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Última actualización: 02-03-2007
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Ejecución de las resoluciones judiciales - Irlanda

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ÍNDICE

1. ¿Qué significa «ejecución» en materia civil y mercantil? 1.
2. ¿Cuáles son los requisitos para despachar ejecución? 2.
2.1. Requisitos de procedimiento 2.1.
2.2. Requisitos en cuanto al fondo 2.2.
3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución 3.
3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución? 3.2.
3.3. ¿Qué validez tienen estas medidas? 3.3.
4. ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida? 4.

 

1. ¿Qué significa «ejecución» en materia civil y mercantil?

En Irlanda no existe una definición precisa de ejecución. En la práctica consiste en llevar a efecto una sentencia o resolución dictada por un órgano jurisdiccional. Esta acción de ejecución normalmente ha recibido el visto bueno del órgano jurisdiccional antes de llevarse a cabo.

En Irlanda los medios más habituales de ejecución de sentencias en materia civil y mercantil son los siguientes:

Embargo

Este tipo de actuación consiste en la aprehensión de bienes pertenecientes a la persona declarada deudor en la sentencia. El tribunal dicta un auto a instancia del acreedor en el que ordena al County Registrar (Secretario del Condado) (o al Sheriff en el caso de Dublín o Cork) el embargo de bienes por el valor de la deuda reconocida en la sentencia (incluidos los gastos previstos por la ley). A continuación, los bienes pueden venderse para satisfacer la deuda.

Registro

Las resoluciones judiciales pueden hacerse públicas mediante su inscripción en el Register of Judgments (Registro de resoluciones) del High Court (Tribunal Superior). El Registro recoge cualquier tipo de resolución, con independencia de que haya sido dictada por un District, Circuit o High Court (Tribunal de Distrito, Regional o Superior), cuya inscripción haya solicitado el acreedor. El nombre y la dirección del deudor, así como los detalles de la resolución, se publican en algunos periódicos y en publicaciones comerciales como la Stubbs Gazette. Además, las instituciones rediticias registran esta información y la existencia de un fallo judicial sin satisfacer puede afectar al acceso del deudor a la financiación.

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Declaración jurada de hipoteca judicial (Judgement Mortgage Affidavit)

El acreedor así declarado tras un juicio puede prestar una declaración jurada que, con la aprobación del tribunal, podrá registrarse contra la propiedad del deudor. El producto de la venta de la propiedad deberá afectarse, teniendo en cuenta la prelación de hipotecas, al pago de la deuda, antes de entregarse al deudor. Puede darse un paso más y solicitar un well charging order (auto judicial que ordena el pago mediante el embargo de bienes del deudor) y una orden de venta de la propiedad.

Orden de pago a plazos (Instalment Order) y Orden de ingreso en prisión (Commital Order)

Pude solicitarse ante el tribunal de distrito que dicte una orden de pago a plazos con arreglo a lo dispuesto en las Enforcement of Court Orders Acts de 1926 y 1940 (Leyes de ejecución de autos judiciales). El juez, teniendo en cuenta los medios económicos del deudor, decidirá los importes de los plazos que deberán abonarse. La orden de ingreso en prisión sólo puede dirigirse contra personas físicas y no contra personas jurídicas, como las sociedades. El incumplimiento de una orden de pago a plazos puede dar lugar a una orden de ingreso en prisión.

Orden de retención de ingresos (Attachment of Earnings)

El acreedor así declarado tras el juicio puede obtener una orden para que se realicen retenciones sobre el salario o sueldo del deudor. De esta forma el empleador del deudor pagará directamente al acreedor.

Auto de subrogación en los créditos (Garnishee Order)

Cuando el acreedor así declarado tras el juicio tiene conocimiento de una deuda debida por un tercero al deudor, puede solicitar del órgano jurisdiccional que dicte un auto ordenando al tercero pagar directamente una determinada cantidad al acreedor.

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Ejecución equitativa por administrador judicial (Receiver by Equitable Execution)

Esta medida requiere que el tribunal designe un administrador judicial para gestionar, por ejemplo, el producto de la venta de un bien del deudor con vistas a la satisfacción de la deuda.

Es importante señalar que la decisión sobre los medios de ejecución de una resolución incumbe al acreedor demandante y sus asesores jurídicos. El Court Service (Servicio judicial) no sugiere ninguna línea de actuación concreta. La lista no pretende ser exhaustiva sino simplemente señalar los procedimientos habituales.

2. ¿Cuáles son los requisitos para despachar ejecución?

2.1. Requisitos de procedimiento

Las resoluciones judiciales y determinadas resoluciones extrajudiciales son ejecutivas. Al igual que las órdenes judiciales, comprenden las resoluciones pronunciadas en asuntos sumarios presentados por el Secretario de un Tribunal Superior o el Secretario del Condado del Tribunal Regional.

Normalmente, para ejecutar la resolución, se requiere la obtención de la autorización del tribunal que pronunció el auto de ejecución. Sin embargo, en algunos casos, como los embargos, las declaraciones juradas de hipoteca judicial y su registro no exigen la previa solicitud al tribunal. La autorización puede concederla la secretaría judicial correspondiente.

