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Última actualización: 27-03-2009
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Ejecución de las resoluciones judiciales - Dinamarca

 

ÍNDICE

1. ¿Qué significa ejecución forzosa en materia de Derecho civil y mercantil? 1.
2. ¿Cuáles son las condiciones de la ejecución forzosa? 2.
2.1. El procedimiento 2.1.
2.2. Condiciones materiales 2.2.
3. Medidas de ejecución forzosa 3.
3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución forzosa? 3.1.
3.2. ¿Cuáles son los efectos de la ejecución forzosa? 3.2.
3.3. ¿Cuál es el tiempo de validez de las medidas? 3.3.
4. ¿Cabe recurrir una resolución de ejecución forzosa? 4.

 

1. ¿Qué significa ejecución forzosa en materia de Derecho civil y mercantil?

La ejecución forzosa permite a un acreedor asegurarse con medidas coercitivas de que el deudor satisface una reclamación admitida por un tribunal o otra instancia. Los casos de ejecución forzosa se ventilan en una sala del tribunal de distrito (fogedretten) con arreglo a las normas de la Ley procesal danesa. La mayoría de los casos de ejecución forzosa atañen a requerimientos de pago de deudas, pero también pueden ser objeto de ejecución otros tipos de reclamaciones, como la de que una persona libere una vivienda al interrumpirse un arrendamiento.

La ejecución forzosa de una reclamación pecuniaria equivale normalmente a la incautación de bienes del deudor por parte del juzgado. Mediante la incautación, el acreedor recibe la garantía sobre los bienes que le permite venderlos y obtener así una devolución completa o parcial de su deuda con los beneficios de una venta en pública subasta. Si la ejecución forzosa atañe a una demanda para liberar un vivienda, el juzgado procede a la expulsión del demandado, si es necesario con refuerzo policial.

Tambien puede procederse a la ejecución forzosa de resoluciones sobre custodia paterna, residencia de los hijos y convivencia con los hijos. Las ejecuciones de este tipo pueden realizarse mediante multas coercitivas y uso directo de la fuerza con refuerzo policial.

2. ¿Cuáles son las condiciones de la ejecución forzosa?

2.1. El procedimiento

Para que se produzca una ejecución forzosa, deben darse fundamentos suficientes.

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Los siguientes pueden constituir fundamentos de ejecuciones forzosas:

  1. sentencias y resoluciones dictadas por tribunales u otras instancias cuyas decisiones pueden ejecutarse legalmente, requerimientos de pago admitidos por el juez y decisiones sobre costas de acciones legales dictadas por dichas instancias;
  2. compromisos alcanzados ante las instancias señaladas en 1) y compromisos alcanzados en negociaciones matrimoniales;
  3. determinadas decisiones y acuerdos sobre custodia paterna, residencia de los hijos y convivencia con los hijos;
  4. compromisos escritos extrajudiciales sobre vencimiento de deudas con cláusula de ejecución forzosa;
  5. reconocimientos de deuda con cláusula de ejecución forzosa;
  6. hipotecas, y
  7. letras de cambio y cheques.

Las ejecuciones forzosas las lleva a cabo el juzgado. Un demandante que tiene una demanda fundada puede así presentar una solicitud de ejecución forzosa en el juzgado. La solicitud se presenta normalmente por escrito en el distrito donde reside el deudor.

Después de ello, el juzgado lleva a cabo un examen preliminar del asunto y, si se considera bien fundamentado, convoca a las partes a una reunión que normalmente tiene lugar en las dependencias judiciales. Puede, no obstante, celebrarse en otro lugar, por ejemplo en el lugar de residencia o de actividad del deudor.

El demandante tiene obligación, por principio, de asistir a la vista, y, si no asiste, el caso se desestima. El deudor puede ser obligado a asistir a la reunión, y, si recibe una citación pero no comparece, puede ser obligado a presentarse por la policía.

En la vista, se reclama el pago al deudor, y este está obligado a proporcionar información sobre la situación financiera propia y de su familia que el juez estime necesaria. La denegación de información es un delito punible. La audición del deudor tiene por objeto averiguar si el deudor posee bienes que puedan incautarse (véase el punto 3.1.).

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Como regla general, en el momento en que se presenta la reclamación deben pagarse las costas judiciales de la incautación que se satisfacen cuando se realiza la solicitud. La tarifa de base son 300 DKR., pero, si la demanda excede de las 3000 DKR, se recarga con 0,5% de la suma excedente. Si el proceso se realiza fuera de las dependencias judiciales o la policía debe conducir al acusado ante el tribunal, se exige un pago adicional de 400 kr.

