y la concretización coercitiva de su contenido.

La ejecución judicial puede implicar el pago de una cuantía de dinero determinada, la entrega de cosa cierta o la realización de una conducta positiva o negativa, es decir, la obligación de hacer algo o de abstenerse de hacerlo.

Tanto en el caso de una ejecución relativa a la entrega de cosa cierta como en el caso de la realización de una conducta, si el ejecutado no cumple la obligación impuesta, se producirá siempre una conversión en ejecución de pago de una cuantía de dinero determinada.

En este último tipo de actuación, de no producirse el pago voluntario por parte del deudor, se embargarán sus bienes o derechos –así como, en casos específicos, los de terceros, como ocurre cuando los bienes están vinculados a una garantía de crédito o son objeto de un acto practicado en perjuicio del acreedor– y, posteriormente, se entrega directamente el dinero al acreedor, o le son asignados a éste los bienes embargados, o se le abonan las sumas de dinero procedentes de los rendimientos, o se procede a la venta de bienes tras la cual se entregan al acreedor los montantes pecuniarios devengados de dicha venta.

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2. ¿En qué condiciones puede expedirse un título ejecutivo?

2.1. Los títulos ejecutivos

Son títulos ejecutivos las resoluciones condenatorias dictadas por los tribunales; los autos o cualquier otra decisión o acto de las autoridades judiciales que condenen al cumplimiento de una obligación; las decisiones de los tribunales de arbitraje; los documentos autorizados o autenticados por un notario por los que se constituya o reconozca cualquier obligación; los documentos privados, firmados por el deudor, que impliquen la constitución o el reconocimiento de obligaciones pecuniarias, cuyo montante esté especificado o pueda ser determinado mediante un simple cálculo aritmético, o que den lugar al reconocimiento de la obligación de la entrega de un bien o de la realización de una conducta; y aquellos documentos a los que, por disposición especial, les ha sido atribuida fuerza ejecutiva – por ejemplo, cheques, letras, pagarés, requerimientos de pago a los que les haya sido atribuido carácter ejecutorio y las actas de las reuniones de las asambleas de copropietarios.

2.2. Obligada intervención de los tribunales

La ejecución de estos títulos siempre se realiza en el contexto de un proceso ante un tribunal.

2.3. Órganos competentes

Para una ejecución basada en una resolución dictada por los tribunales portugueses, el órgano judicial competente es el tribunal de primera instancia en que la causa haya sido juzgada.

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Cuando la demanda declarativa se haya presentado ante el Tribunal da Relação (tribunal de segunda instancia) o ante el Tribunal Supremo, el órgano judicial competente para la ejecución es el correspondiente al domicilio del deudor, salvo si se trata de una acción en que una de las partes es un juez, su cónyuge, determinados miembros de su familia o una persona con la que conviva en economía común y el tribunal que hubiera sido competente fuera aquel en que ese juez ejerce sus funciones. En tal caso es competente el tribunal del partido judicial que se encuentre a menor distancia.

Si la resolución ha sido dictada por árbitros en un arbitraje que haya tenido lugar en territorio portugués, es competente para la ejecución el juzgado municipal (tribunal da comarca) del lugar del arbitraje.

En cuanto a los demás títulos ejecutivos, se aplica la regla general según la cual es competente para la ejecución el órgano jurisdiccional del lugar en que la obligación deba cumplirse.

No obstante, si la ejecución se refiere a la entrega de una cosa cierta o al cobro de una deuda con una garantía real, los tribunales competentes serán, respectivamente, el del lugar en el que la cosa cierta se halla o el tribunal del lugar en que se encuentran los bienes utilizados como garantía real.

Cuando el tribunal competente para la acción ejecutiva sea el del domicilio del deudor y éste no tenga un domicilio en Portugal, pero tenga bienes en ese país, el órgano jurisdiccional competente para la ejecución es el del lugar en que estén sitos dichos bienes.

2.4. El agente de ejecución

Salvo que la Ley determine otra cosa, corresponde al agente de ejecución, bajo la supervisión del juez, efectuar todas las diligencias relativas al procedimiento de ejecución, incluidas las citaciones, notificaciones y publicaciones.

