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Última actualización: 22-02-2007
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Ejecución de las resoluciones judiciales - Polonia

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ÍNDICE

1. ¿Qué significa la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil? 1.
2. ¿En qué condiciones puede adoptarse una resolución o un título ejecutivo? 2.
2.1. Procedimiento 2.1.
2.2. Los requisitos en cuanto al fondo 2.2.
3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución 3.
3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución? 3.2.
3.3. ¿Cuál es el período de validez de estas medidas? 3.3.
4. ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida? 4.

 

1. ¿Qué significa la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil?

La ejecución de las resoluciones judiciales es la aplicación por parte de las autoridades competentes de las medidas coercitivas establecidas por ley con objeto de lograr el cumplimiento de una obligación en relación con un acreedor sobre la base de un título ejecutivo.

Los procedimientos de ejecución son una serie de medidas adoptadas en relación con la ejecución tras la presentación de una solicitud de ejecución.

Organismos competentes en los procedimientos de ejecución:

  • órganos jurisdiccionales competentes en procedimientos de «declaración de ejecutabilidad» con respecto a un título ejecutivo: jueces presidentes de sala, tribunal de distrito, tribunal regional y tribunal de apelación;
  • órganos de ejecución que participan en los procedimientos de ejecución propiamente dichos: tribunal de distrito y agente judicial.

Partes en los procedimientos:

  • procedimientos de declaración de ejecutabilidad;
  • procedimientos de ejecución propiamente dichos: una vez que se ha iniciado el procedimiento, las partes indicadas en el título ejecutivo, como el acreedor y el deudor; hasta que no se inicie el procedimiento, se trata de partes en potencia.

Medidas de ejecución concebidas para animar a los deudores a actuar:

  • medidas coercitivas (multa impuesta por un tribunal en lugar de una pena privativa de libertad en caso de impago, obligación impuesta a un deudor de cubrir las pérdidas potenciales del acreedor, instrucciones dadas a un agente judicial por un tribunal para que venza la oposición de un deudor a la solicitud de un acreedor, realización de actividades por parte de un acreedor a expensas de un deudor, apertura de una vivienda, búsqueda de los objetos personales y la ropa de un deudor, multa de 500 PLN impuesta por un agente judicial por negativa infundada, por parte de una persona responsable, ofrecer explicaciones o por incumplimiento por parte del deudor de su obligación de notificar cualquier cambio de dirección);
  • embargo (de bienes muebles e inmuebles);
  • subasta de los bienes muebles o inmuebles embargados;
  • venta de los bienes muebles embargados por acuerdo directo;
  • colocación bajo administración judicial de una empresa o de una explotación agrícola; embargo de bienes muebles de un deudor por parte de un agente judicial; 
  • desalojo de locales;
  • privación de la responsabilidad parental.

2. ¿En qué condiciones puede adoptarse una resolución o un título ejecutivo?

2.1. Procedimiento

Un título ejecutivo que conste de una declaración de ejecutabilidad sirve de base para la ejecución.

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Constituyen órdenes de ejecución las siguientes:

  • una sentencia firme o una sentencia no firme sujeta a ejecución inmediata (e inmediatamente ejecutable);
  • un acuerdo alcanzado ante un tribunal;
  • un laudo dictado por un tribunal de arbitraje;
  • un acuerdo alcanzado en el tribunal de arbitraje;
  • otras sentencias, acuerdos e instrumentos que se aplican por ley mediante ejecución judicial;
  • un acta notarial en la que un deudor acepta la ejecución (comprende la obligación de reembolsar una cuantía de dinero o bienes fungibles identificables, o una obligación de entregar artículos designados individualmente), si en ella se indica el plazo para el reembolso, el pago o la entrega;
  • un acta notarial en la que un deudor acepta la ejecución y que comprende una obligación de reembolsar una cantidad de dinero especificada en el acta o indicada mediante una cláusula de valoración;
  • sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE, acuerdos celebrados ante dichos órganos o confirmados por ellos y documentos oficiales redactados en los Estados miembros de la UE y certificados en dichos Estados como títulos ejecutivos.

