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Última actualización: 15-01-2009
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Ejecución de las resoluciones judiciales - Lituania

 

ÍNDICE

1. ¿Qué significa ejecución en materia civil y mercantil? 1.
2. ¿Cuáles son las condiciones en las que se puede dictar una resolución o un título ejecutivo? 2.
2.1. Procedimiento 2.1.
2.2. Condiciones materiales 2.2.
3. Objetivo y naturaleza de las medidas de ejecución 3.
3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución? 3.2.
3.3. ¿Cuál es el plazo de validez de dichas medidas? 3.3.
4. ¿Es posible recurrir la resolución por la que se aprueba una medida de ejecución? 4.

 

1. ¿Qué significa ejecución en materia civil y mercantil?

Se entiende por ejecución de resoluciones judiciales la ejecución forzosa de obligaciones a las partes dictadas por un tribunal en un proceso legal, es decir, conminar a las partes en un proceso a acatar lo dispuesto por el tribunal.

Hay resoluciones judiciales que no precisan una ejecución particular. Son, por ejemplo, las resoluciones de reconocimiento y las de disolución, modificación o establecimiento de relaciones legales.

Una resolución judicial puede ejecutarse o llevarse a cabo voluntariamente por las partes, es decir, sin utilización de medios coercitivos o de manera forzosa.

Si la persona en relación a la cual se adoptó la resolución judicial no cumple dicha resolución, el acreedor que solicita la resolución tiene derecho a dirigirse al tribunal para que este dicte una orden escrita y presentarla al agente judicial. Los agentes judiciales son personas habilitadas por el Estado para actuar a petición del acreedor a fin de que una resolución que no se ha cumplido voluntariamente se ejecute por medios coercitivos.

La ejecución forzosa de resoluciones judiciales está regulada en la sección VI del Código de Enjuiciamiento Civil (Proceso de ejecución) y en el Decreto de ejecución de resoluciones del Ministerio de Justicia. Distintas normas legales que regulan la ejecución de resoluciones judiciales pueden establecerse en otros actos jurídicos.

2. ¿Cuáles son las condiciones en las que se puede dictar una resolución o un título ejecutivo?

2.1. Procedimiento

La persona con derecho a ello, es decir, el demandante o su representante, presenta al agente judicial la orden de ejecución dictada por el tribunal. Si la orden de ejecución la presenta al agente judicial el representante del demandante, la ley exige que el derecho a actuar del representante esté reconocido legalmente con una habilitación expresa y registrada: es decir, la habilitación dada por personas físicas debe estar confirmada ante notario, y la habilitación del representante de una persona jurídica debe haber sido también ratificada por la instancia pertinente de la persona jurídica en cuestión. Si la orden de ejecución la presenta un abogado o su representante, este también debe presentar el acuerdo escrito firmado por su cliente u otro documento que acredite sus derechos y obligaciones y el ámbito de los mismos.

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Al recibir la orden de ejecución, el agente judicial, en el plazo de tres días, y sin dilación en los casos de ejecución urgente, confirmará que no existen impedimentos conocidos para no aceptarla.

2.2. Condiciones materiales

La orden de ejecución se presenta al agente judicial en cuyo territorio se hallen el lugar de residencia del acreedor, su trabajo o sus bienes. Si el cobro de la deuda debe ejecutarse ante una persona jurídica, la orden de ejecución se presentará al agente judicial en cuyo territorio tenga su sede el deudor – la persona jurídica- o en el que se encuentren sus bienes.

Para que se acepte la orden de ejecución, el demandante debe satisfacer al agente judicial la totalidad de las tasas de ejecución. En consideración a la situación económica del demandante – persona física -, el agente judicial podrá dispensarlo, en su totalidad o parcialmente, del pago de las tasas de ejecución o aplazar dicho pago hasta que se concluya la ejecución. Si la orden de ejecución la presenta al agente judicial una persona jurídica, éste no podrá aplazar el pago de más de la mitad de la suma total de las tasas de ejecución.

3. Objetivo y naturaleza de las medidas de ejecución

3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución?

Los medios de ejecución forzosa son los siguientes:

  1. recuperación de fondos y propiedades del deudor o de sus derechos de propiedad;
  2. recuperación de propiedades y dinero del deudor que se encuentren en posesión de otras personas;
  3. prohibición a otras personas de entregar dinero o activos al deudor o cumplir con otras obligaciones del deudor;
  4. confiscación de documentos acreditativos de derechos del deudor;
  5. recuperación del salario del deudor, de su pensión, beneficios y otros tipos de ingresos;
  6. embargo al deudor de objetos señalados en la orden judicial y entrega de los mismos al demandante;
  7. administración de los bienes del deudor y utilización de los ingresos así obtenidos para compensar al demandante;
  8. imposición al deudor de la obligación de realizar determinadas acciones o de abstenerse de ellas;
  9. reconocimiento de las reclamaciones de la parte contraria;
  10. otras medidas previstas por la ley.

