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Última actualización: 24-01-2007
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Ejecución de las resoluciones judiciales - Hungría

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ÍNDICE

1. ¿Qué significa la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil? 1.
2. ¿En qué condiciones puede adoptarse una resolución o un título ejecutivo? 2.
2.1. Procedimiento 2.1.
2.2. Los requisitos en cuanto al fondo 2.2.
3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución 3.
3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de la ejecución? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución? 3.2.
3.3. ¿Cuál es plazo de validez de estas medidas? 3.3.
4. ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida? 4.

 

1. ¿Qué significa la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil?

Sírvase definir el término ejecución

La ejecución es un procedimiento civil no contencioso a través del cual el Estado procede al cumplimiento de las obligaciones impuestas por las resoluciones judiciales y otros títulos ejecutivos previstos por la ley, mediante la aplicación de medidas coercitivas.

Sírvase resumir las medidas de ejecución que pueden hacer que el demandado haga algo, se abstenga de hacer algo o efectúe el pago

Las medidas coercitivas limitan en parte los derechos patrimoniales y los derechos personales de los deudores. Las medidas coercitivas contra los bienes las pueden dictar los órganos jurisdiccionales y los agentes judiciales, mientras que las medidas coercitivas que afectan a las personas pueden ser aplicadas por la policía, con arreglo a lo dispuesto por los órganos jurisdiccionales y los agentes judiciales. Las más importantes medidas coercitivas contra los bienes son:

  • retención de sueldos y otros ingresos
  • embargo y venta de bienes personales
  • privación de sumas gestionadas por entidades financieras, congelación de cuentas bancarias
  • embargo de créditos del deudor frente a terceros
  • embargo y venta de bienes muebles
  • imposición de multas.

2. ¿En qué condiciones puede adoptarse una resolución o un título ejecutivo?

2.1. Procedimiento
¿Son ejecutivas tanto las resoluciones judiciales como las extrajudiciales?

La ejecución judicial se refiere fundamentalmente a las resoluciones judiciales. Las resoluciones extrajudiciales que pueden ejecutarse judicialmente son, entre otras, las decisiones de los notarios, las decisiones de las autoridades disciplinarias y las obligaciones definidas en documentos públicos (por ejemplo, documentos notariales). Al mismo tiempo, la mayoría de las resoluciones extrajudiciales son dictadas por organismos administrativos y pueden ejecutarse a través de un procedimiento de ejecución administrativa.

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¿Es necesario que una resolución judicial autorice la ejecución?

Según las normas generales, no es necesario que una resolución judicial formal autorice la ejecución. Los órganos jurisdiccionales ordenan la ejecución emitiendo lo que se conoce como documento ejecutivo. En ciertos casos como, por ejemplo, medidas sobre seguros, se procede a la ejecución a través de un mandamiento de ejecución.

¿Cuál es el tribunal competente para ordenar la ejecución?

Según las normas generales, corresponde proceder a la ejecución al tribunal de primera instancia que conoce del asunto de que se trate. Si el título de ejecución no es una resolución judicial sino otro tipo de documento (por ejemplo, un documento notarial), el órgano jurisdiccional local del domicilio o sede del deudor - o, en su defecto, del lugar en que se encuentren los bienes del deudor objeto de ejecución – puede proceder a ordenar la ejecución. En el caso de resoluciones judiciales extranjeras, pueden ordenar su ejecución el órgano jurisdiccional de distrito del domicilio o sede del deudor o, en su defecto, del lugar en que se encuentren los bienes del deudor objeto de ejecución; en el caso de Budapest, el Tribunal de distrito central de Buda. La Ley LIII de 1994, relativa a la ejecución de las resoluciones judiciales, define otras normas de competencia.

Sírvase describir el estatuto, funciones, responsabilidades y facultades de los agentes de ejecución

La aplicación de las medidas de ejecución corresponde a los agentes judiciales (agentes judiciales independientes y de distrito), cuyas medidas son obligatorias para todos. Los agentes judiciales son funcionarios públicos que desempeñan funciones oficiales.

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De acuerdo con las normas generales, las reclamaciones civiles son ejecutadas por agentes judiciales independientes. Estos agentes disfrutan de un estatuto legal independiente, son nombrados por el Ministro de Justicia para desempeñar sus funciones en un determinado tribunal local y en determinados ámbitos de competencia, no son empleados del Estado y son remunerados por los clientes.

Los agentes judiciales de distrito actúan para cobrar las reclamaciones debidas al Estado y son empleados judiciales de los órganos jurisdiccionales de distrito. Su ámbito de competencia es el del órgano jurisdiccional de distrito del que son empleados, y corresponde al presidente de éste resolver las cuestiones de autorizaciones administrativas que les afecten.