Sólo podrán constituir títulos ejecutivos las sentencias firmes que consten de una declaración de ejecutabilidad o sean inmediatamente ejecutables (en virtud de la ejecutabilidad inmediata conferida automáticamente o a raíz de una solicitud). Las sentencias dictadas por tribunales de arbitraje han de ser declaradas ejecutables por un órgano jurisdiccional nacional para que pueda emitirse una declaración de ejecutabilidad: el mero hecho de declarar una sentencia ejecutable no basta, en sí mismo, a efectos de iniciar la ejecución. Un acta notarial constituye un título ejecutivo sólo si reúne las condiciones establecidas por el Código de Procedimiento Civil y la Ley de Notarías.

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Otros títulos ejecutivos:

  • extracto de una lista de deudas pendientes en procedimientos de insolvencia;
  • extracto de una lista de deudas con un extracto de una resolución firme que confirme un acuerdo en procedimientos de insolvencia;
  • acuerdo bancario reconocido por sentencia firme;
  • acuerdo celebrado ante un inspector;
  • acuerdo celebrado por un tribunal de conciliación y arbitraje que se ocupe de cuestiones relacionadas con las relaciones laborales;
  • proyecto de escisión por un importe obtenido de la ejecución sobre bienes inmuebles;
  • título de ejecución bancario establecido en la Ley de Banca, aunque sólo después de que un tribunal haya dictado una declaración de ejecutabilidad;
  • sentencias dictadas por tribunales extranjeros y transacciones concluidas ante dichos tribunales, después de haber sido declaradas ejecutables por un órgano jurisdiccional polaco;
  • proyecto de escisión de la limitación de responsabilidad para el fondo de deudas marítimas;
  • resoluciones del Comité de Bienes y acuerdos concluidos en dicho Comité en procedimientos de conciliación (regidos por la Ley que regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica en Polonia).

La ejecución se despacha:

  • de oficio, a petición de un tribunal de primera instancia en casos que pueden ser iniciados de oficio (en aplicación del Código de Procedimiento Civil);
  • a raíz de una solicitud de un acreedor presentada ante el tribunal de distrito competente o ante el agente judicial que actúe ante dicho tribunal, dependiendo de quién sea competente para proceder a la ejecución;
  • a petición de un órgano autorizado (un órganos jurisdiccional o un fiscal en casos que impliquen la imposición de sanciones, multas pecuniarias, tasas y costas judiciales de procedimientos que se adeuden a la Hacienda pública).

Las solicitudes de ejecución se han de presentar por escrito o señalar verbalmente para que se recojan en las actas; las instrucciones del organismo de ejecución se han de presentar por escrito. El título de ejecución deberá adjuntarse a la solicitud.

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Las demandas de los acreedores no necesitan interponerse mediante un representante u otro organismo.

Las costas de ejecución del agente judicial, los gastos incurridos en el transcurso de la ejecución y las tasas de ejecución se rigen por la Ley de agentes judiciales de los tribunales y ejecución de las resoluciones judiciales de 20 de agosto de 1997, modificada.

Normas que regulan la recaudación de tasas:

  • ejecución de pagos: 15% del importe de la deuda ejecutada;
  • garantía de deudas: 5% del importe de la deuda después de ser garantizada;
  • embargo de bienes: tasa fija equivalente al 50% de la remuneración media que se espera obtener;
  • traspaso de titularidad de bienes inmuebles, designación de un consejero en el consejo de administración de una empresa, desalojo de locales (objetos y personas): tasa equivalente al 40% de la remuneración media que se espera obtener;
  • inventario u otras listas de bienes: tasa fija equivalente al 10% de la remuneración media prevista por cada hora o fracción de hora;
  • traspaso de titularidad a los acreedores en otros casos: tasa fija del 25%; en caso de que la ejecución se lleve a cabo en virtud de nuevas violaciones de la titularidad, la tasa se incrementa en un 100% cada vez;
  • sellado o eliminación de precintos sin realizar al mismo tiempo un inventario: tasa fija equivalente al 4% de la remuneración media prevista;
  • actividades en las que intervenga la policía: tasa fija del 25%;
  • medios para vencer la oposición de un deudor y dictado de una orden de prisión: tasa del 25%, la ejecución de la orden de prisión queda supeditada a que el acreedor abone la tasa.
2.2. Los requisitos en cuanto al fondo

