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Última actualización: 25-05-2006
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Ejecución de las resoluciones judiciales - República Checa

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ÍNDICE

1. La ejecución civil y mercantil 1.
1.1. Definición 1.1.
1.2. Inventario de las medidas coercitivas que pueden obligar al demandado a hacer, a abstenerse de hacer o a pagar alguna cosa 1.2.
2. ¿Cuáles son las condiciones en las que se puede despachar ejecución? 2.
2.1. Ejecución judicial de resoluciones 2.1.
2.2. Ejecución por el ejecutor judicial 2.2.
3. Contenido y naturaleza de las medidas de ejecución 3.
3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de la ejecución? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución? 3.2.
3.3. ¿Cuál es la validez de estas medidas? 3.3.
4. ¿Existe recurso contra el despacho de ejecución? 4.

 

1. La ejecución civil y mercantil

1.1. Definición

La ejecución de una resolución significa que el cumplimiento de la obligación impuesta por una decisión judicial que tiene eficacia jurídica (es decir, que no es ejecutable provisionalmente) puede llevarse a cabo incluso contra la voluntad de la persona a la que se le ha impuesto. La ejecución puede basarse también en una resolución dictada por una autoridad distinta de un órgano jurisdiccional, cuando la ley así lo permite. Por ejemplo, una autoridad administrativa puede dictar una resolución sobre cuestiones originadas en relaciones reguladas por el Derecho civil.

La ejecución de resoluciones se establece en los artículos 251 a 351 modificados de la Parte sexta de la ley nº 99/1963 (Código procesal civil). Las disposiciones generales sobre ejecución no se aplican a las decisiones sobre educación de los menores, dada la diversa naturaleza de la obligación ejecutada (es decir, no de propiedad), en caso de incumplimiento de una resolución judicial por la que se impone la transmisión de la tutela de menores de una persona a otra.

Cuando un acreedor no obtiene del deudor lo que le demanda puede conseguir una satisfacción compensatoria por diversos medios: los previstos en la Parte sexta del Código procesal civil modificado, a través de la subasta forzosa regulada en los artículos 36 a 61 de la Ley n° 26/2000 de subastas públicas (satisfacción pecuniaria forzosa) o bien mediante los instrumentos previstos en la Ley n° 120/2001, modificada, sobre los ejecutores judiciales y la acción ejecutiva (Código de ejecución), (satisfacción forzosa pecuniaria o no pecuniaria).

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A continuación se describen detalladamente los medios concretos previstos en la Parte sexta del Código procesal civil.

Cabe destacar la importancia de que el acreedor disponga del título jurídico adecuado (título ejecutivo) que justifique la ejecución. Se consideran títulos ejecutivos:

  • las resoluciones judiciales ejecutivas que otorgan un derecho, imponen una obligación o afectan a la propiedad;
  • las resoluciones ejecutivas emanadas de los tribunales o de otros organismos de ejecución en asuntos penales, que otorgan un derecho, imponen una obligación o afectan a la propiedad;
  • las resoluciones judiciales ejecutivas dictadas en procedimientos administrativos;
  • las resoluciones ejecutivas dictadas por tribunales de arbitraje y los acuerdos aprobados por ellos;
  • las resoluciones ejecutivas de los notarios y los acuerdos reconocidos por ellos;
  • las escrituras notariales que puedan ser ejecutadas con arreglo a disposiciones específicas;
  • las decisiones ejecutivas de las autoridades administrativas públicas, entre ellas, requerimientos de pago, declaraciones de atrasos en el pago de impuestos, y otras decisiones y acuerdos ejecutivos;
  • las decisiones ejecutivas y las declaraciones de atrasos en los pagos correspondientes al seguro de enfermedad y la seguridad social;
  • las decisiones de las instituciones de las Comunidades Europeas;
  • otras decisiones ejecutivas, acuerdos aprobados y documentos cuya ejecución judicial está prevista por la ley.

Las decisiones judiciales ejecutivas en procedimientos de ejecución pueden simplemente imponer al deudor el cumplimiento de algún tipo de obligación. Puede tratarse de una obligación de dar alguna cosa, por ejemplo pagar cierta suma de dinero o entregar un bien, o de hacer algo, como realizar un determinado trabajo o actividad, o demoler un edificio construido sin las debidas autorizaciones; puede tratarse de permitir que se haga algo, como no interferir en el ejercicio de los derechos de servidumbre de la otra parte, o de impedir una acción, por ejemplo evitar que los animales domésticos invadan la propiedad de un vecino.