Simultáneamente pueden aplicarse distintas medidas de ejecución forzosa.

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3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

Las medidas y el procedimiento de la ejecución forzosa son distintos según la ejecución afecte a una obligación monetaria o no monetaria y según la recuperación se haga sobre el capital, los ingresos u otros bienes del deudor.

Si se realiza una ejecución forzosa de índole monetaria y la recuperación afecta al capital del deudor depositado en un banco o en manos de terceras personas, el agente judicial remitirá a los bancos, a otros establecimientos crediticios o a la persona en cuestión una orden oficial para determinar si hay fondos de dinero a nombre del deudor e impedir que con los mismos se realicen pagos necesarios para compensar la suma recuperable y las costas de la ejecución. Una vez recibida la respuesta del banco confirmando la petición de suspender pagos con los fondos del deudor, estos se embargan y se transfieren a la cuenta del agente judicial.

Si el agente judicial comprueba que el capital u otros bienes del deudor están en manos de terceras personas (el agente judicial tiene derecho a recibir dicha información así como a saber si las terceras personas deben pagar capital al deudor o entregarle otros bienes), dicho capital queda embargado.

Si la ejecución forzosa es de naturaleza monetaria y la recuperación afecta a los ingresos del deudor, el agente judicial presenta la orden de ejecución al empleador del deudor o a otra persona que le pague. Del salario y pagos similares del deudor se sustraerá la parte necesaria para compensar la suma reclamada.

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Si la ejecución forzosa es de naturaleza monetaria y la recuperación afecta a los bienes del deudor, estos se embargarán y venderán. La recuperación del dinero no puede hacerse con los bienes del deudor si este presenta pruebas al agente judicial de que el dinero puede recuperarse en el plazo de seis meses deduciendo de los ingresos del deudor las sumas previstas por la ley. La recuperación solo puede afectar a una propiedad inmobiliaria en la que resida el deudor si la suma a recuperar es superior a 7000 LT. El tribunal, tras embargarse las sumas no pagadas en concepto de electricidad, servicios comunales u otros, puede dictar que no se embargue el último apartamento, vivienda o de parte de ellos, en que necesiten vivir las personas de que se trate. El tribunal puede actuar así en consideración de los niños, las personas discapacitadas o de la situación económica y los intereses de personas de renta precaria.

El embargo de los bienes del deudor es la privación o restricción temporal del derecho de propiedad (administración, usufructo o disposición) sobre los bienes el deudor o sobre partes distintas de los mismos.

Pueden proceder al embargo el tribunal o el agente judicial.

El tribunal realiza el embargo de los bienes por medio de una providencia que implica la aplicación de medidas cautelares temporales. El total del capital o los bienes embargados no puede ser superior a lo reclamado por el demandante. El tribunal puede revocar la orden a petición de las partes o, en determinados caso, a iniciativa propia. Una vez que el tribunal haya examinado un caso y denegado una demanda, las medidas cautelares temporales seguirán aplicándose hasta que la orden sea efectiva y, si después de que el tribunal haya aplicado las medidas cautelares temporales, la demanda se acepta, dichas medidas se aplicarán hasta que se haya hecho efectiva la orden.

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El agente judicial que ejecuta una orden de ejecución deberá firmar la orden de embargo cuando proceda a embargar los bienes del deudor. Un agente judicial solo podrá revocar una orden de embargo si lleva a cabo el embargo. En principio, un agente judicial no puede embargar otros bienes de deudor que los precisos para cubrir la reclamación del demandante y las costas de la ejecución.

Conversión en efectivo de los bienes: Venta obligatoria en subasta pública a través de empresas que comercializan o transforman los bienes, los transfieren al demandante, los enajenan al comprador propuesto por el deudor o liquidan de cualquier otro modo los bienes embargados al deudor o a su avalista. Según sea el fundamento del embargo o la naturaleza de la propiedad, la venta, en el modo prescrito por la ley, la realizarán el agente judicial, organismos estatales de inspección fiscal, corredores y empresas de valores de pública circulación.

Los bienes inmuebles u otros bienes legalmente registrados pertenecientes al deudor así como cualesquier bien mueble de un valor superior a cien mil  LTL, se pondrán en pública subasta. Otros bienes podrán convertirse en efectivo por otros medios.

Antes de que empiece la subasta, el deudor tiene el derecho de buscar un comprador para los bienes que vayan a subastarse. Si el deudor encuentra un comprador antes de la subasta, los bienes deberán venderse a dicho comprador. Los bienes no podrán venderse al comprador buscado por el deudor por un valor inferior al indicado en la orden de embargo, pero podrán venderse por un precio inferior a la suma necesaria para cubrir la totalidad de la deuda y las costas de la ejecución.