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Estas funciones son desempeñadas por el solicitador de execução (un procurador que tiene atribuidas competencias específicas en materia de ejecución) designado por el ejecutante, o por la secretaría del tribunal de entre los inscritos en ese municipio y en los municipios limítrofes o, en su defecto, de entre los inscritos en otro municipio del mismo partido judicial. Si no hubiera ningún solicitador de execução inscrito en ese partido judicial o si existiera algún otro impedimento, estas funciones, exceptuadas las específicamente atribuidas al solicitador de execução, podrán ser desempeñadas por un funcionario judicial designado con arreglo a las reglas de reparto de asuntos. En ese caso, desempeña las funciones de agente ejecutor el secretario titular de la sala del tribunal que tramita la ejecución.

El solicitador de execução es un colaborador procesal en el procedimiento que, bajo la supervisión del Colegio de Procuradores (Câmara dos Solicitadores) y con dependencia funcional del juez de la causa, ejerce las competencias específicas de agente de ejecución y las demás funciones que le sean atribuidas por la Ley.

El solicitador de execução  designado sólo puede ser destituido por decisión del juez de la ejecución, de oficio o a instancia del ejecutante, por causa de actuación procesal dolosa o negligente o por violación grave del deber que le haya sido impuesto por el estatuto respectivo, lo cual será comunicado al Colegio de Procuradores.

En las ejecuciones de costas el agente de ejecución es siempre un funcionario judicial.

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Las diligencias que impliquen viajar fuera del área municipal de la ejecución y sus municipios limítrofes, o fuera del área metropolitana de Lisboa u Oporto en el caso de municipios integrados en estas áreas, serán efectuadas, salvo imposibilidad o dificultad grave, por el agente de ejecución de esa área a petición del agente designado para la ejecución y, si éste fuera un procurador, bajo su responsabilidad.

El solicitador de execução, bajo su responsabilidad, puede decretar la práctica de diligencias que no constituyan actos de embargo, venta, pago u otros de carácter ejecutivo, por un empleado a su servicio acreditado por el Colegio de Procuradores.

2.5. Recurso a un profesional de la justicia

En el caso de acciones ejecutivas por un valor superior al que corresponde tramitar al Tribunal da Relação (14 963,94 EUR) la intervención de abogado es siempre obligatoria.

En el caso de acciones ejecutivas por valores comprendidos entre 3 740,99 EUR y 14 963,94 EUR, sólo es obligatorio designar un abogado cuando se haya formulado oposición a la ejecución o cuando haya algún otro procedimiento que siga al proceso declarativo.

En el caso de acciones ejecutivas de un valor igual o inferior a 3 740,98 EUR, no es obligatorio designar abogado, aunque se haya formulado oposición a la ejecución, pudiendo las distintas partes intervenir en el procedimiento.

2.6. Costes de la ejecución

Los costes de la acción ejecutiva incluyen las tasas judiciales y los gastos. Dichos gastos se componen, en particular, de reembolsos de los anticipos de gastos realizados, pagos debidos o anticipados a cualquier entidad, retribución debida a quienes intervengan ocasionalmente en el proceso, dietas y gastos de transporte, reembolsos al Estado del coste de la asistencia letrada, por ejemplo, el pago o anticipo de honorarios en ese contexto y los costes de la citación por un funcionario judicial si el ejecutante así lo solicita. Estos costes incluyen también el importe de los honorarios del solicitador de execução, los gastos por éste incurridos y debidamente justificados, y los importes cargados en relación con el depósito de bienes, en particular los relativos a la remuneración de los depositarios.

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Los honorarios del solicitador de execução están fijados por la Ley en función de las diligencias practicadas.

2.7. Criterios utilizados por los tribunales para despachar ejecución

2.7.1. En cuanto a la deuda

La deuda (obligación que debe hacerse cumplir) deberá ser cierta, exigible y líquida.

2.7.2. En cuanto al deudor

La ejecución debe ser requerida contra la persona que se designe como deudor en el título ejecutivo.

Si se ha producido una sucesión en el derecho o la obligación, la ejecución se despachará contra los sucesores de las personas que figuren en el título ejecutivo como deudores. En la propia petición de ejecución, el acreedor demandante expondrá los hechos constitutivos de la sucesión.

La ejecución de una deuda avalada por una garantía real (las garantías reales de las obligaciones son la anticresis, la prenda, la hipoteca, el privilegio crediticio, el derecho de retención de cosa mueble o inmueble, el embargo y el embargo preventivo) sobre bienes de terceros, se despachará directamente contra éstos, si el ejecutante pretende hacer valer la garantía, sin perjuicio de poder igualmente demandar al deudor.

