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Última actualización: 30-10-2007
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Ejecución de las resoluciones judiciales - Grecia

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ÍNDICE

1. ¿Qué significa la ejecución en materia civil y mercantil? 1.
2. ¿Cuáles son las condiciones en las que se puede despachar ejecución? 2.
2.1. Procedimiento 2.1.
2.2. Requisitos de fondo 2.2.
3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución 3.
3.1. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución? 3.1.
3.2. ¿Qué validez tienen estas medidas? 3.2.
4. ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se acuerda esta medida? 4.

 

1. ¿Qué significa la ejecución en materia civil y mercantil?

La ejecución es la acción destinada a forzar la satisfacción de un crédito declarado en un título ejecutivo, con la ayuda de las autoridades. Los siguientes medios se utilizan para la ejecución:

  • apropiación forzosa de mercancías
  • evicción coercitiva de un bien inmueble
  • embargo
  • encarcelamiento
  • multas
  • administración judicial
  • declaración jurada.

2. ¿Cuáles son las condiciones en las que se puede despachar ejecución?

Un título ejecutivo es un documento público que certifica el crédito y concede al demandante el derecho a exigir al deudor el cumplimiento del contenido del título ejecutivo. Los elementos necesarios son la existencia del título y la validez del crédito.

2.1. Procedimiento

La ejecución se considera como parte del enjuiciamiento en vez de como un acto administrativo; su objetivo es proporcionar protección jurídica. Las solicitudes dirigidas a los funcionarios de ejecución y todos los actos de ejecución son actos procesales. Las condiciones que deben cumplirse con vistas a la ejecución son las siguientes:

  • jurisdicción y competencia de los agentes de ejecución
  • ser parte en el proceso
  • tener capacidad procesal
  • tener capacidad para actuar en nombre del cliente
  • existencia de un interés legítimo
  • tener capacidad de demandar y ser demandado
  • existencia de un título ejecutivo
  • existencia de un crédito que pueda ser satisfecho mediante la ejecución.

Se pueden ejecutar tanto las resoluciones judiciales como las no judiciales. No siempre es necesario solicitar al tribunal una orden de ejecución. Son títulos ejecutivos los siguientes:

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  • resoluciones firmes de tribunales griegos
  • resoluciones de tribunales griegos declaradas provisionalmente ejecutables
  • laudos arbitrales
  • documentos de tribunales griegos que contengan un acuerdo o que determinen costas procesales
  • escritura notarial
  • requerimientos de pago expedidos por jueces griegos
  • órdenes de evicción de arrendatarios
  • títulos extranjeros declarados ejecutivos
  • órdenes y actos que sean títulos ejecutivos por ley.

Los funcionarios de ejecución pueden ser de designación directa o indirecta. Los directamente designados por el acreedor son los siguientes: a) agentes judiciales, que son funcionarios públicos no asalariados con autoridad para embargar bienes muebles que estén en posesión del deudor, embargar inmuebles, naves o aeronaves pertenecientes al deudor, efectuar la ejecución directa, detener a los deudores cuyo encarcelamiento se haya ordenado y preparar subastas; y b) notarios, o jueces de paz que los sustituyan, con autoridad para efectuar la subasta voluntaria o forzosa de los bienes embargados al deudor y distribuir las ganancias estableciendo una lista de prioridad. Los de designación indirecta son los agentes de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas y los testigos del agente judicial, que colaboran cuando se ofrece resistencia a la ejecución o se amenaza con ofrecerla. Todos estos agentes son responsables de cualquier incumplimiento doloso de sus obligaciones en el ejercicio de sus funciones.

