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Última actualización: 02-05-2005
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Ejecución de las resoluciones judiciales - Finlandia

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ÍNDICE

1. ¿Qué significa la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil? 1.
2. ¿En qué condiciones puede expedirse un título de ejecución? 2.
2.1. Procedimiento 2.1.
2.2. Requisitos en cuanto al fondo 2.2.
3. Medidas de ejecución 3.
3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución? 3.2.
3.3. ¿Cuál es el período de validez de estas medidas? 3.3.
4. ¿Se pueden recurrir las resoluciones por las que se conceden estas medida? 4.

 

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1. ¿Qué significa la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil?

En Finlandia, se distingue entre ejecución particular y ejecución general.

La ejecución particular comprende el cobro de deudas declaradas exigibles en resolución judicial. De ser necesario, se da cumplimiento de manera forzosa a la obligación impuesta en la resolución judicial u otro título de ejecución.

La ejecución general o los procedimientos concursales abarcan el ajuste de las deudas de un particular, el saneamiento de una empresa y la quiebra y se aplican, en principio, al conjunto de deudas y bienes del deudor. A continuación se aborda exclusivamente la ejecución particular. Véase también Quiebras - Finlandia.

El tipo de ejecución más frecuente en materia civil y mercantil es la ejecución a petición del acreedor. Consiste en el embargo de los bienes del deudor y, cuando proceda, la venta y el pago del producto de la venta al acreedor. Los bienes se embargan hasta el total del importe del crédito del acreedor ejecutante. Si solicitan la ejecución varios acreedores o si existen garantías sobre los bienes embargados, el producto de la venta se distribuye entre los acreedores por orden de prioridad.

Otro tipo importante de ejecución es el desahucio, por el que se expulsa a un arrendatario de una finca tras la resolución del contrato de arrendamiento. La ejecución puede también referirse a una obligación de dar un bien determinado (obligación de dación) , de hacer algo (obligación de acción) o a la prohibición de hacer algo y la obligación de permitir que un tercero haga algo (obligación de prohibición). En estos casos, los medios de ejecución son, según la situación de que se trate, las medidas coercitivas o multas coercitivas. El objeto de la ejecución puede también ser un embargo preventivo u otra medida cautelar decretada por un órgano jurisdiccional. Solo la ejecución a petición de un acreedor se analiza en detalle a continuación.

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2. ¿En qué condiciones puede expedirse un título de ejecución?

2.1. Procedimiento

En Finlandia, quienes proceden a la ejecución son los agentes de ejecución o alguaciles. En general, los que llevan a cabo, en la práctica, las tareas de ejecución son los agentes auxiliares. Estos agentes son órganos de la Administración de Justicia del Estado independientes e imparciales, que han de actuar con sujeción a las normas Deben proceder a la ejecución de manera rápida, eficaz e idónea, sin causar, por otra parte, al ejecutado o tercero más perjuicio que el requerido por la ejecución. El agente de ejecución tiene competencias efectivas, por ejemplo, para la búsqueda de los bienes del deudor.

Para incoar un procedimiento de ejecución, es preciso que el deudor esté en posesión de una sentencia judicial u otro título de ejecución por los que se establezca el activo exigible. Sin embargo, no suele ser necesario un mandato judicial de ejecución separado.

El título de ejecución, en materia civil o mercantil, es normalmente una sentencia u otra resolución de un órgano jurisdiccional ordinario. Los órganos jurisdiccionales ordinarios comprenden los Juzgados de Distrito como órganos jurisdiccionales de primera instancia y, en apelación, los Tribunales de Apelación y, por último, el Tribunal Supremo. Un laudo arbitral puede también ser título de ejecución. Los convenios reguladores de la pensión alimenticia para los hijos menores de edad homologados por la correspondiente autoridad municipal son importantes títulos de ejecución en la práctica. Por el contrario, los documentos privados entre particulares no pueden ser títulos de ejecución en Finlandia.

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Una resolución judicial extranjera o un documento equivalente solo es título de ejecución válido en Finlandia si así se establece por una ley, que en actualidad suele ser una norma comunitaria.

El acreedor debe presentar su solicitud de ejecución, junto con el título de ejecución, ante un agente de ejecución local. Puede pedir una ejecución ordinaria o plena o una limitada (véase apartado 3. 1. ). El acreedor puede también someter la deuda, como deuda pasiva, al control del órgano de ejecución durante dos años, si el cobro no es, por el momento, posible. No es necesario recurrir a un abogado o a ningún otro asesor jurídico en el marco de una ejecución.

El Estado cobra tasas de ejecución principalmente al deudor. El acreedor debe pagar una tasa de desembolso que asciende al 0,5 % del importe desembolsado, con un límite de 200 euros. Si no tiene lugar el desembolso, el acreedor debe pagar una pequeña tasa procesal.