Condiciones asociadas a la puesta en marcha de la ejecución: solicitud presentada por el acreedor unida a un título ejecutivo. Es importante el contenido de la solicitud (se deberá indicar la obligación de que se trate y cómo se lleva a cabo la ejecución, es decir, los derechos de propiedad sobre la base de los cuales se ha de llevar a cabo la ejecución de los pagos; en el caso de ejecución que implique bienes inmuebles, se deberá indicar el catastro y el nombre del tribunal en que se encuentre; en el caso de ejecución que implique bienes muebles, no es preciso facilitar más datos sobre los activos afectados, ya que en principio la ejecución afecta a todos los bienes muebles propiedad del deudor).

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3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución?

Pueden ejecutarse los siguientes bienes:

  • bienes muebles;
  • rentas del trabajo;
  • cuentas bancarias;
  • bienes inmuebles;
  • buques marítimos;
  • otras deudas y otros derechos de propiedad.

No pueden ejecutarse los siguientes bienes:

  • el ajuar doméstico, la ropa blanca, la ropa de cama, la ropa de diario y la ropa de trabajo;
  • alimentos y suministro de combustible para el deudor y su familia por espacio de un mes;
  • una vaca, dos cabras o tres ovejas;
  • las herramientas necesarias para ocupar un empleo remunerado y las materias primas precisas para una semana de trabajo, con excepción de los vehículos de motor;
  • toda cuantía pecuniaria que no esté sujeta a ejecución (es decir, distinta de la parte de la remuneración recaudada regularmente como se establece en el Código del Trabajo); si el deudor no tiene empleo fijo, la cuantía indispensable para garantizar el sustento del deudor y su familia por espacio de dos semanas;
  • materiales imprescindibles para la educación, documentos personales, condecoraciones, objetos relacionados con la práctica religiosa y objetos cotidianos que, si se vendieran, sería a un precio muy inferior a su valor, y que sean de gran importancia para el deudor;
  • determinados objetos de los propietarios de explotaciones agrícolas (indicados en otras disposiciones);
  • importes y beneficios en especie asignados para cubrir los gastos comerciales y de viaje;
  • importes asignados por la Hacienda pública para fines específicos (becas, ayudas), a menos que la deuda se generara a través de la realización de tales fines o como resultado de una obligación de pagar alimentos;
  • derechos intransferibles;
  • créditos de los deudores contra organismos estatales por suministros, obras o servicios antes de su finalización;
  • pagos de seguros personales e indemnizaciones de seguros de no vida.
3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

A menos que se especifique otra cosa, la totalidad de la deuda puede ser ejecutada, en aplicación de un título ejecutivo, sobre todos los objetos propiedad del deudor. El deudor tiene derecho a gestionar sus bienes, a menos que, como cónyuge, un órgano jurisdiccional le prive del derecho a gestionar los bienes conjuntos. No obstante, cuando se instituye un procedimiento de ejecución en relación con bienes muebles, el agente judicial embarga los bienes mencionados y redacta un informe de embargo. La enajenación de bienes inmuebles tras el embargo no afecta al curso posterior del procedimiento, y el procedimiento de ejecución en relación con valores muebles embargados también puede ejercerse contra los compradores. No obstante, cuando haya buenas razones para proceder así, un agente judicial puede, en cualquier fase del procedimiento, colocar bienes muebles embargados bajo la supervisión de un tercero, que puede ser un acreedor. En el caso de ejecución en relación con bienes inmuebles, el agente judicial conmina al deudor a abonar su deuda en el plazo de dos semanas y le advierte de que, en caso de impago, elaborará una descripción y evaluación de la propiedad inmobiliaria. La enajenación de bienes inmuebles con posterioridad al embargo no afecta al curso posterior del procedimiento. Los compradores pueden tomar parte en el procedimiento como deudores. No obstante, es nula de pleno derecho toda acción legal llevada a cabo por un deudor (que gestione una empresa o una explotación agrícola) después de que el administrador judicial haya puesto en marcha la ejecución.