Las solicitudes de ejecución ¿pueden presentarse a través de un abogado o de otro representante legal?

Las solicitudes de ejecución pueden presentarse ante los órganos jurisdiccionales según lo dispuesto en las normas generales de los procedimientos civiles; pueden presentarse a través de un abogado, pero la representación legal no es obligatoria en estos procedimientos.

Sírvase indicar el coste de las distintas medidas de ejecución

Los costes que genera el proceso de ejecución incluyen, principalmente, los honorarios del agente judicial y los costes y gastos de ejecución regulados por el Decreto nº 14/1994 (IX. 8.) del Ministerio de Justicia, relativo a los gastos de ejecución. Los honorarios están en consonancia con la cuantía de la reclamación monetaria adeudada: el cobro de reclamaciones de mayor cuantía implica unos honorarios más altos, mientras que en el caso de la realización de un acto determinado los honorarios se calculan según el tiempo que le dedique el agente judicial. Los agentes judiciales tienen derecho al reembolso de los gastos en efectivo debidamente justificados en que hayan incurrido en la ejecución, definidos en el Decreto. Además, tienen derecho a percibir el 50 % de sus honorarios a tanto alzado. El importe de los gastos de ejecución se basa en la cantidad cobrada de la reclamación por el agente judicial, pero en el caso de la realización de un acto determinado, el importe de los gastos de ejecución es fijo. Las ayudas disponibles en el marco de la asistencia judicial gratuita también pueden concederse para procedimientos de ejecución. Por tanto, si la parte que solicita la ejecución demuestra poseer un título legal puede ser dispensada del pago anticipado de los gastos de ejecución y del pago de las tasas judiciales relativas a la orden de ejecución.

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2.2. Los requisitos en cuanto al fondo
¿Qué criterios aplican los órganos jurisdiccionales para autorizar medidas de ejecución en relación con las demandas?

Los órganos jurisdiccionales autorizan la ejecución judicial cuando ésta se basa en una resolución de carácter obligatorio, definitivo o que puede aplicarse previamente pero el plazo de aplicación en ella fijado ha expirado.

Según una norma especial, en caso de pensiones de alimentos para menores, la ejecución del cobro de los pagos atrasados más de seis meses puede autorizarse cuando la parte que solicita la ejecución supone que el retraso en el pago puede deberse al comportamiento fraudulento del deudor o a que éste no ha podido efectuar el pago por un motivo fundado. En la ejecución de las resoluciones extranjeras los órganos jurisdiccionales también consideran si el cumplimiento de éstas es conforme a las leyes, los tratados internacionales, las normas de reciprocidad y las normas de la Unión Europea.

¿Qué criterios aplican los órganos jurisdiccionales para autorizar medidas de ejecución relativas a los deudores?

En lo que respecta a los deudores, los órganos jurisdiccionales tienen en cuenta los datos suministrados al rellenar el formulario oficial por la parte que solicita la ejecución, es decir:

  • nombre y apellidos del deudor, y datos necesarios para su identificación;
  • según las circunstancias del caso, domicilio, lugar de trabajo, sede y lugar en que se encuentran los bienes objeto de ejecución (la parte que solicita la ejecución debe suministrar al menos uno de estos datos).

La autorización de la ejecución sólo se concederá si el órgano jurisdiccional dispone de estos datos sobre el deudor.

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3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de la ejecución?
Las medidas de ejecución pueden adoptarse en relación con los siguientes bienes:
  • dinero en cuentas bancarias, pero en el caso de particulares la ley garantiza la exención de la ejecución hasta cierta cantidad de dinero;
  • bienes muebles tangibles, excluidos los bienes indispensables para la vida cotidiana, que están por ley exentos de ejecución, por ejemplo:
  • vestido necesario
    • muebles en un número proporcional a los miembros de la familia del deudor
    • medicación necesaria por enfermedad del deudor, etc.
  • bienes inmuebles (independientemente de su naturaleza, utilización, derechos y cargas sobre los mismos y hechos registrados en el registro de la propiedad). Están exentos de ejecución los bienes inmuebles que, en el proceso de liquidación, no puedan ser considerados parte del patrimonio del deudor.
  • además de los ya enumerados, también pueden ser objeto de ejecución los bienes siguientes: sueldos, pensiones y otros ingresos del deudor (en este ámbito también hay cierto porcentaje exento), acciones de empresas, deudas de terceros, etc.
3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?
Los deudores que no cumplan los requisitos de las órdenes judiciales ¿podrán disponer de sus bienes?