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La acción que es vinculante para la parte obligada debe considerarse también cumplimiento (véase el artículo 251 del Código procesal civil: si la parte obligada no cumple voluntariamente la obligación impuesta por una decisión ejecutiva, la parte contraria puede promover la ejecución judicial).

1.2. Inventario de las medidas coercitivas que pueden obligar al demandado a hacer, a abstenerse de hacer o a pagar alguna cosa

Existen dos vías ejecutivas (o medios de ejecución) diferentes en función del objeto del cumplimiento que vaya a obtenerse mediante la ejecución de la decisión: satisfacción de derechos pecuniarios y satisfacción de derechos no pecuniarios.

La ejecución de decisiones que imponen el pago de una suma de dinero puede realizarse mediante la retención del sueldo o salario y otras rentas, el cargo automático en cuenta, la venta de bienes muebles e inmuebles, la venta de un negocio, y la constitución de una hipoteca judicial sobre un bien inmueble.

En términos muy sencillos, en el caso del cargo automático en cuenta o de la hipoteca judicial, el tribunal ordena que cuando un tercero incurra en una deuda con la parte obligada (el deudor), el tercero debe dar satisfacción a la persona reconocida como parte acreedora por la decisión judicial, en lugar del deudor.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 313, apartado 1, del Código procesal civil, en el auto de ejecución de una decisión, el órgano jurisdiccional prohíbe a la parte ejecutada disponer de su deuda en modo alguno. El órgano jurisdiccional prohíbe al deudor de la parte ejecutada pagar la deuda a esta, compensarla o disponer de ella de otro modo una vez que ha recibido el auto de ejecución. De conformidad con el artículo 314a, apartado 1, del Código procesal civil, la decisión se ejecuta cuando el deudor del ejecutado da eficacia jurídica al auto de ejecución pagando la cantidad especificada en la resolución al acreedor. La consecuencia es que la parte ejecutada pierde el derecho de reclamar a su deudor y este debe saldar la deuda con la persona reconocida como acreedor en la resolución.

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Cuando una resolución impone una obligación distinta a la del pago de una cantidad de dinero se ejecuta con arreglo a la naturaleza de la obligación impuesta. En estos casos, las formas de ejecución pueden ser el desahucio, el embargo, la división de una propiedad común o la realización obligatoria de un trabajo o acción.

Cuando se trata de créditos garantizados, la decisión puede ejecutarse mediante la venta de la garantía, de bienes muebles e inmuebles, de un conjunto o grupo de activos y de edificios, residenciales o no, que hayan sido dados en garantía con arreglo a la legislación específica, o mediante el cargo automático de una deuda pecuniaria ofrecida en garantía o mediante la ejecución de otros derechos de propiedad que se hayan constituido en garantía.

2. ¿Cuáles son las condiciones en las que se puede despachar ejecución?

En la República Checa los acreedores pueden elegir entre obtener la satisfacción de su crédito mediante la ejecución judicial de una decisión (es decir, a través de un agente judicial) con arreglo al procedimiento previsto en los artículos 251 a 351a del Código procesal civil o mediante la ejecución a través del ejecutor judicial con arreglo a la Ley n° 120/2001, modificada, de ejecutores judiciales y de la acción ejecutiva (Ley de ejecución),

El ejecutor judicial actúa asimismo de conformidad con el Código procesal civil, especialmente con arreglo a las disposiciones que regulan métodos concretos de ejecutar decisiones, con los medios establecidos en la Parte sexta del Código.

El ejecutor judicial está facultado para realizar acciones ejecutivas, es decir, la ejecución forzosa de los títulos ejecutivos.

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Los acreedores no precisan estar representados por un abogado para presentar una demanda de ejecución de una decisión.

En términos generales se puede despachar ejecución solamente cuando el auto especifica quién es la parte acreedora y quién la deudora, determina la cantidad y el contenido de la obligación para la que se ha interpuesto demanda ejecutiva y especifica los plazos de cumplimiento de la obligación.