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La conversión en efectivo de los bienes embargados anula todos los embargos de los mismos.

Si se presentan documentos de ejecución relativos a sumas monetarias discordantes del deudor y del demandante, el agente judicial registrará las mismas según el procedimiento prescrito. Si, con arreglo al procedimiento prescrito, es posible recuperar la totalidad de la cantidad mediante compensación, no serán necesarias otras medidas forzosas. La compensación no puede utilizarse para recuperar pensiones de manutención.

Los requisitos de la ejecución forzosa de naturaleza no pecuniaria están regulados por la ley.

Al ejecutar una orden judicial sobre cesión del derecho de custodia de menores, el agente judicial podrá recurrir a la persona a la que se cede la custodia del menor y a un representante del organismo público responsable de proteger los derechos del mismo. La protección de los derechos del menor debe estar garantizada.

Si al demandante se le conceden determinados objetos a los que se hace referencia en la orden judicial, el agente judicial embargará dichos objetos al deudor y los transferirá al demandante.

Según la orden judicial, sólo las personas especificadas en la orden de ejecución podrán trasladarse a la vivienda (o ser expulsados de ella). En caso necesario, se recurrirá a la policía.

Si la orden que dispone que el deudor realice o se abstenga de realizar una acción no se ejecuta, el agente judicial levantará acta. El acta se remitirá al tribunal de distrito del lugar de ejecución que ordenará dar curso a las consecuencias mencionadas en la orden original  (por ejemplo, si el demandado no ha cumplido la orden en el plazo fijado, el demandante tendrá derecho a realizar acciones o adoptar medidas para garantizar el cese de actividades empleando capital del demandado y, al mismo tiempo, recuperar de éste los gastos necesarios); si la orden no menciona consecuencias, el tribunal determinará la manera de modificar las disposiciones de ejecución de la orden original.

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Si las actividades mencionadas en la orden judicial solo pueden ser realizadas o finalizadas por el propio demandado y este no cumple con la orden, el demandado podrá ser multado en beneficio del demandante y podrá fijarse un nuevo plazo para la ejecución de la orden. El pago de la multa por el deudor no lo libera de la obligación de realizar o finalizar las acciones mencionadas en la orden judicial.

3.3. ¿Cuál es el plazo de validez de dichas medidas?

Las órdenes adoptadas en cumplimiento de la resolución del tribunal pueden presentarse durante los diez años siguientes a la resolución firme. El plazo para presentar las órdenes de ejecución de las resoluciones judiciales que deben ser ejecutadas con carácter urgente comienza al día siguiente de adoptarse la resolución. Los documentos de ejecución relativos a la readmisión laboral pueden presentarse para su ejecución dentro del mes siguiente al día en que se adoptó la resolución.

Si, de acuerdo con una resolución judicial, la recuperación de una deuda se hace mediante pagos periódicos, los documentos de ejecución serán válidos durante todo el período en que se fijan los pagos, y el plazo límite de ejecución de los mismos comenzará el día en que expire el plazo de pago.

Para las resoluciones ejecutivas de otros funcionarios o instancias, hay previstos plazos de ejecución especiales.

Si, por razones que estime necesarias, el tribunal amplía el plazo de presentación de un documento de ejecución podrá ampliar de nuevo dicho plazo salvo disposición legal en contrario.

Las medidas de ejecución adoptadas por un agente judicial serán validas hasta que el mismo agente las dé por finalizadas. Si se recurriera la legalidad de la actuación del agente judicial y el tribunal considerara dicha objeción fundamentada o parcialmente fundamentada, el tribunal que examina el recurso podrá anular todas las medidas adoptadas o algunas de ellas.

El embargo de bienes u otras medidas cautelares temporales adoptadas por el tribunal serán válidos hasta que se anulen (o se sustituyan por otra medida), hayan sido aplicadas por el tribunal o, si hubiera un recurso, hasta que las anule un tribunal de instancia superior.

La conversión en efectivo de los bienes embargados anula todos los procedimientos de embargo.  

Como información complementaria véase la respuesta al punto 3.2.

4. ¿Es posible recurrir la resolución por la que se aprueba una medida de ejecución?

Las actuación del agente judicial puede recurrirse en el plazo de los 10 días siguientes a aquel en que la persona que recurre tuvo conocimiento de la ejecución de la acción contra la que presenta el recurso o de la imposibilidad de ejecutarla, y no más tarde de los 30 días siguientes a la ejecución de la acción contra la que se presenta el recurso. El recurso debe presentarse en el tribunal de distrito del territorio en que ejerce el agente judicial.

Las medidas adoptadas por el tribunal pueden ser anuladas o modificadas por el mismo tribunal o, si se presentara un recurso ante un tribunal de instancia superior, por resolución de este tribunal.

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