En caso de embargo de cuentas bancarias y bienes tangibles, el deudor pierde el derecho a disponer de los bienes. Si los bienes embargados son también retenidos, éstos dejan de estar en posesión del deudor. Si un bien inmueble es retenido, el deudor puede disponer de él pero sólo podrá enajenarlo sujeto al título de ejecución.

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¿Son sancionados los deudores que no cumplen las medidas de ejecución?

El órgano jurisdiccional impone una sanción máxima de 500.000 HUF al deudor que no cumple la obligación que le impone la ley o que obstaculiza con su comportamiento las medidas de ejecución.

Si en el curso de la ejecución el deudor ofrece resistencia física, el agente judicial recurrirá a la policía para que ésta aplique las medidas coercitivas contra el deudor.

Si el deudor obstaculiza el procedimiento con su comportamiento activo (violento) puede incurrir en responsabilidad penal. El deudor también comete un delito si sustrae artículos que forman parte de los bienes embargados, retira el precinto colocado en el curso de la ejecución o abre el lugar cerrado donde se custodian los bienes retenidos, embargados o bloqueados (delito de rotura de precintos).

¿Cuáles son las obligaciones de los bancos en materia de transmisión de información y bloqueo de cuentas?

Los bancos están obligados a revelar la información que sobre el deudor y sus activos monetarios les solicite el agente judicial y, de acuerdo con la orden de éste, a transferir la cantidad especificada de la cuenta del deudor al agente judicial y, en ciertos casos, a bloquear la cuenta bancaria. Los bancos pueden ser responsables civilmente por llevar a cabo estas medidas.

¿Qué sanciones se aplican contra terceros que se nieguen a cumplir las medidas de ejecución?

El banco que no cumple las obligaciones derivadas de la ejecución puede ser obligado a pagar una multa y el importe del crédito no cobrado por su causa. Al igual que otras personas obligadas a participar en el procedimiento, el empleador del deudor es responsable de llevar a cabo la retención de ingresos que le ordene el agente judicial.

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3.3. ¿Cuál es plazo de validez de estas medidas?
Los deudores que no cumplan los requisitos de las órdenes judiciales ¿podrán disponer de sus bienes?

En caso de embargo de cuentas bancarias y bienes tangibles, el deudor pierde el derecho a disponer de los bienes. Si los bienes embargados son también retenidos, éstos dejan de estar en posesión del deudor. Si un bien inmueble es retenido, el deudor puede disponer de él pero sólo podrá enajenarlo sujeto al título de ejecución.

¿Son sancionados los deudores que no cumplen las medidas de ejecución?

El órgano jurisdiccional impone una sanción máxima de 500.000 HUF al deudor que no cumple la obligación que le impone la ley o que obstaculiza con su comportamiento las medidas de ejecución.

Si en el curso de la ejecución el deudor ofrece resistencia física, el agente judicial recurrirá a la policía para que ésta aplique las medidas coercitivas contra el deudor.

Si el deudor obstaculiza el procedimiento con su comportamiento activo (violento) puede incurrir en responsabilidad penal. El deudor también comete un delito si sustrae artículos que forman parte de los bienes embargados, retira el precinto colocado en el curso de la ejecución o abre el lugar cerrado donde se custodian los bienes retenidos, embargados o bloqueados (delito de rotura de precintos).

¿Cuáles son las obligaciones de los bancos en materia de transmisión de información y bloqueo de cuentas?

Los bancos están obligados a revelar la información que sobre el deudor y sus activos monetarios les solicite el agente judicial y, de acuerdo con la orden de éste, a transferir la cantidad especificada de la cuenta del deudor al agente judicial y, en ciertos casos, a bloquear la cuenta bancaria. Los bancos pueden ser responsables civilmente por llevar a cabo estas medidas.

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¿Qué sanciones se aplican contra terceros que se nieguen a cumplir las medidas de ejecución?

El banco que no cumple las obligaciones derivadas de la ejecución puede ser obligado a pagar una multa y el importe del crédito no cobrado por su causa. Al igual que otras personas obligadas a participar en el procedimiento, el empleador del deudor es responsable de llevar a cabo la retención de ingresos que le ordene el agente judicial.

4. ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida?

a) Retirada del título ejecutivo y supresión de la cláusula de ejecución

Si el órgano jurisdiccional ordena la ejecución mediante lo que se conoce como título ejecutivo, es posible retirar este título o suprimir la cláusula de ejecución, como solución jurídica en el caso de que el órgano jurisdiccional declare que no hay razones para conceder el título ejecutivo.

  • ¿Quién puede solicitar la retirada del título ejecutivo y la supresión de la cláusula de ejecución?

La retirada del título ejecutivo y la supresión de la cláusula de ejecución pueden ser solicitadas por el deudor o por el solicitante de la ejecución, o pueden ser decididas de oficio por el órgano jurisdiccional.