2.1. Ejecución judicial de resoluciones

El procedimiento de ejecución se regula por el «principio de instancia de parte», es decir, que sólo puede ser incoado a instancia de la parte interesada. Si la parte ejecutada no cumple voluntariamente las obligaciones impuestas por la decisión ejecutiva, la parte acreedora puede incoar una acción para obtener la ejecución judicial de la decisión. La ejecución sólo puede despacharse y llevarse a cabo en los términos establecidos en el Código procesal civil.

La decisión siempre adopta la forma de una resolución judicial. Cuando se ejecuta una decisión no puede suspenderse ni el procedimiento ni los plazos establecidos. Tampoco existe la posibilidad de renovar el procedimiento.

A menos que la ley disponga otra cosa, el órgano jurisdiccional competente para despachar y efectuar la ejecución es, en principio, el órgano jurisdiccional ordinario de la parte ejecutada, es decir, el tribunal de distrito en cuya jurisdicción esta parte reside. Sin embargo, en lugar de esta norma general, cuando se trata, por ejemplo, de la venta forzosa de un negocio (o de parte del mismo), el tribunal competente es el de la jurisdicción en la que se encuentra el negocio (o parte del mismo) o, cuando la ejecución afecta a un bien inmueble, sin tratarse de la venta de un negocio, es competencia del tribunal en cuya jurisdicción esté sito el bien.

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En la República Checa los procesos judiciales están sujetos al pago de costas. Las costas procesales se pagan por el procedimiento o por las distintas fases del mismo, y están reguladas por la Ley nº 549/1991 sobre costas procesales, modificada. En casos debidamente justificados, la Ley permite la exención de costas. La obligación de pagar los gastos del proceso nace cuando se interpone la demanda o se realiza algún trámite con vistas al inicio del procedimiento.

Costas;

Solicitud de despacho de ejecución:

  • para obtener la satisfacción pecuniaria de cantidades hasta 15 000 CZK inclusive 300 CZK
  • para obtener la satisfacción pecuniaria de cantidades superiores a 15 000 CZK 2% de la cantidad, hasta un máximo de 50 000 CZK
  • otros casos 1 000 CZK
2.2. Ejecución por el ejecutor judicial

La ejecución corre a cargo del ejecutor nombrado por la parte habilitada para solicitar la ejecución y autorizado a llevar a cabo la ejecución por la resolución judicial. Los actos que realiza el ejecutor se consideran actos del tribunal.

El procedimiento de ejecución comienza con la presentación de una demanda. La ejecución puede despacharse solamente a instancia de la parte acreedora que pueda demostrar que el título ejecutivo le corresponde por haberle sido transferido (artículo 256, apartado 1, del Código procesal civil). El acreedor puede solicitar una orden de ejecución cuando el deudor no cumple voluntariamente las obligaciones que el título ejecutivo le impone (véase supra sobre los títulos ejecutivos). El procedimiento de ejecución se inicia el día en que el ejecutor o el órgano jurisdiccional de ejecución competente reciben una solicitud de orden de ejecución junto con la designación del ejecutor.

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Sin embargo, el ejecutor sólo puede comenzar la ejecución si el órgano jurisdiccional lo autoriza. El procedimiento de ejecución no puede suspenderse salvo que la ley disponga otra cosa, como es el caso de la Ley de insolvencia y acuerdo de acreedores (con arreglo al artículo 14, la declaración de la insolvencia tiene, entre otras cosas, el efecto siguiente: los procedimientos en que el deudor insolvente sea parte, en que se le reclamen bienes que pertenecen su patrimonio o se le exija el pago de una deuda con su patrimonio, se suspenderán a menos que se trate de un asunto criminal (en este caso, sin embargo, no puede dictarse una decisión sobre daños y perjuicios), un procedimiento relativo a la tutela de menores o un proceso relativo a la ejecución de una decisión. Salvo los procedimientos en que se reclame el pago de una deuda a un deudor insolvente, que deberá probarse, (artículo 20), el resto pueden continuar a instancia del administrador o de otras partes en el procedimiento, y el administrador pasa a ser entonces parte del procedimiento en lugar del deudor insolvente).

Aquí de nuevo, no es posible incumplir los plazos ni presentar una solicitud de renovación del procedimiento de ejecución.

Con arreglo a lo dispuesto en el Código procesal civil, una orden de ejecución tiene el mismo efecto que el auto de ejecución. La orden de ejecución no es recurrible. La ejecución se lleva a cabo en virtud de la orden una vez que la resolución judicial que despacha ejecución surte efectos jurídicos.