2.2. Condiciones materiales

En ciertos casos, el juzgado puede denegar la solicitud de ejecución forzosa presentada por el demandante. Si el deudor contesta el fundamento de la ejecución y, a la vista de los testimonios que puedan presentarse en el juzgado, se considera prudente, el juzgado puede desistir de proseguir el proceso.

El juzgado no puede pronunciarse sobre todas las objeciones planteadas contra el fundamento de la ejecución. Por ejemplo, no puede pronunciarse sobre las objeciones a la justicia de las sentencias y las resoluciones; asimismo puede rechazar un testimonio que, en razón de su alcance o índole u otra circunstancia particular, deba presentarse en el procedimiento judicial ordinario.

Con ciertas limitaciones, el deudor puede oponerse válidamente al proceso durante la ejecución forzosa. Si se reúnen las condiciones generales necesarias para la reclamación, la misma puede incorporarse al procedimiento judicial y ejecutarse, o ser reconocida por la parte que ha solicitado la incautación, o puede considerarse justificada de algún otro modo.

3. Medidas de ejecución forzosa

3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución forzosa?

En principio, puede incautarse cualquier posesión del deudor que tenga valor económico. Pueden incautarse los bienes muebles y los inmuebles. Los bienes muebles incluyen no solo activos físicos (por ejemplo, coches, embarcaciones y aeronaves) sino también, por ejemplo, los derechos legales.

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Hay, sin embargo, un tipo de bienes que no pueden ser objeto de incautación para satisfacer una reclamación de carácter privado. Como ejemplos principales de tales bienes pueden citarse:

  • los derechos salariales impagados;
  • los derechos de pensión y otros subsidios públicos impagados;
  • los bienes considerados de subsistencia, es decir, los necesarios para el mantenimiento de un hogar y de un tren de vida modestos del deudor y de su familia;
  • los legados y herencias que aún no son efectivos;
  • la compensación por daños y perjuicios y los bienes obtenidos para dicha compensación, siempre que la suma o el bien de la compensación se mantenga separado del resto de las posesiones del deudor.
3.2. ¿Cuáles son los efectos de la ejecución forzosa?

Una vez se ha procedido a la incautación de los bienes del deudor, este pierde el derecho a disponer libremente de los bienes incautados. El deudor está incapacitado para disponer de los bienes incautados de una manera que suponga prejuicio para el demandante; así, por ejemplo, el deudor no debe vender o transferir bienes a un tercero. En general, los bienes muebles objeto del embargo permanecen en posesión del deudor hasta su subasta forzosa, a no ser que el juez determine que el deudor pierde el derecho de posesión de los mismos.

Si el deudor dispone ilegalmente de los bienes incautados, podrá ser penalizado.

Si hay varios acreedores que solicitan la incautación de un mismo bien, se establece un orden de prioridad dependiendo del orden de presentación de las solicitudes en el juzgado.

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El deudor está obligado a proporcionar la información que el juez estime necesaria para realizar la ejecución forzosa. Si el deudor no cumple con este deber de información, el juez puede dictar un arresto de hasta 6 meses, hasta que el demandado satisfaga su deber de información.

3.3. ¿Cuál es el tiempo de validez de las medidas?

Por regla general, la incautación de bienes muebles (excepto los vehículos de motor, las embarcaciones registradas y las aeronaves) prescribe al cabo de un año, a no ser que el demandante haya presentado antes una solicitud al juez para que los bienes se vendan en pública subasta. El plazo empieza a contar en el momento en que se realiza la incautación.

La incautación de bienes inmuebles, vehículos de motor, embarcaciones registradas y aeronaves prescribe a los diez años (hasta el 1 de enero de 2008, a los 20 años).

4. ¿Cabe recurrir una resolución de ejecución forzosa?

Por regla general, las resoluciones judiciales pueden recurrirse ante el tribunal nacional. El recurso debe presentarse dentro de las cuatro semanas siguientes a la decisión. Pero las resoluciones de embargo por demandas con un valor económico de menos de 10.000 DKR, solo pueden recurrirse, si hay razones particulares para ello, con autorización de la Comisión de admisión de recursos (Procesbevillingsnævnet).

Además, los casos resueltos por el juzgado pueden revisarse y resolverse de nuevo en dicho juzgado. La revisión es posible si las partes así lo acuerdan o si el juez la considera justificada. Por ejemplo, la revisión estará justificada si el deudor o un tercero hacen valer que la resolución contraviene el derecho de un tercero, o si el deudor no ha estado presente durante el procedimiento o se acoge a la normativa sobre subsistencia mínima de la Ley procesal danesa.

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