Cuando la ejecución se despache únicamente contra un tercero y se reconozca la insuficiencia de los bienes gravados con una garantía real, el ejecutante puede solicitar, en el mismo proceso, la continuación de la actuación ejecutiva frente al deudor, al que se requerirá que satisfaga plenamente el crédito. Si los bienes gravados se encuentran en posesión de terceros, también puede demandarse a estos juntamente con el deudor.

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3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución?

Todos los bienes del deudor susceptibles de ser embargados pueden ser objeto de ejecución. En los casos específicamente previstos por la Ley, podrán embargarse bienes de terceros si la ejecución ha sido promovida contra ellos.

El embargo se limita a los bienes necesarios para el pago de la deuda que debe ejecutarse y de los gastos previsibles de la ejecución, y está sometido a determinadas condiciones.

Así pues, sólo podrán embargarse los objetos y derechos susceptibles de evaluación pecuniaria, y no aquéllos que no puedan comercializarse. Existen asimismo límites legales al embargo, en virtud de los cuales determinados bienes son inembargables en su totalidad, en parte o solamente bajo ciertas condiciones.

No pueden embargarse en absoluto:

  1. los objetos o derechos inalienables;
  2. los bienes de dominio público del Estado y de las restantes personas jurídicas públicas;
  3. los bienes cuyo embargo sea ofensivo a las buenas costumbres o carezca de justificación económica por su ínfimo valor venal;
  4. los objetos específicamente destinados al culto público;
  5. las tumbas;
  6. los bienes imprescindibles a cualquier economía doméstica y que se encuentren en la residencia permanente del deudor, salvo si se trata de una ejecución destinada al pago del precio de su respectiva adquisición o del coste de su reparación; y
  7. los instrumentos indispensables a las personas discapacitadas y los objetos destinados al tratamiento de enfermos.

Están exentos de embargo, salvo si se trata de una ejecución destinada al pago de una deuda con garantía real, los bienes del Estado y de las demás personas jurídicas públicas, entidades concesionarias de obras o servicios públicos o personas jurídicas de utilidad pública a las que les ha sido confiada la realización de tareas de utilidad pública, así como las herramientas de trabajo y objetos indispensables para el ejercicio de la actividad o formación profesional del ejecutado, salvo si:

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  1. el ejecutado indica que pueden ser embargados;
  2. la ejecución se destina al pago del precio de su adquisición o del coste de su reparación;
  3. han sido embargados como elementos materiales de un establecimiento comercial.

Son inembargables:

  1. dos tercios del sueldo, salario o prestaciones de carácter similar percibidos por el ejecutado;
  2. dos tercios de las prestaciones periódicas abonadas a título de pensión o de cualquier otro beneficio social, seguro, indemnización por accidente o renta vitalicia, o de cualquier otra asignación de naturaleza semejante. En los casos a que se refiere este último apartado, el límite máximo de la parte inembargable equivale a tres veces el salario mínimo nacional en la fecha de cada embargo, y el límite mínimo, cuando el ejecutado no tenga otros ingresos y la deuda que debe ejecutarse no sea de pensión de alimentos, el importe equivalente a un salario mínimo nacional. El dinero o el saldo bancario de una cuenta corriente es inembargable hasta el límite equivalente al importe global correspondiente a un salario mínimo nacional. Una vez ponderados el importe y la naturaleza del crédito que debe ejecutarse, así como las necesidades del deudor y de su grupo familiar, el juez puede, excepcionalmente, reducir durante un período que considere razonable, la parte embargable de los ingresos, e incluso, durante un período no superior a un año, eximirlos de embargo. El juez puede igualmente, a petición del ejecutante, y una vez ponderados el importe y la naturaleza de la deuda, así como el tipo de vida y las necesidades del ejecutado y de su familia, no aplicar el régimen anteriormente descrito relativo a la inembargabilidad de una parte del saldo de su cuenta bancaria y reducir el citado límite de un salario mínimo nacional, salvo si se trata de una pensión o de un beneficio social.

Son inembargarbles las cuantías de dinero o depósitos bancarios resultantes de la satisfacción de un crédito inembargable, en las mismas condiciones en que lo era el crédito originalmente existente.

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Salvo cuando se trate de bienes de cuya disponibilidad se haya privado a las partes, es posible, por mutuo acuerdo entre ellas, limitar la responsabilidad del deudor a algunos de sus bienes en caso de que la obligación no se cumpla voluntariamente.