El ejecutor judicial tiene derecho a cobrar honorarios por la acción ejecutiva, al reembolso de los gastos en efectivo, al pago por el tiempo invertido en las actuaciones de ejecución y por la notificación y el traslado de los documentos e instrumentos necesarios. El Reglamento n° 330/2001 del Ministerio de Justicia establece la forma en que se determina el reembolso. El pago de los gastos por la acción de ejecución puede establecerse o no por contrato. El reembolso no contractual se fija bien como un porcentaje de la satisfacción de la deuda o como un índice fijo en los casos de ejecución no pecuniaria.

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3. Contenido y naturaleza de las medidas de ejecución

3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de la ejecución?
  • Cuentas bancarias
  • bienes muebles tangibles
  • medios de transporte matriculados
  • bienes inmuebles
  • otros, por ejemplo, relativos a derechos de propiedad ofrecidos en garantía, como pueden ser los derechos de participación en una empresa o en una marca comercial registrada.

Tipos de bienes o reclamaciones pecuniarias que no pueden ser objeto de medidas de ejecución:

 No se pueden ejecutar los activos cuya venta está prohibida por disposiciones concretas o que se excluyen de la ejecución de una resolución con arreglo a una normativa específica.

No puede despacharse ejecución sobre los bienes que son imprescindibles para cubrir las necesidades materiales del deudor o de su familia; aquéllos que constituyen instrumentos de trabajo así como otros objetos cuya venta sería contraria a la moralidad, por ejemplo prendas de vestir, mobiliario corriente y utensilios del hogar, anillos de boda y otros bienes de características similares como los que se utilizan para el cuidado de la salud, o los que el deudor pueda necesitar para hacer frente a una enfermedad o una minusvalía física, etc.

La deuda principal no puede deducirse del salario mensual del deudor; los métodos de pago se establecen en un decreto del gobierno checo.

Tampoco procede la ejecución cuando se reclama la indemnización pertinente a una compañía de seguros con arreglo a un contrato de seguro, si la indemnización va a destinarse a la reconstrucción o a las obras de reparación de un edificio.

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Por motivos similares, se excluyen asimismo de la ejecución las asignaciones económicas excepcionales de carácter social y las ayudas sociales pagadas de conformidad con la legislación específica.

3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

Cuando el deudor incumple la obligación impuesta por la medida de ejecución ¿sigue siendo válida la decisión sobre su patrimonio?, ¿está el deudor sujeto a sanciones?

Si la decisión del órgano jurisdiccional no establece límites temporales, la obligación impuesta debe cumplirse en el plazo de tres días o, en el caso de desahucio, en los quince días siguientes a la fecha en la que la decisión comienza a surtir efecto.

Dependiendo del objeto del cumplimiento impuesto por la decisión ejecutiva, los métodos de ejecución varían (véase supra los tipos concretos de cumplimiento pecuniario o no pecuniario).

De todas formas, por regla general, una vez que se ha despachado ejecución el órgano jurisdiccional se ocupa de su cumplimiento. El empleado judicial competente (agente de ejecución) realiza las actuaciones necesarias para ejecutar la decisión, siempre y cuando así lo prevea una disposición legal o lo autorice el presidente del órgano jurisdiccional, en cuyo caso seguirá las instrucciones de este.

Cuando el agente de ejecución, para dar inicio al procedimiento, precisa interponer una acción legal o tramitar otra medida ante los tribunales o ante otro organismo relacionado con las medidas de ejecución de la decisión, actuará en nombre del Estado.

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Los derechos del ejecutor judicial tienen una extensión similar. A menos que la Ley de ejecutores judiciales prevea otra cosa, el ejecutor está facultado para realizar todas las actuaciones que el Código procesal civil y otras disposiciones legales confían al juez, al funcionario ejecutor o a otros empleados del tribunal para la ejecución de resoluciones judiciales.

Con arreglo al Código procesal civil, la orden de ejecución tiene los mismos efectos de un auto de ejecución. Cuando se trata de una orden de ejecución, la ejecución se lleva a cabo en virtud de la fuerza legal de la resolución sobre la orden de ejecución. En principio, las disposiciones del Código procesal civil se aplican del mismo modo a los procedimientos de ejecución.