En el caso de que haya que ejecutar resoluciones de otras jurisdicciones al amparo de Reglamentos de la UE, el tribunal competente es el Tribunal Superior. Las competencias relativas al Reglamento nº (CE) nº 805/2004 se han delegado al Master of the High Court (Secretario) y puede solicitarse en audiencia pública la declaración de ejecutividad de una resolución en Irlanda y dictarse a continuación el auto de ejecución.

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Una resolución certificada como título ejecutivo europeo con arreglo al Reglamento (CE) nº 805/2004 surte los mismos efectos que una resolución del Tribunal Superior y se ejecuta del mismo modo. Las normas nacionales que regulan el proceso pueden encontrarse en S.I. 648 de 2005.

En el caso de una resolución dictada sobre un crédito no impugnado que debe ejecutarse en otra jurisdicción de la UE, el tribunal que dictó la resolución es competente para conocer de las solicitudes con arreglo al Reglamento nº 805/2004 relativo al título ejecutivo europeo.

La solicitud de ejecución de una resolución suele hacerse al tribunal (o a la secretaría) por un profesional de la justicia, aunque no es necesario que el acreedor tenga un representante legal. Sin embargo, todas las solicitudes deben hacerse personalmente y no pueden enviarse por correo. Puede obtenerse asesoramiento sobre la práctica del procedimiento en el Judgements Section (Sección de resoluciones) del Tribunal Superior en HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

Las tasas impuestas por el Servicio Judicial son mínimas y actualmente se rigen por las Fees Orders (Normas sobre tasas judiciales), disponibles en www.courts.ie English. Los gastos de honorarios de abogados son una cuestión entre los acreedores y sus representantes legales. El tribunal puede sufragar, en todo o en parte, los gastos del procedimiento de ejecución.

2.2. Requisitos en cuanto al fondo

El artículo 15 de la Ley de Ejecución de Órdenes Judiciales de 1926 (en la redacción que le dio el artículo 5.1 de la Courts (No. 2) Act 1986 (Ley sobre tribunales)) establece que cuando una deuda está pendiente sobre la base de un auto o mandamiento judicial, el acreedor puede solicitar al Tribunal Regional que emita una citación de comparecencia al deudor ante un Juez de dicho tribunal para evaluar sus medios económicos. La solicitud de título ejecutivo debe presentarse en el plazo de seis años a contar desde la fecha de la resolución o mandamiento judicial. El acreedor debe presentar pruebas de la deuda original y el deudor debe completar una declaración de medios económicos. El artículo 16 de la Ley de 1926, modificado por el artículo 9 de la Ley de 1986, permite la presentación de pruebas y el interrogatorio del deudor o acreedor por el abogado de la parte contraria. El título ejecutivo tiene una vigencia de 12 años a partir de la fecha de la correspondiente resolución o mandamiento.

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3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución?

Todo tipo de bienes, salvo los bienes perecederos o los bienes en poder del deudor en calidad de depositario.

3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

El incumplimiento de la resolución judicial puede dar lugar a la sanción de la parte perdedora por desacato. Las sanciones que puede imponer un tribunal incluyen multas y penas privativas de libertad hasta que se acate la resolución. Por tanto, la privación de libertad no tiene límite temporal. Esto se aplica igualmente a toda tercera parte que incumpla los términos de la resolución judicial.

Es importante señalar que, con arreglo al artículo 20 de Ley de Ejecución de Órdenes Judiciales de 1926, la privación de libertad de un deudor por incumplimiento de una orden de pago no produce la satisfacción ni extinción de la deuda, ni en todo ni parte, y no priva al acreedor de otros recursos para cobrar las deudas.

Los bancos y otras instituciones financieras tienen las mismas obligaciones que las demás partes en relación con el cumplimiento de las resoluciones judiciales. En circunstancias no específicamente cubiertas por el auto judicial deben tenerse en cuenta las normas sobre datos personales en poder de dicha institución [por ejemplo, la Data Protection Act 1988, (Ley de protección de datos personales de 1988)].

3.3. ¿Qué validez tienen estas medidas?

Determinados autos consignan el plazo de que dispone la parte para atenerse al mismo, aunque no siempre. La resolución es válida durante un periodo de 12 años, aunque algunas medidas de ejecución otorgadas pueden tener límites temporales establecidos en las Court Rules (Reglamento de procedimiento) u otras normas. Por ejemplo, un auto de ejecución del Tribunal Superior tiene una validez de un año desde su pronunciamiento. Expirado ese periodo, se requiere un nuevo auto de ejecución.

4. ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida?

Normalmente no cabe interponer recurso contra la medida misma de ejecución autorizada por la Secretaría, sino contra la sentencia o auto sobre el fondo en que se funda. La parte afectada puede solicitar al tribunal de apelación que revoque la sentencia o auto. Los plazos para la interposición de recursos varían y son los siguientes:

District Court a la Circuit Court: 14 días desde la sentencia o auto;

Circuit Court a la High Court: 10 días desde la fecha del auto;

Master’s Court a la High Court: 6 días desde la fecha de ejecutabilidad del auto (un mes desde la notificación del auto en el caso de ejecución de una resolución extranjera);

High Court a la Supreme Court: 21 días desde la fecha de ejecutabilidad del auto.

La interposición de un recurso en sí no produce la suspensión de la sentencia o auto.

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