Pueden ser objeto de una ejecución los bienes inmuebles, los bienes muebles, los derechos y expectativas de adquisición, los sueldos o salarios, los depósitos bancarios, los bienes indivisos, las participaciones en sociedades y los establecimientos comerciales.

3.2. ¿Cuáles son los efectos de las medidas de ejecución?

3.2.1. ¿A qué se expone el deudor que no respete tales medidas?

3.2.1.1. ¿Es válida la disposición de bienes por parte del deudor?

La ejecución del embargo priva al ejecutado de la facultad jurídica de disponer del bien o del derecho. A efectos de la ejecución del embargo, son irrelevantes los actos de disposición, enajenación o arrendamiento de los bienes embargados.

En el régimen actual de la acción ejecutiva, las normas de procedimiento no establecen que el ejecutado sea el depositario de los bienes. Esta función se le asigna en situaciones específicas, en particular cuando el ejecutante da su consentimiento en ese sentido o cuando el bien embargado sea la vivienda que constituye el lugar de residencia principal del deudor.

3.2.1.2. ¿Está el deudor sujeto a sanciones?

En caso de que el ejecutado haya sido designado depositario de los bienes y no cumpla sus obligaciones, podrá serle retirada esa función por decisión del juez que conoce del asunto. Si el deudor no cumple el deber de presentar los bienes embargados en el plazo de cinco días tras recibir una orden en ese sentido y sin justificar su incumplimiento, se ordena inmediatamente la aprehensión judicial de los bienes que le pertenezcan y que se revelen suficientes para garantizar el valor del depósito y el pago de las costas, así como los gastos generados por su actuación. Puede igualmente ser condenado a una multa procesal e incurrir asimismo en una posible responsabilidad penal.

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3.2.2. Frente a terceros

3.2.2.1. ¿Cuáles son las obligaciones de los bancos en cuanto a la divulgación de información y el embargo de cuentas?

Las instituciones de crédito que han recibido una notificación de embargo de los saldos de las cuentas de depósitos bancarios están obligadas a comunicar al agente de ejecución, en el plazo de 15 días, el montante de los saldos existentes o la inexistencia de cuentas o de saldo.

El embargo que afecte a un depósito existente en una institución legalmente autorizada a recibirlo se comunica mediante notificación, preferentemente por vía electrónica, y mediante despacho judicial.

La notificación se efectúa directamente a las instituciones de crédito, con la mención expresa de que el saldo existente, o a la parte proporcional del ejecutado en ese saldo, queda congelada a partir de la fecha de notificación y sólo podrá tener acceso a ese saldo el agente ejecutor, hasta el límite de la deuda que deba ejecutarse y de los gastos previsibles de dicha ejecución.

La institución es responsable de los saldos bancarios en ella existentes en la fecha de la notificación.

3.2.2.2. ¿Cuáles son las sanciones en caso de violación de las medidas ejecutorias decretadas?

Las sanciones por violación de las obligaciones impuestas al tercero designado como depositario son las anteriormente referidas como aplicables al ejecutado designado para ejercer tal función.

3.2.3. ¿Qué plazo de validez tienen las medidas de ejecución? ¿Existe un límite temporal determinado por la Ley o por decisión judicial?

No se han previsto plazos legales ni se han determinado plazos judiciales con respecto a la duración del proceso ejecutivo ni de las medidas ordenadas en él.

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Incluso cuando el legislador establece plazos específicos de caducidad, como es el caso del registro de embargos de bienes inmuebles (que caduca a los diez años), tal situación no determina automáticamente el cese de la validez de las medidas ejecutivas, puesto que dicha inscripción puede ser renovada por períodos de idéntica duración, sin límite en cuanto al número de renovaciones.

La única excepción a esta regla se debe al hecho de que el deudor ejecutado puede solicitar el alzamiento del embargo y la condena del ejecutante a pagar las costas generadas por su conducta omisiva si, por negligencia de éste, el procedimiento hubiera estado parado más de seis meses (es decir, si en ese plazo de tiempo no se hubiera hecho ningún requerimiento para su prosecución).

4. ¿Hay posibilidad de recurso contra la decisión que impone la ejecución?