¿Cuáles son las obligaciones del banco frente a terceros sobre divulgación de datos y embargo de cuentas? ¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las medidas de ejecución?

En un auto de ejecución, mediante el cargo automático en la cuenta del deudor, el tribunal ordena a la institución financiera que no abone ninguna cantidad de dinero procedente de la cuenta de la parte ejecutada, no efectúe compensación alguna, o disponga de la cuenta en cualquier forma hasta la cantidad del crédito ejecutado y de los gastos relacionados con él, desde el momento en que recibe la resolución.

El tribunal traslada la resolución sobre la orden de ejecución al acreedor, al deudor y a la institución financiera, a la que se le entrega directamente. La resolución no puede trasladarse al ejecutado antes que a la institución financiera.

El Código de ejecución (en su artículo 44, apartados 4 y 7) regula también la prohibición de disponer del patrimonio de la parte ejecutada.

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A partir del momento en que la resolución sobre el auto de ejecución se traslada a la institución financiera, el deudor pierde el derecho de retirar dinero de su cuenta bancaria, de  utilizarlo para pagos o de disponer de él de cualquier otra forma hasta la cantidad a la que asciende el crédito ejecutado y los gastos relacionados con él.

Si la institución financiera no actúa de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código procesal civil, el acreedor puede reclamarle el pago de la cantidad a la que habría tenido derecho de haber actuado correctamente, incluso en el caso de que la cuenta de la parte ejecutada no tuviera fondos suficientes.

A instancia de la parte cuyo derecho al pago de una cantidad de dinero se reconoce en la resolución, el órgano jurisdiccional preguntará al deudor si percibe un salario u otro ingreso regular y quién se lo paga y, si procede, en qué entidad bancaria, sucursal de banco extranjero, caja de ahorros o cooperativa de crédito tiene sus cuentas y de cuántas cuentas es titular.

La parte ejecutada deberá responder a estas preguntas en el plazo de una semana desde que se plantean. De no hacerlo así o si proporciona datos incorrectos o incompletos en su respuesta, el tribunal podrá imponerle una multa de hasta 50 000 CZK.

Con arreglo a la Ley nº 21/1992 sobre entidades bancarias, modificada, no se considera incumplimiento del deber de confidencialidad respecto de la información obtenida en las tareas de inspección bancaria facilitar dicha información a entidades públicas y a determinadas personas de la República Checa, siempre y cuando la información sirva para el cumplimiento de sus funciones.

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3.3. ¿Cuál es la validez de estas medidas?

Véase supra.

4. ¿Existe recurso contra el despacho de ejecución?

Sí, puede interponerse un recurso contra la resolución ejecutiva, de conformidad con las disposiciones generales del Código procesal civil sobre recursos.

Las partes pueden impugnar la resolución de un tribunal de distrito o de un tribunal regional dictada en primera instancia, siempre y cuando no esté prohibido por la ley.

No es susceptible de recurso la resolución que decida sobre una deuda pecuniaria que no exceda las 2 000 CZK, excluidos gastos relacionados. Esta regla no se aplica a las resoluciones de reconocimiento y las resoluciones en rebeldía. No se admiten los recursos que impugnan únicamente los fundamentos de una resolución.

El recurso debe interponerse ante el tribunal contra cuya decisión se dirige el recurso en el plazo de 15 días desde la entrega de una copia escrita de la decisión. Si se dicta una resolución modificada que afecta a las conclusiones de la decisión, el plazo comienza a correr de nuevo a partir del momento en el que la resolución modificada surte efecto.

Cuando una persona facultada para ello interpone un recurso admisible dentro de plazo, la decisión recurrida no surte efecto hasta que un órgano jurisdiccional dicta una resolución con eficacia jurídica sobre el recurso interpuesto.

Por lo que respecta a los recursos en caso de ejecuciones realizadas por un ejecutor judicial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44, apartado 10, de la Ley de ejecución, se admite el recurso contra la resolución judicial sobre la orden de ejecución, pero no se podrán impugnar hechos que no sean relevantes para la orden de ejecución, pues el tribunal no los tendrá en cuenta y confirmará la orden de ejecución. Si el recurso no alega hechos relevantes para la orden de ejecución o ningún hecho en absoluto, el tribunal lo desestimará mediante resolución. Con arreglo al artículo 47, apartado 3, de la Ley, no se admite recurso contra la orden de ejecución.

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