2.2. Requisitos en cuanto al fondo

La autenticidad de la pretensión del acreedor se examina en un proceso civil por un órgano jurisdiccional que al final de dicho proceso dicta la sentencia que sirve de título de la ejecución. En la práctica, la mayor parte de las sentencias se dictan en rebeldía, debido a la pasividad de la parte opositora, que no contesta los requerimientos ni comparece, sin que la validez de la pretensión se examine exhaustivamente. De este modo, el acreedor puede obtener rápida y fácilmente un título de ejecución respecto de un crédito no impugnado. Véase también Procedimientos simplificados y acelerados - Finlandia

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El agente de ejecución sigue la resolución del órgano jurisdiccional u otro título de ejecución y no puede examinar su validez. En cambio, se asegura de que la deuda no haya desaparecido con posterioridad al pronunciamiento de la resolución, por ejemplo, por medio del pago o por efecto de la prescripción.

3. Medidas de ejecución

3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución?

En principio, cualquier tipo de bien perteneciente al deudor y con contenido patrimonial puede ser embargable. En la práctica, se pueden embargar las sumas procedentes de las cuentas bancarias del deudor, devoluciones de impuestos, salarios, pensiones u otro tipo de rentas regulares. El embargo puede también referirse a derechos, bienes muebles o inmuebles. Sin embargo, si el acreedor ha solicitado una ejecución limitada, las medidas de embargo han de dirigirse exclusivamente a bienes inscritos en el Registro que no requieran liquidación.

Por otra parte, la ley prohíbe el embargo de determinados tipos de bienes por razones sociales y de otra índole. Por ejemplo, los importes percibidos como prestaciones sociales son inembargables. El deudor se beneficia también de una excepción en virtud de la cual, el mobiliario ordinario y los instrumentos de trabajo no pueden embargarse.

El sueldo, salario y pensión son objeto de restricciones cuantitativas para garantizar con razonable dignidad la subsistencia del deudor y su familia. Por regla general, puede embargarse un tercio del salario neto del deudor. El deudor tiene siempre garantizada una parte protegida.

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Si los bienes embargados requieren ser liquidados, se venderán en subasta pública.

3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

Tras el embargo, el deudor no puede destruir ni enajenar el bien embargado en detrimento del deudor ni disponer del mismo de otro modo. Cualquier violación de esta prohibición carece de eficacia. En supuestos excepcionales es posible proteger la buena fe de terceros. La enajenación de un bien embargado es una infracción penal.

El agente de ejecución tiene un amplio derecho a recibir información de terceros, por ejemplo, de un banco. Una vez que se envía orden de retención de saldos en cuentas abiertas en un banco, este solo puede efectuar pagos de dicho saldo al agente de ejecución. El pago de activos, sueldo o salario en violación de dicha prohibición es una infracción penal.

3.3. ¿Cuál es el período de validez de estas medidas?

La ejecución de sentencia judicial u otro título de ejecución puede no tener lugar si el derecho a que se refieren se extingue por pago, prescripción u otro motivo. Después del pronunciamiento de la sentencia, el plazo de prescripción, que el acreedor puede interrumpir, asciende por lo general a cinco años.

En Finlandia, determinados títulos de ejecución están en la actualidad sujetos a un plazo de validez. Entre estos títulos se encuentran aquellos por los que se obliga a una persona a pagar una deuda. El objetivo consiste en evitar una duración desproporcionada de la ejecución. Dichos títulos de ejecución son, en general, válidos durante 15 años y, en algunos casos, durante 20 años. El acreedor no puede interrumpir el plazo. Por el momento, está vigente un período transitorio, tras el cual los títulos de ejecución más antiguos prescribirán el 1º de marzo de 2008.

Las medidas de ejecución, en sí, no están sujetas a plazos de validez particulares. El agente de ejecución debe proceder a la ejecución de manera rápida y sin retrasos innecesarios.

4. ¿Se pueden recurrir las resoluciones por las que se conceden estas medida?

La medida o decisión de ejecución de un agente de ejecución puede ser recurrida por cualquiera cuyos intereses se vean afectados por dicha medida o decisión. El recurso se interpone ante un órgano jurisdiccional ordinario, que, en primera instancia, es el juzgado de distrito. El plazo de interposición del recurso es de tres semanas a partir de la fecha de la decisión o de su notificación a la parte interesada.

El recurso, en general, no suspende la ejecución, salvo si el tribunal decide lo contrario. Si el recurso se admite, el tribunal anula o modifica la decisión del agente de ejecución. En determinadas circunstancias, el propio agente puede corregir errores manifiestos.

Si la satisfacción de una pretensión o alegación formulada en relación con la ejecución requiere la práctica de una prueba oral, puede que tenga que sustanciarse como una demanda en un proceso civil (litigio relativo a la ejecución).



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