Es posible interponer recurso contra las decisiones dictadas en un proceso de ejecución siempre que la causa se refiera a un montante superior a la cuantía de la competencia del órgano jurisdiccional de que se trata (la competencia por la cuantía de los tribunales de primera instancia es de 3 740,98 EUR) y que las decisiones impugnadas sean desfavorables para el recurrente, en un importe superior a la mitad de la competencia por la cuantía de ese tribunal.

El ejecutado puede asimismo oponerse a la ejecución una vez recibida la citación, tanto si ésta se efectúa antes del embargo como después. Junto con la oposición a la ejecución deberá acumular la oposición al embargo si antes de éste no ha sido citado. El cónyuge del ejecutado, que es asimismo citado cuando el embargo afecta a bienes inmuebles o establecimientos comerciales que el ejecutado no pueda enajenar libremente, o a bienes comunes del matrimonio, puede igualmente formular oposición contra la ejecución o el embargo.

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Si el embargo, o cualquier acto de aprehensión o entrega de bienes decretado judicialmente, infringe el derecho de posesión, o cualquier otro derecho incompatible con la realización o el ámbito de la diligencia, del que sea titular una persona que no es parte en la causa, la parte perjudicada puede hacer valer ese derecho interponiendo tercería de dominio para que se alce el embargo.

4.1. ¿Quién puede interponer tal recurso?

Los recursos son interpuestos por aquéllos que, siendo parte principal en una causa, hayan perdido.

El recurso puede ser interpuesto por el ejecutado o por su cónyuge, y las tercerías de dominio por los terceros que, no siendo partes en la causa, resulten perjudicados por la diligencia de ejecución del embargo.

4.2. ¿Cuál es el tribunal competente para pronunciarse sobre un recurso?

El tribunal competente para conocer del recurso es el Tribunal da Relação del distrito judicial en el que se encuentre el tribunal de primera instancia que haya dictado la resolución impugnada.

Los recursos y las tercerías de dominio corren paralelas en un proceso físicamente vinculado al proceso ejecutivo pero autónomo y tienen la misma estructura que el proceso declarativo (proceso en que se analizan las alegaciones de las partes, se practican las pruebas propuestas y se dicta una sentencia que evalúa tales alegaciones y resuelve sobre su procedencia). El tribunal competente para dictar tal sentencia es el que conoce de la acción ejecutiva.

4.3. ¿Cuál es el plazo para interponer recurso?

El plazo para interponer recursos es de diez días a partir de la notificación de la resolución.

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El plazo para oponerse a la ejecución o embargo es de 20 días a partir de la fecha de la citación. Cuando la razón que justifica la oposición surge ulteriormente, el plazo se calcula a partir del día en que se produce el hecho respectivo o del día en que tenga conocimiento del mismo la parte que pretende interponer recurso.

El plazo otorgado al cónyuge del ejecutado – citado asimismo cuando el embargo haya recaído sobre bienes inmuebles o establecimientos comerciales que el ejecutado no pueda enajenar libremente, o sobre bienes comunes del matrimonio – para oponerse a la ejecución o al embargo es de diez días, o tiene la duración del plazo concedido al ejecutado si este plazo fuera superior.

Las tercerías de dominio deberán interponerse en un plazo de treinta días a partir de la fecha de la diligencia perjudicial para sus derechos o del momento en que tengan conocimiento de ella, pero nunca con posterioridad a la venta o adjudicación judicial de los bienes.

4.4. ¿Qué efectos surte la presentación del recurso?

Los efectos del recurso dependen de la naturaleza de la resolución dictada. Por regla general, los recursos interpuestos contra resoluciones relativas a una acción ejecutiva no tienen efectos suspensivos.

En cuanto a la oposición, si se formula sin citación previa, el acuse de recibo suspende la ejecución. Si el ejecutor ha sido citado previamente, sólo se suspende la ejecución si éste deposita una fianza o si hubiera impugnado la firma del documento privado que sirva de título ejecutivo, y presenta inmediatamente documentación válida como indicio.

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La estimación del recurso extingue total o parcialmente la ejecución.

La admisión por el juez, una vez realizadas las diligencias probatorias preliminares, de las tercerías de dominio, suspende las medidas relativas a los bienes en cuestión y restituye asimismo provisionalmente la posesión de los mismos si el demandante así lo ha solicitado, pudiendo el magistrado, no obstante, exigir para ello el depósito de una fianza.

