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Última actualización: 23-05-2006
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Ejecución de las resoluciones judiciales - Alemania

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ÍNDICE

1. ¿Qué significa «ejecución» en materia civil y mercantil? 1.
2. ¿Cuáles son los requisitos para despachar ejecución? 2.
2.1. El procedimiento 2.1.
2.2. ¿Cuáles son los requisitos de fondo para despachar ejecución? 2.2.
3. Medidas de ejecución forzosa 3.
3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución? 3.1.
3.2. ¿Cuáles son los efectos de las medidas de ejecución forzosa? 3.2.
3.3. ¿Qué período de validez pueden tener las medidas de ejecución forzosa? ¿El período de validez está limitado por ley o por resolución judicial? 3.3.
4. ¿Se puede recurrir el despacho de ejecución? 4.

 

1. ¿Qué significa «ejecución» en materia civil y mercantil?

La ejecución forzosa es un concepto de Derecho procesal y consiste en la realización de una pretensión material contando con el poder coercitivo del Estado. Sólo está investido de este poder el Estado, que, como titular del monopolio de la fuerza, ejerce la soberanía a través de sus órganos.

Lista de las distintas medidas de ejecución con las que se obliga al demandado a realizar la prestación que le ha sido impuesta:

- embargo de bienes,

- embargo de derechos de crédito y otros derechos patrimoniales (en particular, embargo de las rentas del trabajo) ,

- declaración patrimonial,

- medidas coercitivas para la obtención de actos u omisiones,

- subasta forzosa

- embargo preventivo e interdicto cautelar.

2. ¿Cuáles son los requisitos para despachar ejecución?

2.1. El procedimiento
- ¿Son ejecutables los títulos judiciales y extrajudiciales?

Sí. Tanto la sentencias firmes como las provisionalmente ejecutables están recogidas en el artículo 704 del código procesal civil (ZPO) , al igual que los demás títulos ejecutivos mencionados en el artículo 794 del mismo código, entre los que se encuentran, junto a los títulos judiciales, los convenios ante un órgano de arbitraje, los acuerdos de abogados y los documentos notariales.

- ¿Es preciso que exista una resolución judicial para que se pueda ejecutar el título?

Es necesario que exista resolución judicial en el caso del embargo de derechos de crédito y otros derechos patrimoniales del deudor, en la ejecución forzosa despachada para obtener acciones u omisiones y en la ejecución inmobiliaria, con arreglo a la ley de subastas forzosas.

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- ¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente?

Para el embargo de derechos de crédito es competente el tribunal (Amtsgericht) que corresponda al domicilio de deudor.

Al tribunal de primera instancia (Prozessgericht des ersten Rechtszuges) compete despachar la ejecución forzosa para obtener acciones u omisiones.

De las ejecuciones inmobiliarias se ocupa el tribunal (Amtsgericht) en cuya jurisdicción se encuentre el bien raíz.

- Estatuto y competencias del ejecutor judicial (Gerichtsvollzieher)

El ejecutor judicial es un funcionario del Estado federado perteneciente al cuerpo intermedio de funcionarios de justicia y se encuentra bajo el control jerárquico del Director del tribunal (Amtsgericht) competente. A pesar de ello, goza de total independencia en la forma de ejercer sus funciones.

El ejecutor judicial se encarga de la ejecución de las sentencias de Derecho civil con arreglo al libro octavo del código procesal civil. En la actualidad su principal tarea no son ya las ejecuciones inmobiliarias sino toda la actividad relacionada con el embargo de derechos de crédito del deudor. En este ámbito el ejecutor judicial se ocupa, en particular, de garantizar el pago fraccionado del deudor y de que la tramitación del procedimiento de ejecución se realice de forma rápida y amistosa. Es una competencia fundamental del ejecutor recibir la declaración patrimonial del deudor que debe servir para la declaración patrimonial, que tanta importancia reviste para el acreedor. Otros ámbitos de competencia del ejecutor son:

- la entrega de bienes muebles e inmuebles (desahucio) ,

- la neutralización de la oposición del deudor a las actuaciones que se le exigen,

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- las notificaciones necesarias para la ejecución forzosa,

- la ejecución de sentencias de embargo e interdictos cautelares (cuando el órgano jurisdiccional no sea competente para ello) y

- la ejecución de las órdenes de detención.

