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Última actualización: 16-11-2006
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Ejecución de las resoluciones judiciales - Países Bajos

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ÍNDICE

1. ¿Qué significa la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil? 1.
2. ¿En qué condiciones puede adoptarse una resolución o un título ejecutivo? 2.
2.1. Títulos ejecutivos 2.1.
2.2. Condiciones principales de ejecución 2.2.
3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución 3.
3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución? 3.2.
3.3. ¿Cuál es el período de validez de estas medidas? 3.3.
4. ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida? 4.

 

1. ¿Qué significa la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil?

Normas de ejecución: generalidades

La resolución judicial pone fin al procedimiento. En ella, el juez puede condenar al deudor a realizar determinados actos en favor del acreedor (por ejemplo, pagar una indemnización). Si el deudor no realiza estos actos voluntariamente, el acreedor puede imponer su cumplimiento a través del procedimiento de ejecución. Las disposiciones de ejecución prevén medidas coercitivas y su forma de aplicación. Los agentes judiciales proceden a la ejecución. A tal fin, reciben un mandato del acreedor que desea que sus derechos sean respetados. Para aplicar las medidas coercitivas previstas en las normas de ejecución se exigen dos condiciones: disponer de un título ejecutivo (por ejemplo, una sentencia), y notificar previamente este título a la persona contra la que se dirige la ejecución.

Medidas coercitivas

La principal medida coercitiva es el embargo (executoriaal beslag), que se expone detalladamente más adelante.

Otras medidas coercitivas son la multa y la detención.

La multa coercitiva consiste en una cantidad fijada por el tribunal que la persona condenada debe pagar si no cumple sus obligaciones principales. La multa suele utilizarse como medio de presión en los procedimientos urgentes. Esta medida coercitiva está asociada únicamente a una obligación principal diferente del pago de una cantidad de dinero, como por ejemplo la entrega de determinados documentos o la prohibición judicial de utilizar cierta marca.

La detención también es una medida de presión para imponer el cumplimiento de una determinada obligación. Se adopta en contadas ocasiones y se ejecuta aún en menos. Debe ser decidida por un juez.

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Las principales personas interesadas en la ejecución son el acreedor (que solicita la ejecución), el deudor (contra el que se dirige la ejecución) y el agente judicial (funcionario público encargado de llevar a cabo la ejecución).

2. ¿En qué condiciones puede adoptarse una resolución o un título ejecutivo?

2.1. Títulos ejecutivos

Son títulos ejecutivos las resoluciones judiciales, los actos auténticos (notariales) y otros documentos previstos en las leyes (decisiones del Ministerio fiscal, requerimientos de los servicios fiscales, laudos arbitrales con autorización de ejecución, actas de acuerdos extrajudiciales).

Las partes reciben gratuitamente una copia de la resolución judicial. Se trata de una copia auténtica en cuyo encabezamiento figura la expresión In naam der Koningin (En nombre de la Reina), por la que se reconoce la copia. Se trata de una decisión con fuerza ejecutiva. Sólo con esta copia es posible la ejecución.

Una copia de este tipo también puede emitirse por un acto notarial.

 La copia se entrega al agente judicial, que queda autorizado para la ejecución. El propio acreedor puede entregar directamente la copia al agente judicial sin necesidad de recurrir a un abogado.

Antes de la ejecución, el agente judicial debe notificar el título a la persona contra la que se dirige la ejecución. La finalidad de la notificación es poner la resolución en conocimiento de la otra parte, y comunicarle que el acreedor solicita la ejecución de la resolución.

En lo que respecta a la notificación, véase el Reglamento (CE) nº 1348/2000, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.

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Véase también “Notificación y traslado de documentos – Derecho comunitario”.

Agentes judiciales
Procedimiento de ejecución

El agente judicial es la figura central del procedimiento de ejecución. Todos los actos los realiza a petición y en nombre de la persona que ha solicitado la ejecución. El mandato de ejecución se le confiere mediante la entrega de la copia de la resolución judicial. Por lo general, el agente judicial no necesita recibir ninguna autorización especial.

En el marco del procedimiento de ejecución, el agente judicial puede realizar, entre otros, los actos siguientes:

  • notificación del título ejecutivo a la persona contra la que se dirige la ejecución;
  • requerimiento de cumplimiento de la obligación exigida, por ejemplo el pago de una cantidad;
  • recepción del importe adeudado, si lo paga el deudor;
  • embargo.

En caso necesario, el agente judicial puede solicitar la ayuda de la policía (por ejemplo, en los embargos).

Honorarios de los agentes judiciales

Los actos que realizan los agentes judiciales están sujetos a tarifas fijas que pueden correr a cargo del deudor. El acreedor no está sujeto a tarifas fijas y, por tanto, puede negociar las tarifas con el agente judicial. Las tarifas que corren a cargo del deudor figuran en el Decreto de 4 de julio de 2001, que contiene normas detalladas sobre los actos de los agentes judiciales y las tarifas (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders Nederlands PDF File (PDF File 61 KB)).

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Este Decreto se refiere a las tarifas válidas a partir del 1 de enero de 2005.

2.2. Condiciones principales de ejecución

Las dos condiciones principales son: 

  • disponer de un título ejecutivo
  • notificar el título, antes de la ejecución, a la persona interesada en la ejecución.

Véase la pregunta 1.