5. ¿Cómo puede una resolución dictada en otro Estado miembro reconocerse y ejecutarse en Portugal? (Para asuntos en materia de responsabilidad parental, véase «Responsabilidad parental – Portugal»)

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5.1. ¿En qué forma debe presentarse una solicitud de ejecución de una resolución dictada en otro país y cuáles son los documentos que hay que adjuntar a esa solicitud?

Una vez que se ha obtenido una declaración de ejecutabilidad de la resolución, si la ejecución debiera llevarse a cabo en Portugal, el titular del crédito que debe ejecutarse presentará al tribunal una solicitud con arreglo al modelo aprobado por la Ley, firmado por él o por su representante legal (véase el punto 2.5 relativo a la representación legal obligatoria). En ella solicitará que se proceda al pago forzoso de la deuda.

Si a la ejecución no pudiera acumularse el proceso de reconocimiento, se adjuntará a la solicitud una copia de la resolución del tribunal extranjero y su correspondiente traducción, así como una certificación de la decisión que la reconozca.

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Si se trata de una ejecución basada en un título ejecutivo europeo, el titular del crédito deberá presentar una solicitud de las mismas características, junto con una certificación auténtica de la resolución que debe ejecutarse, una certificación auténtica del título ejecutivo europeo y una traducción jurada al portugués por una persona autorizada.

Todas estas ejecuciones se regirán por la legislación portuguesa.

5.2. ¿A qué tribunal o autoridad debe enviarse la solicitud?

La acción ejecutiva debe ejercitarse ante el tribunal de comarca del domicilio del ejecutado o, si no está domiciliado en Portugal pero tiene bienes en ese país, ante el tribunal de comarca con competencia territorial sobre el lugar en que dichos bienes estén sitos.

Si hubiera juízo de execução (sala especializada de la ejecución) en esa jurisdicción, ahí será objeto de asignación la demanda ejecutiva.

5.3. ¿En qué lengua debe hacerse la solicitud?

La solicitud deberá redactarse en lengua portuguesa.

Los documentos adjuntos también deberán traducirse a esa lengua.

5.4. ¿Hay que pagar costas? ¿Hay que pagar otro tipo de costes?

Efectivamente, hay que pagar las costas judiciales correspondientes a la acción ejecutiva.

A este respecto, véase el punto 2.6 supra.

Si fuera obligatoria la designación de abogado, se añadirían asimismo sus honorarios.

5.5. ¿Es obligatorio en estos casos recurrir a un abogado? En caso afirmativo, ¿cómo se consigue uno en Portugal?

A este respecto, véase el punto 2.5 supra.

En Portugal, el Colegio de Abogados (Ordem dos Advogados: www.oa.pt português) y el Colegio de Procuradores (Câmara dos Solicitadores: www.solicitador.net português) disponen a través de sus respectivas páginas en Internet, de motores de búsqueda que pueden utilizarse para encontrar a profesionales de la justicia colegiados.

Información complementaria

Para información adicional se pueden consultar los siguientes sitios en Internet;

  • http://www.stj.pt English - français - português - Supremo Tribunal de Justiça;
  • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Tribunal Constitucional;
  • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministério da Justiça;
  • http://trl.pt/ português - Tribunal da Relação de Lisboa;
  • http://www.trc.pt/ português - Tribunal da Relação de Coimbra;
  • http://www.tre.pt English - français - português - Tribunal da Relação de Évora;
  • http://www.trp.pt português - Tribunal da Relação do Porto;
  • http://www.trg.mj.pt/ português - Tribunal da Relação de Guimarães;
  • http://www.pgr.pt/ português - Procuradoria Geral da República;
  • http://www.cej.pt/ English - français - português - Centro de Estudos Judiciários (entidad responsable de la formación de los magistrados portugueses);
  • http://www.oa.pt/ português - Ordem dos Advogados;
  • http://dre.pt/ português - Legislación en línea;
  • http://www.solicitador.net/ português - Câmara dos Solicitadores;
  • http://www.redecivil.mj.pt/ português - Punto de Contacto de Portugal de la Red Judicial Europea em Materia Civil y Mercantil

Nota importante

Estas notas se actualizarán y desarrollarán progresivamente. No tienen vocación doctrinal, sino que exponen el contenido de las normas en el lenguaje utilizado por el legislador, evitando la interpretación, con el fin de divulgar, de forma simplificada y resumida, aspectos específicos del Derecho portugués.

Su lectura no exime de consultar a los profesionales del Derecho, siempre que sea necesario.

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