- ¿Debe presentarse la demanda de ejecución a través de un profesional del Derecho?

Sobre las demandas de ejecución deciden principalmente los tribunales (Amtsgericht) y no es preciso estar representado por un abogado.

Por el contrario, la demanda para que se despache una sentencia de ejecución por la que se exigen actos u omisiones debe interponerse ante un tribunal de primera instancia (Prozessgericht des ersten Rechtszugs) , que puede ser en ciertas circunstancias un tribunal superior (tribunal regional (Landgericht) ) , en el que es obligatoria la representación por un abogado.

Costes de las medidas de ejecución

La Ley prevé varias posibilidades de ejecución, en función del correspondiente tipo de pretensión, que pueden originar diversos costes:

a) Embargo de bienes

Si lo que se reconoce es el derecho al pago de una determinada suma de dinero, por regla general el acreedor encargará al ejecutor judicial la realización del crédito. El embargo de bienes muebles del deudor por el ejecutor judicial devenga una tasa de 20 euros. Por la subasta o venta del bien embargado (es decir la realización del mismo) hay que pagar una tasa adicional de 40 euros. A ello se añaden los gastos que precise hacer el ejecutor.

b) Embargo de derechos de crédito

Un título de pago da derecho a solicitar el embargo judicial de derechos de crédito del deudor (por ejemplo el del pago del salario) y a la transferencia de los derechos al acreedor para su cobro (artículos 829 y 835 del código procesal civil). El procedimiento de interposición de la demanda incluye una tasa de 15 euros. Los gastos en los que se incurra se cobran aparte (en particular los costes de notificación de la decisión judicial).

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c) Declaración patrimonial

En caso de que el embargo y la realización de los bienes no satisfagan por completo la deuda, a instancia del acreedor el deudor está obligado a presentar al ejecutor judicial un inventario de su patrimonio y a prestar declaración jurada del contenido del mismo. La tasa que debe abonarse por prestar declaración ante el ejecutor asciende a 30 euros.

d) Ejecución inmobiliaria

La ejecución forzosa del patrimonio inmobiliario del deudor se realiza registrando una hipoteca fiduciaria en favor del derecho de crédito, a través de la subasta forzosa o a través la administración forzosa del bien inmueble.

Para inscribir en el registro de la propiedad una hipoteca fiduciaria, la Ley sobre costes en asuntos de jurisdicción voluntaria (Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenordnung - KostO) ) exige una tasa global en función del valor del título de crédito que se garantiza. En el Anexo 1 se adjunta un cuadro de tasas para valores de hasta 1 millón de euros.

La demanda de despacho de la ejecución forzosa inmobiliaria está gravada con una tasa de 50 euros. Hay que pagar otras tasas– en general con un índice del 0,5% – por la sustanciación del procedimiento (tramitación del expediente) , la celebración de la subasta forzosa, el otorgamiento de adjudicación y el procedimiento de distribución de los ingresos. El importe de las tasas por el procedimiento en general y la celebración de la subasta depende en cada caso del valor de mercado del bien raíz. El precio de las tasas de adjudicación y distribución de los ingresos varía según la mejor oferta alcanzada en la subasta. En el Anexo 2 se adjunta un cuadro de tasas para valores de hasta 500 000 euros. Además de las tasas se cobran los gastos del procedimiento, en particular los costes por el dictamen pericial del valor de mercado del bien inmueble.

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La solicitud de providencia de administración forzosa está gravada con una tasa de 50 euros. Por la sustanciación del procedimiento hay que pagar además una tasa del 0,5% del importe total de los ingresos procedentes de la administración.

e) Ejecución de la enajenación, disposición de medidas coercitivas para la obtención de actos u omisiones

Si la sentencia obliga al deudor a enajenar un bien mueble, corresponde al ejecutor judicial ejecutar la sentencia a instancia del acreedor. Por las diligencias administrativas pertinentes se cobra una tasa de 20 euros. Si lo que se debe enajenar es una vivienda o un terreno, la tasa por el desalojo asciende a 75 euros. A ello se añaden los gastos del ejecutor, en particular por acudir a terceros cuando sea necesario (por ejemplo, gastos de transporte, cerrajero etc.). Si las diligencias duran más de tres horas, se cobrará un suplemento de 15 euros por cada hora o tramo de hora adicional.