Medidas coercitivas

La principal medida coercitiva es el embargo, como ya se ha indicado anteriormente. También se pueden adoptar otras medidas en espera de la obtención de un título ejecutivo, medidas que pueden solicitarse antes de que se dicte la resolución judicial, durante e incluso antes del proceso. Se trata de medidas cautelares dirigidas a garantizar el mantenimiento de un derecho, como el embargo preventivo, la colocación de precintos y el inventario. El presente documento trata del embargo.

3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución?

Embargo:

  • bienes muebles no registrados
  • derechos relativos a títulos al portador o a órdenes, participaciones y otros títulos nominativos
  • bienes en posesión de terceros
  • barcos
  • aeronaves.

En general, el acreedor puede elegir los bienes que pretende embargar.

En principio, todos los bienes del deudor pueden ser embargados. No obstante, existen algunos bienes inembargables como, por ejemplo, bienes de primera necesidad como ropa, alimentos, instrumentos de trabajo, literatura especializada y objetos destinados a la enseñanza, el arte o la ciencia. Son parcialmente inembargables los pagos periódicos como salarios, pensiones de alimentos o subsidios.

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No pueden embargarse los bienes destinados al servicio público. Pueden embargarse bienes muebles e inmuebles, simultáneamente.

3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?
Efectos jurídicos del embargo de bienes muebles no registrados

Los actos que el deudor realice después del embargo no pueden afectar a los derechos del autor del embargo. Por ejemplo, si el deudor vende un bien, el comprador no puede, en principio, invocar ante el acreedor el derecho de propiedad sobre ese bien. Otro efecto es que los beneficios generados por estos bienes también resultan embargados.

Efectos jurídicos del embargo de acciones, títulos y otros bienes

No se producen efectos jurídicos señalados.

Durante el embargo, el embargado mantiene su derecho de voto.

Efectos jurídicos del embargo de terceros

En este caso el acreedor embarga a un tercero que no es directamente su deudor, debido a que este tercero debe algo al deudor o está en posesión de alguno de sus bienes. Por lo tanto, el embargo se refiere a bienes del deudor que están en posesión de terceros. El autor del embargo está protegido frente a los actos jurídicos realizados por la parte contraria. Los actos jurídicos realizados después del embargo no pueden alegarse contra el autor del embargo.

Generalmente, a los terceros se les embarga a través del banco donde están sus cuentas corrientes o a través del empleador que les paga el salario, en el caso de los empleados.

Efectos jurídicos del embargo de bienes inmuebles

Los embargos se inscriben en los registros públicos y surten efecto desde el momento de la inscripción. Esto también afecta a los beneficios generados por los bienes inmuebles después del embargo. El autor del embargo está protegido frente a todos los actos jurídicos que realice el deudor después del embargo. La alienación (venta) de los bienes inmuebles no puede alegarse contra el autor del embargo.

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3.3. ¿Cuál es el período de validez de estas medidas?

En principio, el derecho de hacer ejecutar una resolución judicial prescribe una vez transcurridos veinte años desde la fecha de adopción de la resolución. Si la ejecución de una resolución judicial está sujeta a condiciones cuyo cumplimiento no depende de la voluntad del que ha obtenido la resolución, dicho derecho prescribe una vez transcurridos veinte años desde la fecha en que se cumplieron esas condiciones.

Por otra parte, el plazo de prescripción es de cinco años si se trata de pagos que deben efectuarse, como consecuencia de la resolución, en un plazo de hasta un año. En cuanto a los intereses, multas, detenciones y otras condenas complementarias el plazo de prescripción termina, salvo interrupción o prórroga, en el mismo momento que el plazo de prescripción de la ejecución de la resolución principal, a mas tardar.

4. ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida?

Litigios sobre la ejecución

El artículo 438 del Código de procedimiento civil (Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering) contiene disposiciones generales sobre los litigios relativos a la ejecución. En estos casos, el deudor puede oponerse a la ejecución. Se trata, por ejemplo, de litigios sobre la validez y el alcance del título ejecutivo, sobre el efecto de hechos comprobados después de la resolución judicial (o título ejecutivo), sobre la validez del embargo o sobre cuestiones de propiedad de los bienes sujetos a embargo. En un litigio de este tipo el deudor puede alegar, por ejemplo, que se ha producido un abuso por parte del ejecutor o que el embargo es excesivo en relación con la resolución judicial. En esta fase, el deudor (embargado) no puede oponerse al fondo de la resolución; para ello debe interponer un recurso ordinario o de casación. Los litigios sobre la ejecución sólo tienen por objeto la propia ejecución, no el fondo de la resolución judicial.

Tribunal competente

En todos los litigios sobre ejecución son competentes los tribunales de primera instancia, independientemente del tribunal que haya dictado la resolución. También son competentes los tribunales de primera instancia con respecto a las resoluciones dictadas por el tribunal de apelación o por el Hode Raad (Alto Tribunal).

Competencia territorial. Es competente bien el tribunal designado según las normas generales de competencia, bien el tribunal en cuyo territorio tiene lugar el embargo, bien el tribunal en cuyo territorio se encuentran los bienes en cuestión, bien el tribunal en cuyo territorio se efectuará la ejecución. Para cada sentencia que debe ejecutarse en los Países Bajos existe un tribunal neerlandés competente.

En la mayoría de los casos, los litigios sobre ejecución se examinan en el marco de un procedimiento de urgencia. El tribunal puede suspender la ejecución o anular el embargo durante cierto tiempo.

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