  • Órganos jurisdiccional ante los que pueden presentarse las solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse al órgano jurisdiccional que ordenó la ejecución.

  • Plazo de presentación de la solicitud

No se prescribe ningún plazo de presentación de solicitudes, éstas pueden presentarse en todo momento.

  • Curso dado a las solicitudes

Una vez admitida la solicitud por el órgano jurisdiccional, éste dicta un auto para retirar el título ejecutivo y suprimir la cláusula de ejecución; la otra parte puede presentar un recurso contra dicho auto.

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b) Recurso contra la orden de ejecución

En los casos en que la ejecución se autoriza mediante un auto judicial formal, puede presentarse recurso contra este auto.

  • ¿Quién puede recurrir la decisión?

Los recursos pueden ser presentados por el deudor o por el solicitante de la ejecución.

  • Órgano jurisdiccional al que se deben presentar los recursos

Los recursos deben presentarse al órgano jurisdiccional que ordena la ejecución y estar dirigidos al órgano jurisdiccional de segunda instancia. El tribunal de apelación es competente para examinar los recursos.

  • Plazo de recurso

El plazo de presentación de recursos es de quince días desde la fecha de adopción del auto judicial.

  • Curso dado a los recursos

Si el auto judicial que ordena la ejecución es materialmente adecuado, el tribunal de apelación lo aprueba, pero en caso contrario lo modifica. Si infringe las normas de procedimiento, el tribunal de apelación anula el auto judicial y ordena al órgano jurisdiccional que dictó la ejecución que adopte una nueva decisión.

c) Recurso contra el auto que deniega la concesión de un título ejecutivo
  • ¿Quién puede recurrir la decisión?

El solicitante de la ejecución puede recurrir el auto que deniegue la concesión de un título ejecutivo.

  • Órganos jurisdiccionales ante los que pueden presentarse los recursos

Los recursos deben interponerse ante el órgano jurisdiccional que ordenó la ejecución y deben estar dirigidos al tribunal de apelación. Éste es el tribunal competente para examinar los recursos.

  • Plazo de recurso

El plazo de presentación de recursos es de quince días desde la fecha de adopción del auto judicial.

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  • Curso dado a los recursos

Si el auto judicial que ordena la ejecución es materialmente correcto, el tribunal de apelación lo aprueba, pero en caso contrario lo modifica. Si infringe las normas de procedimiento, el tribunal de apelación anula el auto judicial y ordena al órgano jurisdiccional que decidió el embargo que adopte una nueva decisión.

Tras ordenar el embargo, el agente judicial procede a aplicar las medidas coercitivas independientemente, ya que no necesita ninguna autorización judicial para llevarlas a cabo. Existe un recurso especial, denominado objeción a la ejecución, que puede ser presentado por el deudor, el solicitante de la ejecución o cualquier otra parte interesada. Las objeciones a la ejecución deben presentarse en el plazo de 15 días desde la fecha de adopción de las medidas por el agente judicial. Si el objetor tuvo conocimiento de estas medidas más tarde o se le impidió presentar una objeción a la ejecución en el plazo de 15 días siguientes a la adopción de las medidas por el agente, el plazo de presentación de dicha objeción a la ejecución deberá calcularse a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de tales medidas o de la fecha de supresión del impedimento. Transcurridos seis meses desde la adopción de las medidas no podrán presentarse objeciones a la ejecución. El órgano jurisdiccional, tomando como base la objeción admitida, anulará la medida que infrinja la ley o, en caso de no actuación del agente judicial, le ordenará aplicar la medida. En caso contrario, rechazará la objeción.

Además de los diversos recursos legales previstos, también es posible poner fin a la ejecución. La ejecución concluye mediante un auto judicial si así lo pide el solicitante de la ejecución y si ello no perjudica los derechos de la otra parte y está previsto en otra ley. La ejecución concluye, por ejemplo, si el deudor satisface la deuda. El auto judicial pone fin a la ejecución incluso cuando se ha declarado, conforme a un documento notarial, que la ejecución de la orden ha sido anulada por una decisión definitiva.

En el marco del procedimiento de ejecución también puede ocurrir que una tercera parte presente una reclamación relativa a un bien embargado en el curso de la ejecución, basándose en su derecho de propiedad o en cualquier otro derecho, obstaculizando así la venta en el curso de la ejecución, con objeto de iniciar la denominada demanda de exención contra el solicitante de la ejecución, a fin de levantar el embargo sobre dicho bien. Si el órgano jurisdiccional admite la demanda de exención, levantará el embargo sobre el bien en cuestión. Si el bien ya fue vendido, la parte ganadora deberá obtener una suma de dinero equivalente al precio de venta.

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