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Cuando los deudores estén obligados a abstenerse de una determinada actuación o a no obstaculizar las iniciativas adoptadas por un acreedor e incumplan esta obligación, el órgano jurisdiccional les impondrá una sanción a solicitud del acreedor; los deudores que no hagan efectiva la multa podrán ser condenados a penas de prisión. En consecuencia, en tales casos, podrán ser privados de libertad aquellos deudores que no satisfagan una multa que constituya una medida coercitiva.

Los bancos que no observen las normas que regulan sus obligaciones por lo que se refiere al embargo de cuentas bancarias, incluidas las cuentas de ahorro, son responsables de las pérdidas en que incurran los acreedores. La Ley de Banca regula la responsabilidad civil y penal de los bancos. Deberán asumir responsabilidades, con arreglo al Derecho penal, las personas que hagan declaraciones falsas o que oculten datos cuando faciliten información a las autoridades responsables de los bancos y sus clientes (multa y hasta tres años de prisión), o las personas que, estando obligadas a guardar el secreto bancario, desvelen o usen indebidamente datos amparados por el secreto bancario (multa de hasta 1 millón de PLN y hasta tres años de prisión).

3.3. ¿Cuál es el período de validez de estas medidas?

La Ley no especifica plazo alguno para presentar solicitudes de ejecución; no obstante, se han de llevar a cabo verificaciones para velar por que se cumplan las condiciones procesales de los procedimientos de ejecución (admisibilidad de los autos procesales, jurisdicción nacional, facultad para entablar acciones legales y capacidad de ser juzgado). De no cumplirse estas condiciones, se anula la ejecución.

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4. ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida?

Recursos relacionados con los procedimientos de ejecución:

  • reclamación presentada ante un tribunal de distrito contra la actuación de un agente judicial (plazo: una semana a partir de la fecha de la acción);
  • recurso contra una resolución judicial de desestimación de una denuncia;
  • reclamación presentada ante un tribunal de distrito contra una decisión de un agente judicial de imponer una multa;
  • recurso contra una resolución judicial de no anular dicha resolución;
  • recurso contra una resolución judicial en caso de duplicación de ejecución administrativa y judicial;
  • recurso contra una resolución judicial sobre la publicación de una declaración de ejecutabilidad;
  • recurso contra una resolución judicial relativa a la suspensión o anulación del procedimiento;
  • recurso contra una resolución judicial relativa a la limitación de la ejecución;
  • demanda judicial interpuesta contra una sentencia dictada sin haber oído al deudor;
  • recurso contra una resolución judicial relativa a la retribución y al reembolso de los gastos incurridos por la parte responsable de supervisar el procedimiento de ejecución de bienes muebles ;
  • recurso contra una resolución judicial relativa a la liberación de un cuantía monetaria embargada en el marco de una ejecución relativa a bienes muebles;
  • recurso contra una resolución judicial relativa a la descripción y valoración de propiedad en el contexto de una ejecución relativa a bienes inmuebles;
  • reclamación verbal realizada ante un juez supervisor contra una medida adoptada por un agente judicial en el transcurso de una venta en subasta;
  • recurso contra una resolución judicial en materia de precios;
  • objeciones al proyecto de escisión por la cuantía obtenida de la ejecución (en el plazo de dos semanas contado a partir de la fecha en que se comunicó al organismo de ejecución que lo redactó);
  • recurso contra una resolución judicial relativa a la resolución de objeción al proyecto de escisión;
  • recurso contra una resolución judicial relativa a la realización de actividades por parte de un acreedor a expensas de un deudor y recurso contra una resolución judicial que ordene al deudor la realización de determinadas actividades, le amenace con la imposición de una multa y le obligue a cubrir las pérdidas del acreedor;
  • recurso contra una resolución judicial relativa a la exención de propiedad de la ejecución con la participación de la Hacienda pública y empresas.

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