Cuando es un tribunal el que despacha ejecución de medidas coercitivas para la obtención de actos u omisiones la tasa judicial asciende a 15 euros.

2.2. ¿Cuáles son los requisitos de fondo para despachar ejecución?

El acreedor debe estar en posesión de un título ejecutivo que acredite su pretensión. Este puede ser una sentencia firme y definitiva o una declarada provisionalmente ejecutable (artículo 704 del código procesal civil) o bien alguno de los títulos mencionados en el artículo 794 del código procesal civil (por ejemplo, transacciones judiciales, órdenes judiciales de pago o documentos notariales).

Por parte del deudor no es necesario ningún requisito.

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El embargo y la declaración jurada presentan particularidades. Estas medidas de ejecución forzosa se aplican para garantizar una pretensión antes de que se haya dictado sentencia judicial en el procedimiento principal.

3. Medidas de ejecución forzosa

3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución?

Los bienes muebles, los derechos de crédito y otros derechos patrimoniales, así como los bienes inmuebles del deudor.

El artículo 811 del código procesal civil menciona algunos objetos que no se pueden embargar, con el fin de que el deudor y las personas que viven con él conserven un mínimo de cosas que son imprescindibles para el uso personal o profesional.

Se imponen también restricciones al embargo del salario del deudor. En este sentido, el artículo 850 y siguientes código procesal civil establecen determinadas cantidades inembargables que deben dejarse al deudor para garantizarle una renta mínima de subsistencia.

3.2. ¿Cuáles son los efectos de las medidas de ejecución forzosa?
- Para el deudor

En general la ejecución forzosa no puede llevarse a cabo si el deudor no tiene patrimonio embargable. Sin embargo el acreedor tiene la posibilidad de volver a incoar el procedimiento de ejecución forzosa contra el deudor si aparecen elementos patrimoniales nuevos u otros que hasta hora eran desconocidos para el deudor.

Un título ejecutivo faculta al acreedor para proceder ejecutivamente durante treinta años. Mientras el acreedor no adopte otras medidas de ejecución forzosa, el deudor puede disponer de su patrimonio.

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El deudor que haya prestado declaración jurada o contra el que se haya decretado prisión por negarse a prestarla quedará registrado en la lista de deudores del órgano jurisdiccional de ejecución ante el que esté pendiente el procedimiento de ejecución. En determinadas circunstancias, se puede facilitar a terceros datos de la lista de deudores.

- Para los terceros

Por motivos relacionados con la protección de datos, los bancos no están obligados frente al acreedor ni frente al órgano jurisdiccional o al administrador de justicia a desvelar información sobre el deudor ni, en particular, sobre su situación patrimonial.

En los casos del embargo y de la transferencia de los derechos de crédito del deudor frente a terceros, el tercero ya no tiene que pagar al deudor; sólo puede cancelar el derecho de crédito que se ha transferido al acreedor para que lo cobre satisfaciendo la deuda con este. Si el tercero incumple su obligación podrá interponerse contra él, en determinadas circunstancias, una demanda de indemnización por daños y perjuicios.

3.3. ¿Qué período de validez pueden tener las medidas de ejecución forzosa? ¿El período de validez está limitado por ley o por resolución judicial?

Los derechos declarados ejecutivos, así como los que se derivan de transacciones o documentos ejecutables prescriben a los 30 años con arreglo a lo dispuesto en el artículo 197 del código civil (BGB). Durante este tiempo, el deudor puede promover en cualquier momento las medidas de ejecución forzosa.

4. ¿Se puede recurrir el despacho de ejecución?

El acreedor puede recurrir inmediatamente la desestimación del despacho de ejecución.

El deudor tiene los siguientes recursos contra el despacho de ejecución:

- Reclamar inmediatamente cuando ha habido audiencia previa,

- Interponer un recurso, si no ha habido audiencia previa.

El recurso, sin limitación de fecha, se interpone ante el tribunal (Amtsgericht) , la reclamación inmediata debe presentarse en un plazo de dos semanas ante el tribunal (Amtsgericht) o el tribunal regional actuando como órganos jurisdiccionales de apelación.

La interposición de un recurso no tiene en principio ninguna influencia en la prosecución del procedimiento de ejecución forzosa ya incoado; carece de efecto suspensivo.

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