El título ejecutivo propiamente dicho lo solicita la persona con derecho a hacerlo efectivo, es decir, el demandante, o su representante, que puede o no ser un abogado. Los costes básicos de la ejecución son los siguientes:

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  • honorarios del agente judicial por el embargo: para créditos de hasta 587 EUR: 44 EUR; para créditos de entre 589,87 EUR y 5.869,40: el 2,5%; y para créditos de 5.872,34 EUR o más: el 1% (con un límite máximo de 352 EUR) por cada inmueble, nave o avión embargado;
  • honorarios del agente judicial por la preparación de cada subasta o la elaboración de un programa de subasta repetido o el resumen del informe de embargo, para créditos de hasta 587 EUR: 44 EUR; para créditos de entre 589,87 EUR y 5.869,40: el 2%; y para créditos de 5.872,34 EUR o más: el 1% (con un límite máximo de 176 EUR);
  • honorarios del subastador: 25 EUR;
  • honorarios del agente judicial por cualquier otro acto de ejecución: entre 175 y 295 EUR, según lo acordado entre el agente judicial y su cliente;
  • honorarios del testigo del agente judicial: 22 EUR por cada uno;
  • si se cancela la ejecución, los honorarios del agente judicial se reducen en un 50%;
  • 0,30 EUR por cada kilómetro que el agente judicial y los testigos tengan que viajar desde el lugar donde tengan su sede para realizar cualquier acto;
  • honorarios especiales del agente judicial especial dependiendo del grado de complejidad de la ejecución: según lo acordado entre el agente judicial y su cliente (esto nunca es pagado por el deudor).
2.2. Requisitos de fondo

Los requisitos de fondo para la ejecución son los siguientes:

  • existencia de un interés legítimo, es decir, la necesidad del acto de ejecución y la protección jurídica que proporciona; y
  • validez del crédito.

La finalidad de las normas de ejecución es equilibrar los intereses en conflicto de los acreedores por una parte y de los deudores o terceros por otra en estas circunstancias. Los criterios que aplican los tribunales para conceder una medida de ejecución son los siguientes:

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  • satisfacción rápida de los acreedores a bajo coste;
  • protección de los derechos de la personalidad y de los intereses legítimos del acreedor en general;
  • coincidencia de los intereses del acreedor y del deudor por lo que se refiere a la necesidad de alcanzar el mejor precio posible en la subasta;
  • protección de los intereses de terceros.

3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

Las medidas de ejecución pueden dirigirse contra los bienes del deudor y/o contra el deudor personalmente. Las medidas de ejecución son actos materiales realizados por agentes a quienes se ha conferido esta autoridad; dan lugar directa o indirectamente a la satisfacción de créditos, mediante la ejecución por parte del Estado. Pueden tomarse medidas de ejecución en relación con los siguientes bienes:

  • bienes muebles en manos del deudor, o en manos del acreedor o de un tercero dispuesto a entregarlos;
  • derechos de propiedad del deudor frente a bienes de terceros;
  • dinero en efectivo;
  • créditos pecuniarios contra terceros de los que sea titular la persona objeto de la ejecución;
  • bienes inmuebles pertenecientes al deudor o derechos de propiedad del deudor;
  • barcos;
  • aeronaves;
  • derechos de propiedad intelectual, patentes y derechos de películas.

No podrán tomarse medidas de ejecución en relación con los siguientes bienes:

  • efectos personales del deudor y su familia;
  • comida y combustible necesarios para el deudor y su familia;
  • medallas, recuerdos, manuscritos, correspondencia, documentos familiares y libros contables;
  • libros, instrumentos musicales y obras de arte;
  • herramientas, maquinaria, libros u otros artículos necesarios para el ejercicio de la profesión;
  • bienes perecederos;
  • participaciones en sociedades personales;
  • pensiones alimenticias previstas por la ley;
  • derechos salariales, a pensiones de jubilación o a prestaciones de seguros sociales.
3.1. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

El deudor debe acatar la decisión que ordena la medida de ejecución, al igual que todos los terceros. Si se ofrece resistencia durante la ejecución, el agente judicial puede emplear la fuerza y, al mismo tiempo, solicitar la asistencia de las autoridades policiales. El agente judicial puede llamar a dos testigos adultos o a un segundo agente judicial. En caso de no acatamiento por parte del deudor:

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  • si el deudor incumple su obligación de realizar un acto que pueda también ser efectuado por una tercera persona, el acreedor tiene derecho a realizar el acto a expensas del deudor;
  • si el deudor incumple su obligación de realizar un acto que no pueda ser efectuado por una tercera persona y dependa solamente de si éste está dispuesto a realizarlo, el tribunal le ordenará que lo realice y, si no lo hace, le condenará a una multa en beneficio del acreedor, y al encarcelamiento;
  • si el deudor está obligado a abstenerse de realizar un acto o a acceder a determinado acto, el tribunal podrá sancionar toda infracción con una multa en beneficio del acreedor y con el encarcelamiento.

Ninguno de los casos anteriores afecta al derecho del acreedor a exigir la compensación prevista por la ley por las pérdidas derivadas del incumplimiento del deudor. En principio, el deudor puede disponer de sus bienes; no obstante, si se le embargan se le prohíbe enajenarlos so pena de nulidad frente a la persona que solicitó el embargo y frente a los acreedores que han hecho valer sus créditos.

Si la ejecución se dirige contra las cuentas bancarias del deudor, el banco no está obligado a revelar los detalles exactos de las mismas al solicitante. No obstante, si se notifica al banco un despacho de embargo por deudas contra el deudor, éste no podrá disponer del importe embargado y el acto de disposición será nulo de pleno Derecho frente a la persona que instó el embargo. El banco deberá declarar en el plazo de ocho días tras la notificación del despacho de embargo si el crédito embargado (dinero depositado en la cuenta bancaria) existe; y si basta para satisfacer a la persona que instó el embargo, deberá pagarle la suma de dinero.

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3.2. ¿Qué validez tienen estas medidas?

No hay en principio ninguna disposición que imponga plazos al solicitante; existen algunas restricciones temporales, pero se trata de plazos antes de los cuales no pueden efectuarse válidamente actos específicos, en vez de ser plazos vinculantes, y no establecen directamente un momento después del cual el solicitante ya no pueda tomar medidas. La disposición en virtud de la cual diversos actos individuales deben efectuarse en un determinado período tras el embargo o antes de la subasta no cambia la base del sistema. Para evitar que el procedimiento se prolongue indefinidamente, hay simplemente un plazo último de un año tras el cual el embargo u otros actos ya no pueden efectuarse sobre la base del mismo título, y una subasta no puede llevarse a cabo sobre la base de un embargo que, debido a la expiración de este plazo, se ha revocado por decisión judicial.

4. ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se acuerda esta medida?

El único recurso contra el procedimiento de ejecución es la solicitud de revocación de la resolución dictada en rebeldía, que podrá ser presentada por la persona contra la que se dirige la ejecución o por cualquier acreedor con un interés legítimo en el plazo de 15 días del primer acto de ejecución, si se refiere a la validez del título o de las medidas preliminares; hasta el acto final de ejecución, si se refiere a la validez de algún acto de ejecución, desde el primero hasta el último; y seis meses después de que se haya realizado el acto final de ejecución, si se refiere a la validez de ese acto. Las solicitudes de revocación de resoluciones dictadas en rebeldía pueden ser también presentadas por un tercero que tenga un derecho respecto del objeto de la ejecución impugnada y que pueda invocarlo frente a la persona contra la que se dirige la ejecución sin un plazo específico. El tribunal competente será aquel en cuyo territorio se encuentre el lugar de la ejecución, o el juez de paz si el título ejecutivo es una decisión del juez de paz, y el juez de primera instancia en los demás casos. El hecho de que se presente una solicitud de revocación de resolución dictada en rebeldía no suspende la ejecución; sin embargo, el tribunal, a petición del solicitante, puede ordenar la suspensión del procedimiento de ejecución, con o sin una garantía. Esta resolución se notifica a los funcionarios de ejecución, que no podrán efectuar ningún acto de ejecución a menos que la resolución lo permita específicamente.

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